La 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca aprobó, con 34 votos a favor, reformas a la Ley de Turismo del estado para atender “el fenómeno de la gentrificación”; pero es falso que regule a las plataformas digitales que ofrecen el servicio de hospedaje como Airbnb, entre otras, como afirmó el diputado Luis Eduardo Rojas Zavaleta, presidente de la Comisión Permanente de Turismo.

Durante la presentación del dictamen en la sesión extraordinaria de hoy, el legislador local aseguró que para evitar la gentrificación y la sobreocupación en estas reformas se regula el número de propiedades destinadas al alquiler turístico y garantizar que se cumplan las normas de seguridad y habitabilidad.

Y que contemplan la creación de un portal en línea para facilitar el registro de las plataformas digitales y de los anfitriones, y que para garantizar la transparencia, se exige a las plataformas digitales que “tributen los impuestos correspondientes y que verifiquen la identidad de los anfitriones”.

Rojas Zavaleta también aseguró que con estas reformas a la Ley de Turismo de Oaxaca, las plataformas como Airbnb, Booking, Flipkey, Homestay, Kid & Coe y Oaxaca Booking Travell, entre otras, deberán registrarse en un portal en línea y firmar un convenio con la Secretaría de Finanzas para cumplir con sus obligaciones fiscales. “Las que no tributen correcta y oportunamente no podrán operar en el estado de Oaxaca”, dijo.

Según el diputado, el dictamen también establece que los propietarios de las viviendas que deseen alquilarlas deberán registrarse en el mismo portal, proporcionando información sobre la propiedad y obteniendo un certificado que acredite su registro. “Porque no queremos que grandes empresas pretendan rentar en esta modalidad edificios de departamentos completos haciéndose pasar por pequeños anfitriones”.

De igual manera, afirmó que se estipula que cada anfitrión podrá ofrecer un máximo de cinco unidades para renta con un periodo de ocupación no menor de tres días; que las plataformas digitales de hospedaje se abstendrán de ofertar inmuebles que no hayan realizado su registro en el padrón de anfitriones, entre otras.

“Con la instrumentación de esta reforma, el estado contará con un padrón integral y convenios con plataformas de hospedaje para garantizar una competencia equitativa en el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y otros impuestos aplicables. De esta manera, las plataformas contribuirán de manera similar a los hoteles, permitiendo a los municipios y sociedad planificar el crecimiento turístico de manera informada y ordenada”, sostuvo el diputado local.

Pero ninguna de estas afirmaciones está contenida de manera expresa y literal en las reformas aprobadas a la Ley General de Turismo, las cuales, según el dictamen, tienen el objetivo de “determinar los mecanismos para la conservación, mejoramiento, distinción, protección, defensa, promoción y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos del estado, atendiendo el fenómeno de la gentrificación, preservando el patrimonio natural, cultural, artístico, tradicional, comunal, biocultural, usos y costumbres, saberes y sabores ancestrales y el equilibrio ecológico con base en los criterios determinados por las leyes en la materia, así como contribuir a la atractivos y productos turísticos, en apego al marco jurídico vigente”.

Otro de sus objetivos, de acuerdo al documento, es dictar bajo criterios de beneficio social, perspectiva de género, sustentabilidad, inclusión, originalidad, competitividad y desarrollo equilibrado del estado y de los municipios, a corto, mediano y largo plazo, las bases para la política, planeación y programación de actividad turística en Oaxaca.

Así como establecer la participación del Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos y de los Consejos Municipales en el establecimiento y la operación de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable; instrumentar políticas de apoyo y fomento al turismo con igualdad de género, así como libre de prejuicios y discriminación por identidad de género, expresión de género u orientación sexual.

Y establece que corresponde al gobierno del estado “desarrollar, dirigir, coordinar y organizar la ejecución de los programas de fomento y promoción turística para el desarrollo sustentable de la entidad, el Programa Local de Ordenamiento Turístico del Territorio, con la participación que corresponda a los Municipios respectivos y, políticas estructuradas para atender el fenómeno de la gentrificación”.

El Congreso de Oaxaca sesionó esta madrugada para avalar en menos de cinco minutos la reforma constitucional relativa al Poder Judicial y ser la primera Legislatura del país en respaldar esta modificación federal.

Con el voto de 41 de los 42 legisladores, incluidos los de Acción Nacional el Revolucionario Institucional la LXV Legislatura local dio cumplimiento al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para analizar, discutir y avalar la minuta con proyecto de decreto remitida por el Congreso de la Unión, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Carta Magna en materia de reforma al Poder Judicial.

Con 41 votos a favor, incluidos los 13 diputados del PRI, PAN y PRD, el Congreso de Oaxaca aprobó la minuta enviada por el Congreso de la Unión de reforma constitucional al Poder Judicial, convirtiéndose en el primero estado del país en respaldar esa modificación que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Congreso local está dominado por la alianza de 23 legisladores de Morena, tres del Partido del Trabajo y uno del Verde Ecologista, además de contar con el apoyo de dos diputados más de los partidos locales Unidad Popular (PUP) y Nueva Alianza (Panal).

Para este aval, la oposición asumió un acuerdo político y dejó atrás las posturas en contra de sus partidos en el Congreso federal y la Cámara de Senadores.

Estudiantes de universidades de Oaxaca protestaron en el Congreso estatal para exigir la renuncia del presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez, tras la muerte del joven Diego Ignacio Paz, quien fue golpeado y baleado por policías municipales cuando realizaban un operativo de alcoholímetro el pasado 31 de agosto.

Los manifestantes advirtieron que el otro estudiante que acompañaba ese día a Diego, José Rosas, está en peligro de morir debido a que tiene traumatismo de cráneo, dos costillas rotas y está a punto de perder un ojo, por los golpes que recibió de los policías municipales.

El ataque a los jóvenes ocurrió la madrugada del sábado pasado en la avenida Lázaro Cárdenas, frente al Cbtis 123, donde se instaló un operativo alcoholímetro, según la versión de la policía municipal, Diego Ignacio Paz aceleró el vehículo que conducía y atropelló a un elemento, que supuestamente se encuentra grave, aunque no se ha revelado su identidad ni el parte médico. Los manifestantes afirman que ni siquiera hay algún uniformado lesionado.

Debido a esto, según el parte oficial, los jóvenes huyeron del lugar y más tarde, al perder el control del vehículo escaparon a pie, y en la persecución, los policías dispararon contra los universitarios e hirieron a Diego Ignacio Paz, por lo cual, los oficiales aún golpearon a ambos estudiantes hasta percatarse de que Diego tenía una herida de bala, a quien una ambulancia trasladó a un hospital, donde murió más tarde.

Mientras que el otro joven fue llevado directamente a Fiscalía General, de donde lo trasladaron a un hospital ante la gravedad de las lesiones que sufrió.

El caso de brutalidad policiaca originó que los compañeros universitarios de ambos jóvenes protestaran con gritos y pancartas en el funeral y sepultura de Diego Ignacio, para exigir justicia.

Ayer familiares y amigos realizaron otra marcha de protesta que partió del lugar en el que se instaló el alcoholímetro hasta el palacio municipal de Santa Lucía del Camino, donde pintaron consignas en exigencia de justicia y la división del alcalde local, afiliado a Morena.

Este miércoles, por tercer día consecutivo, estudiantes de la Universidad Anáhuac, quienes eran compañeros de Diego Ignacio Paz, así como jóvenes de otras universidades se unieron a la protesta.

Los manifestantes arribaron a las instalaciones del Congreso de Oaxaca, cuyas puertas fueron cerradas. En un mitin, los jóvenes exigieron la consignación de todos los policías involucrados, así como del edil Juan Carlos García Márquez, por encubrir los hechos.

El lunes pasado -dos días después del ataque a los jóvenes- el gobernador Salomón Jara ordenó el cese de los policías involucrados y el castigo a los mismos. Además, ordenó investigar al director de la corporación, Marcos Fredy López Hernández, quien renunció al cargo para tratar de evadir responsabilidades.