Política
La demanda «sin precedentes» del gobierno de México contra empresas de armas de EE.UU.
En lo que calificó como un proceso legal «sin precedentes», el gobierno de México demandó este miércoles a un grupo de empresas de armas de Estados Unidos.
La demanda, presentada ante una Corte Federal en Boston, EE.UU., señala a 11 compañías productoras y distribuidoras de armas de promover prácticas comerciales «negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México».
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Según datos del propio ejecutivo mexicano, cada año se trafican ilegalmente más de 500.000 armas desde EE.UU. y, solo en 2019, fueron responsables de más de 17.000 homicidios dolosos en México.
En la presentación de la iniciativa, el gobierno especificó que no se trata de una demanda contra el gobierno de EE.UU., al que reconoció su esfuerzo por tratar de detener el tráfico ilícito de armas y establecer regulaciones que «no han sido suficientes».
«No puede haber un incidente diplomático porque no es un litigio con el gobierno de EE.UU.», insistió el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien dijo que la demanda no sustituye otros esfuerzos necesarios y reconoció que «México tiene que hacer más y mejor para controlar su frontera».
«Pero es indispensable. Si no hacemos una demanda de esta naturaleza y no la ganamos, no van a entender, van a seguir haciendo lo mismo y vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país», aseguró.
Impacto económico
El gobierno mexicano asegura que las empresas demandadas son conscientes de que sus productos son traficados y utilizados en actividades ilícitas contra la población civil y autoridades de México.
«Las empresas lo saben. Argumentan que cuando [las armas] salen a la venta, ellos ya no tienen responsabilidad, pero sí la tienen. Y por supuesto que tienen información precisa de si alguien llega y compra cinco Barretts 50″,
criticó Ebrard.
Además, el canciller apuntó a que las compañías «están desarrollando diferentes modelos para el narco (…), están hechas para eso, para que las compren, son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglo desde el punto de vista estético y de uso», aunque no ofreció más detalles.
La demanda, que es fruto de «dos años de trabajo», busca que las empresas demandadas compensen económicamente al gobierno de México con un monto que será determinado en el juicio.
La exigencia se basa no solo en las muertes que genera el tráfico ilegal de armas sino en el grave impacto económico que tiene en áreas como seguridad, sanidad, comercio o turismo que, según cálculos citados por el gobierno, podrían ascender a hasta el 1,5% del PIB mexicano.
Qué se demanda a las empresas
Pero, según Ebrard, el objetivo principal del proceso no es un acuerdo económico sino que «se modifique la actuación de esas empresas que están siendo, cuando menos, negligentes».
Así, pidió que las compañías desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y, en su caso, «disciplinar a sus distribuidores» al insistir en que no quedan exentas de responsabilidad del uso de las armas tras su venta.
También abogó por la incorporación de mecanismos de seguridad en las armas para prevenir que sean usadas por personas vinculadas a la delincuencia y, por último, para que las empresas paguen los estudios y campañas en medios enfocados a combatir el tráfico ilícito de armas.
«Que las empresas cesen de inmediato las prácticas negligentes que ocasionan daño en México, que ocasionan muertes en México», resumió.
A la espera de conocer cuál será la respuesta de estas empresas o de la propia Casa Blanca, el gobierno mexicano dejó claro que la demanda no busca interferir en la política estadounidense sobre armas y que el litigio involucra solo a empresas privadas.
También aclaró que el proceso no atenta contra la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que reconoce el derecho de la población a poseer y portar armas, sino que se centra en los daños ocasionados en territorio mexicano donde rige una ley distinta.
«Confiamos en la calidad jurídica de lo que estamos presentando. Vamos a litigarlo con toda seriedad y vamos a ganar el juicio y vamos a lograr reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México, que no puede permanecer impune»,
concluyó Ebrard.
Problema bilateral
El tráfico ilegal de armas es uno de los temas más complicados en la relación bilateral entre México y EE.UU. Los distintos gobiernos mexicanos han solicitado a su contraparte un mayor esfuerzo para controlar el tráfico de armas ante sus serias dificultades de México por controlar su frontera.
Según datos de 2019 del gobierno mexicano, el 70% de asesinatos en el país se cometen con armas de fuego (en 1997, eran solo el 15%) y la mayoría proceden de EE.UU.
A través de su frontera sur cruzan ilegalmente a México cada año miles de pistolas, fusiles de asalto o ametralladoras escondidas en autos o camiones de carga.
Esto ha sido visible en multitud de ocasiones. Durante la fallida operación para capturar en 2019 a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín «el Chapo» Guzmán, se identificaron en manos del cartel de Sinaloa armas como fusiles de asalto AK47 o ametralladoras como la Browning M2 calibre .50, una de las más poderosas utilizadas por la infantería de EE.UU.
No está claro cuántas armas ilegales hay en México. Hace dos años, el gobierno de México dijo que en la década anterior habían entrado ilegalmente al país unos dos millones. Pero en ese período de tiempo, las autoridades solo confiscaron unas 193.000 armas.
La mayoría fue comprada en negocios ubicados en estados fronterizos como California, Arizona, Nuevo México y Texas, donde existen más de 20.000 armerías y establecimientos autorizados para la venta.
La forma más común de operación es el llamado «tráfico hormiga», donde cientos de personas compran por separado una o varias armas que después entregan a grupos que las envían a México.
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Se trata de ciudadanos estadounidenses sin antecedentes judiciales, como haber sido acusados de cometer delitos, o sin problemas de estabilidad mental, por ejemplo, y que logran así superar la revisión de su historial. Son los conocidos como «compradores paja».
Fuente: BBC.
Nacional
Senadores del PRI decidieron no admitir a Manlio Fabio Beltrones
Por mayoría de votos, los senadores del Grupo Parlamentario del PRI que estarán en la LXVI Legislatura decidieron no admitir al senador Manlio Fabio Beltrones dentro de la bancada, pues argumentaron que la decisión está basada en la gravedad de las acciones del priista.
En un comunicado, y tras la primera reunión con el dirigente Alejandro Moreno, los legisladores priístas manifestaron que el senador Beltrones Rivera ha atentado de manera significativa contra la unidad ideológica, programática y organizativa del partido.
Además, el sonorense queda en libertad de unirse a cualquier otro grupo parlamentario y en ningún caso sus dichos, declaraciones, votos o posicionamientos representan a la bancada del PRI ni al partido.
Recordaron que Beltrones actualmente enfrenta diversos procedimientos sancionadores de expulsión, conforme a los estatutos y normativas internas del PRI.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado se encuentra conformado por 15 senadoras y senadores, quienes «continúan trabajando con el compromiso y la dedicación que caracteriza a nuestra bancada».
La dirigencia determinó que Manuel Añorve será también el próximo coordinador en la Cámara Alta.
Chihuahua
Anulan elección en sindicatura de Ocampo y llaman a votación extraordinaria
El Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEE) resolvió por unanimidad anular la elección de Sindicatura en el municipio de Ocampo, motivo por el cual el Congreso del Estado deberá llamar a elecciones extraordinarias en próximas fechas.
En ese mismo municipio se invalidó igualmente semanas atrás la elección a la Presidencia Municipal, por lo que, con la invalidación que se determinó en la elección de Sindicatura de la localidad de Dr. Belisario Domínguez, suman tres elecciones extraordinarias a efectuar nuevamente.
Los motivos que llevaron a los magistrados electorales a declarar como inválida esa elección fue la vulneración a la cadena de custodia de paquetes electorales que se dio en la totalidad de las casillas instaladas en dicho municipio.
Y es que, es preciso recordar que las 16 casillas instaladas en Ocampo que representan el 100 por ciento fueron robadas una vez concluida la jornada electoral y, posteriormente, doce aparecieron en ciudad Cuauhtémoc; sin embargo, se advirtió que no se tiene certeza de que su contenido refleje la voluntad de la ciudadanía.
Por lo anterior el Tribunal ordenó al Congreso del Estado y al Instituto Estatal Electoral que, en el ámbito de sus respectivas competencias, celebren elecciones extraordinarias de la Sindicatura del Ayuntamiento de Ocampo.
Por otra parte, en la misma sesión, se resolvieron treinta y ocho asuntos con los que se confirmaron los resultados de los Ayuntamientos de Chihuahua, Hidalgo del Parral y Nuevo Casas Grandes, donde si bien se modificaron las actas de cómputo no hubo cambios en las planillas ganadoras.
También se resaltó la nulidad de la votación en 20 casillas de la elección del Ayuntamiento de Chihuahua; once casillas en la elección de Hidalgo de Parral y cinco casillas en los comicios de Nuevo Casas Grandes.
En el tema de asignaciones de regidurías de representación proporcional (RP), mejor conocidas como “pluris”, el Pleno del TEE, modificó el acuerdo de asignación emitido por la Asamblea Municipal de Huejotitán, favoreciendo el principio de paridad de género.
Movimiento Ciudadano (MC) impugnó dicho acuerdo por una incorrecta asignación derivada de una supuesta inconstitucionalidad del Artículo 191 de la Ley Electoral local que señala que los partidos o candidaturas independientes tienen derecho a la asignación de regidurías por el citado principio, en el cual el TEE determinó que se encontraba impedido para realizar un análisis de constitucionalidad de dicho artículo, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró su validez.
Asimismo, MC se quejó de la incorrecta asignación de la última regiduría de RP de dicho Ayuntamiento, ya que argumentaban les correspondía; sin embargo, el Tribunal, al analizar dicho agravio, advirtió un error en una de las fórmulas para la asignación de las regidurías por lo que, en plenitud de jurisdicción, la realizó nuevamente, dando como resultado una posición más, correspondiente al Partido del Trabajo (PT) que sólo había postulado a una fórmula de regidurías por ese principio.
En consecuencia, con base en los criterios para el cumplimiento del principio de paridad de género e implementación de medidas afirmativas aplicables, el Tribunal determinó asignar la regiduría faltante de entre las mujeres postuladas en la planilla del PT, quedando la integración del Ayuntamiento, con cinco mujeres y cinco hombres.
Entre los otros asuntos que desahogaron se confirmaron los acuerdos relacionados con asignaciones de regidurías por RP emitidos por las Asambleas Municipales de Julimes, Aquiles Serdán, Matachí, Morelos, Guachochi, San Francisco de Conchos, Santa Isabel, Cuauhtémoc, López, Moris y Delicias.
En los dos procedimientos especiales sancionadores interpuestos por el partido Morena en contra de la titular del Poder Ejecutivo, María Eugenia Campos Galván y los partidos PRI, PAN y PRD, se declararon inexistentes las faltas atribuidas como lo fueron promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido.
De la misma forma, se determinó declarar inexistente las infracciones de actos anticipados de campaña y promoción personalizada, en contra de Marco Antonio Bonilla y Sandra Elena Gutiérrez Fierro, por la difusión de una publicación en la red social Facebook.
En contraparte, se sancionó a Rodolfo Gardea Palma por la difusión de propaganda electoral con aparición de niñas, niños y/o adolescentes, así como a los partidos PAN, PRI y PRD por faltar a su deber de cuidado.
Ilse América García Soto fue sancionada por la difusión de propaganda electoral con la aparición de una persona infanto-juvenil, así como a los partidos Morena y del Trabajo por faltar a su deber de cuidado, mientras que a Rogelio Loya Luna por actos anticipados de campaña y a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y De la Revolución Democrática, por faltar a su deber de cuidado.
Finalmente, se determinó sancionar a Otto Alberto Valles Baca por actos anticipados de campaña, así como a los partidos políticos Morena y Del Trabajo, por faltar a su deber de cuidado.
Política
Frente Amplio de Renovación convoca a priistas para rescatar al PRI de Alejandro Moreno
La corriente Frente Amplio de Renovación, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que encabeza Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Corwell, Manlio Fabio Beltrones, entre otros, llaman a la militancia a conformar un “frente nacional” para “dar la batalla” y anular las reformas estatutarias avaladas en la pasada Asamblea Nacional del 7 de julio, entre las cuales se aprobó la reelección de sus dirigencias.
En un desplegado el Frente Amplio de Renovación llama a todos los que no estén de acuerdo con lo ocurrido en dicha asamblea, que informen a otros priistas para que se manifiesten y defender y rescatar al PRI de la ambición personal de Alejandro Moreno, de querer apoderarse del partido.
Llaman a “informe objetivamente al resto de la militancia lo que está sucediendo y despierte conciencias y mueva voluntades, para dar la batalla política y jurídica por la anulación de la Asamblea recién realizada, el mantenimiento del principio de ‘No reelección’ y por la restitución y fortalecimiento de los derechos y atribuciones de los órganos de dirección estatales y municipales, que deben prevalecer en un Partido demócrata, federalista, y fiel a los principios e ideales que nos dieron de origen”.
Advierten que el “despropósito de adueñarse y perpetuarse en el partido y convertirlo en una franquicia electorera a su servicio, sólo se logrará si la amplia militancia se los permite. Debemos vencer el desánimo de los recientes resultados electorales y de los atropellos de la actual dirigencia, elevando colectivamente la voz de nuestra inconformidad y evitando que, con nuestro silencio o inacción nos convirtamos en cómplices mudos que al cancelar espacios de resistencia propicien el alejamiento o franca deserción de cuadros prestigiados de larga trayectoria o de jóvenes militantes que desean incorporarse a la buena política sustentada en principios y valores”.
Los integrantes de la corriente interna como José Reyes Baeza, Fernando Lerdo de Tejada, Natividad González, Dulce María Sauri, Héctor Astudillo, José Encarnación Alfaro, Manlio Fabio Beltrones llaman a acudir al Instituto Nacional Electoral (INE) para “mostrar todas las irregularidades e ilegalidades en que incurrieron en el precipitado proceso de convocatoria a la Asamblea Nacional” del partido.
Los priistas demandan “unidad y acción en la militancia comprometida es hoy la consigna para generar la voluntad que sea capaz de rescatar al PRI e impulsar su efectiva refundación y resurgimiento”.
Al asegurar que dicha Asamblea se concretó con la elección de “delegados a modo”, pidió a los militantes del PRI que, “de ser necesario”, emprendan “la batalla jurídica» en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Insistió en la anulación de la Asamblea del 7 de julio y el mantenimiento del principio de “no reelección” y la restitución y fortalecimiento de los derechos y atribuciones de los órganos de dirección estatales y municipales, que deben prevalecer en un partido demócrata, federalista y fiel a los principios e ideales que dieron origen al PRI.
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