XALAPA, Ver.– Edel Álvarez Peña tomó protesta como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz el 1 de diciembre de 2016. Apenas 46 días después entregó cuatro contratos a un sospechoso grupo de empresas. Pero sólo fue el comienzo. Álvarez, quien ha transitado del PRI a simpatizante de Morena, siguió el mismo esquema durante los siguientes tres años de su mandato.

Una investigación de CONNECTAS, AVC Noticias y Proceso revela que el Consejo de la Judicatura que él presidía entregó contratos que suman más de 350 millones de pesos a un grupo de 20 empresas vinculadas entre sí por socios y direcciones, algunas fantasma. Formadas a 900 kilómetros de distancia, se les pagó por tareas tan básicas como cortar el césped o limpiar vidrios.

Dos de esas empresas fueron declaradas fantasma por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por no tener empleados ni activos ni fijos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a cuatro socios de esas firmas por otros casos de corrupción en México, como la llamada Estafa Maestra.

Mientras el Poder Judicial de Veracruz proclamaba un discurso de austeridad, en las entrañas de la administración se entregaron cifras millonarias a compañías creadas entre 2015 y 2017 e inscritas por los mismos notarios, relacionadas por socios, apoderados legales y domicilios comunes en Quintana Roo, Jalisco, Guerrero y Ciudad de México.

Para burlar la ley de adquisiciones de Veracruz, el área administrativa del Poder Judicial, entonces encabezada por Humberto Rodríguez Losilla, fragmentó los contratos: hizo adjudicaciones directas e invitaciones restringidas desde 20 mil pesos hasta dos millones de pesos. Así hasta pagar más de 690 facturas.

Los recursos se pagaron con el capítulo 3000 de la partida de servicios generales, una partida que, en 2016, antes de la llegada de Álvarez Peña, apenas alcanzaba un presupuesto de 100 millones de pesos y que creció hasta 600 millones al cierre de su administración.

También se usó una excepción en la ley orgánica del Poder Judicial que señala que se podrá adjudicar de manera directa un contrato cuando se trate de servicios de mantenimiento, conservación, restauración y reparación de bienes en los que sea imposible precisar su alcance y las cantidades de trabajo.

El mecanismo fue dividir el dinero en pequeños contratos casi indetectables y difíciles de verificar en su cumplimiento para tareas diversas, como impermeabilizar, verificar alumbrado, desazolvar drenaje, evaluar la estructura de los juzgados, evaluar el sistema de audio; o tareas de mantenimiento, como limpiar cristales, drenaje y cisternas, entre otras actividades.

Esta investigación constató que, pese a que desde 2017 las auditorías de la Contraloría General del Poder Judicial y del Órgano de Fiscalización del Estado detectaron irregularidades en los contratos y entre los proveedores, poco se hizo para investigar la situación. A la fecha, no hay sanción ni investigación en curso contra exfuncionarios del Poder Judicial ni tampoco contra las empresas por esos negocios.

Además de simular contratos con el Poder Judicial, los tentáculos de estas empresas se extendieron a otras dependencias en 2018, como el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, que entonces era presidido por Juan Pablo Álvarez Delong, hijo del magistrado Edel Álvarez Peña; o la Secretaría de Educación de Veracruz, a cargo entonces de Enrique Pérez Rodríguez –cercano al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares– y quien también estuvo implicado en la estafa educativa veracruzana.

La telaraña de estas empresas cruza Veracruz y otros diez estados del país, en los que también obtuvieron contratos en varias dependencias de gobierno, incluso en la Secretaría de la Defensa Nacional.

En la justicia veracruzana las licitaciones y adjudicaciones eran controladas por el director administrativo y representante legal del Poder Judicial, Humberto Rodríguez Losilla, y por Jesús Obeso Martínez, quien era el subdirector de recursos materiales. Juntos formaban parte clave del comité de licitación.

Actualmente ambos exfuncionarios figuran como socios y apoderados legales en dos de las empresas vinculadas al exmagistrado Edel Álvarez Peña y su familia.

Para esta investigación se buscó vía telefónica al magistrado en retiro Edel Álvarez Peña, pero no se obtuvo respuesta. También se enviaron solicitudes de entrevista y cuestionarios a exfuncionarios mencionados en esta investigación, pero tampoco respondieron.

La actual magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, respondió vía su oficina de comunicación que por el momento no estaba otorgando entrevistas a medios de comunicación.

Edel Álvarez Peña, ahora magistrado en retiro, es un político camaleónico que, en su tránsito por la función pública, y pese a los cambios de corriente política en el gobierno, ha logrado saltar por varios cargos, uno de ellos fue el de presidente del PRI en Veracruz.

Dueño de varios medios de comunicación en el sureste veracruzano, fue director del Registro Público de la Propiedad y del Archivo General de Notarías durante el gobierno estatal de Fidel Herrera, del PRI.

El exgobernador Javier Duarte –ahora preso por delincuencia organizada– lo nombró magistrado por un periodo de 10 años.

Mientras era magistrado del Poder Judicial, en 2013 resolvió otorgar la libertad a Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, señalado como uno de los presuntos responsables del homicidio de la periodista de Proceso Regina Martínez. Posteriormente ese fallo sería revocado por un amparo instrumentado por el entonces fiscal Ángel Bravo, por lo que El Silva fue reaprehendido y encarcelado.

El nombramiento de Álvarez Peña como presidente del máximo tribunal de justicia de Veracruz coincidió con la llegada de uno de sus viejos amigos al poder, el ahora panista Miguel Ángel Yunes Linares.

En 2017, cuando el Poder Judicial parecía estar en plena bonanza y modernización, anunció la construcción de 21 ciudades judiciales para mejorar los servicios en los juzgados, evitar el arrendamiento de espacios y brindar un entorno más digno y eficiente para la procuración de justicia.

El contrato para construir esos espacios, por cinco mil 916 millones de pesos, se entregó a un consorcio encabezado por la familia Ruiz Anitúa, que entre 2008 y 2014 creó al menos siete empresas offshore en Panamá, en paraísos fiscales, por medio del polémico despacho Mossack Fonseca, el centro de los Panama Papers.

Las posteriores auditorías de la Contraloría General revelarían irregularidades en los contratos de terrenos, falta de expedientes técnicos, fallas en los registros contables y opacidad en los estados financieros.

Sólo alcanzó a construir 10 ciudades judiciales, las restantes fueron canceladas debido al grave déficit financiero.

Aunque tenía la posibilidad de reelegirse por tres años más, declinó y cedió el paso a la magistrada Sofia Martínez, por un periodo de tres años. Mujer cercana a la llamada 4T, la magistrada no pudo terminar su periodo y ocho meses después fue destituida.

Martínez denunció entonces que su cese se debió a dos motivos: la negativa de pagar cobros irregulares a la empresa que construía las ciudades judiciales y la realización de auditorías a la administración de Edel Álvarez.

La magistrada denunció públicamente, el 3 de diciembre de 2020, que unas horas después de ser elegida en el cargo fue llamada a la oficina del gobernador Cuitláhuac García, quien se encontraba con el secretario de Gobierno Eric Cisneros. Según la magistrada, García le dijo lo siguiente:

“Es importante que tenga conocimiento de que el secretario de Gobierno tuvo que realizar acuerdos con el anterior presidente (Edel Álvarez) y dentro de esos acuerdos quedamos en que no se haría una cacería de brujas, por lo cual todo aquello que tenga que ver con la anterior administración, lo tendrá que ver con el ingeniero Cisneros.”

En su momento el secretario de Gobierno negó esas acusaciones. “No tenemos ninguna injerencia en las decisiones del Poder Judicial”, aseveró.

Después llegó al cargo la magistrada Isabel Romero para el periodo 2020-2022, y tras concluir su periodo le sucedió Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien tomó protesta en diciembre de 2022.

Dos años después de la salida de Edel Álvarez, tras la pandemia de covid-19, el Poder Judicial anunció que había caído en la peor crisis económica de su historia, con un déficit presupuestal de 500 millones de pesos (27 millones de dólares).

Fueron cerrados 29 juzgados, se canceló la construcción de 10 de 21 ciudades judiciales y se pidió una ampliación presupuestal para pagar salarios y mantener la operatividad.

Esa crisis estaba muy lejos de la prosperidad que vivió Edel Álvarez apenas 24 meses antes, cuando la cadena de empresas vinculadas entre sí facturó servicios al Poder Judicial por más de 18 millones de dólares.

De las 20 empresas revisadas en esta investigación, 13 se crearon mientras Álvarez Peña era magistrado. Nueve de ellas quedaron disueltas después de hacer contratos con el Poder Judicial. En 2019 algunas fueron liquidadas o cerradas por cambios de domicilio, según consta en las actas del Registro Público de Comercio.

Las empresas creadas mientras Edel ya era magistrado fueron: Proveedora OX, Maracaibo, Aquacaribe, Unimontaño, Itzaes, Gran Groma, Globaltec, Garanuk, Praka Pacifico, todas de 2017; y en 2018, Eiram, Lemre de la Costa, RJ diseño y People Lear Word.

A esta red se suman: Faundón, Indigo Asistence, Prime Latino, Diamante Innovadora, Operadora de Comercio, Golfo LTD y Balamku, creadas anteriormente.

Para esta investigación se visitaron los domicilios que esas empresas registraron en el padrón de proveedores del Poder Judicial en Jalisco y Quintana Roo, pero para dar con ellas se requiere atravesar un laberinto.

En la actualidad ninguna se encuentra en el domicilio inicialmente registrado. En algunos casos éste no existía, en otros nunca operaron ahí o las oficinas fueron desmanteladas. Se encontró que siete empresas comparten domicilio, pero en el lugar las desconocen, otras se encuentran en casas particulares donde tampoco las reconocen, o en centros de negocios de empresas virtuales; algunas más sólo fueron desmanteladas.

En tres años, el Poder Judicial pagó más de 100 facturas por 44 millones de pesos a la empresa Indigo Asistence y Faundón. Y no hay pruebas de la ejecución de los trabajos de ninguno de los servicios pagados, según determinó una auditoría del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Los reportes de 2019 y 2020 del mismo organismo revelan que ambas empresas son simuladoras de operaciones, no tienen activos fijos, empleados o domicilio oficial.

Aunque Faundón era una empresa inexistente, el magistrado Edel Álvarez la había contratado un año antes, en 2018, para practicar una auditoría financiera a los recursos del Poder Judicial, labor por la que pagó 754 mil pesos, según consta en una factura.

Indigo Asistence y Faundón fueron creadas en mayo de 2015 en Isla Mujeres, Quintana Roo, por socios que iban de paso y cuyos domicilios físicos se ubican en el estado de Jalisco. Están conectadas vía 16 apoderados legales comunes. Son la punta del iceberg de una cadena de complicidades.

Por ejemplo: Además de compartir socios, Indigo Asistence registró el mismo domicilio fiscal de Maracaibo y Balamku (otras empresas acreedoras de contratos con el Poder Judicial veracruzano que cobraron 50.1 millones de pesos), en un edificio de la Ciudad de México donde no ubican su existencia en el directorio.

Faundón comparte socios con el resto de las 19 empresas investigadas en este reportaje. Una llamativa práctica en esta red es que cada dos meses esas empresas hacían revocación de socios y nuevos nombramientos, cambios de domicilio según el contrato en turno y cambios en el objeto de la sociedad. Así, los miembros rotaban entre las sociedades.

Además, algunas de estas compañías fueron creadas el mismo día. En sus actas constitutivas enumeran cientos de actividades comerciales que van desde siembra hasta exportación, sector inmobiliario y créditos, entre otros, pero ninguna estaba especializada en los servicios que prestó al Poder Judicial.

Algunas de las características de los socios y apoderados es que son personas menores de 40 años que registraron domicilios en colonias populares.

Muy lejos del azul turquesa del mar caribe de Cancún y de los lujosos complejos hoteleros e inmobiliarios de la ciudad se encuentra una franja de colonias populares donde se ubican los domicilios de Javier de Jesús Cetina Luna y Heidi Adriana Guadalupe Colli Xool, socios apoderados legales de 15 empresas que facturaron 252 millones de pesos (13.8 millones de dólares) al Poder Judicial en Veracruz.

Javier de Jesús parece ser un prodigio de los negocios. Apenas cumplió 31 años y entre 2015 y 2018 se convirtió en socio apoderado legal de varias empresas, no sólo en Cancún, también en Jalisco.

El domicilio que registró en las actas constitutivas dista mucho de la bonanza de sus contratos. Es una pequeña lavandería en la avenida Rancho Viejo registrada con el nombre de “Agua Azul”. Al lado está la casa familiar. La empleada dice conocer a Javier, pero informa que sólo llega los sábados a visitar a su madre, y asegura que no sabe dónde trabaja ni dónde vive.

Javier de Jesús Cetina, socio de 15 de las empresas que recibieron contratos por 252 millones de pesos (13.8 millones de dólares) del Poder Judicial en Veracruz, registró como domicilio una lavandería en una colonia popular de Cancún, Quintana Roo.

Heidi Adriana Guadalupe Colli Xool es socia de Javier en dos empresas. Para llegar a su casa hay que atravesar varios kilómetros del fraccionamiento Villas Otoch, una hilera de miles de casas habitación en una de las zonas más inseguras del próspero Cancún.

Los vecinos de la calle Tules reconocen a Heidi, quien ahora está desempleada y aparece como militante en el padrón del PRI de Quintana Roo. Su casa, que tiene al frente techo de lámina, luce descuidada. Tampoco parece ser la empresaria de dos empresas que facturaron más de 60 millones de pesos al Poder Judicial de Veracruz.

Heidi Adriana Guadalupe Colli Xool socia en dos empresas que vendieron servicios al Poder Judicial por 60 millones de pesos (3.3 millones de dólares), registró como su domicilio una casa en el fraccionamiento Villas Otoch, uno de los más inseguros en Cancún, Quintana Roo.

Entre 2017 y 2020, al menos cuatro auditorías detectaron irregularidades en la entrega de contratos porque no se encontró evidencia de que los proveedores hubieran proporcionado los servicios y se presumía la práctica de operaciones inexistentes y/o simuladas.

Los auditores advirtieron la probable comisión de actos ilícitos por parte de los exservidores públicos; sin embargo, no hubo denuncias contra exfuncionarios, no hay abiertas investigaciones sobre el tema ni se investigaron otros contratos.