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Ciudad de México

Manuel Correa Dip: una justicia penal centrada en la dignidad humana, no en tecnicismos

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El aspirante a Magistrado de Circuito impulsa una visión renovadora del sistema judicial mexicano, donde el respeto a los derechos humanos esté por encima de los formalismos jurídicos.

Ciudad de México.– En un contexto donde el acceso a la justicia en México sigue siendo un desafío para millones de personas, el perfil de Manuel Correa Dip destaca por su apuesta decidida a favor de una justicia penal más humana y cercana a la realidad social. Con casi dos décadas de experiencia en el Poder Judicial de la Federación, el jurista se ha consolidado como una voz crítica de los excesos del tecnicismo judicial.

Correa Dip, actual aspirante a Magistrado de Circuito por las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, ha construido una carrera centrada en la defensa de los derechos humanos y la interpretación constitucional con perspectiva social. Su trayectoria en tribunales federales y su formación en derecho constitucional y amparo lo colocan como una figura clave en el debate sobre la transformación del sistema judicial en México.

“Detrás de cada expediente hay una vida. La justicia no puede reducirse a cumplir con requisitos de forma si eso significa negar el fondo de los derechos de las personas”, ha declarado Correa en diversos espacios públicos. En sus resoluciones, ha privilegiado la aplicación del principio pro persona y la interpretación conforme con tratados internacionales, herramientas jurídicas que fortalecen la garantía efectiva de derechos en nuestro país.

Uno de los ejes principales de su propuesta es superar la cultura del expediente frío y del lenguaje inaccesible, para avanzar hacia una justicia que escuche, atienda y comprenda las realidades de los sectores más vulnerables. Este enfoque resulta fundamental en un país donde la desigualdad y la violencia han generado profundas brechas en el acceso a la justicia penal.

La visión de Correa Dip está alineada con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, y con las exigencias actuales de una ciudadanía que demanda un sistema judicial imparcial, transparente y con vocación social. Su candidatura representa una oportunidad para fortalecer la legitimidad del Poder Judicial de la Federación y recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones.

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