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Colombia y México, los países donde asesinan a más líderes ambientales

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Foto: Archivo.

Durante 2020 se registraron 227 asesinatos de líderes ambientales en todo el mundo; en México, estos crímenes aumentaron 67% respecto a 2019.

En Colombia y México, defender el medio ambiente se ha vuelto casi una sentencia de muerte: los dos países registran el número más alto de asesinatos de defensores ambientales en el mundo, con 65 y 30 homicidios en 2020, respectivamente, según un estudio publicado este lunes por Global Witness.

La organización señala además 2020 como el año más mortífero desde que lleva el recuento, con 227 asesinatos de líderes ambientales en todo el planeta, lo que significa, en promedio, 4 líderes muertos por semana, y superando el récord de 212 muertes violentas de 2019.

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La pandemia, en lugar de reducir los crímenes, hizo de los defensores un blanco más fácil al estar encerrados en sus casas. La organización alerta además de un aumento en el tipo de amenazas, con más arrestos, campañas de desprestigio y criminalización bajo una retórica antiterrorista.

América Latina, la más peligrosa pero combativa

América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para los defensores del medioambiente: 3 de cada 4 ataques registrados en el 2020 sucedieron en la región y 7 de los 10 países más afectados son latinoamericanos.

La alta incidencia sucede en parte porque los casos se pueden documentar con más facilidad, ya que “en otros continentes el acceso a la información es más limitado (…), no es que haya menos casos sino que muchos de ellos no llegan a fuentes públicas”, afirmó Laura Furones, activista de derechos humanos de Global Witness.

La fortaleza de la sociedad civil y de los movimientos indígenas que pervive con fuerza en América Latina, recalcó Furones, permite una “defensa fuerte de los recursos”, pero también conlleva “enfrentamientos y asesinatos por esta oposición pacífica”.

Después de Colombia y México, el tercer puesto mundial lo ocupa Filipinas (29), seguido en su mayoría por países latinoamericanos: Brasil con 20 asesinatos, Honduras (17), República Democrática del Congo (15), Guatemala (13), Nicaragua (12), Perú (6), India (4), Indonesia (3), Suráfrica (2) y Tailandia (2).

En la cola de la clasificación están Uganda, Irak, Argentina, Costa Rica, Arabia Saudí, Sri Lanka, Nepal, Canadá y Kiribati, con un defensor asesinado por país.

¿Por qué suceden?

Los altos niveles de violencia se suman a la impunidad para perseguir los crímenes. De hecho, esa sigue siendo la gran incógnita: ¿quién los asesina y por qué?

“El caso clásico de asesinato de personas defensoras es aquel en que la persona ejerce una oposición pacífica a un proyecto empresarial, de desarrollo, sea forestal, minero o de agroindustria; en esta labor de oposición pacífica se ven asesinados”,

afirmó Furones.

Los datos de la organización respaldan la tesis: el 30 % de los asesinatos ocurrieron en zonas con proyectos de tala de árboles, represas hidroeléctricas, infraestructura, minería o agroindustria a gran escala. Aún así, en 112 casos no se pudo establecer un vínculo claro.

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La tala y la deforestación fueron los sectores con más ataques, con 23 muertes entre Brasil, Nicaragua, Perú y Filipinas y con un aumento muy importante en México, con 9 casos.

Un tercio de todos los asesinatos fue de indígenas de Latinoamérica y Filipinas.

Grave situación en Brasil, México y Nicaragua

Además de ser el segundo país con más asesinatos, México vivió un aumento del 67 % de estos crímenes respecto a 2019, mientras que en Brasil la organización destaca cómo COVID-19 amenazó en “extinguir” a las comunidades indígenas, con una escasa protección por parte del Gobierno.

También Nicaragua llamó la atención este año –un país de apenas 6 millones de personas–, donde Global Witness registró 12 asesinatos en 2020 en comparación con 5 en 2019, lo que lo convierte en el país más peligroso per cápita.

Fuente: Forbes.

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Morelos

Fracaso en la Gestión: José Luis Urióstegui Incumple Promesas de Campaña

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José Luis Urióstegui

La gestión de Urióstegui ha sido caracterizada por el incumplimiento de sus promesas de campaña, la ineficacia en la solución de problemas clave y la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos.

José Luis Urióstegui, quien asumió el cargo con la promesa de transformar el municipio, ha defraudado a los ciudadanos al no cumplir con los pilares fundamentales de su campaña electoral en 2021. A pesar de haber enfocado su plataforma en tres áreas clave: seguridad, turismo y servicios de agua potable, su gestión ha sido marcada por la ineficacia y la falta de resultados tangibles en estos sectores.

En lugar de mejorar la seguridad pública, los índices delictivos han aumentado durante su mandato, generando preocupación e inseguridad entre los habitantes del municipio. La falta de estrategias efectivas para combatir el crimen ha dejado a la población vulnerable y desprotegida, contraviniendo las promesas de Urióstegui de garantizar un entorno seguro para todos.

Asimismo, el sector turístico, que se suponía sería impulsado bajo su administración, ha experimentado un estancamiento significativo. La falta de iniciativas para promover y desarrollar el potencial turístico local ha resultado en una pérdida para el crecimiento económico y la generación de empleo en la región. Todo por lo sucedido en el colapso del puente colgante en Paseo Ribereño, las personas dudan de las instalaciones turísticas que ofrecen en el municipio de Cuernavaca

En cuanto a los servicios básicos, como el suministro de agua potable, la gestión de Urióstegui ha sido decepcionante. A pesar de las promesas de mejorar la infraestructura y garantizar un acceso adecuado al agua, muchos ciudadanos continúan enfrentando problemas de escasez y calidad deficiente del suministro.

Además, la gestión de Urióstegui ha sido ensombrecida por las múltiples denuncias presentadas ante la Contraloría Municipal por presunto mal manejo de recursos. Estas acusaciones se suman al legado de su antecesor, Adán Villalobos, también del partido Morena, cuya administración enfrentó serias críticas por su gestión financiera deficiente y falta de transparencia.

Ante las críticas y cuestionamientos sobre su desempeño, José Luis Urióstegui ha intentado justificar su falta de resultados culpando a la administración anterior y argumentando haber heredado una situación financiera precaria. Sin embargo, esta excusa carece de validez frente a la responsabilidad inherente a su cargo y la confianza depositada en él por parte de los ciudadanos.

Fuente: Morelos News

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Yael Duval, actriz de ‘Vecinos’ recibe amenazas de muerte de su expareja; filtran videos donde es agredida

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Yael Duval, actriz de 'Vecinos' recibe amenazas de muerte de su expareja; filtran videos donde es agredida

Yahel Duval fue agredida por su expareja cuando estaba embarazada en 2018, hasta ahora no han detenido a su agresor.

La actriz de ‘Vecinos’, Yael Duval, quien denunció  por agresiones en 2021 a su entonces pareja Anuar Nachir Monroy, de nuevo se está haciendo presente en los medios de comunicación, debido a que su agresor continúa libre y amenazándola de muerte.

¿Qué le pasó a la actriz Yael Duval?

En el 2021, la famosa denunció haber sido golpeada cuando tenía ocho meses de embarazo: «Nos agredió a mi madre y a mí, no le importó que ella sea una señora de la tercera edad, aún así, la arrastró, pateó, la golpeó con una macana retráctil militar y después se fue contra mí, incluso, se puede ver que una tía y varios vecinos intentaron defendernos».

Hasta ahora, la actriz no ha encontrado justicia, incluso, hace unos días se filtró un video en el que se observa el momento en el que es agredida por Anuar Narchi, a quien denunció más de 10 veces por el mismo delito.

El periodista de nota roja, Carlos Jiménez, dio a conocer el video, en el que aseguró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha dejado en el abandono a Yael Duval.

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Con miles de iniciativas pendientes esta el Congreso

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Más de un centenar de nombramientos en el Senado y más de ocho mil iniciativas en espera de su desahogo están en las Cámaras alta y baja, a sólo un mes de que concluya el periodo legislativo.

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación (Segob), desde el 1 de septiembre de 2021 hasta la fecha, el Congreso acumula ocho mil 767 asuntos pendientes. Predominan iniciativas en materia laboral, de acceso al agua, la regulación y uso lúdico del cannabis, y las más recientes iniciativas de reforma constitucional remitidas desde Palacio Nacional.

La actual LXV Legislatura del Congreso de la Unión tiene previsto cerrar el último periodo ordinario de sesiones el próximo 30 de abril. A partir de esta fecha, sólo los diputados y senadores que se integren a las funciones de la Comisión Permanente se mantendrán con actividad parlamentaria.

A este rezago legislativo se suman las 20 iniciativas de reforma constitucional que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, el pasado 5 de febrero.

De éstas, 18 buscan modificar la redacción de la Carta Magna en temas como la Guardia Nacional, el Poder Judicial de la Federación, cuidado animal, pueblos indígenas y afromexicanos, pensiones, en materia electoral, entre otros rubros. También se considera la desaparición de algunos órganos constitucionalmente autónomos.

Sobre estas iniciativas, legisladores como el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, han advertido que son temas que se abordarán hasta la siguiente y nueva legislatura, es decir, a partir del 1 de septiembre.

Algunos de los pendientes en el Congreso, particularmente en el Senado de la República, son los nombramientos inconclusos para las vacantes de distintas dependencias e instituciones.

Resaltan casos como designaciones para el Sistema Nacional Anticorrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entre otros.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas, el Senado tiene 25 nombramientos rezagados de años anteriores, 15 previstos para este año, así como 48 vacantes en tribunales electorales locales y 51 magistraturas administrativas en salas regionales y tribunales estatales.

Entre las iniciativas, las reformas en materia laboral también son un tema en el Congreso. En San Lázaro está pendiente la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales; y en el Senado, el pleno no ha discutido la iniciativa -ya aprobada en comisiones- para aumentar de 15 a 30 los días de aguinaldo.

En el mismo rubro también están pendientes temas como la denominada Ley Silla, la cual ya fue aprobada en el Senado, pero falta su ratificación en San Lázaro.

Desde la Cámara alta también se envió a diputados la reforma para establecer un salario mínimo equitativo a mujeres deportistas profesionales.

Otra reforma laboral a la que legisladores federales metieron freno de mano es el aumento de los días de licencias de paternidad, de cinco a 20, con goce de sueldo.

En cuestión de género, hay adeudos en reformas como la de equidad salarial, la interrupción legal del embarazo y la regulación de los vientres de alquiler, entre otras.

El Senado reanudará actividades el 2 de abril y la Cámara de Diputados el día 3.

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