Ciudad de México
“No quería morir como matan aquí”: historia de un secuestro en el aeropuerto de Ciudad de México
Un inmigrante venezolano, rescatado por la policía, denuncia una red de trata en el Aeropuerto Benito Juárez operada presuntamente por un cartel de drogas
Alejandro llegó a Ciudad de México como tantos otros inmigrantes, huyendo de una realidad que le asfixiaba. Como tantos otros, a su llegada le recibió la cara más violenta de México. Bastaron cuatro horas en el país para reducir su ilusión de una vida mejor a una mucho menos ambiciosa: conservar la vida. Fue víctima de secuestro en el aeropuerto de la capital por aquellos que le habían prometido, justamente, una posibilidad de futuro.
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En menos de lo que se tarda un turista en salir del edificio, el joven venezolano fue raptado y entregado a una pandilla de sicarios miembros de un cartel de drogas. Como pocos con su suerte, a los seis días fue rescatado por la policía de una casa en la que operaban miembros de una de las organizaciones criminales más poderosas del país. “No quería morir como suelen matar aquí”, dice en entrevista con EL PAÍS. Alejandro no es su nombre verdadero, ese prefiere resguardarlo por miedo a que el cartel vuelva por él.
De Yaracuy a Ciudad de México
La familia de Alejandro contrató el servicio de un grupo de coyotes de Maracaibo que le habían prometido sacarlo de un pequeño pueblo al norte de Venezuela, llevarlo hasta Colombia y subirlo a un avión rumbo a México. Así ocurrió. Hasta la llegada al Aeropuerto Benito Juárez todo corría según habían dispuesto los coyotes.
Con 22 años y rostro aniñado, el joven puso pie en México el pasado viernes 25 de junio, sobre las cinco de la mañana. Pasó el control migratorio a las 7.26, según un registro al que tuvo acceso este periódico. Pero no la libró tan fácil: tras asentar el ingreso, el agente del Instituto Nacional de Migración (INM) le retuvo “para una segunda revisión” en una sala durante unas dos horas, asegura. “Me retuvieron como dando chance a que llegara la gente que me iba a buscar”. Sobre esa segunda revisión no existe un registro oficial, según han confirmado desde el INM a EL PAÍS.
Pasadas las nueve de la mañana, casi dos horas después de pasar el control migratorio, le dan luz verde para irse.
“Me sueltan, y en la puerta un federal me dice que tengo que entregarle 100 dólares para que me dejen salir del aeropuerto. Le entrego los 100 dólares y ahí me indica que a la salida me están esperando”.
Hasta ese momento, Alejandro pensaba que todo era parte del servicio que había pagado su familia a los coyotes. En la puerta de la Terminal 2 del aeropuerto le esperaba un coche Ford Fusion de color blanco. Un exagente de la Policía Federal, hoy investigado en la causa judicial, le indicó que subiera. “Uno, como es de provincia, y en parte también por los nervios…”. Hace una pausa y retoma: “Me subo y ahí ya me dicen que estoy secuestrado”. Han pasado cuatro horas desde su llegada a México y su pesadilla recién comienza.
Los dos hombres que le llevan están armados. Le piden el dinero que trae encima, su teléfono y los documentos de identidad. Le dejan en una casa de seguridad que tiene supuestamente un cartel de drogas en las afueras de la capital mexicana.
“Allí todo estaba cerrado, las ventanas pintadas para que nadie pueda ver hacia dentro, el jefe de la organización me esperaba, me sentó en un sillón y me mostró todo el armamento que tienen. Te enseñan unos videos y te dicen: ‘Mira cómo hacemos, cortándole la cabeza a personas, ametrallándolas en el piso’. Eso es lo que te dicen que va a pasar”.
Para ese entonces los del coche ya habrán retomado el camino al aeropuerto, a pescar más migrantes.
Entre 1.000 y 2.000 dólares por cabeza
En los seis días que pasó Alejandro en esa casa, la mayor parte del tiempo estuvo encerrado en una habitación donde solo hay un colchón en el piso y un baño. El lugar, según recuerda, es precario, pero tiene tres pisos, un garage y un montón de habitaciones donde encierran a las nuevas víctimas de cada día. “Tenían su armamento, su droga y a las personas secuestradas. El consumo de cocaína era constante”, cuenta. Nadie llega ahí por azar: fueron vendidos al cartel por diferentes grupos de coyotes.
“En este caso, el grupo de venezolanos se encargaba de contactar ala persona por medio de las redes sociales y luego entregarla [en México]. Recibían entre 1.000 y 2.000 dólares por cada uno que entregaban”.
El lado mexicano del negocio era el encargado del “rapto y la negociación”. El joven venezolano llegó a contar ocho mexicanos que participaron en su secuestro.
Tampoco dejaban lugar a equivocaciones. Todos los intermediarios en la línea de acontecimientos que llevaron a Alejandro a aquella casa conocían su rostro, su nombre. Todos tenían su fotografía, sabían cómo iba vestido. “Está completamente arreglado, sabían de dónde venía, en qué vuelo, a qué hora iba a llegar. Están en completa complicidad con la gente del aeropuerto”. Alejandro pasó los seis días escuchando a los presuntos miembros del cartel hablar entre ellos y por teléfono. De esas conversaciones ha aprendido que operan de lunes a viernes, que tienen tres casas de seguridad en la capital, que el mayor centro de operaciones de la red de trata está en Monterrey, donde esa semana tenían unas 40 personas secuestradas.
Por el sitio donde estuvo retenido Alejandro pasaron otros 12 migrantes secuestrados. Todos latinoamericanos que llegaban a México con la ilusión de rehacer su vida en un país nuevo. La mayoría eran mujeres con niños. De algunos ya no volvió a saber.
“Te decían: ‘Te vamos a sacar’. Pero no te decían adónde te llevaban. Las personas que se fueron, se fueron y ya. No sé si están muertas o vivas”.
Las especulaciones alimentadas por las amenazas de los secuestradores eran el peor enemigo en el encierro.
“Te devasta completamente, empiezas a delirar y a pedirle a Dios que haga su voluntad. Si es quitarte la vida, que lo hagan rápido, porque la manera en la que suelen matar es muy cruel”.
Alejandro puede contar minuciosamente lo que pasó esos días porque se mantuvo atento y, sobre todo, tranquilo. Ya tenía experiencia en situaciones críticas. En Venezuela, asegura, había sido perseguido y torturado en varias ocasiones por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) por su activismo como dirigente estudiantil.
Vender todo para pagar el rescate
La familia de Alejandro en Venezuela pasó los primeros tres días sin saber nada de él. Había llegado a México y su teléfono había sido desconectado. Unos amigos que residen en la ciudad pasaron horas buscándolo entre las ventanillas de las aerolíneas y las puertas de aterrizaje. Pensaron que lo habían retenido las autoridades migratorias, pero nadie les respondía nada. Se lo había tragado el aeropuerto. A las 48 horas de no tener noticias, el domingo presentaron una denuncia por desaparición ante la Fiscalía.
El primer contacto que tuvo el padre del joven con los secuestradores fue a través de Whatsapp al tercer día de la llegada. Un supuesto agente de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República le escribió el lunes después de las nueve de la noche un mensaje desde un teléfono con característica del Estado de Morelos.
“Necesito que me regrese usted la llamada por este medio”, decía. En la llamada le comunicaron que no eran policías y que Alejandro había sido secuestrado. Ahí comenzó el vaivén de negociaciones. “Fueron muy rudas”, recuerda el joven. ¿Cuánto se le puede sacar a una familia cuyo hijo ha emigrado por falta de trabajo de un país con una de las mayores crisis económicas de la región?
“Venderé las pertenencias que me quedan”, repetía el padre de Alejandro aquellos días desde Caracas. El negociador en nombre de los secuestradores no tenía más de 25 años, y según les decía a las víctimas, conocía a mucha gente en la ciudad y regentaba dos clubes nocturnos. Por parte del chico secuestrado, negociaba un tío que vive en Estados Unidos, a quien el cartel consideraba que podía sacarle más dinero.
“Las mafias aprovechan para explotar económicamente nuestra diáspora, los venezolanos [captados] deben tener documentos de identidad, ser jóvenes y, lo más importante, gente en EE UU capaz de pagar por ellos”,
dice el padre.
Los secuestradores pidieron primero 14.000 dólares, un monto altísimo para las finanzas de la familia, que ya había gastado sus ahorros en pagar a los coyotes. Finalmente ofrecieron lo que tenían, unos 1.500 dólares que llegaban a juntar.
“Estaré pensando en ustedes”
La última llamada de Ciudad de México a Caracas fue el martes, al quinto día del secuestro.
“Hablé con mi hijo y me dijo: ’Papá, paga lo que tienes para ver si me sueltan. Si no lo hacen y me encuentro con la mala hora, estaré pensando en ustedes”.
El monto que había juntado la familia era muy bajo con respecto al que el supuesto cartel había pedido. Eso le hacía pensar a Alejandro que no sería suficiente.
“Si la familia no paga, te obligan a pagar con trabajo. Todo depende de lo que decida el jefe del cartel, yo tenía que secuestrar personas para ellos o vender droga”.
a mirada se le cae y murmura: “Lo más probable es que me mataran y no quería morir como suelen matar aquí”.
Tras el pago del rescate, los secuestradores cortaron la comunicación por 24 horas. No se sabe nada. El miércoles, un día después del pago, la Fiscalía informa de que Alejandro ha sido rescatado.
“Lo tiene la SEIDO [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada]”,
confirma un portavoz de la FGR a EL PAÍS.
Junto con él fueron rescatados otros seis migrantes que se encontraban en la casa de seguridad del cartel. Dos venezolanos y cinco ecuatorianos. Tres hombres y cuatro mujeres. Tres de las víctimas eran menores de edad.
Alejandro tiene la sensación de que los secuestradores sabían que la policía vendría ese miércoles. En la mañana habían sacado de la casa todo el armamento y la droga. Cuando los agentes policiales llegaron solo quedaban unos pocos miembros de la pandilla: dos guardias, una señora que cocinaba y una que se encargaba de limpiar el lugar. A todos los secuestrados los habían reunido en la parte de atrás del segundo piso. “Algo estaba pasando, pero no sabíamos qué”, cuenta.
“Cuando llega la policía, [los delincuentes] se empiezan a movilizar, a tratar de contener a la policía. No les dio tiempo a enfrentarse, solamente intentaron sobornarlos con dinero, pero no pudieron”.
En la carpeta de investigación, cuenta el joven, hay fotografías de cada uno de los miembros de la banda, imágenes en el aeropuerto o en los cajeros a los que acudían a retirar el dinero de los rescates. Detalles de los coches y la vestimenta que usaban.
“La Fiscalía ya sabe quiénes son”.
Pero la mayoría de ellos sigue en libertad, asegura. Pese al testimonio de las víctimas, la indagatoria judicial también esquiva el espinoso asunto de la posible implicación del INM en la red. Un portavoz de la FGR ha confirmado que no son parte de la investigación y las autoridades migratorias han asegurado que no tienen constancia de ninguna denuncia contra sus agentes por este tema. La Guardia Nacional, a cargo de la seguridad en el aeropuerto, no ha respondido la solicitud de información de este periódico.
El encuentro con la cara más violenta de México le ha arrebatado a Alejandro las ganas de quedarse en el país.
“Uno trae todas sus esperanzas, sus recursos puestos en este viaje, y es muy devastador”.
Su futuro le depara un proceso judicial en el que tendrá que enfrentar cara a cara a supuestos miembros de un cartel que en el último tiempo ha ganado fama de ser uno de los más sanguinarios. Cada vez que lo piensa, le entra un temor paralizante.
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“Yo sé que mi vida corre peligro. Lo único que quiero ahora es mantenerme con vida”.
Fuente: El País.
La colonia Nueva Díaz Ordaz, ubicada en la alcaldía de Coyoacán, está en la mira del Gobierno de la Ciudad de México para cambiarle el nombre, como parte del empeño de las autoridades capitalinas por borrar de la memoria el recuerdo de ese expresidente mexicano.
El lunes pasado, Martí Batres, titular de la administración capitalina, presentó un plan de 50 propósitos a cumplir en los últimos 100 días de su gestión y uno de ellos, en el aspecto de cultura, es iniciar el procedimiento para borrar el nombre de Gustavo Díaz Ordaz.
El territorio de la colonia, a un kilómetro de la estación Xotepingo del Tren Ligero, es relativamente pequeño. La calle principal se llama Tepetlapa sirve de división con la colonia Adolfo Ruiz Cortines, otro expresidente mexicano, y recientemente también le cambiaron el nombre a una de sus calles, que antes era 18 de Julio y ahora es Manuel M. Zamacona.
Las calles angostas de esta colonia capitalina se caracterizan porque en las fachadas de los hogares es común ver placas con los datos de cada familia que ahí vive y el nombre completo de la colonia. “Nueva Díaz Ordaz” se repite no solo en los postes, también en la mayoría de las puertas.
Enrique Sánchez vive en esa colonia, conoce el interés del gobierno para cambiarle el nombre a la colonia, pero está en contra por varias razones y la primera de ellas es que los perjudicará: desde cambiar su credencial de elector, las escrituras de sus casas y otra serie de trámites engorrosos y costosos. Consideró que hay cosas más urgentes que faltan en la colonia, como mejorar la vigilancia y el patrullaje.
Otro residente, Ely González, coincidió con Enrique e invitó a recorrer las calles de la colonia para ver que el pavimento está en mal estado, con baches, faltan luminarias y podar los árboles. Dice que los vecinos los tienen que podar ante la falta de atención de las autoridades.
Integrantes de la familia Álvarez, que viven en la calle Benemérito de Las Américas, mencionaron que otra carencia es el abasto de agua, como en otras partes de la ciudad y eso, subrayaron, sí urge atender antes de pensar en cambiarle el nombre a la colonia, pues “eso es lo de menos”. Agregaron que las calles solamente las parchan, por eso es que siguen los baches ahí.
Las casas de la colonia Nueva Díaz Ordaz son en su mayoría unifamiliares, de clase media baja, por lo que sus vecinos aprovechan sus estacionamientos para instalar talleres de reparación de autos, aparatos eléctricos, motocicletas, pequeños salones de belleza o misceláneas, tiendas de abarrotes y cafeterías.
La iniciativa de eliminar el recuerdo histórico del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, quien fue el culpable de la matanza estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas en 1968, comenzó en la administración pasada, cuando José Ramón Amieva, entonces jefe de gobierno local, ordenó retirar las placas de las estaciones del Metro en las que se daba a conocer que ese exprimer mandatario las inauguró.
El primero de esos recuerdos que desapareció fue el que estaba a la entrada de la estación Insurgentes y que fue donde las autoridades realizaron en 1969 la ceremonia de inauguración del Metro de la Ciudad de México.
El Gobierno de la Ciudad de México se mantiene firme en borrar el nombre del expresidente a las calles que los tienen y ahora van tras la colonia.
Ciudad de México
“Sumar para Transformar 2024” reconoce la labor de 14 organizaciones de la Sociedad Civil
Reciben distinción por proteger y restituir derechos de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar.
Fundación Gigante, Fundación Compartamos y Promotora Social México se suman a esta gran alianza.
La alianza Sumar para Transformar reconocióa 14 Casas Hogar (CH) ganadoras de la Convocatoria “Sumar para Transformar 2024”, por proteger y restituir derechos de niñas, niños y adolescentes (NNyA) sin cuidado parental o familiar.
El enfoque integral de esta coalición no solo beneficia directamente a niñas, niños y adolescentes, sino que también prepara el terreno para un cambio sistémico hacia un futuro más justo y equitativo en el cuidado y protección de la niñez y adolescencia en México.
La alianza conformada desde el año 2021 por Fundación Familia BOCAR, Fundación Monte de Piedad y Fundación Dibujando un Mañana, a través de su fondo Tú Puedes Ayudar respaldado por SC Johnson, logró transformarse este 2024 con la integración de tres importantes aliados: Fundación Gigante, Fundación Compartamos y Promotora Social México.
En conjunto, se logró crear un fondo de $27,400,000 (veintisiete millones cuatrocientos mil pesos), recursos que se utilizarán para fortalecer los modelos de intervención, la sostenibilidad y mejorar los resultados de 14 Centros de Asistencia Social (CAS) y/o Casas Hogar ubicados en Ciudad de México y Querétaro.
Hoy, se reconoce y felicita a las CAS seleccionadas que recibirán fortalecimiento y apoyo económico para complementar el costo de necesidades relevantes dentro de la organización.
La alianza acordó que el fortalecimiento se acompañe por parte de la organización: Conexiones para Aprender A.C. (BYDA), modelo que se centra en los derechos de niños, niñas y adolescentes y el interés superior de la infancia.
Sumar para Transformar es una alianza que busca apoyar a los CAS o Casas Hogar en México, mediante el fortalecimiento de sus capacidades institucionales, promoviendo prácticas de crianza que fomenten el desarrollo saludable y asegurando que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean siempre la prioridad.
Proyección de cifras Sumar para Transformar 2024 – 2025
Apoyaremos a 14 Centros de Asistencia Social y/o Casas Hogar, distribuidos en las siguientes 2 entidades federativas:
- CDMX: 6
- Querétaro: 8
Población
527 NNyA (al 73% de su capacidad)
CDMX: 309 (al 70% de su capacidad)
Querétaro: 218 (al 77% de su capacidad)
Capacidad Instalada
718 NNyA
CDMX: 436
Querétaro: 282
Se contemplan más de 500 NNyA atendidos de manera directa de inicio, pero el modelo continuará impactando a las niñas, niños y adolescentes que en el futuro ingresen a los CAS fortalecidos. Además, se realizará una inversión de $1,900,000 (un millón novecientos mil pesos) en promedio por CAS en un periodo de 2 años.
La suma de estos esfuerzos y resultados reflejan el compromiso de 6 organizaciones donantes en México con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en particular con el ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos.
Como aliados, además de impulsar la movilización de recursos, conocimientos y apoyo para los CAS, también trabajamos activamente para influir en las buenas prácticas a nivel nacional y promover cambios que atiendan las necesidades y aseguren un entorno de cuidado adecuado y protector para todas las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Continuaremos avanzando con determinación y optimismo, sabiendo que juntos podemos lograr un cambio significativo y perdurable en la vida de quienes más lo necesitan.
FIN DEL COMUNICADO
***
Sobre las organizaciones que participan en la alianza:
Fundación Familia BOCAR
Trabaja para apoyar Organizaciones de la Sociedad Civil que cuenten con modelos de intervención enfocados en impulsar el desarrollo y oportunidades de sus comunidades, poniendo énfasis en educación, atención mediante el esquema de Casa Hogar y la respuesta a emergencias. www.fundacionfamiliabocar.org/
Fundación Monte de Piedad
En su rol de inversionista social y en medida de sus posibilidades, trabaja para buscar soluciones que acompañen a las Organizaciones de la Sociedad Civil aliadas y Casas Hogar, para que mantengan y se sumen a los esfuerzos de las agendas globales de desarrollo, poniendo énfasis en la promoción protección y restitución de los Derechos Humanos. https://inversionsocial.montepiedad.com.mx/es/
Fundación Dibujando un Mañana
Impulsa el desarrollo social de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en México y Centroamérica con un modelo de inversión social que entrelaza la voluntad de ayudar de diversos actores y la transforma en programas sociales basados en derechos humanos que generan impactos positivos a largo plazo. https://dibujando.org.mx/
Fundación Gigante
Es una organización sin fines de lucro cuyo principal objetivo es dar apoyo y estar activamente involucrado en actividades humanitarias, educativas, de salud y de recaudación de fondos a través de diferentes programas de beneficio social. www.grupogigante.com.mx/fundacion-gigante/
Fundación Compartamos
Es el brazo orquestador de la vocación social de Gentera y sus empresas. Tiene como causas la Primera Infancia y Educación. Impulsa la participación de los colaboradores en actividades de voluntariado, donación y apoyo en contingencias. www.fundacioncompartamos.org.mx/Fundacion
Promotora Social México
Es una organización que busca impactar integralmente y de forma positiva en las condiciones de vida de los menos favorecidos por medio de los proyectos en los que participa www.psm.org.mx
Luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de ser un órgano autónomo “arbitrario en sus resoluciones”, este último organismo afirmó que ejerce de manera responsable sus facultades.
“La característica de inatacabilidad de sus resoluciones no es un beneficio otorgado a este Órgano, ni una concesión que le ceda estatus, sino un logro social que es reconocido por la Ley General de la materia y fue diseñado en Ley para garantizar los dos derechos humanos que tutela”, respondió el INAI a la CNDH.
Ayer, el organismo que preside Rosario Piedra Ibarra lamentó que el INAI haya instruido a la CNDH, luego de resolver un recurso de revisión interpuesto por un ciudadano, que entregue el expediente de una investigación que, aunque concluyó como recomendación, sigue en curso tras ser reabierta a petición de las víctimas, quienes presentaron nuevos elementos probatorios sobre el caso.
Para proteger a las víctimas y evitar su revictimización -añadió-, “el Comité de Transparencia de la CNDH decidió reservar la información para no interferir en la investigación del caso que se lleva en esta Comisión”.
En respuesta, el INAI señaló que la determinación de que la información relacionada con violaciones a derechos humanos sea pública, “se encuentra apegada a las bases y principios constitucionales que privilegian el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, sin que se trate de una decisión arbitraria de este Instituto”.
Para el caso concreto CNDH, -recordó el organismo- el Pleno del INAI instruyó a proporcionar copia de videos e imágenes captadas por la Comisión durante su visita a los sótanos de Tlaxcoaque, en la Ciudad de México, así como del expediente de queja CNDH/PRESI/2020/5561/VG, protegiendo los datos personales de carácter confidencial.
Detalló que entre estos elementos “se encuentran aquellos pertenecientes a víctimas, agraviados, testigos, entre otros; toda vez que entre lo solicitado por la persona interesada se encuentra cualquier expresión documental elaborada sobre los referidos sótanos”.
Lo anterior, en virtud de que los argumentos hechos valer por la CNDH fueron insuficientes para confirmar la clasificación de la información solicitada, por lo que, en un ejercicio que permitiera equilibrar los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, el Pleno del INAI instruyó a la entrega de versiones públicas expuso la institución.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales -sostuvo-, “en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, determina en sus resoluciones que debe ser otorgada la información solicitada, cuando no se cumplen los requisitos legales para considerarse como clasificada, pues las razones para restringir el acceso a la información tienen que ajustarse a los supuestos descritos específicamente en la normativa aplicable”.
Las Leyes de Transparencia, recordó el INAI, “establecen con claridad cuáles son los supuestos de reserva, por los que se puede exceptuar, de manera temporal, cierta información de la regla general de publicidad”.
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