El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República propuso una reforma que permita la exención del pago de luz a las zonas afectadas por desastres naturales durante todo su periodo de reconstrucción o rehabilitación.

Dicha propuesta de reforma de los legisladores priistas surge como una medida necesaria y humanitaria para aliviar la carga económica sobre aquellos que ya están luchando por reconstruir sus vidas.

Esto permitirá que las personas afectadas por desastres naturales no tengan que preocuparse por los costos de la electricidad, pues no sólo les brindaría un alivio financiero inmediato, sino que también les permitiría destinar sus recursos limitados a otras necesidades urgentes, como la alimentación, el refugio y la atención médica.

Refiere que, al eximir el pago de electricidad en zonas de desastre, se proporciona un estímulo económico indirecto al permitir que los comercios locales se mantengan operativos y que la actividad económica se reanude lo antes posible.

Advierten que, en los últimos años, los mexicanos hemos sido testigos de varios eventos catastróficos que han dejado comunidades enteras en estado de emergencia.

«Por ejemplo, el terremoto de 2017 en Ciudad de México, que dejó más de 200 personas muertas y miles de edificios dañados, o el huracán Patricia en 2015, considerado el ciclón más fuerte registrado en el hemisferio occidental, son ejemplos contundentes de la vulnerabilidad de México ante los desastres naturales. El más reciente, el paso del huracán Otis el pasado mes de octubre de 2023, que dejó en Acapulco una devastación nunca vista en nuestro país”.

En este contexto, la exención del pago de electricidad en zonas de desastre no sólo sería una medida de ayuda inmediata, sino también una estrategia preventiva para fortalecer la resiliencia del país ante futuros eventos adversos, al garantizar el acceso continuo a la electricidad durante períodos de crisis.

“La exención del pago de electricidad en zonas de desastre representa una medida humanitaria, económica y estratégica que reconoce la importancia crítica de la electricidad en tiempos de crisis y que busca proporcionar un apoyo significativo a aquellos que enfrentan adversidades inimaginables”, considera la iniciativa.

El PRI propone modificar el artículo 105 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad para añadir al texto: “las adecuaciones ocasionadas por la condonación del pago de energía eléctrica en los municipios declarados como Zona de Desastre durante los procesos de rehabilitación o reconstrucción no requerirán de la autorización del Consejo de Administración o de alguna dependencia de la Administración Pública Federal”.

Luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de ser un órgano autónomo “arbitrario en sus resoluciones”, este último organismo afirmó que ejerce de manera responsable sus facultades.

“La característica de inatacabilidad de sus resoluciones no es un beneficio otorgado a este Órgano, ni una concesión que le ceda estatus, sino un logro social que es reconocido por la Ley General de la materia y fue diseñado en Ley para garantizar los dos derechos humanos que tutela”, respondió el INAI a la CNDH.

Ayer, el organismo que preside Rosario Piedra Ibarra lamentó que el INAI haya instruido a la CNDH, luego de resolver un recurso de revisión interpuesto por un ciudadano, que entregue el expediente de una investigación que, aunque concluyó como recomendación, sigue en curso tras ser reabierta a petición de las víctimas, quienes presentaron nuevos elementos probatorios sobre el caso.

Para proteger a las víctimas y evitar su revictimización -añadió-, “el Comité de Transparencia de la CNDH decidió reservar la información para no interferir en la investigación del caso que se lleva en esta Comisión”.

En respuesta, el INAI señaló que la determinación de que la información relacionada con violaciones a derechos humanos sea pública, “se encuentra apegada a las bases y principios constitucionales que privilegian el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, sin que se trate de una decisión arbitraria de este Instituto”.

Para el caso concreto CNDH, -recordó el organismo- el Pleno del INAI instruyó a proporcionar copia de videos e imágenes captadas por la Comisión durante su visita a los sótanos de Tlaxcoaque, en la Ciudad de México, así como del expediente de queja CNDH/PRESI/2020/5561/VG, protegiendo los datos personales de carácter confidencial.

Detalló que entre estos elementos “se encuentran aquellos pertenecientes a víctimas, agraviados, testigos, entre otros; toda vez que entre lo solicitado por la persona interesada se encuentra cualquier expresión documental elaborada sobre los referidos sótanos”.

Lo anterior, en virtud de que los argumentos hechos valer por la CNDH fueron insuficientes para confirmar la clasificación de la información solicitada, por lo que, en un ejercicio que permitiera equilibrar los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, el Pleno del INAI instruyó a la entrega de versiones públicas expuso la institución.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales -sostuvo-, “en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, determina en sus resoluciones que debe ser otorgada la información solicitada, cuando no se cumplen los requisitos legales para considerarse como clasificada, pues las razones para restringir el acceso a la información tienen que ajustarse a los supuestos descritos específicamente en la normativa aplicable”.

Las Leyes de Transparencia, recordó el INAI, “establecen con claridad cuáles son los supuestos de reserva, por los que se puede exceptuar, de manera temporal, cierta información de la regla general de publicidad”.

El 29 de febrero de 2024, Susana Prieto Terrazas, diputada federal y reconocida defensora de los derechos laborales, anunció su renuncia al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). La decisión de Prieto Terrazas de abandonar el partido en el que militó desde sus inicios sorprendió a muchos y ha generado una ola de reacciones en el ámbito político y sindical del país.

Prieto Terrazas explicó que su renuncia se debe a la falta de apoyo del partido hacia la iniciativa de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, una propuesta que ella ha defendido ardientemente. La diputada señaló que la negativa de Morena a respaldar esta medida crucial para los trabajadores mexicanos es una traición a los principios fundamentales del partido, que prometió defender y mejorar las condiciones laborales de los ciudadanos.

En su comunicado, Prieto Terrazas expresó su decepción y frustración con la dirigencia de Morena, acusándolos de alejarse de sus compromisos originales y de ceder ante presiones de intereses empresariales. “El trabajo digno y justo no puede ser objeto de negociación. Los trabajadores merecen condiciones laborales que les permitan tener una vida digna y equilibrada”, afirmó.

El partido Morena, por su parte, emitió un comunicado lamentando la renuncia de Prieto Terrazas, pero defendió su posición argumentando que la implementación de una jornada laboral de 40 horas requería un análisis más profundo para evitar impactos negativos en la economía nacional. Aseguraron que continúan comprometidos con la mejora de las condiciones laborales, aunque por caminos diferentes a los propuestos por la diputada.