La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revisar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, la cual ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre; y apuntó que “la decisión del pueblo de México no la pueden parar 8 ministros de la Suprema Corte”.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a revisar la constitucionalidad de la reforma judicial, Sheinbaum Pardo remarcó que “en ningún lugar de la Constitución dice que la Corte puede cambiar la Constitución o puede declarar inconstitucional lo que ya fue declarado constitucional”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la Presidenta leyó fragmentos de la Constitución mexicana para dar sustento al poder reformador del Congreso de la Unión, así como los números favorables de Morena y aliados tras las elecciones del 2 de junio.

“¿Qué dice la Constitución para cambiar la Constitución? (…) La presente constitución puede ser adicionada o reformada (…) se requiere que el Congreso de la Unión por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes acuerden las reformas o adiciones y que estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas”, detalló al recordar el artículo 135 de la Carta Magna.

Al leer el artículo 39 constitucional, recordó que “en el caso de México el Constituyente está establecido en la propia Constitución (…) La soberanía nacional esencial y originariamente en el pueblo”.

“Tienen que aceptar que el pueblo de México tomó una decisión y que el artículo 39 es muy claro y el 135 también y que la reforma (judicial) ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación”, dijo.

Sheinbaum Pardo consideró que la intención de la Suprema Corte es provocar al Poder Ejecutivo -que ella encabeza- y medir su reacción. No obstante, aclaró que no buscarán ni juicio político, ni desplegarán acusaciones de traición a la patria.

“Quieren acusar que somos un gobierno autoritario, pero no lo somos”

“Primero, no vamos a caer en ninguna provocación; segundo, va a haber elección de magistrados, jueces y ministros”, remarcó.

Rechazó que la decisión de la Suprema Corte se trate de un golpe de Estado y más bien calificó el hecho como “un golpe aguado”.

La presidenta insistió en que los ocho ministros y ministras que avalaron revisar la constitucionalidad de la reforma judicial son conscientes de que están haciendo mal, además de que su decisión es más política que jurídica.

“Saben que están procediendo ilegalmente, ellos lo saben, porque son constitucionalistas y conocen la Constitución”.

No obstante, atajó que la reacción de las y los ministros es únicamente para defender sus privilegios y los de una cúpula de poder; “no tiene sustento lo que están haciendo ocho ministros de la Corte. Ellos saben porque son abogados (…) sólo defienden privilegios, para empezar los suyos”.

El costo del delito alcanzó su nivel más alto en México desde 2019. De acuerdo con el Inegi, durante el año 2023 los delitos tuvieron un costo monetario de 282 mil millones de pesos, el precio más alto durante el actual sexenio próximo a concluir.

Dicha cifra, presentada en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del Inegi, equivale al 1.15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Esa cifra implica que a cada persona en México le cuesta alrededor de seis mil 853 pesos la incidencia delictiva.

“Podemos ver que de 2012 a 2017 hubo un incremento en el costo del delito y después de 2017 a 2021 hubo un decremento. Esta tendencia se rompió en 2022 y continúa la alza en 2023 cuando se registraron 282 mil millones de pesos como costo del delito en los hogares”, indicó el director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi, Dwight Dyer.

En los resultados de la encuesta también se revela que el costo del delito durante 2023 en México es cuatro veces mayor al presupuesto ejercido por las instituciones de seguridad pública en los estados.

Las entidades con el costo del delito más alto fueron Jalisco, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala, Baja California Sur, Estado de México, CDMX, Colima, Puebla y Morelos.

“Si sumamos a esta región algunos estados del rango intermedio como pueden ser Nayarit, Zacatecas, Guanajuato o Hidalgo, vemos que esta región centro-occidente y centro del país es donde se concentran los valores más altos por costo promedio”, indicó Dyer.

La ENVIPE 2023 indica que el costo promedio del delito por persona aumentó en más de la mitad de las entidades (18 entidades) y disminuyó sólo en 14 estados.

Quiero llamar su atención a estados como Tlaxcala, donde el costo promedio aumentó de 2022 a 2023 en 74% o en el Estado de México, donde aumentó 52.8%

«En el otro extremo tenemos a Nuevo León, donde el costo promedio por persona disminuyó 60 por ciento”, ejemplificó el funcionario del Inegi durante la conferencia de prensa de este jueves.

Los delitos que tiene mayor repercusión monetaria en el país son el robo total de vehículo, fraude, y otros delitos como carterismo, allanamientos o abigeato (robo de ganado o animales domésticos).

En medidas preventivas contra los delitos, los mexicanos gastaron 91.7 mil millones de pesos en proteger sus hogares de algún eventual delito.

Tentación de eliminar el anonimato en las peticiones de información pública, riesgo de que se oculten datos relevantes en nombre de la seguridad nacional, indefensión ante tráfico de padrones con datos personales y cancelación de la oportunidad para que personas vulnerables ejerzan su derecho de acceso a la información.

Estos son algunos de los peligros que corren México y los ciudadanos en caso de que prospere el proyecto de reforma que en estos momentos se discute en el Congreso y que contempla la desaparición de organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), señaló su comisionado presidente, Adrián Alcalá Méndez.

El funcionario adelantó la última carta que jugará el instituto ante legisladores y la presidenta electa Claudia Sheinbaum para evitar la extinción del organismo creado hace 21 años para garantizar la rendición de cuentas: adelgazar al organismo, reducir en 27 por ciento el presupuesto que recibe y operar, de ser necesario, hasta con tres de los siete comisionados que hoy marca la ley.

—¿Cómo se imagina usted al país dentro de un año, en caso de que se concrete la desaparición del Inai?

—Primero, aumentaría la tentación de eliminar el anonimato. Hoy en día tú puedes hacer solicitudes de información de manera anónima para salvaguardar tu seguridad. De no haber un organismo como el Inai que defienda tu derecho a preguntar, es posible que las autoridades te pidan identificarte y cuestionarte para qué quieres la información.

Dejar los derechos de acceso a la información y a la protección de datos en manos de una oficina de gobierno sería un gran retroceso porque los derechos humanos se tienen que fortalecer día con día e ir creciendo de manera positiva. Dejarlos en manos de la propia autoridad pudiéramos incurrir en la tentación de ser juez y parte y resolver con parcialidad.

La labor del Inai ha cobrado notoriedad pública por haber aportado información en casos como la Estafa Maestra, los sobornos de Odebrecht o el sobrecosto de la Estela de Luz, sin embargo hay funciones menos mediáticas, pero que afectan esferas altamente sensibles como la seguridad nacional, que quedarían a la deriva en caso de que desapareciera el Inai, detalla Alcalá Méndez.

“La seguridad nacional es un concepto vivo que no hay una definición estática y que por eso el legislador en el año 2015 introdujo que por excepción, por motivos de seguridad nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría que resolver los casos de acceso a información pública cuando esté en juego la seguridad nacional. ¿Qué va a pasar con ese recurso? ¿Quién lo va a promover y a defender? La reforma no explica eso”.

—¿Tiene algunos ejemplos de los casos que quedarían a la deriva en caso de que no esté el Inai para defenderlos?

—Por ejemplo, cuando el Senado de la República promulgó en la anterior legislatura el padrón único de usuarios de telefonía móvil, había una gran recolección de datos personales sensibles que no sabíamos a ciencia cierta qué datos iban a recabar, quién los iba a manejar, con qué finalidad y con qué vigencia. ¿Qué fue lo que hicimos? Como instituto fuimos ante la Corte para decirle que nosotros, como garantes del acceso a la información y la protección de datos personales, advertimos riesgos; y la corte resolvió que ese padrón era inadecuado. La pregunta es: ¿quién hará ese trabajo si lo dejamos en manos de una secretaría de Estado, de una subsecretaría o de una dirección dependiente de una secretaría de Estado?

—Ya vimos cómo opera el régimen: construyen mayorías a cualquier costo, ignoran las voces disidentes y aprueban las reformas. ¿Cómo se alista el Inai para esta batalla?

—La primera es trabajando. Nosotros como instituto no hemos dejado de trabajar un solo día, a pesar de las adversidades políticas. Por otra parte nosotros hemos hecho un llamado a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo desde el día siguiente en que ganó las elecciones para llevar a cabo un diálogo y que conociera con mayor detalle y con mayor profundidad la labor sustantiva y de justicia social que hacen los órganos garantes y el Inai como cabeza del Sistema Nacional de Transparencia.

—¿Tienen indicios de que la presidenta electa los recibirá para dialogar?

—Tengo confianza en ello. La presidenta tiene una formación diferente a la del Presidente de la República y yo confío en que nos habrá de escuchar.

Agrega: “Lo vimos en la declaración que hoy dio a conocer el diputado Ricardo Monreal, en la que él mismo afirma que respecto a los órganos autónomos van en otro ritmo, va a buscar consensos, a buscar diálogos, aunque la reforma o la iniciativa no se ha pausado en cuanto a su curso, pero sí destaca esas situaciones. Nosotros vamos seguir insistiendo en el diálogo, en la posibilidad de sentarnos, porque las instituciones del Estado mexicano dialogan.

Ante la posibilidad de que Sheinbaum, su equipo o los legisladores acepten dialogar con los comisionados del Inai sobre los riesgos de desaparecer al organismo, Alcalá adelantó a este diario que ya tienen un plan para “hacer más con menos”. Se trata de un rediseño de la dependencia para reducir burocracia, ahorrar presupuesto y mejorar la eficiencia.

“He visualizado una propuesta que desde mi punto de vista es la más óptima, para pasar de un modelo de siete comisionados a uno de cinco o incluso a tres. Reducción de secretarías, reducción de direcciones generales, todo esto sin perder la parte sustantiva o poner en riesgo alguna actividad sustantiva que realice el Instituto”, expuso el comisionado presidente.

—¿De cuánto sería el ahorro?

—Sin descuidar ninguna parte normativa que tenemos, esto nos permitiría un ahorro significativo de 300 millones de pesos, lo cual equivale a 27 por ciento del presupuesto de 2024.

— ¿Eso implica recorte de personal?

—Sí, lamentablemente sí implica el recorte de personal, sobre todo de personal que no es de estructura; salvamos el servicio profesional de carrera.

—¿Implica reducción de sueldos?

—Implica reducción a prestaciones que pueden ser adicionales a las de ley, los comisionados no ganan más que el Presidente de la República, nunca han ganado más.

—¿Usted cuánto gana?

—Nuestro salario que es un poco más de 114 mil pesos, pero también habría una reducción considerable a otras prestaciones como gastos en comisiones nacionales e internacionales.

—Está a punto de terminar el sexenio y fueron seis años de una postura muy hostil del Presidente hacia el Inai. De todo lo dicho por López Obrador, ¿en qué sí tiene razón y en qué no?

—Contra lo que dice el Presidente de la República, la gente sí confía en los órganos constitucionales autónomos, de acuerdo con datos del Inegi. El Presidente está mal informado sobre las funciones del instituto; el instituto no combate la corrupción, nosotros no hacemos ese trabajo, ese trabajo lo hace la fiscalía especializada a nivel federal y a nivel local también los hacen los jueces. Nosotros somos el primer eslabón o el primer escalón en la lucha contra la corrupción.

“Donde sí creo que tiene razón el Presidente es que tenemos que estar más cercanos a la gente; la gente poco conoce la labor de la institución, poco conoce la labor que realizamos y poco conoce de que tenemos un compromiso con la justicia social. Creo que podemos hacer más con menos, totalmente de acuerdo, por eso esta compactación, esta reorganización para estar a la altura de las nuevas expectativas”, reflexionó.