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Política

EE. UU. y México: Reanudar “Quédate en México” es una aberración

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Mujeres migrantes caminan en un campamento de migrantes en Matamoros, México, el 18 de febrero de 2021. © 2021 REUTERS/Daniel Becerril

Reformas superficiales no evitarán graves abusos contra solicitantes de asilo con el programa «Quédate en México»

La decisión de reactivar el programa “Quédate en México” (Remain in Mexico) en la frontera con Estados Unidos expondrá a los solicitantes de asilo nuevamente a riesgos de secuestro, extorsión, violación sexual y otros abusos, señaló hoy Human Rights Watch. También violará su derecho a solicitar asilo en Estados Unidos.

Si bien el programa ha sido modificado por la administración Biden, hay pocas razones para creer que las agencias gubernamentales responsables de implementar Quédate en México puedan hacerlo de un modo que respete los derechos humanos, explicó Human Rights Watch. Las agencias fronterizas, a ambos lados de esta, han estado implicados en un número de abusos que son intrínsecos al programa y siguen actuando con casi absoluta impunidad. 

“En el marco del programa Quédate en México, Estados Unidos y México han adoptado medidas a sabiendas de que ponían en riesgo la vida de miles de solicitantes de asilo”, señaló Ari Sawyer, investigadora fronteriza en Human Rights Watch. “No hay forma de que un programa diseñado para postergar el derecho a solicitar asilo obligando a las personas a esperar en sitios peligrosos pueda operar de modo que respete sus derechos. Los gobiernos de Estados Unidos y de México deberían dar marcha atrás de inmediato”.

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Los gobiernos de EE. UU. y de México anunciaron que, a partir del 6 de diciembre, empezarían a inscribir a solicitantes de asilo en Quédate en México, incluyendo a personas que no hablan español, como haitianos, brasileños y personas indígenas, y los enviarían a siete ciudades en la frontera mexicana para que esperaran allí el resultado de sus solicitudes.

La nueva iteración del programa no toma en cuenta que muchos de aquellos enviados a México como parte de la iniciativa han sido blancos sistemáticos de violencia por organizaciones delictivas y, a veces, por policías y agentes migratorios mexicanos. Si bien el gobierno de EE. UU. afirma que mejorará el proceso de identificar solicitantes con vulnerabilidades para evitar que sean enviados a México, esto seguirá dependiendo de que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza los remitan a una entrevista con un funcionario de asilo.

Human Rights Watch ha concluido que, tanto en el contexto de Quédate en México como fuera de éllos agentes generalmente no realizan las remisiones que exige la ley. El programa ha agudizado las falencias que ya tenía el sistema de tribunales de migración estadounidense, incluyendo la falta de acceso a asesoramiento jurídico, obstáculos a la representación legal, falta de transparencia y garantías legales limitadas.

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Además, el programa seguirá enviando a solicitantes de asilo a dos ciudades en el estado de Tamaulipas, un lugar particularmente peligroso. Allí, organizaciones delictivas y policías del estado han perpetrado ejecuciones masivas de migrantes. Tanto las autoridades estadounidenses como mexicanas reconocen que los secuestros son frecuentes en la zona de Tamaulipas cercana a la frontera estadounidense. El Departamento de Estado de los EE. UU. ha emitido una alerta de “No viajar” para el estado, en la cual indica que “miembros fuertemente armados de organizaciones delictivas suelen patrullar zonas del estado y actúan con impunidad, sobre todo a lo largo de la región de la frontera”. Human Rights Watch y otros actores han instado reiteradamente al gobierno de EE. UU. a que no envíe solicitantes de asilo a Tamaulipas.

En la versión previa del programa, ambos gobiernos aseguraron que solo enviarían solicitantes de asilo que hablaran español a México, pero Human Rights Watch determinó que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP) también enviaban a solicitantes de asilo que no hablaban el idioma, incluyendo personas indígenas. Muchos solicitantes de asilo que no hablan español y fueron enviados a México por el gobierno de Biden han sufrido discriminación y han tenido dificultades para trabajar y acceder a servicios públicos.

Entre enero de 2019 y enero de 2021, la administración del expresidente Donald Trump envió más de 71 mil solicitantes de asilo a México como parte del programa Quédate en México, incluyendo decenas de miles de niños y niñas y personas con discapacidad y condiciones de salud crónicas. La administración Biden puso fin al programa oficialmente en junio. El presidente Biden calificó al programa de “peligroso” e “inhumano” y un memorando del Departamento de Seguridad Nacional explicó que la decisión del gobierno se debía al reconocimiento de sus “falencias generalizadas” y “costos humanos injustificables”.

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La administración Biden señaló que se ve obligada a reanudar el programa debido a una decisión de la Suprema Corte, pero que lo hará con “mejoras de carácter humanitario”. Estas incluyen resolver la mayoría de los casos de asilo en un plazo de seis meses, asegurar que los solicitantes de asilo tengan acceso a asesoría legal y verificar que las “personas particularmente vulnerables” no sean inscritas en el programa.  También ha prometido que aquellos enviados a México tendrán acceso a albergues y medios de transporte seguros y podrán obtener permisos de trabajo y acceder a centros de salud y otros servicios en México.

Tanto Estados Unidos como México prometieron muchas de estas presuntas mejoras durante primera instancia del programa, pero nunca se concretaron. El gobierno de EE. UU. expuso a solicitantes de asilo al riesgo de ser torturados en México, pese a reconocer desde el inicio del programa su obligación de asegurar que esto no sucediera conforme a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Estados Unidos también se comprometió previamente a no enviar a solicitantes de asilo de grupos vulnerables a México, pero Human Rights Watch comprobó que los agentes fronterizos no evaluaban si las personas tenían vulnerabilidades o bien, a sabiendas, enviaban a México a solicitantes de asilo particularmente vulnerables, incluyendo personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), personas con discapacidad o condiciones de salud crónicas y mujeres embarazadas. El gobierno mexicano tampoco identificó a personas con discapacidad o condiciones de salud crónicas que Estados Unidos había enviado a México en el marco del programa.

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Cuando inicialmente aceptó participar en el programa Quédate en México, el gobierno mexicano se comprometió a encargarse de la seguridad de los solicitantes de asilo que esperaran en el país y a garantizar que tuvieran acceso a trabajo, atención de la salud, educación y el sistema de justicia. Sin embargo, Human Rights Watch concluyó que el gobierno mexicano no brindó estas protecciones y dejó a miles de personas varadas en México sin posibilidades de mantenerse económicamente ni de acceder a servicios básicos, y sin vías de recurso cuando sufrían abusos por parte de carteles delictivos o autoridades mexicanas.

El gobierno de Biden dijo que se cerciorará de que los solicitantes de asilo inscritos en el programa tengan acceso a asesoría legal. Anteriormente, Human Rights Watch concluyó que el programa había impedido que tuvieran un acceso efectivo. Diversos abogados dijeron a Human Rights Watch que los riesgos a su seguridad y dificultades logísticas les impedían viajar a México, y que generalmente los solicitantes de asilo en el programa no tenían domicilios ni números de teléfono fijos.

Previamente, tan solo un 10 por ciento de los solicitantes de asilo en el programa contaron con representación legal. Ahora, muchos abogados se están negando a que el gobierno incluya sus nombres en las listas de abogados ad honorem distribuidas a solicitantes de asilo, sosteniendo que no van a ser cómplices de un programa que viola las leyes estadounidenses y el derecho internacional de los derechos humanos.

Ni el gobierno de EE. UU. ni el de México han precisado cómo prevén cumplir sus compromisos bajo la nueva iteración del programa ni han explicado por qué no lo hicieron anteriormente.

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El gobierno de López Obrador señaló en una declaración en noviembre que solo aceptaría reanudar Quédate en México si la administración Biden abordaba ciertas “preocupaciones de índole humanitaria”, incluyendo el compromiso de no asignar solicitantes de asilo de grupos vulnerables al programa y a aportar fondos para programas de desarrollo económico para América Central. En diciembre, el gobierno mexicano informó que había aceptado reanudar el programa porque la administración Biden había abordado estas cuestiones.

Ninguna de esas dos  declaraciones abordó los abusos ampliamente documentados que policías y agentes de migración mexicanos cometieron contra solicitantes de asilo en el programa. En el pasado, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha negado que ocurrieran abusos en el marco del programa y sostenido que había sido “muy bueno el resultado”.

“Es claro que el presidente López Obrador tan solo pretende estar preocupado por las violaciones de derechos humanos que ocurrirán al reanudar el programa Quédate en México”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Si realmente le importara poner fin a los abusos atroces que han padecido los solicitantes de asilo en el programa, se habría negado clara e inequívocamente a participar en él desde el principio”.

Fuente: Human Rights Watch.

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Nacional

Senadores del PRI decidieron no admitir a Manlio Fabio Beltrones

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Por mayoría de votos, los senadores del Grupo Parlamentario del PRI que estarán en la LXVI Legislatura decidieron no admitir al senador Manlio Fabio Beltrones dentro de la bancada, pues argumentaron que la decisión está basada en la gravedad de las acciones del priista.

En un comunicado, y tras la primera reunión con el dirigente Alejandro Moreno, los legisladores priístas manifestaron que el senador Beltrones Rivera ha atentado de manera significativa contra la unidad ideológica, programática y organizativa del partido.

Además, el sonorense queda en libertad de unirse a cualquier otro grupo parlamentario y en ningún caso sus dichos, declaraciones, votos o posicionamientos representan a la bancada del PRI ni al partido.

Recordaron que Beltrones actualmente enfrenta diversos procedimientos sancionadores de expulsión, conforme a los estatutos y normativas internas del PRI.

En consecuencia, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado se encuentra conformado por 15 senadoras y senadores, quienes «continúan trabajando con el compromiso y la dedicación que caracteriza a nuestra bancada».

La dirigencia determinó que Manuel Añorve será también el próximo coordinador en la Cámara Alta.

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Chihuahua

Anulan elección en sindicatura de Ocampo y llaman a votación extraordinaria

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El Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEE) resolvió por unanimidad anular la elección de Sindicatura en el municipio de Ocampo, motivo por el cual el Congreso del Estado deberá llamar a elecciones extraordinarias en próximas fechas.

En ese mismo municipio se invalidó igualmente semanas atrás la elección a la Presidencia Municipal, por lo que, con la invalidación que se determinó en la elección de Sindicatura de la localidad de Dr. Belisario Domínguez, suman tres elecciones extraordinarias a efectuar nuevamente.

Los motivos que llevaron a los magistrados electorales a declarar como inválida esa elección fue la vulneración a la cadena de custodia de paquetes electorales que se dio en la totalidad de las casillas instaladas en dicho municipio.

Y es que, es preciso recordar que las 16 casillas instaladas en Ocampo que representan el 100 por ciento fueron robadas una vez concluida la jornada electoral y, posteriormente, doce aparecieron en ciudad Cuauhtémoc; sin embargo, se advirtió que no se tiene certeza de que su contenido refleje la voluntad de la ciudadanía.

Por lo anterior el Tribunal ordenó al Congreso del Estado y al Instituto Estatal Electoral que, en el ámbito de sus respectivas competencias, celebren elecciones extraordinarias de la Sindicatura del Ayuntamiento de Ocampo.

Por otra parte, en la misma sesión, se resolvieron treinta y ocho asuntos con los que se confirmaron los resultados de los Ayuntamientos de Chihuahua, Hidalgo del Parral y Nuevo Casas Grandes, donde si bien se modificaron las actas de cómputo no hubo cambios en las planillas ganadoras.

También se resaltó la nulidad de la votación en 20 casillas de la elección del Ayuntamiento de Chihuahua; once casillas en la elección de Hidalgo de Parral y cinco casillas en los comicios de Nuevo Casas Grandes.

En el tema de asignaciones de regidurías de representación proporcional (RP), mejor conocidas como “pluris”, el Pleno del TEE, modificó el acuerdo de asignación emitido por la Asamblea Municipal de Huejotitán, favoreciendo el principio de paridad de género.

Movimiento Ciudadano (MC) impugnó dicho acuerdo por una incorrecta asignación derivada de una supuesta inconstitucionalidad del Artículo 191 de la Ley Electoral local que señala que los partidos o candidaturas independientes tienen derecho a la asignación de regidurías por el citado principio, en el cual el TEE determinó que se encontraba impedido para realizar un análisis de constitucionalidad de dicho artículo, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró su validez.

Asimismo, MC se quejó de la incorrecta asignación de la última regiduría de RP de dicho Ayuntamiento, ya que argumentaban les correspondía; sin embargo, el Tribunal, al analizar dicho agravio, advirtió un error en una de las fórmulas para la asignación de las regidurías por lo que, en plenitud de jurisdicción, la realizó nuevamente, dando como resultado una posición más, correspondiente al Partido del Trabajo (PT) que sólo había postulado a una fórmula de regidurías por ese principio.

En consecuencia, con base en los criterios para el cumplimiento del principio de paridad de género e implementación de medidas afirmativas aplicables, el Tribunal determinó asignar la regiduría faltante de entre las mujeres postuladas en la planilla del PT, quedando la integración del Ayuntamiento, con cinco mujeres y cinco hombres.

Entre los otros asuntos que desahogaron se confirmaron los acuerdos relacionados con asignaciones de regidurías por RP emitidos por las Asambleas Municipales de Julimes, Aquiles Serdán, Matachí, Morelos, Guachochi, San Francisco de Conchos, Santa Isabel, Cuauhtémoc, López, Moris y Delicias.

En los dos procedimientos especiales sancionadores interpuestos por el partido Morena en contra de la titular del Poder Ejecutivo, María Eugenia Campos Galván y los partidos PRI, PAN y PRD, se declararon inexistentes las faltas atribuidas como lo fueron promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido.

De la misma forma, se determinó declarar inexistente las infracciones de actos anticipados de campaña y promoción personalizada, en contra de Marco Antonio Bonilla y Sandra Elena Gutiérrez Fierro, por la difusión de una publicación en la red social Facebook.

En contraparte, se sancionó a Rodolfo Gardea Palma por la difusión de propaganda electoral con aparición de niñas, niños y/o adolescentes, así como a los partidos PAN, PRI y PRD por faltar a su deber de cuidado.

Ilse América García Soto fue sancionada por la difusión de propaganda electoral con la aparición de una persona infanto-juvenil, así como a los partidos Morena y del Trabajo por faltar a su deber de cuidado, mientras que a Rogelio Loya Luna por actos anticipados de campaña y a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y De la Revolución Democrática, por faltar a su deber de cuidado.

Finalmente, se determinó sancionar a Otto Alberto Valles Baca por actos anticipados de campaña, así como a los partidos políticos Morena y Del Trabajo, por faltar a su deber de cuidado.

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Política

Frente Amplio de Renovación convoca a priistas para rescatar al PRI de Alejandro Moreno

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La corriente Frente Amplio de Renovación, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que encabeza Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Corwell, Manlio Fabio Beltrones, entre otros, llaman a la militancia a conformar un “frente nacional” para “dar la batalla” y anular las reformas estatutarias avaladas en la pasada Asamblea Nacional del 7 de julio, entre las cuales se aprobó la reelección de sus dirigencias.

En un desplegado el Frente Amplio de Renovación llama a todos los que no estén de acuerdo con lo ocurrido en dicha asamblea, que informen a otros priistas para que se manifiesten y defender y rescatar al PRI de la ambición personal de Alejandro Moreno, de querer apoderarse del partido.

Llaman a “informe objetivamente al resto de la militancia lo que está sucediendo y despierte conciencias y mueva voluntades, para dar la batalla política y jurídica por la anulación de la Asamblea recién realizada, el mantenimiento del principio de ‘No reelección’ y por la restitución y fortalecimiento de los derechos y atribuciones de los órganos de dirección estatales y municipales, que deben prevalecer en un Partido demócrata, federalista, y fiel a los principios e ideales que nos dieron de origen”.

Advierten que el “despropósito de adueñarse y perpetuarse en el partido y convertirlo en una franquicia electorera a su servicio, sólo se logrará si la amplia militancia se los permite. Debemos vencer el desánimo de los recientes resultados electorales y de los atropellos de la actual dirigencia, elevando colectivamente la voz de nuestra inconformidad y evitando que, con nuestro silencio o inacción nos convirtamos en cómplices mudos que al cancelar espacios de resistencia propicien el alejamiento o franca deserción de cuadros prestigiados de larga trayectoria o de jóvenes militantes que desean incorporarse a la buena política sustentada en principios y valores”.

Los integrantes de la corriente interna como José Reyes Baeza, Fernando Lerdo de Tejada, Natividad González, Dulce María Sauri, Héctor Astudillo, José Encarnación Alfaro, Manlio Fabio Beltrones llaman a acudir al Instituto Nacional Electoral (INE) para “mostrar todas las irregularidades e ilegalidades en que incurrieron en el precipitado proceso de convocatoria a la Asamblea Nacional” del partido.

Los priistas demandan “unidad y acción en la militancia comprometida es hoy la consigna para generar la voluntad que sea capaz de rescatar al PRI e impulsar su efectiva refundación y resurgimiento”.

Al asegurar que dicha Asamblea se concretó con la elección de “delegados a modo”, pidió a los militantes del PRI que, “de ser necesario”, emprendan “la batalla jurídica» en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Insistió en la anulación de la Asamblea del 7 de julio y el mantenimiento del principio de “no reelección” y la restitución y fortalecimiento de los derechos y atribuciones de los órganos de dirección estatales y municipales, que deben prevalecer en un partido demócrata, federalista y fiel a los principios e ideales que dieron origen al PRI.

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