Pedro Haces Barba, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades en contratos que su empresa, Servicios Integrales de Seguridad Limpieza y Mantenimiento S.A. de C.V. (Seglim), firmó con los gobiernos de Javier Duarte en Veracruz y Roberto Borge en Quintana Roo. Estas adjudicaciones, realizadas entre 2015 y 2016, superan los 493 millones de pesos y han generado dudas por su asignación y destino de recursos públicos.

En Veracruz, durante la administración de Duarte, Seglim obtuvo cuatro contratos para el servicio de limpieza en oficinas centrales, hospitales y jurisdicciones sanitarias. Algunos de estos contratos fueron adjudicados directamente, como el firmado en abril de 2015 por 81 millones de pesos. Este contrato fue financiado en parte con 51 millones de pesos provenientes del Seguro Popular, un programa destinado a garantizar el acceso a la salud para sectores vulnerables. Otros acuerdos, como el adjudicado en mayo de 2016 por 168 millones de pesos, presentan inconsistencias en fechas de inicio y licitación, aumentando las sospechas de corrupción.

En Quintana Roo, el gobierno de Roberto Borge, también acusado y condenado por desvío de recursos, mantuvo convenios con la misma empresa. Aunque se desconocen detalles específicos de estos contratos, las similitudes en los patrones de asignación y la relación de ambos exgobernadores con Haces refuerzan las acusaciones de una posible red de corrupción​

Estos contratos han llamado la atención pública debido a las condenas de Duarte y Borge por delitos relacionados con el manejo indebido de recursos públicos. Aunque Haces no enfrenta actualmente investigaciones legales directas, su conexión con estas adjudicaciones y su rol como dirigente sindical han sido cuestionados por diversas organizaciones y medios de comunicación.

Se trata de una pareja que sufrió quemaduras graves y que fue trasladada en una aeroambulancia a un Centro Especializado en la CDMX, debido a lo delicado de su estado de salud

El gerente de comunicación de la empresa gasera Engie, Daniel Loaiza, informó que dos de las tres personas lesionadas en el incendio ocurrido en la colonia Miramapolis el pasado 10 de octubre continúan recibiendo atención médica especializada.

Se trata de una pareja que sufrió quemaduras graves y que fue trasladada en una aeroambulancia a un Centro Especializado en la Ciudad de México, debido a lo delicado de su estado de salud, destacando que el traslado fue necesario para garantizarles un mejor tratamiento médico.

El tercer lesionado ya fue dado de alta, pero sigue bajo tratamiento ambulatorio para continuar su recuperación.

El representante de Engie aseguró que la empresa sigue proporcionando apoyo tanto a los lesionados como a sus familias, quienes deben viajar constantemente a la Ciudad de México para acompañar a los pacientes.

En cuanto a los daños materiales ocasionados por el siniestro, que incluyeron afectaciones a una propiedad y un vehículo, Loaiza mencionó que la empresa mantiene contacto permanente con los afectados y está cubriendo los gastos correspondientes.

“Nuestro compromiso es garantizar el bienestar de las personas afectadas y trabajar para reparar los daños ocasionados”, precisó.

Intimidación y abuso para imponer intereses económicos sobre Plásticos y Fugra Lerma

En una lamentable demostración de abuso de poder, Eloy Espinosa y el organismo COREMEX han recurrido a tácticas intimidatorias utilizando a personas con antecedentes delictivos para imponer su control sobre las empresas Plásticos y Fugra Lerma. Esta estrategia no solo pone en peligro la estabilidad laboral de los empleados, sino que también demuestra un desprecio total por los derechos y la seguridad de los trabajadores.

La intervención de estos grupos ha sembrado un ambiente de miedo e incertidumbre entre los empleados, quienes temen represalias y hostigamiento por expresar su inconformidad. En lugar de velar por el bienestar de la fuerza laboral, Eloy Espinosa y COREMEX se han enfocado en beneficiarse económicamente a toda costa, manipulando y desestabilizando las relaciones laborales dentro de la empresa.

Esta situación es un ataque directo contra la dignidad de los trabajadores, quienes han expresado su rechazo hacia estos métodos de control y explotación. La imposición de intereses económicos por encima de los derechos laborales refleja una falta de ética alarmante y la necesidad urgente de tomar medidas para proteger a quienes forman la base de estas empresas.

Los empleados de Plásticos y Fugra Lerma merecen trabajar en un entorno donde se respeten sus derechos y se valore su esfuerzo. Es imperativo que las autoridades correspondientes intervengan para garantizar que prácticas tan reprobables no queden impunes, y que los trabajadores puedan desempeñar sus labores con la tranquilidad y seguridad que merecen.