Las fuertes lluvias registradas entre anoche y esta madrugada dejaron tres personas muertas, inundaciones, árboles caídos y decenas de vehículos varados, principalmente en la zona norte y centro del área metropolitana de Monterrey.

Protección Civil de Nuevo León informó que en la capital localizó los cuerpos de dos personas, una de ellas hallada en la Avenida Lincoln y Jaumave; mientras que otra debajo de un vehículo sobre la calle Policasta, en la Colonia Valle de Infonavit, quien fue arrastrada por la corriente.

Una tercera persona fallecida se localizó también debajo de un vehículo en el municipio de Guadalupe, al oriente de la zona metropolitana.

Los municipios con mayores afectaciones fueron Monterrey, San Nicolás, Apodaca, Juárez y Cadereyta; uno de los puntos críticos fue el cruce de la Avenida Leones y Rangel Frías en la capital del estado donde había autos varados, así como la Avenida Gonzalitos y su cruce con Leones y con Ruiz Cortines, en el cual los encharcamientos rebasaron el cordón de la calle.

Las fuertes precipitaciones colapsaron las vialidades, los pasos a desnivel y los arroyos que cruzan la ciudad, por lo que a las 23:30 horas del miércoles las autoridades determinaron los cierres viales en avenidas y calles principales de los municipios de Monterrey y San Nicolás.

En las primeras horas de este jueves elementos de Protección Civil atendieron la llamada de auxilio de al menos 16 familias en igual número de domicilios que habían sido inundados, 74 vehículos varados, dos árboles caídos, cinco cortos circuitos y un cable caído.

En el municipio de Guadalupe se cerró temporalmente la Avenida Eloy Cavazos y Monterrey en la colonia Rincón de la Sierra, debido a la acumulación de agua y el alto riesgo en la zona.

Se realizaron revisiones en arroyos, tinajas y Tortolitas, donde la afluencia de agua fue de 40 por ciento, por lo que no se presentaran inundaciones en las viviendas.

Además, se efectuaron trabajos de asistencia social, apoyo a automovilistas, desazolve de alcantarillas y atención a la ciudadanía en general.

La reciente investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha revelado una cruda y preocupante realidad: la Confederación Obrera Revolucionaria Emprendedora de México (COREMEX), un sindicato que debería abogar por los derechos de los trabajadores, está profundamente implicado en actividades delictivas. Lejos de cumplir su papel como defensor de los trabajadores, COREMEX ha utilizado su estructura sindical como una fachada para la extorsión, la violencia, e incluso crímenes más graves, como homicidios y secuestros.

Este informe forma parte de una investigación más amplia que ha identificado al menos diez sindicatos en el Estado de México involucrados en extorsiones, uno de los delitos que alimenta las finanzas de 25 organizaciones criminales activas en la región. Sin embargo, lo que distingue a COREMEX del resto es la gravedad y la extensión de las acusaciones en su contra. La implicación de este sindicato en una red delictiva organizada no solo pone en riesgo la seguridad empresarial, sino que también afecta gravemente la estabilidad social y económica del estado.

El modus operandi de COREMEX es alarmante. A través de la intimidación y la violencia, ha logrado imponer su control sobre ciertos sectores empresariales, obligando a los dueños de negocios a ceder ante sus demandas bajo la amenaza constante de represalias violentas. Empresarios han optado por cerrar sus operaciones antes que seguir siendo víctimas de este sindicato, lo que evidencia el nivel de control que COREMEX ha logrado establecer a través del miedo y el crimen.

Pero lo más inquietante de esta investigación es el hallazgo de vínculos entre COREMEX y actores políticos de la región. Esto plantea serias dudas sobre hasta qué punto el crimen organizado ha logrado infiltrarse en las estructuras de poder local. La existencia de un sindicato vinculado a homicidios y secuestros, que además cuenta con respaldo político, es un indicio claro de la gravedad del problema y de la profunda descomposición que afecta tanto al sistema sindical como al sistema político.

La complicidad o incapacidad de las autoridades para frenar a COREMEX durante años ha permitido que este sindicato se convierta en una herramienta de control criminal. La pasividad institucional no solo ha facilitado su operación, sino que ha contribuido a la desintegración de los principios sindicales que alguna vez fueron la base de la lucha obrera. COREMEX, que alguna vez debió haber luchado por los derechos de los trabajadores, ha optado por abrazar al crimen organizado como su principal estrategia.

Es urgente que las autoridades tomen medidas decisivas para desmantelar esta red de corrupción y violencia que COREMEX ha tejido. No se puede permitir que este sindicato, que ha abandonado su misión original, siga sometiendo a la población y a los empresarios a sus prácticas delictivas. La sociedad del Estado de México no puede continuar siendo rehén de una organización que ha desvirtuado por completo su propósito, poniendo en riesgo no solo el bienestar laboral, sino la seguridad de toda la región.

La intervención estatal y federal es imperativa para cortar los lazos de COREMEX con el crimen organizado y restaurar la confianza en los sindicatos como herramientas legítimas de defensa laboral. De lo contrario, el legado de terror y corrupción que este sindicato ha dejado en su camino seguirá afectando a las generaciones futuras.

Con 25 votos a favor y cinco en contra, el Congreso del Estado aprobó la reforma a la Constitución Política local para que, tal como sucederá a nivel federal, las y los jueces y magistrados estatales sean electos por votación popular, de entre un total de seis candidaturas propuestas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Las elecciones serán arbitradas por el Instituto Electoral del Estado (IEEC); en vez de 15 que podían estar en sus puestos, ahora durarán sólo 9 años, pero podrán aspirar a ser reelectos por una ocasión más, y en caso de ganar la votación popular, permanecer 18.

Cerca de la media noche del sábado, los sufragios a favor provinieron de los representantes de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Acción Nacional (PAN) y diputados que se declararon independientes entre 2021 y 2024, tras haber militado en el Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y el albiazul.

Mientras tanto, los cinco votos en contra fueron del PRI y de MC, que apoyaron una propuesta de reserva contra la reforma presentada por el diputado priista Ricardo Medina Farfán, aunque fue rechazada por los restantes 25 diputados asistentes.

En la iniciativa, promovida por la gobernadora Layda Sansores San Román, se establece que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJE), así como los del Tribunal de Disciplina Judicial, más los Jueces de Primera Instancia serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones estatales ordinarias del año que corresponda.

De igual manera, el TSJE se deberá de integrar por 16 magistrados, dos más que los existentes actualmente, para “guardar un justo equilibrio en las cargas de trabajo, así como, se sustituyen las referencias a Juzgados de Conciliación por la de Agencias de Paz”.

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La reforma constitucional al Artículo 78 establece que magistrados y jueces de primera instancia “durarán en el ejercicio de su encargo nueve años, podrán ser reelectos y, si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determine el Capítulo XVII de esta Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.

IEEC, árbitro; las 6 candidaturas serán propuestas por los tres poderes

Asimismo, el árbitro será el Instituto Electoral del Estado (IEEC), que vigilará se cumplan las reglas de igualdad de competencia entre las seis candidaturas distribuidas así: dos propuestas por el Ejecutivo, dos por el Legislativo, y dos por el Judicial.

Antes, el Artículo 94 constitucional exigía para ser Juez conciliador o secretario, propietarios o suplentes, “ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos y con residencia no menor de dos años en el lugar”, pero ahora bastará con sólo “ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos”.

Se derogó el Artículo 71 constitucional, según el cual, era función del gobernante en turno “designar a las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado y someter estos nombramientos a la aprobación del Congreso o de la Diputación Permanente (…) Pedir la destitución, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 86, ante el Congreso del Estado, de cualquiera de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de los Jueces de primera instancia”.

“Para el caso de Juezas y Jueces de Primera Instancia la elección se realizará por distrito judicial (…) Estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas y candidatos. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna”.

Las campañas durarán 60 días, sin precampaña y habrá sanciones a quienes incumplan y haber obtenido un promedio general de al menos “ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, y práctica profesional de cuando menos cinco años”.

Quedan fuera quienes hayan sido titulares de Secretaría en la Administración Pública o su equivalente, Fiscal o diputado local durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria respectiva por el Congreso del Estado.

También habrá elección popular para definir quiénes serán los cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.

Modifican Ley Orgánica de la FGJE: el fiscal ya no necesita 5 años de residencia

En la misma sesión, fue modificada la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Campeche, según la cual para ocupar el cargo de titular de dicha institución, ya no será necesario haber residido en el Estado durante los últimos cinco años, sino simplemente tener la ciudadanía mexicana y contar con al menos dos años de vivir en el país.

También fue ratificado el nombramiento del ex vicefiscal y ex encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Jackson Villasís Rosado, como fiscal en funciones.

Se mantiene el requisito de ser nombrado por el titular la o el gobernante en turno, al cual seguirá rindiendo cuentas, y ratificado por el Congreso del Estado.