Justicia
Qué implica la nueva neutralidad de internet en México
A partir del 3 de septiembre, entrarán en vigor nuevas disposiciones sobre cómo los proveedores ofrecen el servicio de acceso a Internet.
Después de dos años de discusiones y de hacer una consulta pública en la que se recibieron más de 150 mil comentarios a través de las redes sociales, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó los lineamientos sobre la neutralidad de la red que entrarán en vigor a partir de septiembre y que todos los proveedores de servicios de Internet deberán acatar.
El concepto de la neutralidad de la red se refiere a que ningún PSI podrá modificar de manera artificial el tráfico, acceso o velocidad de los servicios o contenidos que se ofrecen en la red y estos deben tratarse por igual.
Es decir, las autoridades deben exigir a los proveedores de Internet que no modifiquen la velocidad de acceso a ningún servicio o contenido (ya sea acelerando o disminuyendo), tampoco pueden prohibir el acceso a ninguna aplicación o contenido y deben garantizar la privacidad de los usuarios al navegar en la red.
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Si bien el concepto de neutralidad de la red fue creado en 2003 por Tim Wu, fue en 2017 que tuvo atención mediática debido a la propuesta de Donald Trump para eliminarla ya que, según el expresidente, limitaba el desarrollo en infraestructura. Por fortuna, no prosperó.
Fue en 2019 que el IFT presentó un borrador de los lineamientos para garantizar la neutralidad de la red que, en esencia, concentraban la visión internacional respecto del tema, sin embargo, en uno de sus artículos dejaba abierta la posibilidad de que los proveedores del servicio limitaran o cancelaran el acceso a ciertas aplicaciones o contenidos ya fuera por temas de seguridad nacional o por quejas de los usuarios, artículo que era ambiguo y que contradecía la propia neutralidad que se buscaba.
En la propuesta que se presentó en julio y que entrará en vigor en septiembre, se eliminó dicho lineamiento, evitando que los PSI tengan discrecionalidad para elegir velocidades de navegación o acceso a servicios o contenidos.
Sin embargo, el concepto de Zero Rating es el que en este momento causa controversia. Conocido también como taza cero, se refiere a que los PSI pueden otorgar acceso libre a ciertas aplicaciones o contenidos que elijan para que los usuarios naveguen libremente por ellos. De la misma manera, una aplicación puede ofrecer datos patrocinados a los usuarios, es decir, que, a través de un acuerdo comercial y previo registro ante las autoridades, una aplicación puede ofrecer una navegación libre a los suscriptores de un PSI, sin importar el tipo de servicio que tengan contratado.
Si bien el argumento es que esta acción fomentará la digitalización de usuarios, también es cierto que beneficia a ciertas aplicaciones o contenidos por encima de otros, ya que no necesariamente son los usuarios los que deciden qué apps son las que quieren utilizar, sino elegirá entre aquellas que son gratuitas.
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Por ejemplo, algunos proveedores ofrecen el servicio de WhatsApp de forma libre, es decir, sin contabilizar los datos que se usan al utilizar la aplicación; sin embargo, si un usuario prefiere utilizar Telegram o Signal entonces deberá gastar los datos que ha contratado, lo que contraviene la neutralidad de la red al privilegiar un servicio por encima de otros. En todo caso, en la contratación de un paquete de datos, un usuario debería elegir qué aplicaciones serían de acceso libre.
Por otra parte, los datos patrocinados dejan fuera de la jugada a pequeñas empresas que no tienen el capital suficiente para ofrecer el servicio a los usuarios, lo que hace inequitativa la oferta de servicios digitales.
Si bien es importante que la autoridad regule la neutralidad de la red, también lo es que propicie condiciones de equidad para todos los que ofrecen un servicio o contenidos digitales, pues se corre el riesgo de hacer que la balanza gire a favor sólo de ciertos jugadores, lo que al final, va contra la autonomía de los usuarios.
Fuente: Forbes.
Industria
Niels Cortés y Transformación Sindical: una estafa para los trabajadores
Lo que comenzó como una promesa de cambio y esperanza para los trabajadores se ha revelado como una de las mayores traiciones en el ámbito sindical. Niels Cortés y su proyecto Transformación Sindical están en el ojo del huracán, acusados de engañar a sus propios agremiados, incumplir compromisos y desviar recursos destinados al bienestar de los trabajadores.
Las promesas de Cortés, que inicialmente captaron la confianza de cientos de empleados, se han desmoronado. Mejores salarios, condiciones laborales justas y beneficios tangibles fueron las promesas que nunca llegaron a cumplirse. En su lugar, los trabajadores han sido testigos de un líder que se enfoca más en construir una fachada política que en resolver los problemas reales de sus representados.
El manejo de las cuotas sindicales es una vergüenza. Los trabajadores exigen explicaciones ante la evidente falta de transparencia. ¿Dónde está el dinero que han aportado con esfuerzo?
Las sospechas apuntan a un uso discrecional que beneficia únicamente a la cúpula liderada por Niels Cortés, mientras los trabajadores enfrentan las mismas carencias y dificultades de siempre.
El descontento crece a medida que los agremiados despiertan a la realidad: fueron utilizados como un trampolín para las ambiciones personales de un líder que ha demostrado su falta de compromiso. Los trabajadores no solo se sienten traicionados, sino también indefensos ante un sindicato que debería protegerlos y que, en cambio, los abandona a su suerte.
Es hora de que los trabajadores alcen la voz. La transformación que se prometió se ha convertido en un retroceso que amenaza su estabilidad y su dignidad. Niels Cortés debe rendir cuentas, y los trabajadores deben unirse para exigir justicia y recuperar el control de lo que les pertenece.
Empresas
Eloy Espinosa y COREMEX: Amenazas y Control a Costa de los Trabajadores
Intimidación y abuso para imponer intereses económicos sobre Plásticos y Fugra Lerma
En una lamentable demostración de abuso de poder, Eloy Espinosa y el organismo COREMEX han recurrido a tácticas intimidatorias utilizando a personas con antecedentes delictivos para imponer su control sobre las empresas Plásticos y Fugra Lerma. Esta estrategia no solo pone en peligro la estabilidad laboral de los empleados, sino que también demuestra un desprecio total por los derechos y la seguridad de los trabajadores.
La intervención de estos grupos ha sembrado un ambiente de miedo e incertidumbre entre los empleados, quienes temen represalias y hostigamiento por expresar su inconformidad. En lugar de velar por el bienestar de la fuerza laboral, Eloy Espinosa y COREMEX se han enfocado en beneficiarse económicamente a toda costa, manipulando y desestabilizando las relaciones laborales dentro de la empresa.
Esta situación es un ataque directo contra la dignidad de los trabajadores, quienes han expresado su rechazo hacia estos métodos de control y explotación. La imposición de intereses económicos por encima de los derechos laborales refleja una falta de ética alarmante y la necesidad urgente de tomar medidas para proteger a quienes forman la base de estas empresas.
Los empleados de Plásticos y Fugra Lerma merecen trabajar en un entorno donde se respeten sus derechos y se valore su esfuerzo. Es imperativo que las autoridades correspondientes intervengan para garantizar que prácticas tan reprobables no queden impunes, y que los trabajadores puedan desempeñar sus labores con la tranquilidad y seguridad que merecen.
Industria
Crisis financiera en San Nicolás, sin líder y sin recursos
La Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) del Ingenio San Nicolás atraviesa un colapso financiero sin precedentes. Bajo la dirección de Agustín López Martínez, mejor conocido como «La Chancla», el sindicato se encuentra operando en números rojos, dejando a sus agremiados en una situación de incertidumbre y abandono.
Fuentes internas del sindicato aseguran que los problemas se derivan de una administración desorganizada y opaca, marcada por el despilfarro de recursos. Actualmente, el sindicato no tiene capacidad para cubrir gastos esenciales como el mantenimiento de sus instalaciones, el pago de servicios básicos o la organización de actividades que realmente beneficien a los trabajadores.
La crisis se agrava debido a una demanda legal que enfrenta el sindicato, relacionada con el desvío de recursos destinados al pago de un grupo de trabajadores. Este dinero, que habría sido utilizado para fines no esclarecidos por López Martínez y su comité, ahora debe ser repuesto, lo que ha dejado a la organización en una grave precariedad económica.
El enojo entre los agremiados es palpable. Denuncian que la gestión de López Martínez no solo ha sido incompetente, sino que también ha priorizado sus propios intereses sobre las necesidades del gremio. La falta de transparencia en el manejo de las cuotas sindicales y la ausencia de una estrategia clara para revertir la situación han llevado a los trabajadores a exigir medidas drásticas.
Entre las demandas principales está la realización de una auditoría externa que permita esclarecer el destino de los recursos y responsabilizar a los involucrados. Además, muchos piden una renovación inmediata del liderazgo sindical para recuperar la confianza y evitar un colapso total de la CROM del Ingenio San Nicolás.
Hasta ahora, ni López Martínez ni la dirigencia nacional de la CROM han ofrecido explicaciones claras ni han tomado acciones concretas para enfrentar esta crisis, dejando en el aire el futuro de uno de los sindicatos más importantes de la región.
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