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México, sin avance en Índice de Percepción de la Corrupción: Transparencia Internacional

Publicado

hace 3 años

25 de enero de 2022

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México, sin avance en Índice de Percepción de la Corrupción: Transparencia Internacional

En la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México mantuvo una calificación de 31 puntos (en una escala de cero a 100, donde 100 sería la mejor calificación posible).Con esa calificación, México se ubica en la posición 124 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional.

Con esa calificación, México se ubica en la posición 124 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional.

México sigue siendo el país peor evaluado de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. En el G20, México ocupa la posición 18 de 19 países evaluados.

Transparencia Internacional presentó la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Este instrumento registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios sobre la situación que guarda la corrupción en cada una de las 180 naciones evaluadas.

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En la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción, México mantuvo una calificación de 31 puntos, la misma que en 2020, en una escala que va de cero a 100, donde 100 sería la mejor calificación posible. Con esa calificación, México se ubica en la posición 124 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional.

México comparte la misma calificación (31 puntos) que Gabón, Níger y Papúa Nueva Guinea. Los países mejor evaluados en el IPC 2021 son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda (con 88 puntos de 100 posibles), seguidos de Noruega, Singapur y Suecia (con 85 puntos). Los países peor evaluados fueron Siria y Somalia con 13 puntos, mientras que Sudán del Sur, obtuvo solo 11 puntos.

México sigue siendo el país peor evaluado en términos de corrupción de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. En el G20, México ocupa la posición 18, por encima de Rusia que se ubicó en la posición 19. La Unión Europea, que también forma parte del G20, no es evaluada en bloque sino por país.

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El control de la corrupción ha sido una prioridad de la sociedad mexicana en los últimos años y uno de los factores que definió la elección federal en 2018. La lucha contra la corrupción ha sido el eje principal de la administración federal 2018-2024 que en esta agenda cuenta con un amplio apoyo social para avanzar. Sin embargo, los casos definidos como emblemáticos —Estafa maestra, Odebrecht, Agronitrogenados, Ex-presidentes, entre otros—, no han sido aún sancionados en materia penal. Tampoco hay una recuperación de los activos desviados por estos y otros casos de gran corrupción y la reparación del daño a las víctimas, es prácticamente inexistente.

Hay una creciente preocupación por el uso político-electoral en las fiscalías mexicanas, que pese a gozar en muchos casos de autonomía formal, no son vistas como órganos independientes al gobierno. Su actuación presenta sesgos favorables o negativos dependiendo del grupo político al que se investiga.

Recomendaciones para México

La gran corrupción debe pasar de las investigaciones a las sanciones efectivas. Los integrantes de las redes deben ser sancionados y los activos desviados deben reintegrarse al patrimonio nacional.
El Sistema Nacional Anticorrupción es la suma de sus partes. Las instituciones y organismos que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción deben ser evaluados en términos de su desempeño individual, con un enfoque de resultados y no solo de procesos. Es central mantener la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia anticorrupción.
Uno de los eslabones más débiles de la política anticorrupción en México, y no solo en el gobierno federal, es la recuperación de activos. Es momento de cumplir la promesa gubernamental de “devolverle al pueblo lo robado”.
El gobierno de México tiene que aprovechar el amplio apoyo social en esta materia para enfrentar a las redes de corrupción que se mantienen vivas, operantes, y en muchos casos vinculadas a redes criminales.