Las autoridades sanitarias hacen hincapié en el aislamiento a partir del inicio de síntomas y advierten del “oportunismo comercial” en torno a los ‘tests’ privados

El Gobierno mexicano nunca ha sido un defensor de las pruebas masivas para detectar la COVID-19. México es uno de los países que, desde el inicio de la pandemia, menos pruebas hacen. En medio de un récord de casos por la variante ómicron, las autoridades sanitarias han vuelto a hacer hincapié este inicio de año en el aislamiento a partir del inicio de síntomas, sin necesidad de pruebas, y han denunciado “el oportunismo comercial” en torno a los tests. Un mensaje que, según los expertos, resulta contraproducente y amenaza con facilitar la transmisión.

Las navidades y la rosca de Reyes han dado paso al mayor repunte de casos en lo que va de pandemia, superando la barrera histórica de los 30.000 diarios. La preocupación ha llevado a cientos de personas con síntomas o contactos estrechos con enfermos a levantarse de madrugada para formarse frente a laboratorios privados que no dan abasto. La Ciudad de México, que lidera en contagios, volvió a instalar este lunes los quioscos de pruebas gratuitas en varias plazas comerciales. Además, ha ampliado el horarios de 117 centros de salud y duplicará a 200 el número de pruebas diarias en cada uno de ellos. Con esto se espera llegar a 23.400 tests.

Mientras la capital refuerza el despliegue, el Gobierno federal llama a la calma y pide a la población que si tiene síntomas, preferiblemente, se aísle en vez de hacerse pruebas.

“Si se tienen síntomas, tos, dolor de garganta, ronquera (…) hay que pensar en que se tiene una infección respiratoria (…). En lugar de correr al quiosco a hacerse una prueba, lo que hay que hacer es quedarse en casa para evitar contagiar a otras personas”,

ha dicho este martes el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

La Ciudad de México, gobernada por el partido del presidente, acordó recientemente con las cámaras empresariales evitar pedir una prueba negativa a los trabajadores para regresar a la oficina. Las pruebas se deben hacer solo cuando estrictamente necesario y reservarse a los casos más graves, dice el Gobierno.

“Si me apunto al quiosco a que me hagan una prueba cuando soy una persona relativamente joven y sana, estoy desplazando a la persona que no es joven y no es sana y tiene más riesgo de complicaciones”,

ha declarado López-Gatell.

Este discurso choca con el “pruebas, pruebas y más pruebas” lanzado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al inicio de la pandemia para controlar la transmisión. Aunque la vacunación reduce la probabilidad de una covid grave, el doctor e investigador Andreu Comas considera que el consejo de la OMS no ha perdido vigencia: una persona no reacciona igual a los protocolos con y sin resultado positivo.

“Si un enfermo tiene un positivo de COVID, sabe que son 10 días de aislamiento y es más probable que avise a los contactos estrechos. Además, es más fácil que en la escuela y en el trabajo le den los permisos para aislarse”,

advierte.

Por otro lado, el Gobierno vincula las pruebas a la aparición de síntomas, y no al tener un contacto con un positivo, lo que deja una ventana abierta al contagio. Como ha señalado la OMS desde 2020, el infectado puede ser asintomático y propagar el virus si no se confina a la espera de la aparición de dolencias.

“Si la persona no tuvo síntomas y fue contacto estrecho con un positivo, habría que hacer una prueba PCR”,

sostiene el infectólogo Alejandro Macías, responsable de la respuesta a la pandemia de gripe A en 2009.

“Yo creo que la respuesta es: si tienes acceso a la prueba háztela. Es lo ideal. Pero también entiendo que si se infectan millones de personas al mismo tiempo va a ser muy difícil ofrecer una prueba a todos. Allí hay que ser prácticos”.

El comportamiento reciente de algunos miembros del Gobierno ilustra la laxitud en el seguimiento de las recomendaciones sanitarias. La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, dio positivo el viernes pasado. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había visto a Clouthier previamente, dijo ese mismo día que no tenía síntomas y que, por lo tanto, no se iba a hacer una prueba ni tampoco a aislarse. El lunes, después de dar una conferencia de prensa con voz ronca, dio positivo en un test.

En línea con la conducta del mandatario, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha reconocido este martes que todavía no se había hecho una prueba pese a haber estado en contacto con el presidente y, en lugar de aislarse, ha dado una conferencia de prensa.

“Algunos hemos podido hacernos alguna prueba, otros no la hemos hecho porque no tenemos o no hemos padecido de ningún síntoma que pudiese indicar que fuese COVID”,

ha declarado.

La escasez de pruebas y la apuesta del Gobierno por el llamado “modelo centinela”, basado en la toma de muestras limitadas pero representativas, han provocado un subregistro importante de casos. “El modelo centinela sirve cuando sabes el comportamiento epidemiológico de una enfermedad”, señala Andreu Comas.

“Si ya conoces cómo se va a comportar se puede tomar una muestra estadística y hacer proyecciones. Con la influenza estacional sirve. Pero en un virus nuevo donde el comportamiento es incierto el modelo centinela no funciona y tienes que cortar la cadenas de transmisión. Para eso necesitas hacer más pruebas”.

Los mensajes del Gobierno contradicen los requisitos que piden las mismas autoridades a los trabajadores enfermos para acceder a los permisos de incapacidad. Estos pasan por hacerse una prueba y presentarla ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Cientos de personas acuden cada día, prueba en mano, a las clínicas para obtener el documento que les permita quedarse en casa y cumplir el confinamiento.

El discurso del Gobierno contra las pruebas masivas se ha enfocado recientemente en el “oportunismo comercial” de los laboratorios privados, como lo ha calificado este martes López-Gatell.

“El uso de las pruebas nos ayuda a orientar la vigilancia epidemiológica (…). Pero desafortunadamente esto a veces invita, no solo en esta epidemia, lo hemos visto en muchas otras, al lucro, al oportunismo comercial. Definitivamente no es correcto poner en venta un producto que es de utilidad social”,

ha apuntado el subsecretario de Salud.

El debate ha adquirido tintes políticos. Mientras la Ciudad de México, gobernada por Morena, ofrece tests gratuitos en los macro quioscos, algunas alcaldías en manos de la oposición se han aliado con laboratorios privados para ofrecer pruebas por un máximo de 200 pesos, un precio algo menor al ofrecido normalmente.

“El Gobierno de la Ciudad de México está rebasado y ante ello facilitamos los espacios de la Alcaldía de Miguel Hidalgo para que laboratorios ofrezcan pruebas a bajo costo. La Alcaldía no recibe ninguna ganancia”,

ha señalado este martes el alcalde Mauricio Tabe, del PAN, ante las críticas desde las filas de Morena.

Fuente: El País.