El sistema de compra de emisiones acaba en 2022 su fase de pruebas con falta de información por parte de las empresas potenciales compradoras y de los dueños de las tierras que podrían beneficiarse

Al cierre de julio pasado, el 41% de la República Mexicana padecía sequía de moderada a excepcional. El día 12 de ese mes, la Comisión Nacional del Agua declaró emergencia por sequía en el país. Esa es una muestra visible de los efectos del calentamiento global que los expertos llevan décadas vaticinando a causa de la imparable y creciente actividad industrial y la consecuente concentración de gases de efecto invernadero.

La escasez de agua, combinadas con periodos de inundaciones como el que se ha visto recientemente en Nuevo León, es apenas uno de los fenómenos meterológicos esperados, pero también se prevé mayor frecuencia e intensidad de ciclones y huracanes, de incendios forestales y sus efectos negativos para la población y la biodiversidad.

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La reciente sequía en el país lleva a revisar qué hace México para mitigar los efectos del cambio climático y los retos por delante. Una de las estrategias es el sistema de comercio de emisiones que implementó el Gobierno federal tras reformar la ley de Cambio Climático en 2018. Después de tres años de ejecución, el sistema concluirá su periodo de prueba el próximo 31 de diciembre, y empezará a operar formalmente.

“Ahorita está la fase de transición hacia la fase operativa. En el caso de México, la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales] es la encargada de publicar las reglas para lo que viene en el sistema de comercio de emisiones”,

dice Jessica Jiménez, directora de Sustentabilidad de KPMG.

Por lo pronto, solo han tenido que cumplir empresas responsables de emitir más de 100.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera al año, entre las que se encuentran las industrias de hidrocarburos y electricidad, automotriz, cemento, química, alimentos y bebidas, y del vidrio.

“El México existen entre 60 y 70 empresas que están obligadas a reducir emisiones y lo pueden hacer cambiando sus procesos, volviéndose más eficientes, o bien comprando los llamados bonos de carbono”,

dice Eduardo Piquero, director general de México2, que desarrolla mercados ambientales y subsidiaria de la Bolsa Mexicana de Valores.

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Además, existen unas 200 empresas, dice, que cumplen con la reducción de emisiones de manera voluntaria, ya sea porque se lo exige su matriz y clientes de otro país o bien sus inversionistas. A su vez, según Piquero, hay alrededor de 170 proyectos para compensar emisiones, de las que se obtienen bonos de carbono. “Si queremos ganarle al cambio climático, tenemos que tener cada vez más empresas y más proyectos que compensen emisiones, duplicar lo que actualmente tenemos”, asegura.

Un nuevo mercado

Para evitar una situación extrema, la comunidad internacional y México, como parte de ella, se comprometieron desde 1997 a reducir la emisión de gases de efecto invernadero como parte del Protocolo de Kioto. En 2015, dentro del Acuerdo de París, México estableció reducir 22% de sus emisiones a la atmósfera hacia el 2030.

Para lograr esos objetivos, el Gobierno mexicano publicó en 2012 la Ley General de Cambio Climático y creó el sistema de comercio de emisiones, que establece un límite de 100,000 toneladas de dióxido de carbono emitido.

Los bonos de carbono son un instrumento financiero que se deriva de la reducción de dióxido de carbono lograda por algún proyecto ambiental, de conservación o de reforestación de bosques y selvas, y equivale a una tonelada de carbono absorbida de la atmósfera. Antes de comprar bonos, una empresa debe maximizar los recortes en sus emisiones de gases de efecto invernadero.

“El primer objetivo es que una empresa haga su inventario, que cuantifique cuántas emisiones está generando y trate de reducirlas a través de iniciativas internas como, por ejemplo, la adquisición de energía limpia y renovable, el cambio de tecnología, la actualización de equipos, previo a la transacción o compra de bonos”,

dice Jiménez, la directora de Sustentabilidad de KPMG. Pero hay un punto en donde operativamente ya no es posible disminuir las emisiones y es en donde entra el comercio de emisiones.

Retos a la vista

Al ser nuevo y en fase de prueba, el mercado de carbono en México enfrenta diversos retos. Del lado de la demanda, hay empresas que no tienen claro que son sujetos obligados y que no cuentan con personal competente a nivel técnico en el cálculo de emisiones.

“Es un tema que requiere un alto grado especialización y puede ser que tengan personal internamente, que lo subcontraten o contrate a una consultoría que lo haga”,

dice Jéssica Jiménez, de KPMG, firma que se acreditó como organismo verificador de gases de efecto invernadero.

Si bien es una buena oportunidad para aquellos que tienen algún tipo de proyecto de eficiencia energética, por ejemplo forestal, tienen que cumplir estándares internacionales para que el proyecto sea aceptado en el mercado de bonos de carbono.

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En teoría, los proyectos deben ser verificados que efectivamente capturan carbono o disminuyen las emisiones del mismo. En un proyecto de reforestación, por ejemplo, una agencia verificadora contabiliza el impacto y les indica a los dueños de la tierra a cuantos bonos equivalen.

Otro de los retos a superar es que los dueños de la tierra reciban un pago justo por los bonos de carbono que generan sus proyectos, señala Santiago Espinosa de los Monteros, CEO de Toroto, una startup que cuenta con proyectos ambientales y con un mapa todas las zonas naturales de México donde pueden aplicarse los bonos de carbono.

“Hay jugadores que intentan abusar de los dueños de la tierra respecto a lo que les tocaría llevarse por estas actividades”, dice Espinosa, que desde la empresa que dirige garantiza el retorno de hasta 70% a quienes son dueños del desarrollo. Pero el mayor reto es lograr las reducciones de emisiones esperadas en el tiempo previsto, para lo cual será necesario que más empresas y proyectos se sumen a ese objetivo.

Fuente: El País.