Medio Ambiente
Los retos de México ante el inicio del comercio formal de los bonos de carbono
El sistema de compra de emisiones acaba en 2022 su fase de pruebas con falta de información por parte de las empresas potenciales compradoras y de los dueños de las tierras que podrían beneficiarse
Al cierre de julio pasado, el 41% de la República Mexicana padecía sequía de moderada a excepcional. El día 12 de ese mes, la Comisión Nacional del Agua declaró emergencia por sequía en el país. Esa es una muestra visible de los efectos del calentamiento global que los expertos llevan décadas vaticinando a causa de la imparable y creciente actividad industrial y la consecuente concentración de gases de efecto invernadero.
La escasez de agua, combinadas con periodos de inundaciones como el que se ha visto recientemente en Nuevo León, es apenas uno de los fenómenos meterológicos esperados, pero también se prevé mayor frecuencia e intensidad de ciclones y huracanes, de incendios forestales y sus efectos negativos para la población y la biodiversidad.
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La reciente sequía en el país lleva a revisar qué hace México para mitigar los efectos del cambio climático y los retos por delante. Una de las estrategias es el sistema de comercio de emisiones que implementó el Gobierno federal tras reformar la ley de Cambio Climático en 2018. Después de tres años de ejecución, el sistema concluirá su periodo de prueba el próximo 31 de diciembre, y empezará a operar formalmente.
“Ahorita está la fase de transición hacia la fase operativa. En el caso de México, la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales] es la encargada de publicar las reglas para lo que viene en el sistema de comercio de emisiones”,
dice Jessica Jiménez, directora de Sustentabilidad de KPMG.
Por lo pronto, solo han tenido que cumplir empresas responsables de emitir más de 100.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera al año, entre las que se encuentran las industrias de hidrocarburos y electricidad, automotriz, cemento, química, alimentos y bebidas, y del vidrio.
“El México existen entre 60 y 70 empresas que están obligadas a reducir emisiones y lo pueden hacer cambiando sus procesos, volviéndose más eficientes, o bien comprando los llamados bonos de carbono”,
dice Eduardo Piquero, director general de México2, que desarrolla mercados ambientales y subsidiaria de la Bolsa Mexicana de Valores.
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Además, existen unas 200 empresas, dice, que cumplen con la reducción de emisiones de manera voluntaria, ya sea porque se lo exige su matriz y clientes de otro país o bien sus inversionistas. A su vez, según Piquero, hay alrededor de 170 proyectos para compensar emisiones, de las que se obtienen bonos de carbono. “Si queremos ganarle al cambio climático, tenemos que tener cada vez más empresas y más proyectos que compensen emisiones, duplicar lo que actualmente tenemos”, asegura.
Un nuevo mercado
Para evitar una situación extrema, la comunidad internacional y México, como parte de ella, se comprometieron desde 1997 a reducir la emisión de gases de efecto invernadero como parte del Protocolo de Kioto. En 2015, dentro del Acuerdo de París, México estableció reducir 22% de sus emisiones a la atmósfera hacia el 2030.
Para lograr esos objetivos, el Gobierno mexicano publicó en 2012 la Ley General de Cambio Climático y creó el sistema de comercio de emisiones, que establece un límite de 100,000 toneladas de dióxido de carbono emitido.
Los bonos de carbono son un instrumento financiero que se deriva de la reducción de dióxido de carbono lograda por algún proyecto ambiental, de conservación o de reforestación de bosques y selvas, y equivale a una tonelada de carbono absorbida de la atmósfera. Antes de comprar bonos, una empresa debe maximizar los recortes en sus emisiones de gases de efecto invernadero.
“El primer objetivo es que una empresa haga su inventario, que cuantifique cuántas emisiones está generando y trate de reducirlas a través de iniciativas internas como, por ejemplo, la adquisición de energía limpia y renovable, el cambio de tecnología, la actualización de equipos, previo a la transacción o compra de bonos”,
dice Jiménez, la directora de Sustentabilidad de KPMG. Pero hay un punto en donde operativamente ya no es posible disminuir las emisiones y es en donde entra el comercio de emisiones.
Retos a la vista
Al ser nuevo y en fase de prueba, el mercado de carbono en México enfrenta diversos retos. Del lado de la demanda, hay empresas que no tienen claro que son sujetos obligados y que no cuentan con personal competente a nivel técnico en el cálculo de emisiones.
“Es un tema que requiere un alto grado especialización y puede ser que tengan personal internamente, que lo subcontraten o contrate a una consultoría que lo haga”,
dice Jéssica Jiménez, de KPMG, firma que se acreditó como organismo verificador de gases de efecto invernadero.
Si bien es una buena oportunidad para aquellos que tienen algún tipo de proyecto de eficiencia energética, por ejemplo forestal, tienen que cumplir estándares internacionales para que el proyecto sea aceptado en el mercado de bonos de carbono.
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En teoría, los proyectos deben ser verificados que efectivamente capturan carbono o disminuyen las emisiones del mismo. En un proyecto de reforestación, por ejemplo, una agencia verificadora contabiliza el impacto y les indica a los dueños de la tierra a cuantos bonos equivalen.
Otro de los retos a superar es que los dueños de la tierra reciban un pago justo por los bonos de carbono que generan sus proyectos, señala Santiago Espinosa de los Monteros, CEO de Toroto, una startup que cuenta con proyectos ambientales y con un mapa todas las zonas naturales de México donde pueden aplicarse los bonos de carbono.
“Hay jugadores que intentan abusar de los dueños de la tierra respecto a lo que les tocaría llevarse por estas actividades”, dice Espinosa, que desde la empresa que dirige garantiza el retorno de hasta 70% a quienes son dueños del desarrollo. Pero el mayor reto es lograr las reducciones de emisiones esperadas en el tiempo previsto, para lo cual será necesario que más empresas y proyectos se sumen a ese objetivo.
Fuente: El País.
Guerrero
John golpea de nuevo a Guerrero como huracán y ha dejado 6 muertos y poblados incomunicados
John resurgió este jueves como tormenta tropical después de haberse degradado el martes a baja presión remanente tras haber tocado tierra como huracán categoría 3 el lunes en Guerrero
Conagua recomienda a los estados de Guerrero, Michoacán y Colima extremar precauciones por posibles lluvias intensas a puntuales extraordinarias, deslaves, inundaciones, además de crecida de ríos y arroyos que podría provocar el fortalecimiento de John como huracán de categoría 1.
En las carreteras se reportan cinco derrumbes o deslaves, de los que tres están en Acapulco, uno en José de Joaquín Herrera y uno en Tlacoapa, así como dos socavones, uno en Marquelia y otro en Copala.También hay 337 caídas de árboles, la mayoría en los municipios de la Costa Chica, así como 14 comunidades incomunicadas y cuatro embarcaciones hundidas en Acapulco.
6 victimas mortales por John
Hasta el 26 de septiembre John ha provocado la muerte de 6 personas, las cuales fallecieron por colapsos y deslaves provocados por el huracán de categoria 1.
Las primeras víctimas, reportadas desde el martes, son una mujer de 37 años y su hijo de 10 años, quienes quedaron sepultados tras un deslave en su casa en el municipio de Tlacoachistlahuaca, donde el derrumbe ocurrió por la mañana en la colonia (barrio) Santiago Apóstol.
La tercera fallecida es la indígena Rufina López de la etnia Me’phaa, a quien le cayó una barda en la comunidad de Paraje Montero, del municipio de Malinaltepec, en la Montaña de Guerrero, donde pobladores recuperaron el cuerpo y lo trasladaron a la comisaría.
El cuarto deceso es el de un hombre de 52 años, Juan Santana Garzón, quien falleció la mañana del martes en su casa, donde limpiaba su vivienda porque quedó inundada, cayó y se golpeó en la cabeza.
Mientras que la quinta victima es un joven de 28 años a quien le cayó una pared de su vivienda en la comunidad de Ocotitlán, del municipio de Tecoanapa, donde el comisario del poblado confirmó la muerte y pidió apoyo para recobrar el cuerpo y sepultarlo.
Una niña de 4 años murió luego de haber quedada atrapada entre los escombros ella y su hermano de 6 años tras las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical John, reblandeció un cerro, este se deslavó lo que provocó el colapso de la pared de su vivienda en el poblado de la Sábana en Acapulco.
Desplazados y destrosos por John
hasta el momento se reportan 102 personas trasladadas a refugios temporales: en Acapulco son 50 personas en dos refugios temporales, en Igualapa otras 25 personas, en Copala 12 personas y en Coyuca de Benítez 15 personas.
También hay 301 viviendas inundadas, de las que 300 están en el municipio de San Nicolás y una en Acapulco, además del colapso de 150 casas en el mismo municipio y 250 sin techos.
En las carreteras se reportan cinco derrumbes o deslaves, de los que tres están en Acapulco, uno en José de Joaquín Herrera y uno en Tlacoapa, así como dos socavones, uno en Marquelia y otro en Copala.
También hay 337 caídas de árboles, la mayoría en los municipios de la Costa Chica, así como 14 comunidades incomunicadas y cuatro embarcaciones hundidas en Acapulco.
El número de víctimas por el deslizamiento de un cerro en la comunidad de San Luis Ayucan, municipio de Jilotzingo, aumentó a nueve.
Mediante un comunicado el gobierno estatal dio a conocer que se actualizó a 12 el número de rescates: tres personas con vida y nueve fallecidas.
Este lunes 16 de septiembre fueron localizados los cuerpos de cuatro adultos y dos menores, con lo que aumenta a nueve la cifra de decesos.
Las tres personas rescatadas el pasado viernes 13 de septiembre continúan en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Se reforzaron los apoyos con un despliegue de 584 elementos; 11 binomios caninos; 147 vehículos de emergencia y cuatro máquinas para excavación, además de sobrevuelo de drones para reconocimiento de la zona afectada.
En los albergues temporales continúa la atención para 132 personas: 38 en la Iglesia de San Luis Obispo; 37 en la Casa del Adulto Mayor; 38 en la Escuela Preparatoria Oficial #2018; y 19 en un domicilio particular de la comunidad de San Luis Ayucan.
Adrián Hernández Romero, Coordinador General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, indicó que especialistas de la UNAM en coordinación con Protección Civil estatal determinarán la pertinencia de evacuar más domicilios de la zona o si la gente ya puede regresar a sus hogares.
“Los Geólogos están haciendo evaluaciones para determinar si hay que desalojar más casas o si la gente ya puede regresar a sus domicilios”.
Agregó que la Unidad de Protección Civil municipal atiende a otras comunidades afectadas por las lluvias en la región como Santa María Mazatla y Las Manzanas.
La Secretaría de Salud estatal instaló cuatro módulos de atención médica y psicológica: Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud (CEAPS) de San Luis Ayucan; Centro de Mando, y dos unidades médicas móviles en el Barrio Dangú; además de la activación de la red hospitalaria de la región y cinco Caravanas de Salud.
En cuanto a servicios, han brindado: 261 atenciones médicas; 650 entregas de insumos; 192 medicamentos; y 150 vacunas.
Chiapas
Por falta de apoyo del gobierno federal, agonizan unidades de conservación de vida silvestre en Chiapas
En Chiapas, durante los últimos 25 años se han perdido al menos 130 Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (Umas), impulsadas por el gobierno federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pues de 150 que se establecieron en 1999 en distintos municipios, actualmente sólo sobreviven 20.
Las Umas que desaparecieron se enfrentaron a la falta de apoyo del gobierno federal, escasez de personal técnico especializado para el manejo de la vida silvestre y ausencia de la cadena de valor, además de poca información.
El presidente del Consejo Nacional de las Umas, Manuel Anzaldo Meneses, precisó que este sistema de producción y reproducción es poco usual en el mundo, el cual tiene su fundamento en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la protección, aprovechamiento, uso y disfrute de la biodiversidad.
En el país suman 38 millones de hectáreas dedicadas a la conservación de la fauna silvestre con unas 10 mil Umas, esto significa que 20 por ciento de la superficie total en la que se producen con un manejo sustentable especies como venado, jabalí, cocodrilo, pecarí de collar e iguanas, entre otras, tienen un déficit en la producción, ya que son pocas las unidades de manejo organizadas.
En Chiapas existen Umas en Villaflores, Salto de Agua, Berriozábal, Mazatán , Pijijiapan, Tapachula, Huixtla, Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez y Arriaga, en donde se producen unas 30 mil iguanas al año en una superficie de tres hectáreas, además de cocodrilo, caimán y tortuga en Palenque, Catazajá y La Libertad, sin embargo, ante la falta de esquemas de reproducción y comercialización no se creó la cadena de valor, por lo que a pesar de la demanda sólo quedan unas 20.
En entrevista con El Heraldo de Chiapas, Anzaldo Meneses indicó que la demanda del mercado en carne de venado, cocodrilo, iguana, faisán, codorniz, pecarí de collar y el jabalí de labios blancos se frenó por la falta de producto y el posible cliente, señaló que el sitio potencial para esta producción es la Selva Lacandona, en el municipio de Ocosingo.
En Tuxtla Gutiérrez, un restaurante que compraba venado, cuya Uma proveedora era de Villaflores, fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) y le impusieron una multa de 300 mil pesos, por lo que el negocio nunca volvió a comprar producto.
Actualmente no hay un censo de cuántas Umas existen, cerraron o fueron clausuradas por la Profepa.
En sus inicios, el gobierno otorgó financiamientos de 30 mil y 40 mil pesos a través de la Semarnat, sin embargo, muchos preferían las de venado, de hasta 500 mil pesos, “lo que ha hecho falta es la organización, por ello, los días 5, 6 y 7 de septiembre se realizará un Encuentro Nacional de Umas en la Ciudad de México, para analizar los problemas, integrar propuestas y plantearlas al Estado Mexicano, entre ellas podría ser el restablecimiento de la cacería en Umas”, refirió Anzaldo Meneses.
Detalló que a partir de septiembre prevén establecer en el municipio de Salto de Agua un programa de estudios y desarrollo de capacidades sobre el manejo de vida silvestre en peligro de extinción.
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