La polémica diputada Susana Prieto, conocida por sus encendidas defensas de los derechos laborales, está ahora en el ojo del huracán. En una serie de impactantes denuncias, se le acusa de haber extorsionado a la industria maquiladora de Matamoros en 2019. Según múltiples testimonios y documentos, Prieto habría utilizado su posición de poder para presionar a las empresas y obtener beneficios económicos personales.

Las acusaciones contra Prieto no son pocas ni leves. Diversos empresarios de la región han salido a la luz pública, afirmando haber sido víctimas de sus presuntas prácticas corruptas. «Nos exigía pagos exorbitantes a cambio de no movilizar a los trabajadores en huelgas interminables», confesó un empresario que prefirió mantener su anonimato por miedo a represalias. «Estábamos atrapados entre la espada y la pared; o pagábamos, o enfrentábamos el caos.»

El impacto de estas revelaciones ha sido devastador. La confianza en la diputada se ha visto gravemente erosionada y su carrera política pende de un hilo. Organizaciones defensoras de los derechos laborales, que alguna vez la apoyaron, ahora exigen una investigación exhaustiva. «No podemos tolerar que alguien que dice luchar por los trabajadores esté involucrada en actos tan viles», declaró un líder sindical.

El escándalo sigue en desarrollo, y la presión para esclarecer la verdad es cada vez mayor. Los ojos de México están puestos en Matamoros, esperando que se revele la magnitud de este posible abuso de poder. ¿Será este el fin de la carrera de Susana Prieto o podrá limpiar su nombre? Lo único seguro es que este escándalo ha sacudido los cimientos de la política y la industria maquiladora en la región.

Al menos 4 mil pobladores desplazados de Tila el 7 de junio a causa de la violencia han retornado a sus casas, luego de que las autoridades de los tres niveles de gobierno generaron las condiciones de seguridad que exigían, informaron sus representantes.

Añadieron que esa cifra representa aproximadamente el 60 por ciento de los habitantes que abandonaron sus hogares, luego de un enfrentamiento entre dos grupos que dejó tres muertos, cuatro heridos, 14 casas y 21 vehículos quemados, así como más de 4 mil desplazados, según cifras oficiales, y entre 8 mil y 10 mil de acuerdo con los representantes de los afectados.

“Ha habido muy buen apoyo del gobierno federal. La mayoría de los albergues ya cerraron, como el de la comunidad de Petalcingo y en el único de los dos que estaban en Yajalón sólo quedan unas 25 personas”, señalaron, al tiempo de comentar que autoridades de Protección Civil estatal, entre otras, facilitaron el transporte, además de grupos de la sociedad civil y algunos regresaron por sus propios medios.

Aclararon que “todavía hay muchos desplazados en casas de familiares y amigos porque tienen temor de regresar, ya que todavía no hay detenidos de los autores materiales e intelectuales de los hechos del 4 de junio, pero hemos ido avanzado en varias cuestiones”.

Reiteraron que “ya está relativamente tranquilo, aunque existe temor durante las noches. Aunque el Ejército Mexicano patrulla constantemente, en los barrios hay puntos en los que no hay elementos de seguridad, lo que genera un poco de incertidumbre entre la gente”.

Los 4 mil pobladores que ya retornaron están en el pueblo. Lo urgente ahora es la reanudación de los servicios básicos como el agua, ya que en varios casos cortaron mangueras y tuberías, y la energía eléctrica, afirmaron.

Lo representantes de los desplazados consultados, expresaron que “es un proceso lento, de cicatrización de heridas y de muchos agravios, no es fácil, pero hemos entendido que no hay más, que si queremos avanzar tenemos que seguir adelante, porque al final de cuentas esto apenas está comenzado y va a ser un proceso largo para sanar algunos odios y rencores”.

Reconocieron que “los ejidatarios y los pobladores debemos de entender que nos necesitamos ambos. Estamos pidiendo al gobierno federal la regularización del ejido porque el otro grupo (Los Autónomos) tampoco tiene un documento que los avale hasta ahora. El presidente del comisariado que está es irregular porque no tiene una constancia oficial. La ventaja es que el Estado tomó control del pueblo, es el que está poniendo las condiciones y quiere trabajar para restablecer los servicios básicos que son para los dos grupos”.

Informaron que ya solicitaron a las autoridades federales y estatales la instalación de una mesa agraria para que se regularice la situación de las tierras ejidales.

Comentaron que en las mesas de diálogo que han sostenido con autoridades de los tres niveles han pedido también que se les proporcione el programa Sembrando Vida, “pero también estamos pidiendo que se aplique la justicia”.

Remarcaron: “De manera conjunta tenemos que resolver el problema y no podemos seguir echándole más leña al fuego. Hemos dicho claro que queremos ser parte de la solución, no del problema. En la confrontación con el gobierno y con el ejido no vamos a llegar a ninguna parte, lejos del progreso vamos a seguir sumidos en el atraso y el abandono”.

En medio de la crucial discusión sobre el presupuesto público 2024, Susana Prieto Terrazas ha generado una ola de críticas al solicitar que la prensa abandone el salón de plenos. Esta decisión ha sido vista por muchos como un intento de limitar la transparencia y la rendición de cuentas en un proceso de vital importancia para la ciudadanía.

La petición de Prieto Terrazas, reconocida por su activismo y defensa de los derechos laborales, ha sorprendido tanto a sus seguidores como a sus detractores. La medida de expulsar a los medios de comunicación durante un debate tan significativo ha sido percibida como una acción que socava los principios democráticos y la libertad de prensa. Varios periodistas y medios han expresado su indignación, argumentando que su presencia en el salón de plenos es esencial para mantener informada a la población sobre las decisiones que afectan el uso de los recursos públicos.

La justificación ofrecida por Prieto Terrazas para su solicitud se centra en la necesidad de tener un ambiente de discusión más controlado y sin distracciones. Sin embargo, esta explicación no ha sido suficiente para calmar las críticas. La transparencia en el proceso de formulación del presupuesto es crucial para asegurar que los fondos públicos se asignen de manera justa y efectiva, y la presencia de la prensa es un componente fundamental en este proceso.

Expertos en políticas públicas y defensores de la libertad de prensa han señalado que la medida tomada por Prieto Terrazas podría sentar un precedente peligroso. La exclusión de los medios durante debates públicos importantes puede abrir la puerta a la opacidad y a la falta de escrutinio en las decisiones gubernamentales. Además, argumentan que, en una democracia robusta, el acceso de la prensa a las discusiones legislativas debe ser garantizado para promover la transparencia y la confianza pública en las instituciones.

El incidente ha generado un debate más amplio sobre el equilibrio entre la necesidad de un entorno de trabajo eficaz para los legisladores y el derecho del público a estar informado. Mientras algunos defienden la postura de Prieto Terrazas, argumentando que en ocasiones los medios pueden interferir en el desarrollo de las discusiones, otros insisten en que la transparencia no debe ser sacrificada en aras de la comodidad de los funcionarios públicos.

En resumen, la controversia en torno a la solicitud de Susana Prieto Terrazas para expulsar a la prensa del salón de plenos durante la discusión del presupuesto público 2024 ha puesto de relieve la tensión entre la necesidad de un debate legislativo eficaz y la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Esta situación destaca la importancia de encontrar un equilibrio que permita a los legisladores trabajar de manera efectiva mientras se mantiene el derecho del público a estar informado sobre las decisiones que afectan su vida cotidiana.