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El reparto de ivermectina vuelve a sacudir a México

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El reparto de ivermectina vuelve a sacudir a México

El uso del fármaco, sin autorización en el país para tratar el coronavirus, desata las críticas contra el Gobierno de la capital por problemas éticos y conflictos de interés

El Gobierno de Ciudad de México repartió ivermectina a miles de pacientes de COVID-19, a pesar de que su uso no está aprobado para el tratamiento del coronavirus por las autoridades regulatorias del país. La política pública y un estudio firmado por funcionarios ha desatado un escándalo protagonizado por la Administración de Claudia Sheinbaum, que invirtió más de 29 millones de pesos (alrededor de 1,4 millones de dólares) para incluir el fármaco en kits médicos que se repartieron a la población a finales de 2020. El Gobierno defiende, ante las voces que piden la renuncia de los involucrados, que la decisión se tomó con la información que estaba disponible hace dos años y defendió que hay evidencia científica que respalda el tratamiento de la covid con ivermectina. Las autoridades han sido señaladas por problemas éticos al evaluar la política pública sin obtener un consentimiento informado de los participantes, no declarar conflictos de interés previo a hacer la publicación y sesgos metodológicos para justificar el reparto del medicamento.

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El reparto de ivermectina, autorizado para su uso veterinario y en seres humanos como desparasitante y el tratamiento de algunas infecciones, emergió a la superficie tras una investigación que publicó la semana pasada la periodista Dalila Sarabia en el portal Animal Político. El texto documentó el uso de recursos públicos: los 29 millones de pesos se utilizaron para comprar la 293.000 cajas de ivermectina, 100.000 de ácido acetilsalicílico (el compuesto de las aspirinas) y 93.000 de azitromicina, un antibiótico que también se ha desaconsejado para el tratamiento de la covid. De esa información se desprende que por lo menos unas 200.000 personas participaron en el estudio. La entrega de los kits médicos, según el reportaje, comenzó en diciembre de 2020 y pretendía demostrar que aquellos pacientes que recibían el fármaco eran menos propensas a empeorar y hospitalizarse que quienes no lo recibían. No está claro si los kits se entregaban sin indicaciones sobre el uso de los medicamentos que incluían.

La polémica sobre el uso de ivermectina en pacientes de COVID tiene un recorrido largo. Desde junio de 2020, apenas unos meses después de que se declarara la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconsejó los tratamientos con ivermectina para infectados con coronavirus, después de que un estudio publicado en Australia sugiriera que era efectiva para inhibir la replicación del virus in vitro. En ese momento de la epidemia aún no se había autorizado ninguna vacuna y farmacéuticas y autoridades de todo el mundo buscaban medicamentos accesibles, que ya estuvieran en circulación y que pudieran ayudar en el tratamiento de la COVID-19.

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La OMS dijo que no había evidencia suficiente para probar que fuera efectiva y acusaba sesgos en la información recopilada. La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), la agencia reguladora de EE UU, ha dicho que su ingesta en grandes cantidades es peligrosa y ha señalado que los riesgos sobrepasan los supuestos beneficios. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la autoridad epidemiológica de ese país, también han advertido sobre su uso, al igual que la Agencia Europea del Medicamento. En México, Hugo López-Gatell, el funcionario del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a cargo de la respuesta frente a la pandemia, también ha sido enfático en contra del uso de la ivermectina para los casos de covid. “La ivermectina se está usando incorrectamente para el tratamiento de la COVID-19, sin ninguna evidencia científica de su eficacia y seguridad para el tratamiento de esta enfermedad”, decía un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud que compartió López-Gatell en septiembre de 2020.

El kit médico repartido por el Gobierno de Ciudad de México, en abril de 2020. EDGARD GARRIDO (REUTERS)
El kit médico repartido por el Gobierno de Ciudad de México, en abril de 2020. EDGARD GARRIDO (REUTERS)
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A pesar de esta evidencia, la Agencia Digital de Innovación Pública, la Secretaría de Salud local y el Instituto Mexicano del Seguro Social buscaron probar la efectividad de la ivermectina, que no estaba originalmente contemplada en los kits médicos repartidos por las autoridades, y seguir los pasos de ciudades en Brasil e India, entre otros países, que también compraron el medicamento y lo distribuyeron. También se apoyaron en declaraciones del ganador del Nobel de Medicina en 2018, Tasuku Honjo, que alentaban a seguir investigando la efectividad del fármaco. Lo llamaron un análisis “cuasi experimental”. “Aquí lo importante realmente es validar que la política pública que implementó la Ciudad de México de manera masiva, (…) el kit médico, fue un factor importante en la reducción de ingresos hospitalarios y, por supuesto, de posibles defunciones”, dijo José Merino, titular de la ADIP, en declaraciones hechas en mayo pasado citadas por Animal Político.

Merino, con una larga trayectoria como académico antes de unirse al Gobierno de Sheinbaum, es uno de los autores del estudio publicado hace más de un año, en el que también figura la secretaria de Salud, Oliva López y Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la ADIP. El portal SocArXiv, que alojaba la publicación, decidió retirarla la semana pasada, al alegar que contenía “información errónea” y que fue recopilada de manera “poco ética”. Merino repudió la decisión y la calificó de “colonialista” y “autoritaria”. El titular de la ADIP agregó que el escrutinio al que se ha sometido a la publicación es prueba de que no hay nada que esconder y calificó de “histeria” y “falso escándalo” las críticas hechas a su investigación. “Fue una mala política y poco ética”, reafirmó el sociólogo Philip N. Cohen, director de SocArXiv. Cohen explicó que se alentó un estudio más profundo de la ivermectina, lo que no equivale a su distribución masiva: “No hubo nunca una buena razón para la distribución masiva de este medicamento, y muchas razones para ser escéptico u oponerse”.

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Saúl Caballero, uno de los coautores del estudio, sí se retractó de los resultados y de las consecuencias de la investigación. “Aplaudo y apoyo la decisión de Cohen y SocArXiv de retirar el artículo científicamente falso”, escribió este lunes Caballero, que se desempeñaba como director de Análisis de Datos en la ADIP hasta mediados del año pasado, en su cuenta de Twitter. Los otros seis coautores han firmado una carta en donde ratifican el análisis y niegan que sea de “mala calidad”.

La discusión académica se ha convertido en un escándalo político. Los opositores Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano (MC) anunciaron que iban a demandar a Merino y a Shienbaum por el reparto de ivermectina y su pago con recursos públicos. “Decidieron utilizar a los ciudadanos como ratones de laboratorio”, acusó Royfid Torres, coordinador de MC en el Congreso local, y lamentó que esto se diera en el pico más grave de la pandemia en México. A pregunta expresa de este diario, un portavoz de la Fiscalía de Ciudad de México dijo que iba a confirmar si se había abierto una investigación o no tras las revelaciones periodísticas sobre el uso de ivermectina.

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“No se trató de un experimento como dolosamente se ha manejado en algunos medios”, señaló la Secretaría de Salud de Ciudad de México en un comunicado. Las autoridades sanitarias dijeron que ya no se incluye en los kits médicos desde septiembre pasado y rechazó que hubiera riesgos considerables para pacientes leves y moderados de covid por el uso de ivermectina. Dijeron que no podía hablarse de la ivermectina como un “tratamiento experimental” porque se había aprobado hace 30 años para otros tratamientos y no reconocieron ningún error o crítica al estudio que realizaron. Desde su perspectiva, se ha sacado de contexto la evaluación de una política pública.

El cruce de acusaciones de ambos lados por “mentiras” y “paranoias” deja en el aire diferentes aristas. Si se trató en efecto de un estudio científico, si se siguieron todos los protocolos éticos y se tomaron las consideraciones metodológicas necesarias y si amerita reconsiderar la permanencia de los funcionarios involucrados o la lectura política ha rebasado las preocupaciones éticas. Las críticas atraviesan varios temas en la arena política: desde la gestión de la pandemia hasta la falta de congruencia en las políticas contra la covid en los distintos órdenes de gobierno. En la mira también está la justificación dada por las autoridades de la capital ―que ha encabezado la aplicación de pruebas, el rastreo de contagios y una de las mejores estrategias de vacunación en el país― de usar la ivermectina, a pesar de que no estaba recomendada por las instituciones de referencia en México y el extranjero. Las dudas y el debate sobre las respuestas seguirán en los próximos días.

Fuente: El País.

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En la CDMX cambiarán el nombre de una colonia para borrar a Díaz Ordaz

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La colonia Nueva Díaz Ordaz, ubicada en la alcaldía de Coyoacán, está en la mira del Gobierno de la Ciudad de México para cambiarle el nombre, como parte del empeño de las autoridades capitalinas por borrar de la memoria el recuerdo de ese expresidente mexicano.

El lunes pasado, Martí Batres, titular de la administración capitalina, presentó un plan de 50 propósitos a cumplir en los últimos 100 días de su gestión y uno de ellos, en el aspecto de cultura, es iniciar el procedimiento para borrar el nombre de Gustavo Díaz Ordaz.

El territorio de la colonia, a un kilómetro de la estación Xotepingo del Tren Ligero, es relativamente pequeño. La calle principal se llama Tepetlapa sirve de división con la colonia Adolfo Ruiz Cortines, otro expresidente mexicano, y recientemente también le cambiaron el nombre a una de sus calles, que antes era 18 de Julio y ahora es Manuel M. Zamacona.

Las calles angostas de esta colonia capitalina se caracterizan porque en las fachadas de los hogares es común ver placas con los datos de cada familia que ahí vive y el nombre completo de la colonia. “Nueva Díaz Ordaz” se repite no solo en los postes, también en la mayoría de las puertas.

Enrique Sánchez vive en esa colonia, conoce el interés del gobierno para cambiarle el nombre a la colonia, pero está en contra por varias razones y la primera de ellas es que los perjudicará: desde cambiar su credencial de elector, las escrituras de sus casas y otra serie de trámites engorrosos y costosos. Consideró que hay cosas más urgentes que faltan en la colonia, como mejorar la vigilancia y el patrullaje.

Otro residente, Ely González, coincidió con Enrique e invitó a recorrer las calles de la colonia para ver que el pavimento está en mal estado, con baches, faltan luminarias y podar los árboles. Dice que los vecinos los tienen que podar ante la falta de atención de las autoridades.

Integrantes de la familia Álvarez, que viven en la calle Benemérito de Las Américas, mencionaron que otra carencia es el abasto de agua, como en otras partes de la ciudad y eso, subrayaron, sí urge atender antes de pensar en cambiarle el nombre a la colonia, pues “eso es lo de menos”. Agregaron que las calles solamente las parchan, por eso es que siguen los baches ahí.

Las casas de la colonia Nueva Díaz Ordaz son en su mayoría unifamiliares, de clase media baja, por lo que sus vecinos aprovechan sus estacionamientos para instalar talleres de reparación de autos, aparatos eléctricos, motocicletas, pequeños salones de belleza o misceláneas, tiendas de abarrotes y cafeterías.

La iniciativa de eliminar el recuerdo histórico del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, quien fue el culpable de la matanza estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas en 1968, comenzó en la administración pasada, cuando José Ramón Amieva, entonces jefe de gobierno local, ordenó retirar las placas de las estaciones del Metro en las que se daba a conocer que ese exprimer mandatario las inauguró.

El primero de esos recuerdos que desapareció fue el que estaba a la entrada de la estación Insurgentes y que fue donde las autoridades realizaron en 1969 la ceremonia de inauguración del Metro de la Ciudad de México.

El Gobierno de la Ciudad de México se mantiene firme en borrar el nombre del expresidente a las calles que los tienen y ahora van tras la colonia.

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“Sumar para Transformar 2024” reconoce la labor de 14 organizaciones de la Sociedad Civil

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“Sumar para Transformar 2024” reconoce la labor de 14 organizaciones de la Sociedad Civil

Reciben distinción por proteger y restituir derechos de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar.

Fundación Gigante, Fundación Compartamos y Promotora Social México se suman a esta gran alianza.

La alianza Sumar para Transformar reconocióa 14 Casas Hogar (CH) ganadoras de la Convocatoria “Sumar para Transformar 2024”, por proteger y restituir derechos de niñas, niños y adolescentes (NNyA) sin cuidado parental o familiar.

El enfoque integral de esta coalición no solo beneficia directamente a niñas, niños y adolescentes, sino que también prepara el terreno para un cambio sistémico hacia un futuro más justo y equitativo en el cuidado y protección de la niñez y adolescencia en México.

La alianza conformada desde el año 2021 por Fundación Familia BOCAR, Fundación Monte de Piedad y Fundación Dibujando un Mañana, a través de su fondo Tú Puedes Ayudar respaldado por SC Johnson, logró transformarse este 2024 con la integración de tres importantes aliados: Fundación Gigante, Fundación Compartamos y Promotora Social México.

En conjunto, se logró crear un fondo de $27,400,000 (veintisiete millones cuatrocientos mil pesos), recursos que se utilizarán para fortalecer los modelos de intervención, la sostenibilidad y mejorar los resultados de 14 Centros de Asistencia Social (CAS) y/o Casas Hogar ubicados en Ciudad de México y Querétaro.

Hoy, se reconoce y felicita a las CAS seleccionadas que recibirán fortalecimiento y apoyo económico para complementar el costo de necesidades relevantes dentro de la organización.

La alianza acordó que el fortalecimiento se acompañe por parte de la organización: Conexiones para Aprender A.C. (BYDA), modelo que se centra en los derechos de niños, niñas y adolescentes y el interés superior de la infancia.

Sumar para Transformar es una alianza que busca apoyar a los CAS o Casas Hogar en México, mediante el fortalecimiento de sus capacidades institucionales, promoviendo prácticas de crianza que fomenten el desarrollo saludable y asegurando que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean siempre la prioridad.

Proyección de cifras Sumar para Transformar 2024 – 2025

Apoyaremos a 14 Centros de Asistencia Social y/o Casas Hogar, distribuidos en las siguientes 2 entidades federativas:

  • CDMX: 6
  • Querétaro: 8

Población

527 NNyA (al 73% de su capacidad)

CDMX: 309 (al 70% de su capacidad)

Querétaro: 218 (al 77% de su capacidad)

Capacidad Instalada

718 NNyA

CDMX: 436

Querétaro: 282

Se contemplan más de 500 NNyA atendidos de manera directa de inicio, pero el modelo continuará impactando a las niñas, niños y adolescentes que en el futuro ingresen a los CAS fortalecidos. Además, se realizará una inversión de $1,900,000 (un millón novecientos mil pesos) en promedio por CAS en un periodo de 2 años.

La suma de estos esfuerzos y resultados reflejan el compromiso de 6 organizaciones donantes en México con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en particular con el ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos.

Como aliados, además de impulsar la movilización de recursos, conocimientos y apoyo para los CAS, también trabajamos activamente para influir en las buenas prácticas a nivel nacional y promover cambios que atiendan las necesidades y aseguren un entorno de cuidado adecuado y protector para todas las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Continuaremos avanzando con determinación y optimismo, sabiendo que juntos podemos lograr un cambio significativo y perdurable en la vida de quienes más lo necesitan.

FIN DEL COMUNICADO

***

Sobre las organizaciones que participan en la alianza:

Fundación Familia BOCAR

Trabaja para apoyar Organizaciones de la Sociedad Civil  que  cuenten  con  modelos  de  intervención  enfocados  en  impulsar  el  desarrollo  y oportunidades de sus comunidades, poniendo énfasis en educación, atención mediante el esquema de Casa Hogar y la respuesta a emergencias. www.fundacionfamiliabocar.org/

Fundación Monte de Piedad

En su rol de inversionista social y en medida de sus posibilidades, trabaja para buscar soluciones que acompañen a las Organizaciones de la Sociedad Civil aliadas y Casas Hogar, para que mantengan y se sumen a los esfuerzos de las agendas globales de desarrollo, poniendo énfasis en la promoción protección y restitución de los Derechos Humanos. https://inversionsocial.montepiedad.com.mx/es/

Fundación Dibujando un Mañana

Impulsa el desarrollo social de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en México y Centroamérica con un modelo de inversión social que entrelaza la voluntad de ayudar de diversos actores y la transforma en programas sociales basados en derechos humanos que generan impactos positivos a largo plazo. https://dibujando.org.mx/

Fundación Gigante

Es una organización sin fines de lucro cuyo principal objetivo es dar apoyo y estar activamente involucrado en actividades humanitarias, educativas, de salud y de recaudación de fondos a través de diferentes programas de beneficio social. www.grupogigante.com.mx/fundacion-gigante/

Fundación Compartamos

Es el brazo orquestador de la vocación social de Gentera y sus empresas. Tiene como causas la Primera Infancia y Educación. Impulsa la participación de los colaboradores en actividades de voluntariado, donación y apoyo en contingencias. www.fundacioncompartamos.org.mx/Fundacion

Promotora Social México

Es una organización que busca impactar integralmente y de forma positiva en las condiciones de vida de los menos favorecidos por medio de los proyectos en los que participa www.psm.org.mx

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Ciudad de México

La CNDH y sus facultades del organismo no son por concesión, sino un logro social

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Luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de ser un órgano autónomo “arbitrario en sus resoluciones”, este último organismo afirmó que ejerce de manera responsable sus facultades.

“La característica de inatacabilidad de sus resoluciones no es un beneficio otorgado a este Órgano, ni una concesión que le ceda estatus, sino un logro social que es reconocido por la Ley General de la materia y fue diseñado en Ley para garantizar los dos derechos humanos que tutela”, respondió el INAI a la CNDH.

Ayer, el organismo que preside Rosario Piedra Ibarra lamentó que el INAI haya instruido a la CNDH, luego de resolver un recurso de revisión interpuesto por un ciudadano, que entregue el expediente de una investigación que, aunque concluyó como recomendación, sigue en curso tras ser reabierta a petición de las víctimas, quienes presentaron nuevos elementos probatorios sobre el caso.

Para proteger a las víctimas y evitar su revictimización -añadió-, “el Comité de Transparencia de la CNDH decidió reservar la información para no interferir en la investigación del caso que se lleva en esta Comisión”.

En respuesta, el INAI señaló que la determinación de que la información relacionada con violaciones a derechos humanos sea pública, “se encuentra apegada a las bases y principios constitucionales que privilegian el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, sin que se trate de una decisión arbitraria de este Instituto”.

Para el caso concreto CNDH, -recordó el organismo- el Pleno del INAI instruyó a proporcionar copia de videos e imágenes captadas por la Comisión durante su visita a los sótanos de Tlaxcoaque, en la Ciudad de México, así como del expediente de queja CNDH/PRESI/2020/5561/VG, protegiendo los datos personales de carácter confidencial.

Detalló que entre estos elementos “se encuentran aquellos pertenecientes a víctimas, agraviados, testigos, entre otros; toda vez que entre lo solicitado por la persona interesada se encuentra cualquier expresión documental elaborada sobre los referidos sótanos”.

Lo anterior, en virtud de que los argumentos hechos valer por la CNDH fueron insuficientes para confirmar la clasificación de la información solicitada, por lo que, en un ejercicio que permitiera equilibrar los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, el Pleno del INAI instruyó a la entrega de versiones públicas expuso la institución.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales -sostuvo-, “en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, determina en sus resoluciones que debe ser otorgada la información solicitada, cuando no se cumplen los requisitos legales para considerarse como clasificada, pues las razones para restringir el acceso a la información tienen que ajustarse a los supuestos descritos específicamente en la normativa aplicable”.

Las Leyes de Transparencia, recordó el INAI, “establecen con claridad cuáles son los supuestos de reserva, por los que se puede exceptuar, de manera temporal, cierta información de la regla general de publicidad”.

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