El cartel del Poder Judicial en Chihuahua sigue vigente

El entramado judicial en Chihuahua exhibe una estructura de corrupción que coloca al Cartel como un  poder paralelo, operado por jueces y magistrados al servicio de intereses ocultos.

• Y, en resistencia por los cambios de algunos personajes en distintos niveles de la estructura institucional, como consecuencia de la elección del Poder Judicial.
• El nombre de Filiberto Terrazas Padilla, ex magistrado y ex integrante del Consejo de la Judicatura de Chihuahua, sigue figurando al frente de esta red de influencias que desnuda la profundidad de la corrupción judicial.
• Documentos oficiales y testimonios señalan que Terrazas Padilla, lejos de ser un garante de la legalidad, actúa como operador clave del Cartel del Poder Judicial, un sistema informal de poder que manipula nombramientos, resoluciones y favores a conveniencia.

Durante su reciente informe, Terrazas descalificó los nombramientos de nuevos magistrados y jueces, asegurando que “los cambios no siempre resultan positivos”.

• La declaración no fue casual: revela su resistencia a perder el control de una red que, lejos de debilitarse, se mantiene con figuras estratégicas en distintos niveles de poder.
• Aunque la instauración de nuevos magistrados y Jueces dentro del Poder Judicial de Chihuahua nos harían pensar en la disolución de esta red de corrupción, lo cierto es que aún persiste.
• La presencia de figuras como Emmanuel Chávez Chávez, magistrado civil y uno de sus hombres de confianza de Terrazas Padilla, quien habría participado en decisiones que favorecieron a grupos económicos y políticos locales.

La influencia de Terraza Padilla se extiende a Sara Julieta Muñoz Andrade, magistrada familiar, quien también sostiene una cercana relación con la magistrada penal Yasel Villanueva, consolidando así un bloque que intercambia favores dentro del tribunal, normalizando la colusión como práctica institucional.

• El círculo también incluye a funcionarios de menor rango que actúan como piezas operativas, entre ellos, Servando López Jaime y Carlos Alberto Muela, ambos secretarios de Sala Civil, señalados de manipular resoluciones a pedido de la red; Jonathan Gasca, juez penal; y las juezas familiares Tania Hernández y Haydee Vázquez, quienes también forman parte de este entramado que controla distintas áreas jurisdiccionales.

La gravedad de este entramado radica en que no solo protege intereses privados, sino que erosiona de manera sistemática la credibilidad del Poder Judicial.

• Casos como el de Miguel Zaragoza Fuentes, dueño de Zeta Gas, evidencian el alcance de la red: gracias a esta estructura corrupta, ha logrado beneficiarse y retrasar resoluciones para mantenerse en ventaja frente a diversos procesos legales clave.

Fuente: Zona Free