La presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso una nueva Ley de Juegos y Sorteos con el fin de combatir la corrupción y aumentar la recaudación de impuestos, anunció Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

Tras una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en San Lázaro, el líder morenista indicó que la nueva Ley también buscará combatir la extorsión.

«Ella (Rosa Icela Rodríguez) planteó que, en los próximos días o semanas, la Secretaría de Gobernación o el Gobierno, el Ejecutivo, estaría enviando una iniciativa de una nueva Ley de Juegos y Sorteos, que desde 1946 no se modifica, para combatir la corrupción en esta materia, evitar la extorsión y que quienes se dedican a esa actividad paguen los impuestos que legalmente corresponden, relacionados con el ingreso que perciben”, dijo en entrevista con medios de comunicación.

Monreal Ávila indicó que en la reunión también se abordó la problemática de la migración y que la presidenta Sheinbaum se comprometió a resguardar con seguridad y exceso los datos personales y garantizar el derecho a la información, tras la aprobación de la reforma para extinguir el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y seis órganos autónomos más.

Monreal Ávila dijo que la ratificación del compromiso de acceso a la justicia para los afectados, víctimas y familias de Ayotzinapa y los hechos de la Guerra Sucia, el acceso a la justicia y frenar las desapariciones de personas y que el Estado mexicano se esforzará por cumplir ese reclamo de la sociedad, fueron otros temas abordados.

Así también la garantía de la libertad de expresión, el acceso a la información, la seguridad y protección a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que, resaltó, hasta la fecha, el mecanismo de protección a periodistas y defensoras de derechos humanos incluye a más de 2 mil 200 personas.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos 2025, instrumentos que prevén ingresos por nueve billones 302 mil millones de pesos.

Los ordenamientos, aprobados por 22 votos a favor y 10 en contra, estiman un crecimiento económico real anual de entre dos y tres por ciento, un tipo de cambio del peso respecto al dólar de 18.5 pesos por dólar y una estimación en el precio de barril de petróleo en 57.8 dólares.

Los diputados también autorizaron a la presidenta Claudia Sheinbaum contratar un monto de endeudamiento neto interno hasta por un un billón 580 mil mdp para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública, con la finalidad de financiar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025, así como un monto de endeudamiento neto externo hasta de 15 mil 500 millones de dólares.

De los ingresos estimados, cinco billones 297 mil 812 mdp corresponden a Impuestos; 603 mil 77 mdp a Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social; 38.8 mdp a Contribuciones de Mejoras; 137 mil 500.5 mdp a Derechos; 13 mil 707 mdp a Productos; 223 mil 166.3 mdp a Aprovechamientos; 1 billón 500 mil 579.0 mdp a Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos; 279 mil 766.8 mdp a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones, y un billón 246 mil 366.5 mdp a Ingresos Derivados de Financiamientos.

De igual manera, en la iniciativa se estima una recaudación federal participable por 4 billones 892 mil 179.6 mdp.

El diputado Federico Döring, del PAN, acusó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no ha atendido las inquietudes de los legisladores de Acción Nacional y anticipo el voto de su bancada en contra.

“Lamento profundamente que no haya habido un sólo funcionario de Hacienda que haya entendido que construir el consenso y que buscar el diálogo con el PAN, con todos los representes de la Comisión, era un momento necesario para la República por inquietudes que hay dentro y fuera de la Cámara respecto de las corridas económicas que como hemos dicho no coincidimos, no compartimos y no habremos de respaldar pero no se nos puede conminar a hacer política cuando el gobierno no hace política», dijo.

La presidenta Claudia Sheinbaum, y la directora de la agencia de crédito Fitch Ratings, Shelly Shetty, se reunieron este viernes para analizar la situación económica y financiera de México.

«Nos reunimos en Palacio Nacional con Shelly Shetty, directora ejecutiva en Fitch Ratings, y su equipo, para abordar el buen desempeño de nuestra economía, las finanzas sanas y los planes de México», indicó en la mandataria mexicana en una publicación en la red social X ilustrada con fotos del encuentro mantenido.

Esto ocurre una semana después de que Sheinbaum pidió a la calificadora Moody’s dar «pruebas» que justifiquen su nueva perspectiva negativa para México con el argumento que existe un debilitamiento del «marco institucional» en medio de polémicas reformas del Gobierno.

«No sé por qué hay este supuestamente debilitamiento institucional, tendría que dar más argumentos o pruebas para ello, muchas veces estas calificadoras están orientadas a evaluar a partir de un modelo económico», expresó la mandataria en su conferencia matutina del viernes pasado.

Nos reunimos en Palacio Nacional con Shelly Shetty, directora ejecutiva en Fitch Ratings, y su equipo, para abordar el buen desempeño de nuestra economía, las finanzas sanas y los planes de México. pic.twitter.com/awL40j1BUl— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 22, 2024

La gobernante cuestionó la metodología de Moody’s, que mantuvo en Baa2 su calificación crediticia de México, pero cambió la perspectiva de estable a negativa por su «visión de un debilitamiento del marco institucional y de formulación de políticas que podría socavar los resultados fiscales y económico».

Fitch también fue crítica, tras la victoria electoral de Sheinbaum, con la reforma judicial promulgada el 15 de septiembre para que, a partir de 2025, haya elecciones populares de jueces, magistrados y la Suprema Corte

«Las reformas judiciales propuestas en México podrían afectar negativamente el apetito de inversión y el entorno de negocios de las empresas no financieras si su implementación impide la autonomía y calidad del sistema judicial», señaló Fitch Ratings a finales de junio.