El segundo Estado mexicano con más presencia de energías renovables ve cómo la inversión privada en nuevos proyectos cae por las políticas del Gobierno federal. Ahora teme que la iniciativa de reforma energética sea la estocada definitiva a lo que fue la promesa eólica.

Cuando un general de la zona les regaló parte de su rancho, allá fueron Raúl Ríos y los otros peones por falta de algo mejor. Cubierto de un matorral tupido y hostil, el terreno apenas permitía cultivar algo de maíz y cortar leña. Soplaba, además, un viento caliente que ahuyentaba a los zancudos pero que no daba tregua. Muchos no aguantaron y se fueron a la ciudad. Un día, hace unos años, llegó a este rincón del Estado de Tamaulipas un equipo de operarios a levantar una antena larguirucha arriba en la meseta, donde el viento soplaba más y solo pastaban las vacas. Que iban a medir el aire, les dijeron. “Pues póngala”, respondieron ellos.

La noticia empezó a correr. La dueña del rancho vecino asistió a una asamblea y ofreció comprar el terreno comunal, de varios cientos de hectáreas, para su ganado. Cuatro familias del ejido querían aceptar, pero Ríos se plantó. No se tragaba el cuento de las vacas. El operario que iba a medir el viento cada mes les había advertido que venía algo bueno. Entonces, explica Ríos, llegaron “las gentes de España” por los caminos de tierra y les enseñaron fotos de los aparatos. “Nosotros nomás oíamos, porque no sabíamos qué era. Todos estuvimos de acuerdo, no había nada aquí”, dice el ejidatario, de 67 años. Firmaron un contrato de arrendamiento por 30 años y la meseta se empezó a poblar de aerogeneradores.

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La Mesa fue uno de los primeros parques eólicos de Tamaulipas, en el noreste de México. Con una inversión de unos 200 millones de dólares de la española Gemex, sus 30 turbinas suministran electricidad a cientos de supermercados Soriana. La inauguración en 2017 fue un acontecimiento. Las renovables iban a limpiarle la cara a un Estado vapuleado por la lucha sangrienta entre los Zetas y el Cartel del Golfo por el control de la zona fronteriza. Más de una vez, en la carretera que va hacia La Mesa, aparecieron cadáveres colgando de un puente elevado, recuerdan los habitantes de la zona. Se quería pasar página y qué mejor que una gran inauguración. El gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, visitó por primera vez aquellos parajes para proclamar: “Tamaulipas está destinado a convertirse en capital energética de México”.

Esa ambición ha tropezado con la política del Gobierno federal. La Cámara de Diputados está por debatir una reforma constitucional que busca fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a costa de marginar a las centrales solares y eólicas de particulares, pese a ser las más baratas. Dejan de ser las primeras en despachar su electricidad a la red y pasan a sexto y séptimo lugar. Antes vendrán las centrales de la CFE, sean hidroeléctricas o térmicas de combustóleo. “Si no se hace la reforma a la Constitución, estas empresas [privadas] terminan por apoderarse de todo el mercado eléctrico”, sostuvo López Obrador a mediados de octubre.

La reforma amenaza el futuro de un sector que prometía. Si bien la producción a base de gas sigue liderando, la eólica y la solar ya representan el 16% de la capacidad total de México, frente al 6% en 2017, y el sector acumula unos 19.000 millones de dólares en inversión privada. En Tamaulipas, el segundo Estado con más penetración renovable, la capacidad instalada eólica es seis veces mayor a la de hace cuatro años. Equivale al consumo anual de más de dos millones de hogares y contrarresta la emisión de tres millones de toneladas de CO₂ anuales, apunta la comisionada de Energía del Estado, María Antonieta Gómez, en su oficina en una torre acristalada de Ciudad Victoria, la capital estatal. “Y nada más tenemos instalados el 8,2% de la capacidad potencial”, dice.

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La expansión ha creado un efecto cadena. Dos fabricantes de aspas tienen plantas en Matamoros, al norte del Estado, para abastecer la demanda. Mientras, la Universidad Politécnica de Victoria ha abierto un diplomado en mantenimiento de aerogeneradores. “Al principio aquí no había gente capacitada y las empresas traían a gente de Oaxaca”, explica el coordinador Rodolfo Echavarría, en el austero laboratorio donde da clases. El académico se sentó entonces con los ingenieros de Vestas, la mayor empresa de turbinas del mundo, para saber qué necesitaban y juntos diseñaron un temario. El diplomado ya ha formado a 70 personas y la compañía danesa ahora quiere que Echavarría y su equipo empiecen a dar clases en línea a técnicos de Colombia.

Los ingenieros Luis Javier Trejo, de 25 años, y Maximiliano Zapata, de 27, egresados del diplomado, se acaban de bajar de la camioneta, todavía de uniforme -botas duras y ropa ignífuga azul-. Trejo, alto y fornido, ha pasado cinco horas a unos 110 metros de altura, hurgando en las tripas de la turbina. Antes del diplomado, él trabajaba en una fábrica de baterías y Zapata estaba por mudarse a Ciudad Juárez. “Es bien complicado encontrar un trabajo que pague bien aquí”, explican. En los parques cobran el doble que en una maquila. Su sueño es laborar en países con aerogeneradores en el mar, más ahora que el futuro del sector en México es un interrogante. “Cuando entramos veíamos crecimiento. Ahora la inversión se fue y no hay más parques en construcción”.

Las palabras del presidente sobre la reforma energética han llegado también a los oídos de Raúl Ríos en La Mesa, una veintena de ranchos humildes con techos de palma que el viento cepilla constantemente. El ejidatario no sabe de tecnicismos pero se ha quedado con una idea. “Ya nos espantaron que iban a parar todo esto”, dice sentado en un balancín, con las manos sujetándose la gorra. Las turbinas, su principal fuente de ingresos, se asoman más allá del patio de las gallinas. Teme perder los 20.000 pesos al mes que en promedio cobra del parque por el arrendamiento. Aunque siguen viviendo en una casita sin baño dentro, la renta eólica supera por mucho los 800 pesos mensuales por cortar madera de matorral.

Sin nuevos proyectos eólicos

El apetito inversor se ha secado. Faltan líneas de transmisión, el presidente ataca a menudo a multinacionales como Iberdrola, y la propuesta de reforma es el golpe definitivo. En Tamaulipas, hay un parque de la española Acciona, con una inversión de 210 millones de dólares, que está en pruebas y, si no hay sorpresas con los permisos gubernamentales, se unirá a los otros 13 ya operando. Y uno más de la mexicana Thermion, de unos 217 millones de dólares, que está en el aire por la incertidumbre. “No lo damos por muerto, pero están esperando”, dice la comisionada de Energía. “La reforma nos va a afectar”. Por primera vez en el último lustro, no hay nuevos proyectos.

Cerca de Ciudad Victoria, en la meseta del municipio de Llera las aspas del mayor parque de la región rasgan la barriga de las nubes. Son más de 80 aerogeneradores y 518 millones de dólares de inversión. El desembolso incluye 13 kilómetros de línea de transmisión y una subestación que la empresa regaló a la CFE. Con las nuevas políticas, sus dueños han desechado planes para ampliar el parque. El nombre de la operadora aparece pequeñito en una cartulina pegada a la caseta de vigilancia. Este periódico accede a la instalación bajo la condición de no revelarlo.

El ingeniero José David Cheu, gerente del parque, no tiene la cabeza para debatir de política. Los vientos fuertes del norte están por llegar y tiene a la plantilla trabajando de lunes a domingo. “La temporada alta ya está encima”, dice sin quitarse el casco, mientras conduce por un camino de grava y de torres bordeado. Tiene gente de todas partes alistando las turbinas. Un experto ruso que ha volado hasta allí para revisar el pararrayos de los aerogeneradores. Su robot teledirigido, cuenta Cheu admirado, trepa por una cuerda hasta la punta del aspa, a unos 168 metros de altura, para husmear puntos débiles.

Si la reforma de López Obrador sale adelante como está planteada, el parque de Llera estaría en apuros. La mitad de la central vende electricidad a la CFE, tras haber ganado una licitación internacional. La otra mitad suministra a grandes cadenas de supermercados, que se ahorran así la tarifa de la paraestatal, más cara. Pese a que López Obrador prometió respetar los contratos vigentes a inicios de su mandato, la reforma propone cancelar todo lo firmado por centrales privadas y renegociar los términos, sin entrar en detalles. “Abre la puerta a una discrecionalidad total. Difícilmente va a haber un atractivo para invertir”, dice Víctor Ramírez, portavoz de la Plataforma México Clima y Energía.

Pese a la alarma del sector, la población de la zona no parece pronta a manifestarse en defensa de unos parques que ven de lejos, de camino a la playa. Son inversiones millonarias y limpias pero que dan poco empleo. El parque de Llera tiene a unos 100 trabajadores en temporada alta y a 70 en la baja. Solo hay dos fijos procedentes de las comunidades que le arrendan la tierra, un técnico y una empleada de limpieza. En contraste, la fábrica de baterías Kemet, una de las más grandes de la capital tamaulipeca, tiene a 2.500 trabajadores.

En esa maquila trabaja la hija de Israel Alcocer, comisario ejidal de una comunidad de unas cuarenta casas al pie de la meseta. “Al principio hubo mucho trabajo, chapolear, brechar. Yo estuve haciendo caminos”, recuerda, con la frente sudorosa de cortar leña. Ahora, los jóvenes del lugar se han vuelto a marchar. Con todo, el parque ha traído algún cambio. Con lo que reciben del arrendamiento, Alcocer ha comprado una lavadora y una bocina en la que escucha música norteña. Hace poco, el ingeniero Cheu bajó de la meseta. Le pidieron una celda solar para la bomba de agua potable para ahorrarse los 2.000 pesos al mes que pagan a la CFE. “Se comprometió pero para el siguiente año porque dijo que ya no quedaba presupuesto”, apunta. Que las turbinas sigan girando para entonces dependerá de los juegos de naipes en la capital.

Fuente: El País.