Nacional
Militares como directivos en el Instituto de Migración
En los últimos cuatro años, el Instituto Nacional de Migración (INM) abrió la puerta a mandos militares y marinos en diversos puestos directivos como titulares de Oficinas de Representación estatales, así como en direcciones y subdirecciones del organismo.
Sólo entre 2019 y enero pasado, 27 mandos con formación y trayectoria en instituciones académicas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o en la Secretaría de Marina (Semar) se integraron al INM en 23 estados del país y en representaciones del instituto como la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Datos recibidos indican que hasta enero de 2024, de estos mandos militares y marinos, 16 se mantenían en funciones como titulares de las Oficinas de Representación estatales del Instituto Nacional de Migración. Adicionalmente hay cuatro titulares más que han tenido experiencia en el Sistema Penitenciario.
Al menos 27 mandos militares y navales se sumaron al INM desde 2019, detalla una solicitud de información
La militarización de la política migratoria “se ha criticado fuertemente desde órganos internacionales y nacionales de protección de derechos humanos”, porque “este tipo de acciones las hacen para contener o para evitar, tal vez, que muchas más personas ingresen al territorio. Sin embargo, esto no garantiza que efectivamente disminuyan los flujos migratorios”, consideró Wendy Castro, subcoordinadora legal de la organización Sin Fronteras.
Esta casa editorial consultó al Instituto Nacional de Migración, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), sobre los motivos por los cuáles se han militarizado sus mandos, pero la dependencia señaló que “no es información que el instituto esté en posibilidad de proporcionar”, debido a la naturaleza de sus tareas.
La actual administración federal no sólo ha integrado mandos militares y marinos a su política migratoria, también ha desplegado numerosos elementos de las Fuerzas Armadas para contener y disuadir la movilidad humana.
De acuerdo con el último Informe de Seguridad del Gobierno de México, fechado el pasado 14 de marzo, actualmente hay 281 mil 645 elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas desplegados en el país. De éstos, 32 mil 720 se dedican a hacer cumplir el Plan de Migración en la Frontera Norte y Sur. Es decir, están a cargo de contener el flujo migratorio. A esta cantidad se suman dos mil 315 agentes del INM.
“Las Fuerzas Armadas tienen un entrenamiento, justo, militar, en donde se les enseña a combatir y no precisamente se les instruye con respecto a la protección de los derechos humanos”, añadió Castro Además, dijo, “hay que recordar que justo los elementos de la Guardia Nacional cuando aplican también labores migratorias, pues no lo hacen como garantes de derecho, sino lo hacen más bien como agentes de contención o de deportación”, detalló.
Entre los mandos militares del INM figuran su representante en Colima, Ramón Juárez Suárez, un ingeniero en Ciencias Navales y maestría en Administración Naval y en Seguridad Nacional; Felipe Morales Callejas, ingeniero en Ciencias Navales, maestría en Administración Militar y actual titular de la representación en Sinaloa; y Paulo César Lavín Aldama, ingeniero en Ciencias Navales con especialidad en Administración Naval, maestría en Administración Pública y representante en Sonora.
El contralmirante Salvador González Guerrero se integró a las funciones migratorias el 18 de julio de 2019 como coordinador de Información e Investigación Migratoria y posteriormente se hizo cargo de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua hasta abril de 2023, cuando fue detenido debido a su presunta responsabilidad en el incendio que consumió la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, el 27 de marzo de 2023 y que cobró la vida de 40 personas migrantes.
En abril de 2023 fue detenido y vinculado a proceso, posteriormente se amparó y actualmente enfrenta órdenes de aprehensión por el caso que sigue abierto. “Evidentemente son personas que no tienen una formación con un enfoque de derechos humanos y eventualmente terminarán vulnerando más derechos”, señaló la subcoordinadora legal de Sin Fronteras.
Tras el siniestro que consumió la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, en mayo de 2023, el Instituto Nacional de Migración suspendió de forma provisional 14 Estancias Provisionales tipo A, así como 19 de tipo B para facilitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) visitas de supervisión y generar los informes correspondientes sobre las condiciones de los espacios de detención migratoria.
Además, en noviembre del mismo año, el Instituto frenó operaciones definitivamente en la Estancia Provisional de Matamoros, Tamaulipas.
El cierre de todas estas unidades dejó en funciones únicamente 11 Estaciones Migratorias: en Tapachula, Chiapas; Iztapalapa, Ciudad de México; Guadalupe, Nuevo León; Chetumal, Quintana Roo; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Hermosillo, Sonora; Villahermosa, Tabasco; Reynosa y Tampico, Tamaulipas; Acayucan, Veracruz; y Zacatecas, Zacatecas.
También se mantuvieron en operación seis Estancias Provisionales del tipo B: en Tijuana, Baja California; Palenque y Tuxtla, Chiapas; Janos, Chihuahua; Oaxaca, Oaxaca; y Cancún, Quintana Roo.
Fue apenas en febrero pasado —casi un año después del incendio— cuando la CNDH publicó el Informe Especial
sobre las condiciones de las Estancias y Estaciones Migratorias: Hacia un nuevo modelo para la atención de la migración irregular. Ninguna resultó adecuada, reveló el estudio.
Como parte de las visitas a las Estancias y Estaciones Migratorias “se observó que ninguno de estos centros de detención es adecuado, ya que 13 de ellos son insuficientes, 21 son inadecuados y las demás se encuentran en situación crítica”, indicó el documento.
“El Instituto Nacional de Migración y su modelo de Estaciones Migratorias nació en 1993, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para ofrecer una política de seguridad en las fronteras. Sin embargo, esta CNDH considera que los tiempos han cambiado y hoy ese modelo debe transformarse como se ha gestado en otras políticas públicas desde la mirada del humanismo y el reconocimiento de derechos”, apuntó Rosario Piedra, la titular de la comisión.
Nacional
Avalan diecisiete Congresos estatales la reforma de supremacía constitucional
En menos de 24 horas que la Cámara de Diputados aprobó la reforma de supremacía constitucional, también conocida como la Ley Anti Amparo, se logró que17 Congresos estatales que se necesitaban la votaran a favor.
Los congresos de Zacatecas y Tamaulipas fueron los primeros en aprobar y a ellos se fueron sumando hasta lograr los 17 necesarios para que la reforma sea declarada como válida.
La nueva ley establece que las reformas a la Constitución no podrán ser impugnadas ni suspendidas con amparos, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.
¿Qué estados votaron a favor de la reforma de supremacía constitucional?
Zacatecas
Apenas unas horas después de que la Cámara de Diputados avaló la reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución, los legisladores zacatecanos aprobaron la enmienda.
Sin discusiones, la aprobación se llevó a cabo con el voto a favor de los diputados de Morena y sus aliados del Partido Verde y Partido del Trabajo.
Tamaulipas
Con diferencia de unos minutos, el Congreso de Tamaulipas se sumó a Zacatecas y aprobó la iniciativa con 25 votos a favor y 7 en contra.
Representantes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano se expresaron en contra de la decisión, pero la mayoría morenista se impuso.
Tabasco
Con 24 votos a favor y 8 en contra, el Congreso del estado de Tabasco aprobó la reforma en materia de impugnabilidad a las adiciones o reformas a la Constitución.
La fracción del PRI se posicionó en contra de la ley porque debilita la división de poderes, afirmó el coordinador local del PRI, Fabián Granier.
También Patricia Lanestosa, coordinadora de Movimiento Ciudadano, se pronunció en contra señalando que la reforma de supremacía constitucional termina con la democracia, la división de poderes y el Estado de Derecho.
Sonora
En sesión urgente, la noche del miércoles se aprobó por mayoría en el Congreso de Sonora la reforma de la supremacía constitucional.
A horas de que se había validado en la Cámara de Diputados, los legisladores locales convocaron a sesión de Pleno alrededor de las 20:30 horas para someter a votación dicha reforma, la cual impide a estados o municipios promover recursos que puedan contrarrestar mandatos emitidos a nivel federal.
Una vez que se puso a votación la reforma, 25 diputados locales -todos de Morena y partidos aliados- votaron a favor, mientras que seis de oposición –PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD- se mostraron en contra.
“Nuestra Constitución debe seguir siendo la barrera que protege a cada ciudadano, no un documento que se ajuste a los intereses de un partido. De un plumazo retrocedemos décadas en materia de protección a nuestros derechos. La concentración de poder, lejos de traer justicia y prosperidad, genera desigualdad y abuso; nunca ha traído bienestar, sino censura, represión y pobreza”, expuso la legisladora Gabriela Félix, de MC.
San Luis Potosí
En una sesión que quedó abierta desde el pasado martes y se reanudó la mañana de este jueves, el pleno del Congreso de San Luis Potosí aprobó por mayoría de 17 votos y 7 en contra la minuta que reforma los artículos 107 y 105 de la Constitución para proteger las reformas constitucionales del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional.
Los diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano mostraron carteles en sus curules en referencia a la división de poderes y a la “dictadura” que representa Morena.
Mireya Vancini, del PAN, proyectó un video donde destaca las similitudes entre el presidente venezolano Nicolás Maduro y el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, y expresó su preocupación y rechazo a la reforma, porque “nos estamos encaminando a una dictadura”.
La diputada priísta Sara Rocha Medina reconoció a los ocho ministros que renunciaron con dignidad a la SCJN: “me duele el corazón y el alma, porque esta reforma que ataca la división de poderes y concentra excesivamente el poder en el Poder Ejecutivo. Estamos en una crisis constitucional y jurídica”.
Oaxaca
Por unanimidad con 38 votos, el Congreso de Oaxaca aprobó el jueves la reforma en materia de inimpugnabilidad a las modificaciones a la Constitución, remitida por el Congreso de la Unión.
En sesión extraordinaria celebrada de manera virtual, el Pleno de la LXV Legislatura local avaló esta modificación de conformidad con el artículo 135 de la Constitución federal.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) local, Sergio López Sánchez, celebró la aprobación de esta reforma al considerar que con ello se garantizará que sea la Carta Magna quien rija el actuar de los tres poderes del país. “Nada ni nadie por encima de la Constitución».
Por su parte, la presidenta de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, Liz Hernández Matus, dijo que “no le compete al Poder Judicial impedir los cambios constitucionales ni modificar la voluntad soberana del pueblo a través de los mecanismos diseñados precisamente para la defensa del orden constitucional”.
Campeche
Este jueves, el Congreso de Campeche avaló la reforma de supremacía constitucional con 18 votos a favor, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y aliados, y 15 en contra de la oposición.
En la sesión de la madrugada hubo 16 sufragios a favor de Morena, dos del PVEM y se ausentaron las dos diputadas locales del PT.
En contra de la minuta remitida por la Cámara de Diputados se unieron los 10 de Movimiento Ciudadano (MC), tres del PRI y dos de Acción Nacional (PAN).
Veracruz
En una sesión extraordinaria, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó con 31 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención la reforma de supremacía constitucional emitida recientemente por la Cámara de Diputados.
Durante su intervención en la tribuna, la diputada local del PAN, Itzel Yescas Valdivia, se pronunció en contra de esta reforma al señalar que se concentra el poder absoluto en un solo partido político.
Con esta decisión, el Congreso de Veracruz respalda una enmienda que, en tiempo récord, fue promovida por la Cámara de Diputados. El objetivo es frenar las órdenes de suspensión sobre la reforma judicial antes del fallo de la SCJN, previsto para el próximo martes 5 de noviembre.
Baja California Sur
En solo cuatro minutos, el Congreso de Baja California Sur aprobó la reforma de supremacía constitucional.
Con la presencia de 18 diputadas y diputados se declaró el quórum legal necesario para la sesión extraordinaria celebrada este jueves a las 10:12 de la mañana. La reforma fue votada y la sesión clausurada a las 10:16 horas, un lapso de cuatro minutos.
Los Congresos que también dieron luz verde a la reforma para alcanzar el mínimo de 17 fueron:
-Ciudad de México
-Hidalgo
-Nayarit
-Quintana Roo
-Puebla
-Morelos
-Guerrero
-Chiapas
¿Qué es la Reforma Anti Amparo?
La iniciativa, impulsada por Morena, busca que las reformas constitucionales no puedan ser impugnadas por la vía judicial, es decir mediante amparos o acciones de inconstitucionalidad.
Apenas este martes la Barra Mexicana de Abogados (BMA) y la Universidad de Stanford lanzaron un posicionamiento conjunto en el que advierten que la iniciativa de supremacía constitucional viola derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales.
“El acceso al control jurisdiccional es en sí mismo un derecho humano, y resulta indispensable para garantizar que las reformas constitucionales no vulneren los derechos humanos. La eliminación de dicho acceso mediante una reforma constitucional no la valida jurídicamente”, señalaron la Barra Mexicana de Abogados y la Facultad de Derecho de Stanford.
Nacional
Tribunal Electoral del Poder Judicial destraba elección de ministros y jueces; da luz verde al INE para continuar organización
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) destrabó la elección por voto popular de ministros de Suprema Corte, magistrados y jueces, al aprobar una acción declarativa para que el Instituto Nacional Electoral (INE) continúe con la elección judicial e ignore las 140 suspensiones decretadas por jueces.
“Es constitucionalmente inviable detener la implementación de los procedimientos electorales a cargo del INE, en tanto exista norma que constitucionalmente le imponga dicha atribución y mandato”, se lee en la declaratoria.
El proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña fue aprobado con los votos a favor de la magistrada presidenta de la Sala Superior, Mónica Soto Fregoso, y el magistrado Felipe Fuentes Barrera, mientras que los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón votaron en contra al advertir que el TEPJF se extralimita en sus facultades, pues la Suprema Corte aún debe resolver consultas sobre si puede revisar la reforma judicial.
El magistrado De la Mata Pizaña defendió su proyecto y explicó que el artículo 41 de la Constitución establece que en materia electoral no opera la suspensión de los actos de la autoridad, pues durante “el proceso electoral todo es urgente y suspender un proceso electoral es contrario a lo que dice expresamente la Constitución”.
La magistrada Janine Otálora se pronunció por aplazar la discusión de la acción declarativa, hasta que la Corte “resuelva diversos asuntos de su competencia vinculados justamente con el tema de la reforma judicial y toda la serie de suspensiones que han sido ordenadas por diversos juzgados de distrito”, sin embargo, el magistrado De la Mata Pizaña afirmó que ni el máximo tribunal puede frenar una elección, pues hacerlo implicaría dejar en incertidumbre la elección judicial.
“La propia Corte no podría suspenderlo ¿ya me doy a entender?, la Corte también está obligada al cumplimiento de la Constitución, no podría suspender un proceso ni podría suspender asunto si estuviera relacionado con el proceso. Los plazos del proceso están corriendo y son urgentes y la Corte no tiene plazos para resolver, podría pasar un año o dos, así ha pasado con muchos asuntos que tienen que ver con temas electorales”, dijo.
Aunque en la acción declarativa se afirma que quedan intocadas las sentencias que ordenan la suspensión de la elección dictadas por jueces, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón advirtió que el proyecto incurre en una extralimitación de facultades al pronunciarse explícitamente sobre la validez y efectos de resoluciones dictadas por jueces de distrito y deja sin efecto las suspensiones dictadas por jueces.
“Implícitamente propone invadir la esfera competencial de otros órganos del Poder Judicial de la Federación. Si bien en la resolución formalmente se argumenta que no habrá un pronunciamiento sobre las suspensiones, en realidad termina por afectar su eficacia al declarar que es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales a cargo del INE. Esta determinación equivale materialmente a dejar sin efecto las suspensiones otorgadas por los juzgados de distrito”, dijo.
La presidenta Mónica Soto negó que se invaliden las suspensiones dictadas por jueces, pues precisó que que la acción declarativa aprobada tiene como único objetivo “eliminar la incertidumbre sobre una determinada situación jurídica para conseguir la plena certeza»
Nacional
Recibe Genaro García Luna más de 38 años de prisión por nexos con el narco
La Corte de Nueva York condenó a más de 38 años de prisión a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México durante la presidencia de Felipe Calderón, así como el pago de una multa de más de dos millones de dólares.
García Luna, de 56 años y quien fuera llamado el «súper policía» en el gobierno de Calderón, escuchó la sentencia a cargo del juez Brian Cogan —quien ya condenó a cadena perpetua a Joaquín Guzmán Loera—. Lo hizo vestido de civil con pantalones de vestir gris, un saco color azul, camisa blanca, zapatos negros y corbata.
En la sala también estaba su esposa Cristina Pereyra, quien tiene una orden de aprehensión en México por presunto lavado de dinero.
“No lo voy a sentenciar de por vida, pero por los cargos de uno al cuatro le voy dar 460 meses por cada uno; le voy a imponer dos millones de dólares por el cargo uno y después cinco años de libertad supervisada. Por el cargo cinco, falsedad de declaraciones, le voy a dar seis meses y un año de libertad supervisada”, fue el veredicto del juez Brian Cogan sobre los cinco delitos relacionados con el narcotráfico que fue culpable García Luna.
Tras dictarle la sentencia de 460 meses, el juez Brian Cogan comparó a García Luna con Joaquín El Chapo Guzmán,el líder y uno de los fundadores del cártel de Sinaloa que pasa el resto de sus días en una cárcel de Estados Unidos.
Tiene usted esa misma neblina, esa mente nublada que El Chapo. Usted dice aquí que tiene más de 30 premios, algunos dicen que fue Policía del Año. Pero señor. Esto no hace más que confirmar que fue su cortina de humo
Además, el juez dio a conocer que la defensa del exfuncionario mexicano apelará su decisión de enviarlo tras las rejas durante casi cuatro décadas y lo cuestionó debido a la «doble vida» que llevó.
García Luna, ya se engañó usted mismo, hacía pensar que usted respetaba la ley. Eso es parte de una doble vida
A la sentencia se le reducirán los casi cinco años que lleva preso en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, por lo que, de sostenerse la pena, estará hasta los 89 años tras las rejas.
El 21 de febrero de 2023, García Luna fue encontrado culpable al demostrarse sus nexos con los cárteles de Sinaloa y de Beltrán Leyva en cinco cargos: participar en una empresa delictiva continuada; conspiración para distribuir y poseer cocaína; conspiración para la importación de cocaína; conspiración para la distribución internacional de cocaína y hacer declaraciones falsas.
El exdirector de la Agencia Federal de Investigación (AFI) también fue hallado culpable de recibir millones de dólares en sobornos para ayudar al Cártel de Sinaloa a llevar a cabo actos violentos, según declaraciones de capos del narcotráfico como Sergio Villarreal Barragán El Grande, Jesús El Rey Zambada y Oscar El Lobo Nava Valencia durante el juicio en NY.
César De Castro, abogado de Genaro García Luna, había solicitado a la Corte una pena de 20 años de prisión para su cliente, ya que consideraba la petición de cadena perpetua de la Fiscalía de NY como una “sentencia extremadamente significativa y prolongada».
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