El fuero de la polémica: Congreso avanza en protección para Héctor Acosta en medio de cuestionamientos

Mientras existen señalamientos relacionados con la actuación de la Auditoría Superior del Estado, diputados de Chihuahua avanzan en una reforma para otorgar fuero constitucional a quien encabeza el organismo. Sus promotores hablan de independencia; el contexto obliga a preguntar hasta dónde termina la protección institucional y dónde podría comenzar el blindaje político.

En lugar de despejar primero todas las dudas que rodean la actuación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el Congreso de Chihuahua avanza en una reforma que colocaría a su titular bajo la protección del fuero constitucional.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales acordó elaborar en sentido positivo el dictamen para modificar el artículo 179 de la Constitución estatal e incorporar expresamente a quien ocupe la titularidad de la ASE entre los cargos contemplados por esta protección.

Actualmente ese puesto pertenece a Héctor Acosta Félix, reelecto en noviembre de 2025 para un periodo de siete años.

Los impulsores de la reforma aseguran que el objetivo es proteger la función fiscalizadora de posibles presiones, represalias o intentos de paralización institucional. El propio Acosta ha defendido públicamente esa interpretación y sostiene que la medida debe entenderse como una protección permanente para el cargo y no como un beneficio diseñado exclusivamente para él.

El argumento está sobre la mesa.

También las dudas.

Primero las controversias, después el fuero

El problema no es solamente qué pretende hacer el Congreso, sino cuándo pretende hacerlo.

De acuerdo con la información publicada por ZonaFree, José Pedro López Elías presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en la que se señalan presuntas irregularidades relacionadas con la Auditoría Forense AEF-54/2022 y se menciona a Acosta Félix entre diversos servidores públicos.

La denuncia plantea posibles conductas como abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de atribuciones, entre otras.

Eso no significa que Acosta Félix sea culpable. Una denuncia contiene acusaciones que deben ser investigadas y corresponde a las autoridades determinar si tienen sustento y si existe alguna responsabilidad.

Pero políticamente la coincidencia resulta difícil de ignorar: **mientras existen cuestionamientos que requieren respuestas, el Congreso trabaja para ampliar la protección constitucional del cargo que ocupa el funcionario señalado.

Y ahí comienza el problema.

Una auditoría que sigue levantando preguntas

La controversia tiene como uno de sus puntos centrales el refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua realizado en 2019.

ZonaFree sostiene que la auditoría forense realizada posteriormente por la ASE cuestionó aspectos de una operación que ya había sido objeto de otras revisiones y cuyo decreto de autorización fue analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La publicación también señala revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Precisamente por eso el Congreso debería exigir respuestas antes de repartir nuevas protecciones.

¿Qué elementos nuevos encontró la ASE?

¿Por qué fueron necesarias nuevas actuaciones?

¿Qué sustento tuvieron sus conclusiones?

Y si existen señalamientos sobre la manera en que se desarrolló aquella revisión, ¿no sería más urgente aclararlos antes de modificar la Constitución para proteger al titular del organismo?

El auditor también debe rendir cuentas

La ASE tiene una función fundamental: revisar cómo se utiliza el dinero público y señalar posibles irregularidades.

Pero fiscalizar a otros no coloca a nadie por encima de la fiscalización.

Quien exige transparencia debe estar dispuesto a transparentar sus propias decisiones. Quien investiga posibles irregularidades debe aceptar que sus actuaciones también pueden ser revisadas. Y quien exige rendición de cuentas a funcionarios públicos no debería quedar fuera de los mecanismos de rendición de cuentas.

Por eso el Congreso tiene una responsabilidad que va más allá de aprobar o rechazar una reforma.

Debe explicar con precisión qué efectos tendrá el fuero y qué mecanismos impedirán que una protección diseñada para garantizar independencia institucional pueda convertirse en una barrera frente a investigaciones legítimas.

¿Independencia o un escudo innecesario?

Los promotores de la iniciativa sostienen que el fuero protege al cargo y no a la persona. También argumentan que busca fortalecer la independencia de la Auditoría Superior del Estado.

Entonces deberían demostrarlo.

Porque la mejor manera de acabar con cualquier sospecha de blindaje no es pedir confianza: es establecer controles.

El Congreso podría explicar qué procedimientos seguirían siendo posibles contra el titular de la ASE, cuáles requerirían una declaración de procedencia y qué garantías existirían para evitar que la reforma obstaculice investigaciones presentes o futuras.

Mientras esas respuestas no estén suficientemente claras, la pregunta continuará persiguiendo a los diputados:

¿por qué es tan importante otorgar esta protección precisamente ahora?

No corresponde declarar culpable a Héctor Acosta Félix antes de que las autoridades resuelvan las acusaciones existentes.

Pero tampoco corresponde tratar el contexto como si no existiera.

Si el Congreso quiere fortalecer verdaderamente a la Auditoría Superior del Estado, tiene la oportunidad de acompañar cualquier protección constitucional con mayores mecanismos de transparencia, responsabilidad y vigilancia.

Porque un organismo encargado de revisar al poder también necesita contrapesos.

Y antes de levantar un nuevo escudo alrededor de quien fiscaliza a los demás, los diputados deberían responder una pregunta mucho más elemental:

¿quién vigila al auditor y cómo se garantiza que también él rinda cuentas?