Un juez federal mexicano suspendió de manera indefinida la construcción de un tramo del denominado Tren Maya, proyecto turístico insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, por no cumplir con la normativa ambiental del país, según un fallo conocido este lunes (30.05.2022).

Se otorga la «suspensión definitiva», según señala la decisión adoptada en el marco de un recurso planteado por organizaciones ambientalistas contra ese proyecto que recorre el tramo mexicano de la península de Yucatán, en el sureste, conocida por sus selvas y cenotes (pozos subterráneos de agua dulce). El magistrado ya había ordenado la suspensión provisional del mismo tramo -de 60 km- entre los balnearios turísticos de Playa del Carmen y Tulum, en la Riviera Maya, el pasado 19 de abril.

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La ONG Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, una de las demandantes, afirmó que la suspensión indefinida implica que se debe paralizar «cualquier acto que tenga como finalidad la continuación» de esa parte de la obra, de un total de 1.554 km.

La decisión, que llega tras una audiencia en la que el juez escuchó a las partes, puede ser apelada por el Gobierno en una instancia superior, pero el proceso podría tomar varios meses. López Obrador promete entregar el tren a finales de 2023.

En la resolución se advierte que FONATUR -entidad responsable del proyecto- no ha cumplido con la evaluación de impacto ambiental que debió presentar antes de iniciar la construcción y que recién comenzó a desarrollar, detalló un comunicado de la ONG. El juez en cuestión consideró que, ante el «peligro inminente» de que se causen «daños irreversibles» a los ecosistemas de la zona, se debe suspender la obra, añadió la organización.

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Ese tramo suspendido, cuya construcción está a cargo del Ejército, recorrería originalmente un paso elevado sobre la carretera entre Playa del Carmen y Tulum, en el estado de Quintana Roo, pero el trazo fue desviado hacia una zona selvática cercana.

En respuesta, FONATUR dijo en un comunicado que la obra está suspendida hasta que se resuelva el estudio con los efectos ambientales -conocido como Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)- que está actualmente en trámite ante las autoridades del ramo. FONATUR agregó que ese documento «prevé abundantes acciones de mitigación en favor del medio ambiente», por lo que consideró que una vez autorizada la MIA, el Gobierno podrá continuar con los trabajos.

Otro tramo de la obra, entre Cancún y Tulum, también fue suspendida provisionalmente por un juez el pasado 2 de mayo. Grupos críticos denuncian que el tren eléctrico afectará ríos subterráneos, cenotes y fauna silvestre. El mandatario izquierdista ha desestimado esas advertencias señalando que provienen de «pseudo-ambientalistas» ligados a grupos de interés y a opositores.

El Tren Maya es una de las obras insignia de López Obrador, junto con el recién inaugurado Aeropuerto Felipe Ángeles en el estado de México, una refinería en Tabasco (sur) y la modernización de un corredor interoceánico.

Fuente: DW.

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A fines de octubre de 2021, una de los muchos defensores medioambientales, Irma Galindo, salió de su casa, en una remota comunidad indígena del sur de México, para reunirse en la capital con autoridades de un programa estatal de protección a activistas al que pertenece, donde evaluarían las amenazas que había recibido por su labor.

Pero ella, entonces de 41 años, nunca llegó a la cita con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), que tienen a su cargo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conocido como “el Mecanismo”.

Compañeras de lucha la reportaron como desaparecida a principios de noviembre y dijeron que hay elementos suficientes para asegurar que el caso guarda relación con su lucha en contra de la tala ilegal de árboles en su natal Oaxaca, una de las actividades más lucrativas del crimen organizado en México.

Galindo sigue desaparecida y las autoridades han hecho pocos progresos en su caso. Pero su historia no es única en México.

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Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018, al menos 45 ambientalistas han sido asesinados, según cifras oficiales compartidas con Reuters, más que durante gobiernos previos, colocando a México como el segundo país más peligroso del mundo para estos activistas después de Colombia.

La cifra, sin embargo, es conservadora ya que sólo incluye a beneficiarios del Mecanismo y deja por fuera a decenas de otros ecologistas ejecutados, coincidieron activistas. Según la ONG local Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), bajo López Obrador al menos 58 ambientalistas han muerto, siendo 2021 el año más violento para la profesión con 25 asesinatos.

Los números ilustran la peligrosidad de ciertos tipos de activismo social en la gestión del mandatario, quien prometió acabar con la violencia pero va camino a tener el peor registro de crímenes violentos en la historia moderna de México.

“Cuando el Mecanismo actúa, muchas veces es demasiado tarde”, se lamentó Sara Méndez, consejera ciudadana de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca y miembro de la organización civil Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha.

Días antes de desaparecer, Galindo envió una carta a los encargados del Mecanismo asegurando que tenía “miedo de morir” y los denunció por no haberle otorgado “seguridad”.

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“Voy a dejar de esconderme para proteger mi pellejo a cambio de que el gobierno federal, las organizaciones que se dicen ecologistas y gente que dice amar la naturaleza me ayude a desarticular la mafia del poder que está matando a mi gente de la montaña”,

escribió en una carta fechada el 22 de octubre.

Un día después, mientras estaba en la capital, hombres armados irrumpieron en su comunidad, San Esteban Atatlahuca, y asesinaron a siete personas, hirieron de bala a otra y quemaron decenas de casas, según pobladores consultados por Reuters.

Algunos ambientalistas han criticado al mandatario por hacer poco para abordar el problema y hasta minimizar la importancia del activismo ambiental y los peligros de algunas de sus obras insignia, como un tren a través de la selva Maya. Pero López Obrador ha insistido en que es un “aliado” del medioambiente.

‘PODÍA ESPERAR’

Pese a que las amenazas contra Galindo no eran nuevas, ella recién entró a formar parte del Mecanismo en 2021.

El programa ofrece diversos grados de protección, desde poco más que un registro de amenazas hasta geolocalizadores para activistas o incluso guardaespaldas y asistencia para huir del país.

Desde hace cuatro años comenzó a denunciar la tala ilegal del bosque en la región mixteca, una zona que abarca 35,000 kilómetros cuadrados -un área del tamaño de Taiwán- de Guerrero y Oaxaca, así como Puebla.

Ella expuso la existencia de un aserradero que destruía el bosque, según dijo, con permisos de las autoridades. Ni la Secretaría del Medioambiente -que da las licencias para explotarlos-, ni autoridades de Oaxaca respondieron a solicitudes de información por parte de Reuters.

Entonces empezó su calvario: fue hostigada, perseguida, difamada y amenazada de muerte por parte de servidores públicos y de familiares, según denunció Galindo y la ONG Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, que la apoyaba.

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En octubre de 2019, ella acusó de “hostigamiento y persecución” a dos autoridades de San Esteban Atatlahuca.

Un mes más tarde, su casa y las de otros activistas fueron incendiadas, lo que la obligó a salir del país. Galindo responsabilizó del ataque a autoridades locales.

A pesar del riesgo, regresó a su pueblo y continuó su labor. “Volví porque yo no tengo por qué esconderme, no estoy haciendo nada malo, estoy defendiendo un bosque que beneficia a nuestras comunidades”, comentó entonces.

El tráfico de vida silvestre ha aumentado de manera notable en los últimos años en México, según reconocen autoridades, convirtiéndose en uno de los negocios ilegales más redituables de peligrosos grupos del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cártel de Sinaloa.

Pese a estos antecedentes, el caso de Galindo fue calificado por parte del Mecanismo como “ordinario”, lo que significa que “podía esperar” y que “su vida no corría peligro”, aseguró la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.

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Las fiscalías de Ciudad de México, donde ella desapareció, y de Oaxaca, donde recibió las amenazas, investigan el caso pero tras seis meses no hay avances. Activistas creen que el caso de Galindo engrosará la lista de los que quedan sin resolver.

Según cifras oficiales, de los 45 ambientalistas asesinados desde diciembre de 2018 sólo se ha dictado sentencia en dos casos, lo que supone una impunidad del 96%.

“Lamentablemente esta situación que padecemos como Estado mexicano la venimos arrastrando hace más de 15 años, más de 15 años en donde no se ha podido lograr parar el aumento de agresiones”,

confesó Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos en la Segob.

“Por más que podamos edificar un sistema efectivo de protección, mientras existan esos índices de impunidad va a ser difícil acabar con el problema”,

agregó.

ESTADO AGRESOR

Al menos el 40% de las agresiones cometidas en contra de defensores del medioambiente en México provienen de funcionarios estatales, particularmente de autoridades locales, de acuerdo a cifras oficiales.

“Hay un gran porcentaje de autoridades, sobre todo de autoridades municipales, que son las opresoras de personas defensoras, y aquí tenemos un problema grave porque, finalmente, las autoridades locales no solamente no contribuyen en la solución sino que son parte del problema”,

dijo Irazoque.

En muchos casos, aquellos funcionarios locales están coludidos con el crimen organizado. Cuando no, son asesinados como demuestran los más de 200 crímenes contra alcaldes que se han suscitado en el país desde 2004, de acuerdo a una investigación publicada en el Instituto Baker de Política Pública de la Universidad de Rice.

Actualmente, el Gobierno está dialogando con autoridades, especialistas y víctimas en busca de una nueva ley general para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con la que pretende ponerle un alto a los asesinatos.

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Sin embargo, especialistas consultados por Reuters aseguran que el cambio legal no es necesario para cumplir con el deber del Estado de defender a activistas.

“Pueden establecer cualquier ley pero si no hay voluntad política para hacer cumplir las normas establecidas y atender el estándar de protección internacional al cual México se ha obligado, la situación de las personas defensoras en México seguirá siendo la misma”,

se lamentó Luz Coral, del Cemda.

Mientras los cambios llegan, los ambientalistas mexicanos siguen en pie de lucha.

Uno de ellos es Fernando Jiménez, quien aseguró que ha recibido amenazas desde que su compañero de lucha, Tomás Rojo, fue asesinado en 2021, según familiares, por oponerse a un acueducto que alimenta a la ciudad norteña Hermosillo desde el río Yaqui, asegurando que está secando Vícam, su pequeño pueblo en el desierto de Sonora, uno de los más grandes del mundo.

Dos meses después del asesinato de Rojo, en julio, una decena de hombres, incluidos siete yaquis, fueron secuestrados por un presunto comando del crimen organizado en Sonora. Los cuerpos de cinco de ellos fueron identificados en septiembre, pero el resto siguen desaparecidos, en un caso que Jiménez cree que está relacionado con la defensa del agua.

“Sigue persistiendo el miedo, pero no la cobardía. Vamos a seguir luchando porque nos estamos quedando sin nuestros recursos naturales”, dijo Jiménez, de 55 años, en una entrevista telefónica con Reuters. “No sabemos a quién recurrir”.

Fuente: Forbes.

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El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó este miércoles (23.03.2022) a artistas como el actor Eugenio Derbez, la cantante Natalia Lafourcade o el cantante Rubén Albarrán, entre otros, por protagonizar una campaña contraria al Tren Maya, proyecto insignia del Gobierno.

Los artistas señalan en videos en redes sociales que por este proyecto que se construye en el sureste del país se estarían talando miles de árboles y afectando los ecosistemas de la zona, considerados entre los de mayor riqueza en el mundo.

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«Convencen o contratan a artistas, a pseudo ambientalistas, supuestamente preocupados por la defensa del medioambiente y empiezan una campaña en contra del Tren Maya», dijo López Obrador en su conferencia de prensa diaria. El mandatario izquierdista aseguró que sus «adversarios» estarían detrás de esta iniciativa. «Es una campaña en contra porque son muy conservadores, son ‘fifís'» (presuntuosos), sostuvo.

«No somos sus adversarios, somos mexicanos», declaró en uno de los videos Albarrán, líder de la banda Café Tacvba. Derbez advirtió de su lado que se está «destruyendo la selva» mientras que Lafourcade dijo que «ya se han talado cientos, miles de árboles».

Los videos, en los que también aparecen las actrices Kate del Castillo y Bárbara Mori, reclaman mayores estudios de impacto ambiental y que se detenga la obra en su tramo 5, donde se encuentra una extensa red de cuevas y cenotes (ríos subterráneos).

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El Tren Maya es, junto con un recién inaugurado aeropuerto y una refinería en construcción, uno de los magnos proyectos lanzados por López Obrador luego de asumir la presidencia en diciembre de 2018. Será un transporte eminentemente turístico que recorrerá 1.554 km a lo largo de cuatro estados para conectar majestuosos sitios arqueológicos, exuberantes selvas y las paradisíacas playas del Caribe mexicano.

Sin embargo, el Tren Maya es rechazado por ambientalistas, algunas comunidades indígenas, opositores al Gobierno e incluso la exguerrilla del EZLN. En diciembre sumaban 25 acciones legales contra el proyecto. López Obrador ha dicho que se espera que el Tren Maya empiece a operar a finales de 2023.

Fuente: DW.

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México mantendría sus exportaciones de crudo en alrededor de 1 millón de barriles diarios para aprovechar el reciente repunte de los precios, retrasando temporalmente el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador de reducirlas a la mitad como parte de su objetivo de autosuficiencia energética, dijo una persona con conocimiento directo de la situación.

El Gobierno está revisando cómo usar los excedentes de un repunte en los precios internacionales del crudo para subsidiar los crecientes costos de la gasolina en el país, lo que probablemente retrasará su compromiso de reducir drásticamente las exportaciones, según la persona.

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En diciembre, López Obrador dijo que la petrolera estatal Pemex reducirá significativamente sus envíos al extranjero en más de la mitad a 435.000 barriles por día este año para que la compañía pueda refinar suficiente crudo en México de modo que eventualmente pueda eliminar las importaciones de combustible.

Las exportaciones de crudo de Petróleos Mexicanos, como se conoce formalmente a la empresa, ya se redujeron a 832.000 barriles por día en enero desde un promedio de 1,02 millones durante 2021.

Sin embargo, el presidente a principios de este mes insinuó algunos inconvenientes en su estrategia, que habría puesto fin a todas las exportaciones de petróleo para el próximo año, diciendo que los precios más altos del crudo resultantes de la invasión rusa a Ucrania se utilizarían para compensar el costo de las crecientes importaciones de combustible para los mexicanos.

Por su parte, la secretaria de Energía Rocío Nahle dijo la semana pasada en una entrevista con Bloomberg Linea que el Gobierno estaba reconsiderando su plan para reducir las exportaciones de petróleo después del reciente aumento del petróleo.

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Los ingresos adicionales del Gobierno por petróleo serían suficientes para subsidiar el mayor costo de los precios de la gasolina en las bombas de Pemex, según la persona. El precio del crudo de México, conocido como Maya, subió casi un 68% desde principios de diciembre a US$99,06 por barril el viernes.

Ni Pemex ni la oficina de la presidencia respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El año pasado, la Secretaría de Hacienda de México gastó 104 mil millones de pesos (alrededor de US$5.000 millones) en subsidios a la gasolina y el diésel, una cantidad que se triplicaría con creces este año si los subsidios se extienden por el resto de 2022, según un informe de la consultoría basada en riesgos EMPRA, ubicada en Ciudad de México.

A un promedio de US$90 el barril para la mezcla exportadora mexicana este año, las finanzas públicas podrían alcanzar un superávit de 170.000 millones de pesos, según la firma.

“Sin embargo, si la Administración de López Obrador continúa disminuyendo sus exportaciones mientras subsidia fuertemente los precios de la gasolina, este excedente desaparecerá rápidamente”,

escribieron los analistas de EMPRA en un informe el martes.

El plan original de López Obrador para detener todas las exportaciones de crudo fue recibido con escepticismo en ese momento, dado el deficiente historial operativo y de seguridad de Pemex. Las refinerías de la compañía han estado operando a una fracción de su capacidad durante media década después de años de inversión insuficiente y falta de mantenimiento.

Fuente: Bloomberg en Línea.

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Dos murales gigantescos, pintados en los tanques de almacenamiento de una refinería de petróleo de esta ciudad, representan a los rebeldes liderados por Sam Houston que lograron la independencia de Texas de México en la década de 1830. Esta semana esos murales pasarán a ser propiedad de la compañía petrolera nacional mexicana, que está adquiriendo el control total de la refinería.

La compra de la refinería forma parte de la apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador por una especie de independencia. En un esfuerzo por lograr la autosuficiencia energética, el presidente mexicano está haciendo grandes inversiones en la compañía petrolera estatal, poniendo un énfasis renovado en la producción de petróleo y alejándose de la energía renovable, incluso cuando algunos gigantes petroleros como BP y Royal Dutch Shell están invirtiendo más en ese sector.

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López Obrador pretende eliminar la mayor parte de las exportaciones de petróleo mexicano en los próximos dos años para que el país pueda procesar más de manera doméstica. Quiere sustituir los suministros de gasolina y diésel que el país compra actualmente a otras refinerías de Estados Unidos por combustible producido en el país o en la refinería de Deer Park, que se fabricaría con el crudo que se importará desde México. El cambio sería un salto ambicioso para Petróleos Mexicanos, la empresa comúnmente conocida como Pemex. La producción de petróleo de la empresa, comparable a la de Chevron en los últimos años, lleva más de una década cayendo, y soporta una deuda de más de 100.000 millones de dólares, la mayor de todas las empresas petroleras del mundo.

La decisión de pagar 596 millones de dólares por una participación mayoritaria en la refinería Deer Park, que se encuentra en el canal de navegación de Houston y sería la única operación importante de Pemex fuera de México, es fundamental para cumplir los planes de López Obrador de rehabilitar el sector petrolero, que lleva mucho tiempo paralizado, y establecer ocho refinerías productivas para uso mexicano. México también acordó pagar 1200 millones de dólares en deudas que Pemex y Shell deben conjuntamente como copropietarios de la refinería, que es rentable.

“Es algo histórico”, dijo López Obrador el mes pasado. En otra conferencia de prensa el año pasado, dijo: “En el 2023 vamos a estar produciendo en México las gasolinas, el diesel y vamos a ser autosuficientes, y vamos a estar constatando de que no van a aumentar los precios de los combustibles”.

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Aunque las políticas de López Obrador divergen de la creciente preocupación mundial por el cambio climático, reflejan una tentación duradera para los líderes y legisladores de todo el mundo: sustituir las fuentes de energía importadas por combustibles de producción nacional. Además, los puestos de trabajo generalmente bien remunerados que proporcionan las industrias del petróleo y otros combustibles fósiles son políticamente populares en toda América Latina, África y países industrializados como Estados Unidos.

En la década de 1930, el gobierno mexicano se hizo cargo de las operaciones de Royal Dutch Shell al sur de la frontera al nacionalizar toda la industria petrolera que en ese entonces era dominada por extranjeros. Ahora López Obrador está dispuesto a dar un paso más, al tomar el control total de una gran refinería de petróleo de Shell.

La compra se ha tornado más significativa porque sucede en un suburbio industrial que se autodenomina “la cuna de Texas”, donde los rebeldes marcharon al campo de batalla de San Jacinto para derrotar al ejército mexicano, acontecimiento que se conmemora en los murales de la refinería. El campo de batalla está a ocho kilómetros de las instalaciones petroleras.

Es difícil sobrestimar la conexión entre el petróleo y la política en México, donde el día en que se nacionalizó el petróleo, el 18 de marzo, es una fiesta nacional. El crudo proporciona al gobierno mexicano un tercio de sus ingresos, y Pemex es uno de los mayores empleadores del país, con unos 120.000 trabajadores.

López Obrador procede del estado petrolero de Tabasco, y el poderoso sindicato de Pemex es una parte crucial de su base política. Se postuló con la plataforma de reconstruir la empresa, y ha aumentado su presupuesto de producción, además de recortar los impuestos que paga y revertir los esfuerzos de su predecesor para reestructurar su monopolio sobre la producción de petróleo en el país.

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Cuando asumió el cargo hace tres años, López Obrador comenzó a deshacer los cambios realizados en 2013 en la Constitución de México para abrir la industria del petróleo y el gas a la inversión privada y extranjera. También está presionando para revertir las reformas eléctricas que su predecesor, Enrique Peña Nieto, puso en marcha para aumentar el uso de parques eólicos y solares financiados por el sector privado y alejarse de las centrales eléctricas estatales alimentadas por petróleo y carbón.

Los expertos en energía afirman que México está retrocediendo en el compromiso que adquirió hace una década, bajo el mandato del presidente Felipe Calderón, de generar más de un tercio de su energía a partir de fuentes limpias para 2024. Ahora México produce poco más de una cuarta parte de su energía a partir de fuentes renovables.

“Están recurriendo a combustibles más pesados en vez de usar combustibles más ligeros”, dijo David Goldwyn, un alto funcionario de energía del Departamento de Estado en el gobierno de Barack Obama. “Prácticamente todas las empresas extranjeras —Ford, Walmart, GE, todas las que operan allí— tienen ahora su propio objetivo de cero emisiones netas. Si no pueden acceder a la energía limpia, México se convierte en un lastre”.

El gobierno de López Obrador ha dicho que combatirá el cambio climático al invertir en energía hidroeléctrica y reforestación.

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Muchas de las iniciativas del presidente mexicano son cuestionadas por los legisladores de la oposición y la comunidad empresarial. Pero López Obrador puede hacer mucho por su cuenta. Tiene previsto gastar 8000 millones de dólares en un proyecto para construir una refinería de petróleo en el estado de Tabasco, y más de 3000 millones de dólares más para modernizar seis refinerías.

La compra de la refinería de Deer Park es fundamental para sus planes porque el complejo de Tabasco no estará terminado hasta 2023 o 2024 y no producirá suficiente gasolina, diésel y otros combustibles para satisfacer todas las necesidades de México.

Shell, que opera la refinería de Deer Park, es desde hace tiempo socia de Pemex y está vendiendo su participación en parte para satisfacer a los inversores preocupados por el cambio climático que quieren que el gigante petrolero invierta más en energías renovables e hidrógeno.

Bajo la propiedad mexicana, la refinería continuará con su práctica de usar petróleo crudo mexicano, pero probablemente venderá más de la gasolina y otros combustibles que produce a México.

En el futuro, según algunos expertos en energía, Pemex también podría utilizar la refinería de Deer Park para procesar petróleo de otros países que también producen los tipos de crudo pesado que se extraen en México.

“Creo que es un buen negocio y tiene lógica para Pemex”, dijo Tom Kloza, jefe global de análisis energético de Oil Price Information Service, quien señaló que Deer Park podría procesar petróleo venezolano si Estados Unidos levantara las sanciones contra ese país.

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Los cambios en la política mexicana solo tendrían un impacto modesto y temporal en las refinerías estadounidenses, que pueden sustituir el petróleo mexicano por crudo de Colombia, Brasil, Arabia Saudita y Canadá. Las refinerías podrían perder hasta medio millón de barriles diarios de ventas de combustible para transporte a México, pero los expertos en energía dicen que las refinerías podrían encontrar otros mercados.

Guy Hackwell, director general del complejo de Deer Park, dijo que “las mejores prácticas se mantendrán”. Y afirmó que “la gran mayoría de la fuerza de trabajo se presentará en el mismo puesto al día siguiente del acuerdo”.

En cuanto a los murales, una portavoz de Pemex, Jimena Alvarado, dijo: “Nunca quitaríamos un mural histórico”.

Los residentes de Deer Park, en el corazón del complejo petroquímico del Golfo de México, dicen sentirse seguros de que los habitantes locales dirigirán la planta y Shell seguirá siendo propietaria de una planta química contigua.

“Los números de teléfono seguirán siendo los mismos para saber con quién nos ponemos en contacto en caso de emergencia y seguiremos teniendo las mismas personas y relaciones, así que me siento bien al respecto”,

dijo Jay Stokes, administrador de la ciudad de Deer Park.

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Pero algunos expertos en energía dijeron que el enfoque de López Obrador sobre la energía, incluyendo la compra de la refinería, desperdiciaría valiosos recursos del gobierno que podrían ser utilizados para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire local. También hay dudas de que México pueda construir suficiente capacidad de refinación para cumplir los objetivos del presidente.

Jorge Piñón, expresidente de Amoco Oil de México, dijo que lo más probable es que México no pueda beneficiarse inmediatamente de la reducción de las exportaciones de crudo y del procesamiento de sus propios combustibles puesto que el negocio de las refinerías suele tener bajos márgenes de beneficio, especialmente en América Latina.

Dijo que las refinerías mexicanas no podían igualar a las estadounidenses en el manejo del crudo pesado mexicano con alto contenido de azufre. Los combustibles mexicanos fabricados con petróleo pesado causaban graves problemas de contaminación atmosférica en muchas ciudades antes de que el país comenzara a importar gasolina y diésel estadounidenses de combustión más limpia en los últimos 20 años.

Al exportar menos petróleo, es casi seguro que México también utilizará más para la generación de energía nacional, lo que potencialmente desplazará la generación solar y eólica y producirá más contaminación atmosférica y emisiones de gases de efecto invernadero.

“Sus decisiones nacionalistas tendrán un impacto negativo en el cambio climático”, dijo Piñon. “Está regresando a los años treinta”.

Pero López Obrador no se disculpa. “El petróleo es el mejor negocio del mundo”, dijo en una conferencia de prensa en mayo.

Fuente: The New York Times.

La entrada México apuesta por el petróleo y compra una refinería en Texas se publicó primero en México 24 siete.

En las conferencias que ofrece cada mañana desde Palacio Nacional, en sus viajes a lo largo y ancho del país, en su reunión con el enviado de Estados Unidos para el cambio climático. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se ha cansado de repetir en los últimos meses que la gran apuesta de su Gobierno para cumplir con sus compromisos ambientales es la energía hidroeléctrica, “la más barata y limpia”. Desde entonces, los expertos han dado un paso al frente para contradecir esa afirmación: es tres veces más cara que la solar y la eólica, y cada vez se considera menos limpia por sus emisiones de metano, su impacto sobre los ecosistemas y su dependencia de un recurso escaso: el agua.

Pero, ante todo, lo que ponen en duda es la idea de que las hidroeléctricas puedan aumentar su generación lo suficiente como para alcanzar la meta del 35% de energías limpias para 2024 que se ha propuesto México. El año pasado, esas centrales produjeron menos del 9% del total. Rosanety Barrios, analista independiente del sector, explica que la inmensa mayoría de las hidroeléctricas de México están controladas por la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y fueron construidas entre los años 60 y 80, por lo que son bastante anticuadas.

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“El planteamiento del presidente es modernizar lo que se pueda, que es esencialmente las turbinas. Pero la mejoría que puedes obtener no va más allá del 10% en la eficiencia”,

asegura la experta.

Hasta ahora, el plan de la CFE no contempla construir nuevas presas, por la fuerte oposición social que se han encontrado en las últimas décadas. Paso de la Reina, Las Cruces, Chicoasén II… la lista de nuevas hidroeléctricas que se han visto frenadas por el rechazo de la población es larga.

Por ello, lo que la empresa estatal ha anunciado es un plan de inversión de 20.000 millones de pesos (1.000 millones de dólares) para rehabilitar nueve centrales y construir otras tres sobre presas ya existentes, principalmente en Sonora y Sinaloa. Pero la propia CFE ha reconocido que esos planes aportarán, cuando mucho, un aumento de 1.860 gigavatios por hora al año, lo que representa un 0,6% de la generación eléctrica total de México. Muy lejos de lo que necesita el país para llegar a su meta del 35% de energías limpias, que actualmente rondan el 25%.

¿Verdaderamente verdes?

Los límites a los que se enfrentan este tipo de plantas no son únicamente tecnológicos. El cambio climático está haciendo más frecuentes y prolongadas las sequías en el país y, cuando escasea el agua, el consumo humano y agrícola son prioritarios.

“Si nos toca un año de poca lluvia, el agua ahí almacenada se tiene que cuidar para los seres humanos. Si hay un intento de violación de esas reglas, hay que preocuparse mucho de lo que pueda pasar con el consumo humano”,

advierte Barrios.

Por otro lado, al igual que las sequías son más prolongadas, las lluvias torrenciales son más habituales como consecuencia del calentamiento global, lo que puede llevar al desbordamiento de presas, como pasó en Tula en septiembre pasado. Ese mes, la generación hidroeléctrica alcanzó un pico del 16% del total del país.

“Pero pensar que se puede mantener ese mismo nivel durante todo el año o inclusive duplicarlo, como ha dicho el presidente, es cien por ciento imposible”.

De hecho, en enero, uno de los meses en los que menos llueve, las hidroeléctricas generan alrededor del 4%.

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Como una pescadilla que se muerde la cola, las plantas hidroeléctricas no solo se ven afectadas por el cambio climático, sino que también contribuyen a empeorar esa crisis, señala Astrid Puentes, exdirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Al momento de su construcción, se deforestan grandes extensiones de territorio para crear los embalses -lo que libera CO2 a la atmósfera- y se afectan los ecosistemas y la forma de vida de la población al desviar el cauce del río.

Además, la materia orgánica que queda inundada en las presas entra en un estado de descomposición y va emitiendo metano, uno de los gases más poderosos de efecto invernadero.

“Antes de decidir rehabilitar las hidroeléctricas que ya existen, México debería hacer una buena evaluación de qué alternativas hay hoy, no en los años 70. Hoy, en el siglo XXI, la hidroeléctrica sale perdiendo frente a la solar y la eólica en términos de impactos sociales, climáticos y ambientales”,

dice la abogada.

El trasfondo: la reforma eléctrica

Víctor Ramírez, doctor en ciencias por la UNAM y vocero de la Plataforma México, Clima y Energía, cree que el empuje por las hidroeléctricas del Gobierno no es más que retórica política. Porque el asunto de fondo es, desde su punto de vista, la reforma eléctrica que está empujando contra viento y marea el presidente. La propuesta busca modificar la Constitución para devolverle a la CFE el poderío perdido, entregando el control del 54% de la generación, muy por encima del 38% actual, y dejando el 46% restante para los privados.

“Si se quiere alcanzar ese 54% no lo van a poder hacer solamente con las hidroeléctricas. Van a tener que hacerlo con sus plantas termoeléctricas y de carbón”,

dice Ramírez.

Según la propuesta, las hidroeléctricas serían las primeras en la fila para despachar su energía, limitada por la disponibilidad de agua, y las siguientes a la cola serían las centrales convencionales de la CFE, que operan con combustibles fósiles como combustóleo, gas y carbón. Por lo tanto, dice el experto, parece difícil que esa reforma no implique un aumento considerable en las emisiones de gases de efecto invernadero del país.

Otro mito que quiere desmontar es que la energía hidroeléctrica es la más barata. Según datos de la Comisión Reguladora de Energía, cuesta 1.211 pesos por megavatio/hora, casi tres veces más que los 377 pesos de la solar y eólica, en manos de empresas privadas. ¿Por qué es tanto más cara? “Porque, entre otras cosas, el agua es un bien limitado que tiene un precio, a diferencia del sol o el viento”. Por ello, actualmente las primeras energías que se despachan son la solar y la eólica: porque son las más baratas.

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Pero para Mario Morales, coordinador de planeación de la CFE, la situación actual “no es competencia sino despojo”, porque relega a un segundo plano a las plantas de la estatal, más caras y contaminantes. En entrevista con EL PAÍS, el funcionario defiende el plan de rehabilitación de las hidroeléctricas, aunque reconoce su carácter limitado, y enfatiza que “lo más importante es que aumentará la vida útil de las plantas otros 50 años”.

Preguntado sobre la posibilidad de reactivar la construcción del polémico proyecto hidroeléctrico de Chiacoasén II, en Chiapas, Morales confirma que está en sus planes y asegura que los detalles se darán a conocer en las próximas semanas. La idea preocupa a Sandra Moguel, abogada ambientalista que ha acompañado la lucha de pobladores contra varias hidroeléctricas en México, como la que se propuso en 2014 para Nayarit, conocida como Las Cruces.

La presa se hubiera instalado sobre el río San Pedro Mezquital, considerado sagrado por los indígenas cora de la región. Los impactos tenían un sinfín de ramificaciones: miles de familias desplazadas para inundar el terreno, comunidades pescadoras afectadas por la represa del río, uno de los principales humedales de México sin el alimento esencial para sus manglares. El movimiento de lucha en contra de Las Cruces y una riada de amparos frenaron el proyecto, pero la abogada recuerda que la CFE sigue contando con los permisos de construcción y operación.

“Las comunidades están bastante temerosas de este plan de reactivar a las hidroeléctricas como una actividad fundamental de la generación de energía. Se nos han acercado a preguntar, ¿qué va a pasar con nosotros?”,

dice.

No ha podido más que responderles que, de aprobarse la reforma que impulsa el presidente, la posibilidad de que se vuelvan a reactivar estos proyectos no se puede descartar.

Fuente: El País.

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Los cinco eurodiputados que visitan estos días México perciben “incertidumbre” por la polémica reforma eléctrica que impulsa el Gobierno, advirtió este viernes Massimiliano Smeriglio, jefe de la delegación y copresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta México-UE.

”Sobre el acuerdo y la cuestión energética, en la escucha que hemos hecho, ya sea de nuestras embajadas o de nuestras empresas europeas, hemos sinceramente registrado un clima de incertidumbre, y para nosotros el tema de la reforma energética es un tema sensible”, manifestó en rueda de prensa.

El objetivo de la visita “es implementar y llegar a la ratificación del Acuerdo Global y Comercial entre la Unión Europea (UE) y México”, manifestó Smeriglio.

Pero el parlamentario italiano reconoció que, además del acuerdo, la reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador “concentró la atención de su visita”.

La iniciativa constitucional busca limitar a 46 por ciento la participación de los privados en la generación de electricidad de México, desaparecer los reguladores autónomos y priorizar el despacho de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las renovables de privados.

López Obrador ha denunciado un “saqueo” de las empresas privadas y extranjeras, e incluso ha señalado por nombre a españolas e italianas. Aun así, cuestionado por EFE, Smeriglio rechazó que hubiese “hostilidad” contras las compañías europeas.

”Nosotros no percibimos hostilidad porque, si no, no estaríamos aquí. Percibimos problemas y percibimos también una voluntad, al menos difusa, de querer afrontar estos problemas. No siempre, no en todos los encuentros que tuvimos”, manifestó.

“El Gobierno mexicano tiene toda la legitimidad de cambiar las reglas, pero el tema es que a veces es complicado imaginar los mecanismos de retroactividad”, comentó.

A pesar de estas cuestiones, Smeriglio aclaró que la reforma eléctrica “absolutamente no” condiciona la modernización del Acuerdo Global, cuya negociación cerró en 2020, pero aún no se ha ratificado. Incluso, comentó que su intención es “acelerar” su firma.

”Nosotros debemos llegar a la firma del Acuerdo Global y Comercial lo antes posible, esa es nuestra voluntad, y también es la voluntad registrada en los encuentros públicos del Gobierno mexicano y los parlamentarios”, sostuvo.

Ante la insistencia de la prensa, Smeriglio indicó que la reforma eléctrica “no tiene que ver” con el acuerdo, sino con la relación más amplia entre México y la Unión Europea, pero también mencionó que el acuerdo se ocupa de derechos humanos, de los Acuerdos de París sobre la sustentabilidad ambiental y de las reglas sobre el libre comercio.

”Sería una pérdida, una tragedia para todas, constatar la dificultad o la imposibilidad de tener una relación estratégica con México”, expresó.

Fuente: El Financiero.

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La leña sirve para dejar claro que México llega a la COP26 en Glasgow con retos del siglo XXI, pero también con asuntos no resueltos del siglo XIX. Hablamos de transición energética y asumimos que tiene que ver con el paso de hidrocarburos a renovables, pero todavía tenemos que resolver la colocación del punto final a la leña y el carbón.

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La delegación mexicana que asiste a Escocia a la COP26 llega con muy poco que presumir en materia de combate y mitigación al cambio climático. México es uno de los 15 mayores emisores de gases efecto invernadero y uno de los 12 países más vulnerables a los efectos del cambio climático. A pesar de esto, es notable la ausencia de un esfuerzo proporcional a nuestra importancia y nuestra vulnerabilidad.

¿Será México capaz de cumplir con sus compromisos en materia de reducción de emisiones? En París, en 2015, nos comprometimos a bajar para el 2030 en 22% los gases de efecto invernadero y en 51% la eliminación de carbono negro. De entonces a la fecha han pasado muchas cosas que han hecho crecer la conciencia de los riesgos asociados al cambio climático: hemos vivido sequías en el norte, inundaciones en las costas, incendios en los bosques y se ha agudizado el estrés hídrico que padecemos.

En sentido contrario, hemos visto cómo desapareció el Fondo para el Cambio Climático y se reduce el presupuesto dedicado a rubros medioambientales. En sentido contrario a las tendencias mundiales, el programa sectorial de energía 2020-2024 apuesta con entusiasmo por los combustibles fósiles. La CFE ha incrementado su consumo de combustóleo y carbón para producir electricidad. Pemex refuerza su apuesta por las energías fósiles. No ha dado un solo paso para convertirse en una empresa relevante en renovables, algo que están haciendo las mayores petroleras del mundo.

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La delegación mexicana en la COP26 en Escocia está encabezada por dos mujeres, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Martha Delgado y la Secretaria de Semarnat, María Luisa Albores. A ellas les tocará dar a conocer la posición oficial de nuestro país. No la tienen fácil porque van con las manos vacías a un evento en el que casi todos los países de referencia estarán anunciando mayores compromisos en materia de reducción de emisiones.

Estados Unidos está de regreso, después de cuatro años de indiferencia y/o hostilidad al tema medioambiental con Trump. China ha dejado de poner pretextos y ahora aspira a ser el líder mundial en economía verde. Europa mantiene y refuerza su compromiso para lograr emisiones cero en el 2050, pero queda claro que hay una resistencia creciente de países como Polonia.

La estrategia del gobierno mexicano en Glasgow se enfocará en evitar que se hable de la política energética actual y en tratar de avivar la discusión sobre los apoyos financieros de los países desarrollados al resto del mundo. Estos recursos permitirían intensificar los esfuerzos de mitigación de los efectos del cambio climático y acelerar la reducción de emisiones. Si hubiera apoyos internacionales, dijo el canciller Ebrard, México podría reducir hasta 36% sus emisiones de gases de efecto invernadero y hasta 75% las de carbono.

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¿Podrá México evitar los cuestionamientos sobre el impacto medioambiental de nuestra política energética… Podrá conseguir recursos internacionales? Se ve complicado, pero con la administración Biden nunca se sabe. Hace una semana, respaldaba Sembrando Vida  y en esta semana da a conocer un documento del Departamento de Energía. En él se advierte sobre el incremento de emisiones de hasta 65% en gases que tendría la reforma eléctrica que México prepara. ¿Crecerá la presión de Estados Unidos sobre México en medio ambiente? ¿Cómo reaccionará AMLO… Podrá el bombero Ebrard con esta nueva encomienda?

Fuente: El Economista.

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El Gobierno mexicano prometió esta mañana acelerar sus metas climáticas tras la visita del día anterior de John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el clima.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que México presentará un informe con los compromisos ambientales actualizados en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que ocurrirá en Glasgow, Escocia, a partir del 1 de noviembre.

“Fue un buen encuentro, nos pusimos de acuerdo, (el canciller) Marcelo Ebrard tiene la encomienda de elaborar una propuesta con compromisos que formalmente va a presentar México en la cumbre del cambio climático”,

expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina.

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Kerry visitó este lunes el sureste de México para observar el programa Sembrando Vida, con el que se han reforestado 1 millón de hectáreas al apoyar a más de medio millón de personas, según el Gobierno.

Ni el canciller ni el presidente aclararon si EU prometió apoyar la extensión del programa en Centroamérica, como pretende López Obrador con el argumento de mitigar la ola migratoria que afronta la región.

“¿Cuál es el punto al que se llegó? Tanto México como Estados Unidos vamos a trabajar juntos para acelerar las contribuciones que podamos hacer para reducir las emisiones de gas metano, para cumplir con todas las metas que nos hemos propuesto”,

respondió Ebrard.

El secretario de Relaciones Exteriores anunció el compromiso de México de reducir en 22% la emisión de gases de efecto invernadero y en 51% las emisiones de carbono.

Aunque no precisó una fecha para alcanzar los objetivos, aseguró que López Obrador “no ha querido que los compromisos se hagan a plazos muy largos” porque solo “acaban en declaraciones políticas”.

“El presidente acordó para 2022 el poder ampliar incluso las metas, sobre la base de la seriedad, insisto, no en plantear objetivos que le correspondan a otros gobiernos, sino empezar desde ahora”,

sostuvo el canciller.

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En la visita, Kerry aplaudió el plan de reforestación de México, pero invitó al país a virar su economía hacia las “cero emisiones” de dióxido de carbono al apostar por la energía eólica y solar.

Ebrard expuso que “México va a participar junto con Estados Unidos” en la economía verde, porque el resultado del encuentro “es una cercanía, un acuerdo, un compartir metas y objetivos”, aunque “cada quien de acuerdo a sus posibilidades”.

“México y Estados Unidos van a ver también cómo podemos desarrollar juntos nuevas iniciativas y financiar también o encontrar el financiamiento adecuado para lo que va a ser la economía verde”, detalló.

Antes, en la misma conferencia, López Obrador defendió otra vez su reforma eléctrica, con la que pretende limitar a 46% la participación privada en la generación de electricidad y fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE), relegando las plantas eólicas y solares de los privados.

Fuente: Forbes.

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