Gobierno
México, el calvario de los defensores ambientales
Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018, al menos 45 defensores ambientales han sido asesinados, según cifras oficiales.
A fines de octubre de 2021, una de los muchos defensores medioambientales, Irma Galindo, salió de su casa, en una remota comunidad indígena del sur de México, para reunirse en la capital con autoridades de un programa estatal de protección a activistas al que pertenece, donde evaluarían las amenazas que había recibido por su labor.
Pero ella, entonces de 41 años, nunca llegó a la cita con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), que tienen a su cargo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conocido como “el Mecanismo”.
Compañeras de lucha la reportaron como desaparecida a principios de noviembre y dijeron que hay elementos suficientes para asegurar que el caso guarda relación con su lucha en contra de la tala ilegal de árboles en su natal Oaxaca, una de las actividades más lucrativas del crimen organizado en México.
Galindo sigue desaparecida y las autoridades han hecho pocos progresos en su caso. Pero su historia no es única en México.
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Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018, al menos 45 ambientalistas han sido asesinados, según cifras oficiales compartidas con Reuters, más que durante gobiernos previos, colocando a México como el segundo país más peligroso del mundo para estos activistas después de Colombia.
La cifra, sin embargo, es conservadora ya que sólo incluye a beneficiarios del Mecanismo y deja por fuera a decenas de otros ecologistas ejecutados, coincidieron activistas. Según la ONG local Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), bajo López Obrador al menos 58 ambientalistas han muerto, siendo 2021 el año más violento para la profesión con 25 asesinatos.
Los números ilustran la peligrosidad de ciertos tipos de activismo social en la gestión del mandatario, quien prometió acabar con la violencia pero va camino a tener el peor registro de crímenes violentos en la historia moderna de México.
“Cuando el Mecanismo actúa, muchas veces es demasiado tarde”, se lamentó Sara Méndez, consejera ciudadana de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca y miembro de la organización civil Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha.
Días antes de desaparecer, Galindo envió una carta a los encargados del Mecanismo asegurando que tenía “miedo de morir” y los denunció por no haberle otorgado “seguridad”.
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“Voy a dejar de esconderme para proteger mi pellejo a cambio de que el gobierno federal, las organizaciones que se dicen ecologistas y gente que dice amar la naturaleza me ayude a desarticular la mafia del poder que está matando a mi gente de la montaña”,
escribió en una carta fechada el 22 de octubre.
Un día después, mientras estaba en la capital, hombres armados irrumpieron en su comunidad, San Esteban Atatlahuca, y asesinaron a siete personas, hirieron de bala a otra y quemaron decenas de casas, según pobladores consultados por Reuters.
Algunos ambientalistas han criticado al mandatario por hacer poco para abordar el problema y hasta minimizar la importancia del activismo ambiental y los peligros de algunas de sus obras insignia, como un tren a través de la selva Maya. Pero López Obrador ha insistido en que es un “aliado” del medioambiente.
‘PODÍA ESPERAR’
Pese a que las amenazas contra Galindo no eran nuevas, ella recién entró a formar parte del Mecanismo en 2021.
El programa ofrece diversos grados de protección, desde poco más que un registro de amenazas hasta geolocalizadores para activistas o incluso guardaespaldas y asistencia para huir del país.
Desde hace cuatro años comenzó a denunciar la tala ilegal del bosque en la región mixteca, una zona que abarca 35,000 kilómetros cuadrados -un área del tamaño de Taiwán- de Guerrero y Oaxaca, así como Puebla.
Ella expuso la existencia de un aserradero que destruía el bosque, según dijo, con permisos de las autoridades. Ni la Secretaría del Medioambiente -que da las licencias para explotarlos-, ni autoridades de Oaxaca respondieron a solicitudes de información por parte de Reuters.
Entonces empezó su calvario: fue hostigada, perseguida, difamada y amenazada de muerte por parte de servidores públicos y de familiares, según denunció Galindo y la ONG Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, que la apoyaba.
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En octubre de 2019, ella acusó de “hostigamiento y persecución” a dos autoridades de San Esteban Atatlahuca.
Un mes más tarde, su casa y las de otros activistas fueron incendiadas, lo que la obligó a salir del país. Galindo responsabilizó del ataque a autoridades locales.
A pesar del riesgo, regresó a su pueblo y continuó su labor. “Volví porque yo no tengo por qué esconderme, no estoy haciendo nada malo, estoy defendiendo un bosque que beneficia a nuestras comunidades”, comentó entonces.
El tráfico de vida silvestre ha aumentado de manera notable en los últimos años en México, según reconocen autoridades, convirtiéndose en uno de los negocios ilegales más redituables de peligrosos grupos del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cártel de Sinaloa.
Pese a estos antecedentes, el caso de Galindo fue calificado por parte del Mecanismo como “ordinario”, lo que significa que “podía esperar” y que “su vida no corría peligro”, aseguró la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.
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Las fiscalías de Ciudad de México, donde ella desapareció, y de Oaxaca, donde recibió las amenazas, investigan el caso pero tras seis meses no hay avances. Activistas creen que el caso de Galindo engrosará la lista de los que quedan sin resolver.
Según cifras oficiales, de los 45 ambientalistas asesinados desde diciembre de 2018 sólo se ha dictado sentencia en dos casos, lo que supone una impunidad del 96%.
“Lamentablemente esta situación que padecemos como Estado mexicano la venimos arrastrando hace más de 15 años, más de 15 años en donde no se ha podido lograr parar el aumento de agresiones”,
confesó Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos en la Segob.
“Por más que podamos edificar un sistema efectivo de protección, mientras existan esos índices de impunidad va a ser difícil acabar con el problema”,
agregó.
ESTADO AGRESOR
Al menos el 40% de las agresiones cometidas en contra de defensores del medioambiente en México provienen de funcionarios estatales, particularmente de autoridades locales, de acuerdo a cifras oficiales.
“Hay un gran porcentaje de autoridades, sobre todo de autoridades municipales, que son las opresoras de personas defensoras, y aquí tenemos un problema grave porque, finalmente, las autoridades locales no solamente no contribuyen en la solución sino que son parte del problema”,
dijo Irazoque.
En muchos casos, aquellos funcionarios locales están coludidos con el crimen organizado. Cuando no, son asesinados como demuestran los más de 200 crímenes contra alcaldes que se han suscitado en el país desde 2004, de acuerdo a una investigación publicada en el Instituto Baker de Política Pública de la Universidad de Rice.
Actualmente, el Gobierno está dialogando con autoridades, especialistas y víctimas en busca de una nueva ley general para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con la que pretende ponerle un alto a los asesinatos.
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Sin embargo, especialistas consultados por Reuters aseguran que el cambio legal no es necesario para cumplir con el deber del Estado de defender a activistas.
“Pueden establecer cualquier ley pero si no hay voluntad política para hacer cumplir las normas establecidas y atender el estándar de protección internacional al cual México se ha obligado, la situación de las personas defensoras en México seguirá siendo la misma”,
se lamentó Luz Coral, del Cemda.
Mientras los cambios llegan, los ambientalistas mexicanos siguen en pie de lucha.
Uno de ellos es Fernando Jiménez, quien aseguró que ha recibido amenazas desde que su compañero de lucha, Tomás Rojo, fue asesinado en 2021, según familiares, por oponerse a un acueducto que alimenta a la ciudad norteña Hermosillo desde el río Yaqui, asegurando que está secando Vícam, su pequeño pueblo en el desierto de Sonora, uno de los más grandes del mundo.
Dos meses después del asesinato de Rojo, en julio, una decena de hombres, incluidos siete yaquis, fueron secuestrados por un presunto comando del crimen organizado en Sonora. Los cuerpos de cinco de ellos fueron identificados en septiembre, pero el resto siguen desaparecidos, en un caso que Jiménez cree que está relacionado con la defensa del agua.
“Sigue persistiendo el miedo, pero no la cobardía. Vamos a seguir luchando porque nos estamos quedando sin nuestros recursos naturales”, dijo Jiménez, de 55 años, en una entrevista telefónica con Reuters. “No sabemos a quién recurrir”.
Fuente: Forbes.
Economía
Inflación en México: Un Reto para el Gobierno, Empresas y Trabajadores
La inflación de 2023 se sitúa en 4.76%, generando incertidumbre y oportunidades en un entorno económico global volátil.
En 2023, la inflación en México alcanzó un nivel de 4.76%, un dato que, si bien está dentro de los márgenes esperados, mantiene en alerta a diversos sectores del país. El gobierno, las empresas y la clase trabajadora observan con detenimiento los movimientos económicos a nivel global, conscientes de que cualquier variación podría tener efectos significativos en la economía nacional.
El fenómeno de la inflación tiene un impacto dual en la economía. Para las empresas, una inflación moderada puede traducirse en un incremento en los precios de sus productos, lo que potencialmente mejora sus márgenes de ganancia. Sin embargo, si la inflación se dispara, también podría elevar los costos de producción, afectando su competitividad y capacidad de inversión. De igual manera, los trabajadores enfrentan el desafío de mantener su poder adquisitivo, ya que un aumento en los precios sin un ajuste salarial proporcional podría deteriorar su calidad de vida.
El gobierno mexicano ha adoptado una postura de vigilancia constante para mantener la inflación en niveles controlados. A través de diversas políticas monetarias y fiscales, se ha buscado evitar un desbalance que afecte de manera desproporcionada a las empresas o a los trabajadores. La meta es lograr un equilibrio que permita un crecimiento económico sostenido, sin que la inflación represente una carga excesiva para ninguno de los sectores.
En un contexto de incertidumbre económica global, la inflación en México se convierte en un indicador crucial para la toma de decisiones tanto a nivel gubernamental como empresarial. El reto es mantener un entorno económico estable, donde tanto las empresas como los trabajadores puedan adaptarse y prosperar a pesar de los desafíos que presenta la inflación.
Gobierno
AMLO, Sheinbaum y gobernadores de la 4T cierran filas para el próximo gobierno
El presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo se reunieron en privado la noche del jueves en un hotel del Centro Histórico con gobernadores electos y en funciones del partido Morena.
Al encuentro también asistieron legisladores en funciones y electos, funcionarios y ex funcionarios de Morena, como el ex canciller y próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el ex secretario de Gobernación y próximo senador Adán Augusto López y Ricardo Monreal líder de los morenistas en el Senado. Este último dijo, tras preguntarle por el tono del encuentro, que se acordó mantener “discreción” sobre los temas que se trataron.
Sin embargo, poco después gobernadores asistentes a la reunión, como: Delfina Gómez del Estado de México, Alfredo Ramírez Bedolla de Michoacán y, Alfonso Durazo de Sonora, indicaron que el presidente López Obrador les pidió respaldar a la próxima presidenta de México.
La próxima gobernadora de Veracruz y ex secretaria de Energía, Rocío Nahle expuso que fue una plática muy tranquila y agregó que siempre han cerrado filas con Claudia Sheinbaum, “somos un movimiento transformador de unidad”, remarcó.
En este sentido, Bedolla Ramírez dijo que el presidente “nos pidió que sigamos entregados a la Presidenta Claudia Sheinbaum, dando soluciones y resultados”.
También comentaron que la próxima presidenta Sheinbaum Pardo les pidió “dar soluciones” a los mexicanos.
Asimismo, los gobernadores coincidieron en que el encuentro se trató de una cena de trabajo donde hubo buen ánimo y en la que analizaron el avance que tiene el proyecto de nación.
Al encuentro también acudieron los gobernadores Américo Villarreal de Tamaulipas; Layda Sansores de Campeche; el gobernador electo de Yucatán, Joaquín “Huacho” Díaz; la aspirante a gobernadora en Jalisco Claudia Delgadillo; Clara Brugada, jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México y, Martí Batres, el actual jefe de Gobierno capitalino.
Además estuvieron: la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; el presidente nacional de Morena, Mario Delgado y su secretaria general, Citlali Hernández, entre otros.
El cónclave morenista se da justo el mismo día en que en San Lázaro iniciaron los foros para discutir la iniciativa de reforma del Poder Judicial de la Federación del presidente Andrés Manuel López que pretende destituir a los ministros, jueces y magistrados de esta soberanía, para elegir a unos nuevos, a través de voto popular.
Ciudad de México
Tensión en la CDMX: La Preferencia por Omar García Harfuch Frente a Clara Brugada Revela Fracturas Internas
Claudia Santillana, reconocida analista política, ha manifestado su preocupación por la elección de Clara Brugada como la candidata para liderar la Ciudad de México, especialmente destacando la falta de una buena relación con Claudia Sheinbaum, posible futura presidenta de México. Según Santillana, Omar García Harfuch habría sido una opción más adecuada dada su cercanía y sintonía con Sheinbaum.
Santillana argumenta que García Harfuch proporciona un sentido de «estabilidad, seguridad y protección» que Brugada no parece ofrecer. En sus palabras, Brugada «nada más estorba», lo que sugiere un claro rechazo a su capacidad para trabajar eficazmente con Sheinbaum en caso de que esta última gane la presidencia. La comentarista también señaló que es difícil imaginar a Sheinbaum gestionando las complejidades de la capital en colaboración con Brugada, sugiriendo que tendría una relación más fluida incluso con miembros de la oposición que con la propia Brugada.
Esta falta de sinergia se ve agravada por episodios en los que Brugada ha intentado, sin mucho éxito, acercarse y ganarse el favor de Sheinbaum. Santillana describe estas situaciones como Brugada «mendigando amor y atención», una imagen que poco ayuda a la percepción pública de la candidata de Morena. Además, la analista resalta cómo Brugada, a pesar de tener un fuerte arraigo en Iztapalapa, no logra conectar fuera de su bastión, lo que limita su capacidad para atraer apoyo en otras áreas de la Ciudad de México.
Por otro lado, García Harfuch, con su perfil y experiencia en seguridad, podría, según Santillana, atraer un apoyo más amplio y efectivo, no solo en términos de seguridad sino en la gestión administrativa de la ciudad. Este análisis refleja una clara preferencia por un candidato que podría complementar y cooperar más efectivamente con las potenciales políticas de Sheinbaum, algo que la crítica considera esencial para una gestión eficaz de la Ciudad de México.
Este escenario expone una fractura significativa dentro de Morena y sugiere desafíos potenciales para la gobernabilidad y unidad del partido, especialmente en un momento crucial donde la coordinación y cohesión interna son más necesarias que nunca para enfrentar los retos de una de las ciudades más grandes y complejas del mundo.
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