En un comunciado, el organismo detalló que busca esclarecer las presuntas acciones de represión atribuidas a elementos de la Secretaría de Seguridad estatal.

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ejerce su facultad de atracción para investigar los hechos ocurridos el pasado 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco, en los que personas defensoras de derechos humanos y activistas se manifestaban por el derecho al agua potable y habrían sido víctimas de actos de represión”, se lee en el documento.

Señaló que su intervención busca garantizar unaindagatoria expedita, imparcial y con perspectiva de derechos humanos. También pidió a las autoridades de Jaliscoinvestigar las detenciones y las presuntas agresiones, además de sancionar a quienes resulten responsables.

“Este organismo nacional hace un respetuoso pero enérgico llamado a las autoridades estatales para que investiguen lo sucedido, esclarezcan las circunstancias en que ocurrieron las detenciones y las presuntas agresiones, y castiguen a los responsables”.

El organismo nacional solicitó que las autoridades estatales adopten medidas para impedir el uso arbitrario o desproporcionado de la fuerza contra quienes participen en protestas.

La CNDH sostuvo queha seguido los hechos desde que ocurrieron,ante el riesgo de que estas prácticas se repitan o se normalicen.

“La CNDH ha dado seguimiento a estos acontecimientos desde el primer momento, alertada por la posibilidad de que estas prácticas represivas se repitan y se normalicen”, agregó.

De acuerdo con el comunicado, entre las personas que se encontraban en la movilizaciónhabía niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, además de que hay reportes sobre personas lesionadas, presuntas detenciones arbitrarias, malos tratos e incomunicación de personas detenidas.

“Preocupa grandemente a este organismo nacional que, de acuerdo con la información difundida, se encontraban niñas, niños y adolescentes, así como personas adultas mayores ejerciendo su libre derecho a la manifestación pacífica”, puntualizó.

Afirmó que la protesta social forma parte del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, por lo que no debe provocar represalias ni actuaciones arbitrarias de las autoridades.

“La protesta social constituye una expresión legítima del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación”.

El organismo sostiene que ninguna autoridad puede usar sus atribuciones para impedir mediante violencia o uso de la fuerza el ejercicio de derechos fundamentales. Para ello cita la Recomendación General 46/2022, emitida sobre episodios históricos de represión del Estado y garantías de no repetición.

“Ninguna autoridad puede utilizar sus atribuciones para impedir, mediante la violencia o el uso de la fuerza, el ejercicio de derechos fundamentales como los que en estos hechos se presumen violentados”.

Destacó que entró en comunicación con laComisión Estatal de Derechos Humanos Jaliscopara coordinar las acciones posteriores a la atracción del caso y desplegó personal de su Oficina Regional en Jalisco y de la Quinta Visitaduría General para atender directamente a las personas afectadas.

“Hemos desplegado ya personal de la Oficina Regional en Jalisco, así como de la Quinta Visitaduría General, con la finalidad de atender directamente a las personas que fueron afectadas de manera física y vulneradas en sus derechos más elementales”.

La CEDHJ, por su parte, emitió dos medidas cautelares a partir del acta de investigación 41/2026. Una fue dirigida a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para brindar acompañamiento a manifestantes detenidos, sus familias y elementos policiales heridos durante el enfrentamiento.

“Se implementen acciones para brindar acompañamiento integral a las personas manifestantes detenidas y a sus familiares”.

La segunda medida cautelar fue dirigida a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco. La Comisión estatal pide acciones que garanticen la integridad jurídica y la libre manifestación en los hechos derivados de la protesta del 11 de octubre.

“Se implementen acciones que garanticen la integridad jurídica y la libre manifestación en todos los sucesos que se deriven de los hechos ocurridos el 11 de octubre de 2026”.

Sheinbaum pide investigar quién dio la orden

La presidentaClaudia Sheinbaumreveló que le pidió a la CNDH realizar una investigación profunda sobre los hechos ocurridos en Jalisco, al sostener que no puede permitirse la tortura ni la represión por parte de fuerzas de seguridad.

“No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco y lo que denuncias hoy”, dijo en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Tras ser cuestionada un día antes sobre las denuncias relacionadas con Jalisco, indicó que le solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe sobre los acusaciones por el uso de chorros de agua, gases lacrimógenos y de tortura contra jóvenes en la marcha.

En este sentido, precisó que también pide que la CNDH entreviste a las víctimas y determine cómo ocurrieron los hechos e identifique quién dio la orden y con ello, se determinen responsabilidades.

““No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco y lo que denuncias hoy. Además de el uso de chorros de agua, de gases lacrimógenos, el tema de la tortura a los jóvenes es algo que tiene que desaparecer en nuestro país. No puede ser que una fuerza del orden torture a ninguna persona y menos en una detención.

“Pues tanto en el caso de Jalisco, ayer le pedí a la secretaria de Gobernación, tiene que hacer una investigación muy profunda la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué, eh…? Que entreviste a las víctimas y que haya responsables. ¿Cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes? ”, puntualizó.

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En un comunciado, el organismo detalló que busca esclarecer las presuntas acciones de represión atribuidas a elementos de la Secretaría de Seguridad estatal.

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ejerce su facultad de atracción para investigar los hechos ocurridos el pasado 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco, en los que personas defensoras de derechos humanos y activistas se manifestaban por el derecho al agua potable y habrían sido víctimas de actos de represión”, se lee en el documento.

Señaló que su intervención busca garantizar unaindagatoria expedita, imparcial y con perspectiva de derechos humanos. También pidió a las autoridades de Jaliscoinvestigar las detenciones y las presuntas agresiones, además de sancionar a quienes resulten responsables.

“Este organismo nacional hace un respetuoso pero enérgico llamado a las autoridades estatales para que investiguen lo sucedido, esclarezcan las circunstancias en que ocurrieron las detenciones y las presuntas agresiones, y castiguen a los responsables”.

El organismo nacional solicitó que las autoridades estatales adopten medidas para impedir el uso arbitrario o desproporcionado de la fuerza contra quienes participen en protestas.

La CNDH sostuvo queha seguido los hechos desde que ocurrieron,ante el riesgo de que estas prácticas se repitan o se normalicen.

“La CNDH ha dado seguimiento a estos acontecimientos desde el primer momento, alertada por la posibilidad de que estas prácticas represivas se repitan y se normalicen”, agregó.

De acuerdo con el comunicado, entre las personas que se encontraban en la movilizaciónhabía niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, además de que hay reportes sobre personas lesionadas, presuntas detenciones arbitrarias, malos tratos e incomunicación de personas detenidas.

“Preocupa grandemente a este organismo nacional que, de acuerdo con la información difundida, se encontraban niñas, niños y adolescentes, así como personas adultas mayores ejerciendo su libre derecho a la manifestación pacífica”, puntualizó.

Afirmó que la protesta social forma parte del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, por lo que no debe provocar represalias ni actuaciones arbitrarias de las autoridades.

“La protesta social constituye una expresión legítima del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación”.

El organismo sostiene que ninguna autoridad puede usar sus atribuciones para impedir mediante violencia o uso de la fuerza el ejercicio de derechos fundamentales. Para ello cita la Recomendación General 46/2022, emitida sobre episodios históricos de represión del Estado y garantías de no repetición.

“Ninguna autoridad puede utilizar sus atribuciones para impedir, mediante la violencia o el uso de la fuerza, el ejercicio de derechos fundamentales como los que en estos hechos se presumen violentados”.

Destacó que entró en comunicación con laComisión Estatal de Derechos Humanos Jaliscopara coordinar las acciones posteriores a la atracción del caso y desplegó personal de su Oficina Regional en Jalisco y de la Quinta Visitaduría General para atender directamente a las personas afectadas.

“Hemos desplegado ya personal de la Oficina Regional en Jalisco, así como de la Quinta Visitaduría General, con la finalidad de atender directamente a las personas que fueron afectadas de manera física y vulneradas en sus derechos más elementales”.

La CEDHJ, por su parte, emitió dos medidas cautelares a partir del acta de investigación 41/2026. Una fue dirigida a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para brindar acompañamiento a manifestantes detenidos, sus familias y elementos policiales heridos durante el enfrentamiento.

“Se implementen acciones para brindar acompañamiento integral a las personas manifestantes detenidas y a sus familiares”.

La segunda medida cautelar fue dirigida a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco. La Comisión estatal pide acciones que garanticen la integridad jurídica y la libre manifestación en los hechos derivados de la protesta del 11 de octubre.

“Se implementen acciones que garanticen la integridad jurídica y la libre manifestación en todos los sucesos que se deriven de los hechos ocurridos el 11 de octubre de 2026”.

Sheinbaum pide investigar quién dio la orden

La presidentaClaudia Sheinbaumreveló que le pidió a la CNDH realizar una investigación profunda sobre los hechos ocurridos en Jalisco, al sostener que no puede permitirse la tortura ni la represión por parte de fuerzas de seguridad.

“No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco y lo que denuncias hoy”, dijo en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Tras ser cuestionada un día antes sobre las denuncias relacionadas con Jalisco, indicó que le solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe sobre los acusaciones por el uso de chorros de agua, gases lacrimógenos y de tortura contra jóvenes en la marcha.

En este sentido, precisó que también pide que la CNDH entreviste a las víctimas y determine cómo ocurrieron los hechos e identifique quién dio la orden y con ello, se determinen responsabilidades.

““No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco y lo que denuncias hoy. Además de el uso de chorros de agua, de gases lacrimógenos, el tema de la tortura a los jóvenes es algo que tiene que desaparecer en nuestro país. No puede ser que una fuerza del orden torture a ninguna persona y menos en una detención.

“Pues tanto en el caso de Jalisco, ayer le pedí a la secretaria de Gobernación, tiene que hacer una investigación muy profunda la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué, eh…? Que entreviste a las víctimas y que haya responsables. ¿Cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes? ”, puntualizó.

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•⁠ ⁠Los esquemas uniformes pueden perder valor cuando no responden a las distintas etapas de vida, prioridades financieras y composiciones familiares de los colaboradores.

•⁠ ⁠El valor de los seguros y programas de beneficios, cuentan para evaluar una eventual oferta laboral y no limitar la comparación únicamente al sueldo base.

La diversidad generacional ya forma parte de la realidad laboral en México. Por ejemplo, las plantillas de empleo en nuestro país son cada vez más diversas. En una misma organización pueden convivir colaboradores que priorizan el ahorro para el retiro, personas que buscan protección para sus familias y generaciones más jóvenes interesadas en flexibilidad, capacitación, bienestar y objetivos financieros de corto plazo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, al cierre de 2025 el país registró 59.8 millones de personas ocupadas. Al agruparlas por edad, alrededor de 26% tiene entre 15 y 29 años, 45% entre 30 y 49 años, y 29% de 50 años o más. Esta convivencia de distintas etapas de vida dentro del mercado laboral refuerza la necesidad de que las empresas revisen si sus esquemas de beneficios responden realmente a prioridades y requerimientos que pueden ser muy diferentes entre sus colaboradores.

“Las necesidades cambian dependiendo del sector, la generación, la etapa de vida y la propia composición familiar de los colaboradores. Por eso, los esquemas tradicionales, diseñados para satisfacer a la mayoría, pueden dejar fuera necesidades particulares de una parte de la población”, explicó Ana María Montes, Directora de Proyectos Estratégicos de Lockton México.

Un mismo esquema, distintas prioridades

Lockton observa diferencias relevantes entre generaciones, momentos y estilos de vida. Para trabajadores de mayor edad suelen adquirir especial relevancia temas como la salud, el ahorro para el retiro y la protección a largo plazo. Entre millennials cobran peso aspectos tales como el ahorro de mediano plazo, los gastos médicos, la protección financiera y la flexibilidad laboral; mientras que entre integrantes de la generación Z destacan el ahorro de corto y mediano plazo, el balance de vida, la capacitación y beneficios vinculados con actividad física y bienestar.

La diversidad, sin embargo, no se limita a la edad. Las estructuras familiares y los estilos de vida también se han modificado. No todos los colaboradores tienen cónyuge o hijos, algunos viven con sus padres, otros se encuentran en concubinato o integran núcleos familiares distintos a los contemplados tradicionalmente en los planes corporativos; “de ahí que para atender la diversidad e inclusión de la población en las compañías es necesario migrar hacia esquemas flexibles que permitan adaptarse a estas realidades”, señaló Montes.

Para Lockton, flexibilizar los beneficios no implica necesariamente elevar el presupuesto. Una alternativa es revisar los programas que la organización ya ofrece y determinar cuáles pueden incrementarse, reducirse o intercambiarse, de acuerdo con las necesidades del colaborador, en lugar de sumar beneficios que sólo satisfacen a una parte de los colaboradores. Esto permite evitar que la empresa invierta en programas con bajo valor percibido y ayuda a orientar los recursos hacia opciones que respondan mejor a las diversas necesidades de los colaboradores.

Por ejemplo, un fondo de ahorro puede ser muy atractivo para ciertos grupos, pero un colaborador joven que aún está formando un fondo de emergencia o ahorrando para una meta de corto plazo puede valorar de manera distinta el descuento que implica participar en ese esquema. Algo similar puede ocurrir con los planes de retiro, servicios médicos, actividad física u otras prestaciones.

Medir el uso: una oportunidad para maximizar la inversión

“Si una empresa invierte en un beneficio que los colaboradores no conocen, no utilizan o no consideran relevante, el retorno sobre esa inversión se verá afectado. Por eso es indispensable medir qué eligen las personas, qué utilizan y entender por qué algunos programas tienen mayor o menor adopción”, afirmó Montes.

En este sentido, escuchar directamente a los colaboradores se vuelve fundamental. Encuestas, focus groups y análisis de uso o de participación permiten identificar qué beneficios responden mejor a cada segmento de la plantilla laboral y detectar cuáles deben modificarse, sustituirse o comunicarse de una manera más clara y efectiva.

La flexibilidad también exige una estrategia de comunicación más profunda. Los colaboradores necesitan comprender qué beneficios tienen, cuánto invierte la empresa en ellos, qué opciones pueden elegir y cómo utilizarlas de mejor manera. A su vez, las organizaciones deben considerar que las diversas generaciones puedan informarse a través de canales acordes con las mejores interacciones, a fin de facilitar que los mensajes lleguen a ellos de la mejor manera posible.

Un mayor conocimiento de la compensación total puede contribuir al engagement. Cuando una persona entiende el valor de sus programas de salud, planes de ahorro y demás beneficios, cuenta con más elementos para evaluar una eventual oferta laboral y no limitar la comparación únicamente al sueldo base.

“Lo primero es conocer a tu población: cuáles son sus necesidades, sus estilos y momentos de vida; qué es lo que más valoran. A partir de ahí se puede determinar el nivel de flexibilidad de la remuneración”, concluyó Ana María Montes.

La entrada REPLANTEAN LAS EMPRESAS SUS ESTRATEGIAS DE BENEFICIOS se publicó primero en México 24 siete.

La competencia entre instituciones prendarias tomó un rumbo que comienza a generar cuestionamientos sobre la congruencia entre la responsabilidad social y las estrategias comerciales utilizadas para atraer clientes, particularmente después de la reapertura de Nacional Monte de Piedad.

En este contexto, Fundación Dondé puso en circulación una campaña que utiliza frases relacionadas con el engaño, el abandono y la desconfianza, acompañadas de referencias a relaciones de pareja. Entre los mensajes destaca la expresión “te miente y te sigue cobrando”, además de alusiones a alguien que estuvo ausente durante un año.

Aunque la publicidad evita mencionar expresamente a Nacional Monte de Piedad, su difusión coincide con el regreso de esta institución a las actividades, después de un prolongado conflicto laboral que mantuvo cerradas sus sucursales.

Las referencias permiten interpretar que la campaña busca establecer una relación entre aquella interrupción de operaciones y una supuesta falta de compromiso con los clientes.

La publicidad forma parte de la competencia y cada institución tiene derecho a utilizar recursos creativos para posicionarse. Sin embargo, existe una diferencia importante entre destacar las cualidades propias y construir mensajes que sugieren conductas deshonestas de un competidor, más aún cuando se trata de organizaciones cuya razón de ser está vinculada con la asistencia social.

Las instituciones de asistencia privada reguladas por la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México tienen una responsabilidad que trasciende la operación cotidiana de sus servicios. Su actividad está asociada con principios de solidaridad, confianza y atención a personas que enfrentan necesidades económicas.

Por ello, resulta contradictorio que una organización con esa vocación recurra a mensajes que pueden interpretarse como un intento de beneficiarse de las dificultades que enfrentó otra institución del mismo sector.

Durante el periodo de cierre de Nacional Monte de Piedad hubo miles de clientes que tuvieron que esperar para recuperar sus prendas o resolver operaciones pendientes. También hubo trabajadores y familias afectados por la prolongación del conflicto.

Esa situación difícilmente puede reducirse a una broma publicitaria sobre alguien que desapareció y pretende regresar sin dar explicaciones. El uso de ese tipo de referencias puede resultar atractivo desde la perspectiva de una campaña de mercadotecnia, pero deja abierta una discusión sobre los límites que deberían observar las organizaciones que se presentan ante la sociedad como instituciones comprometidas con el bienestar de las personas.

La confianza del público no se construye únicamente con mensajes institucionales o declaraciones de principios. También depende de las decisiones que se toman al comunicar, competir y relacionarse con otros participantes del mercado.

Nacional Monte de Piedad enfrenta ahora el desafío de recuperar plenamente su relación con los clientes y demostrar con hechos su capacidad de respuesta. Pero ese reto no elimina la responsabilidad que tienen sus competidores de actuar con prudencia y respeto.

La reapertura debería representar una oportunidad para fortalecer al sector y recuperar la confianza de los usuarios, no para convertir una crisis laboral en una herramienta de confrontación publicitaria.

La entrada FUNDACIÓN DONDÉ, BAJO CUESTIONAMIENTO POR CAMPAÑA PUBLICITARIA TRAS REAPERTURA DE MONTE DE PIEDAD se publicó primero en México 24 siete.

El escrito solicita considerar esos antecedentes y los controles institucionales antes de resolver la protección constitucional del auditor.

Las denuncias presentadas ante instancias federales son otro de los ejes de la carta que José Pedro López Elías entregó al Congreso de Chihuahua para su consideración durante el análisis de la propuesta de fuero para el titular de la Auditoría Superior del Estado.

El representante de López Elías Finanzas Públicas, S.C., refiere denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Comisión de Vigilancia de la ASF. Según expone, esas denuncias se relacionan con presuntas irregularidades en la auditoría forense sobre el refinanciamiento de la deuda estatal.

El documento cuestiona la revisión de operaciones de 2019 y 2020 dentro de la fiscalización correspondiente a 2022. López Elías plantea que deben examinarse los fundamentos de esa decisión y las diferencias respecto de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores de revisión.

La carta incorpora antecedentes de fiscalización estatal y federal, así como solicitudes de audiencia y actuaciones judiciales. El consultor busca que ese conjunto sea valorado por los diputados al estudiar la reforma a la fracción I del artículo 179 de la Constitución de Chihuahua.

Su planteamiento sitúa el debate más allá de la protección del cargo: pide considerar los mecanismos que permiten investigar responsabilidades en el ejercicio de la función fiscalizadora. En ese marco, presenta las denuncias federales como información relevante para la deliberación del Congreso.

La existencia de esas denuncias, conforme al propio objeto del escrito, no constituye una petición para que los legisladores determinen culpabilidades. López Elías precisa que la investigación y la resolución de responsabilidades corresponden a las autoridades ministeriales, jurisdiccionales y de control competentes.

El cierre de su solicitud apunta a una revisión conjunta de protección institucional y rendición de cuentas. Antes de resolver sobre el fuero, pide examinar los antecedentes expuestos y las medidas de control aplicables al titular del organismo fiscalizador de Chihuahua.

Con información de zonafree.mx

La entrada Denuncias federales contra actuaciones de la ASE llegan al debate sobre el fuero se publicó primero en México 24 siete.

El grupo cuestiona la participación de los trabajadores en las asambleas y pide mayor claridad sobre el destino de las cuotas sindicales en GM Silao.

Las diferencias internas dentro de SINTTIA en General Motors Silao no se limitan a los resultados salariales. Movimiento Azul también ha cuestionado la forma en que se ejerce la representación sindical y el nivel de participación de los trabajadores en las decisiones del sindicato.

Uno de los principales puntos señalados es la participación de los afiliados en las asambleas. Movimiento Azul refiere que en la reunión del 16 de agosto participaron 311 trabajadores y contrasta esta cifra con el número de afiliados que atribuye a SINTTIA, planteando dudas sobre el nivel de involucramiento de la base sindical.

Para el movimiento, la representación sindical debe permitir que los trabajadores conozcan, discutan y cuestionen los resultados obtenidos por su organización.

Otro frente de inconformidad está relacionado con las finanzas sindicales. Movimiento Azul demanda mayor transparencia sobre el destino de las cuotas aportadas por los trabajadores y señala montos de aproximadamente 760 mil pesos en capacitación y 2 millones 347 mil pesos en representación.

El grupo considera que los afiliados deben contar con información clara sobre cómo se utilizan estos recursos y qué beneficios concretos reciben a cambio de sus aportaciones.

A los cuestionamientos de participación y transparencia se agregan los reclamos sobre los resultados del contrato colectivo, particularmente el incremento salarial de 1%, la falta de avances en la recuperación salarial y el bono que Movimiento Azul considera necesario para los trabajadores.

De esta manera, las críticas del movimiento abarcan dos dimensiones: por un lado, los resultados laborales y económicos obtenidos por SINTTIA; por otro, la forma en que se representa a los afiliados y se administran los recursos sindicales.

En esencia, Movimiento Azul exige mayor participación de los trabajadores, transparencia financiera y resultados más concretos en materia salarial y laboral.

Estos señalamientos corresponden al posicionamiento de Movimiento Azul y representan la postura de este grupo dentro de SINTTIA; las cifras y acusaciones mencionadas requerirían documentación independiente para ser corroboradas.

La entrada Representación y transparencia, entre las principales quejas de Movimiento Azul contra SINTTIA se publicó primero en México 24 siete.

Lockton México celebró la 12a. edición de su ya tradicional carrera, teniendo como marco la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Ahí se vivió una jornada que convocó a colaboradores, clientes, aliados comerciales y familias en torno a la actividad física y el compromiso con la comunidad.

“La respuesta de corredores, patrocinadores y aliados comerciales demuestra lo que podemos lograr cuando sumamos esfuerzos alrededor de un propósito común. Esta carrera nos permite transformar una experiencia de convivencia en apoyo concreto para quienes más lo necesitan”, señaló Bernardo Arroyo, CEO de Lockton México.

Los participantes recorrieron distancias de 3, 6 y 12 kilómetros, con salida y meta sobre Avenida de los Compositores, a un costado de la Fuente de Xochipilli. La prueba de 3 kilómetros tuvo un carácter recreativo y estuvo abierta a personas de todas las edades, incluso familias con carriolas y bebés en brazos, lo que logró crear una atmósfera por demás familiar.

La carrera contó con el respaldo de 18 patrocinadores de los sectores asegurador y afianzador, y 3 de ellos en especie, cuya participación contribuyó en ampliar el alcance de la iniciativa y a fortalecer la colaboración entre Lockton y sus aliados comerciales.

Parte de los recursos recaudados serán destinados a Centro SUMA, organización que brinda atención integral e interdisciplinaria a niñas, niños y adolescentes con labio y/o paladar hendido. Sus servicios pueden incluir intervenciones quirúrgicas, atención dental, terapia de lenguaje, nutrición, apoyo emocional y acompañamiento a las familias.

La otra parte apoyará el trabajo de FOSSVI en el Hogar San Vicente, una residencia permanente para mujeres adultas mayores de escasos o nulos recursos económicos. La institución ofrece hogar, cuidados de salud y acompañamiento para favorecer su bienestar, autonomía y calidad de vida.

Con esta edición, la Carrera Lockton sumó doce años de entrega y compromiso, a la vez de consolidar un espacio que integra deporte, convivencia y responsabilidad social. Entre los colaboradores de Lockton que dieron su mejor esfuerzo destacó la presencia de Marcela Flores, Ana María Montes y Héctor Medina, entre otros.

Fuente: Redacción

La entrada SE LLEVÓ A CABO LA 12A. CARRERA LOCKTON se publicó primero en México 24 siete.

La preocupación no es menor: una firma acompañada de datos personales o copias de documentos puede representar un riesgo si termina en manos equivocadas.

Para dimensionar el peligro, basta imaginar un caso como el siguiente: una persona es abordada para participar en una supuesta rifa. Le prometen que puede ganar una importante cantidad de dinero y le aseguran que únicamente necesita llenar un formato y firmarlo.

“Me dijeron que era solamente para registrarme en la rifa. No leí todo porque me aseguraron que era un requisito y que no pasaba nada. Tiempo después comenzaron los problemas”, podría relatar una víctima en una situación de este tipo.

La sorpresa llegaría después, cuando al acudir a una institución bancaria descubriera movimientos o trámites que asegura nunca haber realizado.

“Me enteré de que habían utilizado mis datos en un trámite relacionado con un préstamo. Yo nunca fui a solicitarlo. Lo único que recordaba haber firmado era aquel papel de la supuesta rifa”, continuaría el testimonio hipotético.

Un escenario todavía más delicado sería descubrir que los datos o documentos entregados fueron utilizados para intentar colocar a la persona como aval, obligado solidario o participante en algún compromiso financiero que nunca tuvo intención de aceptar.

Precisamente por eso, especialistas y autoridades suelen recomendar no entregar firmas, identificaciones, comprobantes, datos bancarios o información personal a desconocidos sin verificar primero quién solicita la información y con qué finalidad.

¡OJO, MEXICALI! Si te prometen dinero, regalos o premios y para recibirlos o participar te exigen firmar un documento, no firmes sin leer absolutamente todo. Mucho menos entregues fotografías de tu INE, comprobantes de domicilio, estados de cuenta o información bancaria.

Si ya firmaste algún documento y posteriormente detectas créditos, cuentas o movimientos que no reconoces, comunícate directamente con la institución financiera correspondiente y busca orientación ante las autoridades competentes.

No permitas que la emoción de un supuesto premio te haga entregar algo tan importante como tu firma y tus datos personales.

La entrada ¡Cuidado, Mexicali! Una firma en supuestas rifas podría meterte en problemas se publicó primero en México 24 siete.

El Movimiento Azul de SINTTIA cuestionó nuevamente la actuación de la representación sindical en General Motors Silao, al señalar una serie de pendientes que, de acuerdo con su posicionamiento, continúan sin resolverse para los trabajadores.

Uno de los principales reclamos está relacionado con el incremento salarial de 1% contemplado en el CCT 2026-2028, que representa aproximadamente 7.40 pesos diarios. Movimiento Azul considera que este aumento resulta insuficiente frente a la demanda de una recuperación salarial y plantea la necesidad de obtener mejores condiciones económicas para los trabajadores.

El grupo también señala que permanece pendiente un programa de recuperación salarial que, según su documento, debía presentarse durante julio de 2026. A su vez, cuestiona que el compromiso relacionado con la implementación de la Ley Silla tampoco se haya concretado.

Otro de los puntos señalados es la ausencia de un bono económico, ante lo cual Movimiento Azul plantea como exigencia un pago equivalente al PTU de 2025 mientras se alcanza una recuperación salarial.

El posicionamiento también aborda temas relacionados con la seguridad y atención médica. En particular, menciona el caso de un trabajador identificado como Martín Olvera y señala que habría transcurrido un periodo de aproximadamente 40 minutos antes de recibir atención médica. El movimiento utiliza este caso para demandar mejores condiciones de atención y seguridad para los trabajadores.

En el terreno financiero, Movimiento Azul pide mayor transparencia sobre el uso de las cuotas sindicales. El documento menciona gastos de aproximadamente 760 mil pesos en capacitación y 2 millones 347 mil pesos en representación, y plantea que los afiliados deben contar con mayor información sobre el destino de estos recursos.

El grupo también cuestiona el nivel de participación registrado en la asamblea del 16 de agosto, en la que, según su informe, participaron 311 trabajadores.

A partir de estos señalamientos, Movimiento Azul establece cuatro exigencias principales: recuperación salarial inmediata, un bono equivalente al PTU de 2025, cumplimiento de la Ley Silla y transparencia en las finanzas sindicales.

Los planteamientos corresponden al posicionamiento difundido por Movimiento Azul y representan la postura de este grupo dentro de SINTTIA.

La entrada Movimiento Azul cuestiona a SINTTIA por pendientes laborales y exige resultados en GM Silao se publicó primero en México 24 siete.

En lugar de despejar primero todas las dudas que rodean la actuación de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el Congreso de Chihuahua avanza en una reforma que colocaría a su titular bajo la protección del fuero constitucional.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales acordó elaborar en sentido positivo el dictamen para modificar el artículo 179 de la Constitución estatal e incorporar expresamente a quien ocupe la titularidad de la ASE entre los cargos contemplados por esta protección.

Actualmente ese puesto pertenece a Héctor Acosta Félix, reelecto en noviembre de 2025 para un periodo de siete años.

Los impulsores de la reforma aseguran que el objetivo es proteger la función fiscalizadora de posibles presiones, represalias o intentos de paralización institucional. El propio Acosta ha defendido públicamente esa interpretación y sostiene que la medida debe entenderse como una protección permanente para el cargo y no como un beneficio diseñado exclusivamente para él.

El argumento está sobre la mesa.

También las dudas.

Primero las controversias, después el fuero

El problema no es solamente qué pretende hacer el Congreso, sino cuándo pretende hacerlo.

De acuerdo con la información publicada por ZonaFree, José Pedro López Elías presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en la que se señalan presuntas irregularidades relacionadas con la Auditoría Forense AEF-54/2022 y se menciona a Acosta Félix entre diversos servidores públicos.

La denuncia plantea posibles conductas como abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de atribuciones, entre otras.

Eso no significa que Acosta Félix sea culpable. Una denuncia contiene acusaciones que deben ser investigadas y corresponde a las autoridades determinar si tienen sustento y si existe alguna responsabilidad.

Pero políticamente la coincidencia resulta difícil de ignorar: **mientras existen cuestionamientos que requieren respuestas, el Congreso trabaja para ampliar la protección constitucional del cargo que ocupa el funcionario señalado.

Y ahí comienza el problema.

Una auditoría que sigue levantando preguntas

La controversia tiene como uno de sus puntos centrales el refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua realizado en 2019.

ZonaFree sostiene que la auditoría forense realizada posteriormente por la ASE cuestionó aspectos de una operación que ya había sido objeto de otras revisiones y cuyo decreto de autorización fue analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La publicación también señala revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Precisamente por eso el Congreso debería exigir respuestas antes de repartir nuevas protecciones.

¿Qué elementos nuevos encontró la ASE?

¿Por qué fueron necesarias nuevas actuaciones?

¿Qué sustento tuvieron sus conclusiones?

Y si existen señalamientos sobre la manera en que se desarrolló aquella revisión, ¿no sería más urgente aclararlos antes de modificar la Constitución para proteger al titular del organismo?

El auditor también debe rendir cuentas

La ASE tiene una función fundamental: revisar cómo se utiliza el dinero público y señalar posibles irregularidades.

Pero fiscalizar a otros no coloca a nadie por encima de la fiscalización.

Quien exige transparencia debe estar dispuesto a transparentar sus propias decisiones. Quien investiga posibles irregularidades debe aceptar que sus actuaciones también pueden ser revisadas. Y quien exige rendición de cuentas a funcionarios públicos no debería quedar fuera de los mecanismos de rendición de cuentas.

Por eso el Congreso tiene una responsabilidad que va más allá de aprobar o rechazar una reforma.

Debe explicar con precisión qué efectos tendrá el fuero y qué mecanismos impedirán que una protección diseñada para garantizar independencia institucional pueda convertirse en una barrera frente a investigaciones legítimas.

¿Independencia o un escudo innecesario?

Los promotores de la iniciativa sostienen que el fuero protege al cargo y no a la persona. También argumentan que busca fortalecer la independencia de la Auditoría Superior del Estado.

Entonces deberían demostrarlo.

Porque la mejor manera de acabar con cualquier sospecha de blindaje no es pedir confianza: es establecer controles.

El Congreso podría explicar qué procedimientos seguirían siendo posibles contra el titular de la ASE, cuáles requerirían una declaración de procedencia y qué garantías existirían para evitar que la reforma obstaculice investigaciones presentes o futuras.

Mientras esas respuestas no estén suficientemente claras, la pregunta continuará persiguiendo a los diputados:

¿por qué es tan importante otorgar esta protección precisamente ahora?

No corresponde declarar culpable a Héctor Acosta Félix antes de que las autoridades resuelvan las acusaciones existentes.

Pero tampoco corresponde tratar el contexto como si no existiera.

Si el Congreso quiere fortalecer verdaderamente a la Auditoría Superior del Estado, tiene la oportunidad de acompañar cualquier protección constitucional con mayores mecanismos de transparencia, responsabilidad y vigilancia.

Porque un organismo encargado de revisar al poder también necesita contrapesos.

Y antes de levantar un nuevo escudo alrededor de quien fiscaliza a los demás, los diputados deberían responder una pregunta mucho más elemental:

¿quién vigila al auditor y cómo se garantiza que también él rinda cuentas?

La entrada El fuero de la polémica: Congreso avanza en protección para Héctor Acosta en medio de cuestionamientos se publicó primero en México 24 siete.