Mientras la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se enfrenta a señalamientos por usar sus investigaciones como herramienta de presión, su titular, Abelardo “El Bayo” Valenzuela, vuelve a exhibir la selectividad y el oportunismo que marcan su gestión.

La investigación que huele a consigna

El nombre de Abelardo Valenzuela volvió a los titulares tras anunciar que su Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación por la renuncia de la jueza María Cristina Berjes Cardoso, quien dejó su cargo para asumir una secretaría de sala. Aunque el hecho, en apariencia administrativo, fue presentado como un acto de transparencia, detrás del anuncio muchos vieron una jugada política: un expediente abierto en el momento exacto en que el poder judicial chihuahuense se encuentra dividido por pugnas internas.

Valenzuela aprovechó el eco mediático para posicionarse como “defensor de la legalidad”. Pero más que combatir la corrupción, su fiscalía parece estar librando batallas mediáticas por encargo. El discurso anticorrupción volvió a ser su escudo: frases solemnes, declaraciones grandilocuentes y cero resultados verificables.

Fiscalía selectiva: castiga a unos, protege a otros

Desde su llegada, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua actúa con una doble vara: investiga con estridencia a figuras que incomodan al poder político, mientras guarda silencio en casos donde los nombres involucrados son aliados o cercanos al gobierno estatal.

En el caso de la jueza Berjes, el mensaje fue claro: la fiscalía está lista para castigar… siempre que convenga al guion político del momento.

Bajo el mando de Valenzuela, la justicia se volvió un instrumento narrativo. Cada investigación o declaración pública está calibrada para reforzar la imagen del “fiscal que no teme”, aunque en realidad solo se atreva con quienes ya fueron señalados desde arriba.

La justicia como espectáculo

Valenzuela se ha convertido en un maestro del timing mediático. Su oficina lanza comunicados justo cuando algún escándalo político amenaza con salpicar al gobierno o a sus aliados.

Así, los titulares sobre su supuesta “implacabilidad” funcionan como cortina de humo: distraen la atención mientras los verdaderos casos de corrupción permanecen bajo llave.

En lugar de fortalecer la confianza institucional, esta estrategia convierte a la fiscalía en un show de control político donde el público ya conoce el final: mucho ruido, poca justicia y un fiscal siempre dispuesto a encender los reflectores cuando le conviene.

La credibilidad perdida

Abelardo Valenzuela presume autonomía, pero cada acción de su oficina desmiente su discurso. La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no goza de independencia, sino de obediencia.

Y mientras el fiscal siga utilizando el combate a la corrupción como un eslogan personal, la ciudadanía seguirá viendo lo que es evidente: un funcionario que habla de legalidad, pero actúa con cálculo.

En Chihuahua, el combate a la corrupción se volvió un performance, y su protagonista, Abelardo “El Bayo” Valenzuela, el actor principal de una obra en la que la justicia siempre queda fuera de escena.

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El prolongado litigio entre Evangelina López Guzmán y el magnate gasero Miguel Zaragoza Fuentes, fundador del emporio Grupo Zeta Gas, se ha convertido en un símbolo de cómo el dinero, la influencia política y las redes de corrupción pueden someter a la justicia durante más de una década. Lo que inició como un divorcio en 2014 en Texas se transformó en una compleja trama internacional de desacatos, ocultamiento de bienes, maniobras legales dilatorias y presunta colusión de abogados y funcionarios en México y Centroamérica.

Sentencias ignoradas y desacatos en Estados Unidos

Registros judiciales en Texas documentan que López Guzmán obtuvo resoluciones favorables, incluida la división de bienes. Sin embargo, Zaragoza Fuentes incumplió citatorios, provocó la emisión de órdenes de aprehensión por desacato y utilizó apelaciones y recursos jurisdiccionales para evadir la ejecución de las sentencias. La impunidad operó a través de un entramado jurídico que dejó sin efecto el mandato de jueces estadounidenses.

México y Costa Rica: la sombra del poder corporativo

Mientras en Houston se libraba la batalla legal, en México y Costa Rica el conflicto escaló hasta afectar la operación de Gas Zeta, con movilizaciones de trabajadores y riesgo de desabasto. Recursos de inconstitucionalidad, bloqueos judiciales y litigios en cortes locales reflejaron la capacidad de influencia del empresario para frenar resoluciones y mantener el control operativo, a pesar de las sentencias.

Red de ocultamiento patrimonial y prestanombres

Investigaciones periodísticas y registros públicos exponen transferencias de activos, uso de fideicomisos y sociedades en múltiples jurisdicciones para impedir el embargo y la recuperación de bienes. Incluso aparece la figura de una exempleada doméstica vinculada a controversias sobre la propiedad de empresas, un patrón común en operaciones para encubrir el verdadero control patrimonial.

Colusión política y tráfico de influencias

Entre las denuncias más graves, Evangelina López Guzmán ha señalado a reconocidos abogados de trayectoria política panista —Eduardo Romero Ramos, Diego Fernández de Cevallos, Fernando Gómez Mont Urueta, Marco Antonio del Toro Carazo y Luis Alfonso Cervantes Muñiz— de favorecer intereses de Zaragoza Fuentes. Estos personajes, con historial en casos de alto perfil, han sido relacionados con estrategias para proteger a empresarios poderosos frente a la ley.

El rostro humano de una lucha desigual

A sus años avanzados, López Guzmán continúa presentándose en tribunales, exigiendo la restitución de lo que considera legítimamente suyo. Su caso revela una verdad incómoda: en México y América Latina, una sentencia no garantiza justicia cuando el adversario es un multimillonario con conexiones políticas y capacidad para manipular el sistema judicial.

Un caso que exhibe la debilidad del Estado de derecho

El expediente de Evangelina López Guzmán contra Miguel Zaragoza Fuentes es una radiografía de cómo el poder económico puede distorsionar la justicia, utilizando vacíos legales, amparos, nulidades y la intervención de cortes internacionales para alargar indefinidamente un litigio. Mientras tanto, la confianza ciudadana en la imparcialidad judicial se erosiona frente a casos donde la ley se doblega ante el dinero y la influencia.

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Así lo manifestaron expertos en el tema quienes advirtieron que existe una necesidad de actualizar la normativa laboral, que data de 1917, para adaptarla a las condiciones sociales, políticas y económicas actuales, así como a los avances tecnológicos, dijo Alfonso Bouzas, coordinador del OCRL.

Asimismo, hubo fuertes críticas respecto a la sobrecarga de trabajo y las horas extras las horas extras -temas que se han subido a la mesa de la discusión- ya que se han normalizado en México, “desvirtuando su carácter excepcional y afectando el principio de protección al descanso, la salud y la vida familiar del trabajador. Una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es criticada por fomentar la sobrecarga laboral, al desplazar la carga de la prueba de las horas extras al trabajador después de nueve horas”, expuso el magistrado Héctor Arturo Mercado.

Expertos y sindicalistas dijeron que existe frustración por la lentitud en la instrumentación de la reducción de jornada, especialmente considerando que hace dos años ya se discutía y se vislumbraba un consenso. La propuesta gubernamental de un periodo de gracia de cinco años es vista como excesiva, argumentando que la adaptación tecnológica y productiva no debería tardar más de un año.

Un tema adicional que preocupa a los especialistas es quién vigilará el cumplimiento de la nueva norma. “México cuenta con un número muy reducido de inspectores laborales (600) en comparación con la media europea, lo que dificulta la supervisión efectiva”, dijo Jorge Antonio Loyo Pérez.

Es fundamental que se conozca los verdaderos casos de la realidad laboral, por ello, “se hace un llamado a los sindicatos para que presionen al Poder Legislativo para acelerar la implementación de la ley y para que impulsen un movimiento organizado que promueva la reducción de la jornada. Además, de tener mayor incidencia en los foros de discusión y cuestionar la participación de ciertos sindicatos”.

La especialista María Karla Rebececa Carrasco Soulé, expuso que hay empresas que se encuentran en pruebas pilotos, como es el caso de Walmart, que han implementado modelos de 4 días de 10 horas y 6 días de 6.5 horas, buscando la organización más funcional y adaptada a las necesidades de cada trabajador.

México sin ratificar el Convenio 47 de la OIT

Otro aspecto que evidenciaron los especialistas fue el hecho de que México no ha ratificado el Convenio 47 sobre las 40 horas semanales. Además, existe una recomendación (116) que insta a las naciones a acotar la jornada a 40 horas o, en su defecto, a no exceder las 48 horas, incluyendo horas extra.

“Países como Francia ya implementan jornadas de 35 horas semanales, mientras que México se ubica en el lugar 21 de países con jornadas laborales más largas, según la OIT. Por ello, la OIT sugiere considerar el desarrollo económico de cada país, la adopción de tecnología moderna, la elevación del nivel de vida y la preferencia de empleadores y trabajadores. También prioriza la reducción de jornada en industrias con esfuerzo físico o mental especial, o riesgo a la salud, especialmente para mujeres y jóvenes.

“La Unión Europea establece un límite de 48 horas semanales, incluyendo horas extra, lo que evidencia un rezago en la jornada laboral mexicana en comparación con el panorama internacional”, expuso Carrasco Soulé.

En resumen, la reducción de la jornada laboral es vista como un derecho social impostergable, pero su implementación enfrenta desafíos significativos relacionados con la duración de la transición, la vigilancia de su cumplimiento y la capacidad de las organizaciones sindicales para impulsar el cambio.

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Pruebas que confirman la realización de los trabajos denunciados, han sido ignoradas por las autoridades

Las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, a cargo de Abelardo Valenzuela Holguín, contra el despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C. se fundamentan en una serie de acusaciones evidentemente falsas que muestran inconsistencias jurídicas, contradicciones técnicas y una preocupante manipulación del proceso legal por parte de la Dependencia.

Del presunto “delito de peculado por el desvío de recursos públicos por un monto de 98.6 millones de pesos, relacionados con el refinanciamiento de la deuda pública del estado en 2019”, se establece que:

• De acuerdo con los documentos existentes en la carpeta de investigación de la propia Fiscalía Anticorrupción, el despacho López Elías no fue contratado por el Gobierno del Estado de Chihuahua, sino por una institución bancaria seleccionada en el marco del refinanciamiento autorizado por el H. Congreso del Estado, mediante el Decreto No. LXVI/AUOBF/0227/2018 I P.O., publicado en el periódico oficial estatal el 29 de diciembre de 2018.

Esto invalida la acusación en el sentido que el exgobernador del estado y su secretario de Hacienda se coludieron con una empresa privada en un proceso público que según la Fiscalía nunca existió, ni el despacho participó y que involucró a distintos organismos e instituciones.

Por lo anterior, no es posible configurar el delito de peculado en contra del despacho López Elías, pues se trata de un tercero y no de un funcionario público, además de que el recurso con el cual se pagó el servicio provino de la institución bancaria que llevó a cabo el proceso.

• Otra acusación sostenida por la Fiscalía es que el despacho López Elías es una “empresa fantasma”. Sin embargo, de acuerdo a investigaciones realizadas por este medio, el despacho se encuentra constituido desde 2003 en la Ciudad de México, inscrito en el SAT y el IMSS, con estructura, domicilio, empleados y operaciones documentadas, además de tener un largo historial en prestación de servicios financieros a entidades públicas y privadas.

• Respecto al supuesto incumplimiento de contrato, el despacho López Elías, entregó al Gobierno del Estado de Chihuahua los dos informes requeridos en el contrato de prestación de servicios, mismos que se encuentran en las propias oficinas gubernamentales en los archivos del proceso de refinanciamiento de la deuda pública estatal en 2019, evento que fue ampliamente documentado por los medios de comunicación.

• La acusación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua viola el principio de anualidad y temporalidad en la fiscalización: ya que, en diciembre de 2022, la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua elaboró una “auditoría forense” sobre la Cuenta Pública 2021, sobre la cual basan su acusación, desconociendo su propio dictamen de 2019, en el que avaló este mismo proceso y expidió las constancias correspondientes que hoy ellos mismos ignoran.

• La auditoría de los recursos federales utilizados en el proceso de refinanciamiento de la deuda pública por parte de la Auditoría Superior del Estado también refleja un ejercicio ilegal, pues al tratarse de participaciones federales, la fiscalización correspondía a la Auditoría Superior de la Federación, autoridad que en 2019 revisó y validó dicho refinanciamiento, previa consulta a este órgano de fiscalización federal    

• La acusación ignora que el Refinanciamiento de la Deuda pública estatal en el año 2019, fue otorgado a las entidades ganadoras de las licitaciones públicas en la que participaron 20 bancos nacionales, además de ser revisado por agencias calificadoras internacionales y supervisado por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De conformidad con los boletines de prensa emitidos en aquel año por el propio Gobierno Estatal y las publicaciones realizadas en su página oficial, mismas que por cierto aún conservan en sus sitios web.

• El derecho de audiencia también ha sido violado por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, pues solicitó una orden de aprehensión y ficha roja a Interpol, sin haberse iniciado aún el juicio penal y sin admitir las pruebas del despacho, de acuerdo con fuentes de la propia Fiscalía.

• Por si fuera poco, el principio de presunción de inocencia también ha sido vulnerado por Valenzuela Holguín, a través de la filtración de datos específicos y sujetos a investigación, propiciando un linchamiento público contra el despacho, sin permitir defensa.

Queda claro que, todas las operaciones de refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua 2019, fueron realizadas mediante licitación pública en las cuales participaron representantes de 20 Bancos nacionales, revisadas por 3 Agencias Internacionales de Calificación de Valores y supervisadas e inscritas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de tener el aval de los entes de fiscalización local y federal en el ejercicio de la Cuenta Pública 2019.

Todo lo anterior deja en claro que la configuración de delitos en contra del despacho López Elías Finanzas Públicas, es una persecución política con violaciones flagrantes al proceso de acusación.

Parece ser que Abelardo Valenzuela NO HA CONCLUIDO CON SU INVESTIGACIÓN o que sus compañeros de Gabinete NO LE ENTREGAN O LE OCULTAN INFORMACIÓN, dejándolo solo en este proceso judicial que cada día acumula más irregularidades y que el día de mañana se le vendrán encima manchando a la Institución que dice representar.

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El pasado 20 de enero, en el primer día de su segundo mandato, el presidente Donald Trump firmó un decreto que cambió el nombre del «Golfo de México» por «Golfo de América» en el país.

Los principales grupos tecnológicos estadounidenses, como Google y Apple, decidieron cambiar el nombre en sus mapas para los usuarios estadounidenses.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió irónicamente a Trump sugiriendo llamar a Estados Unidos «América Mexicana», basándose en mapas del siglo XVII, cuando gran parte del actual territorio occidental estadounidense pertenecía a México.

El proyecto de ley, impulsado por la congresista Marjorie Taylor Greene, una de las fieles partidarias de Trump, quiere impedir, o al menos complicar, que en el futuro la decisión se pueda revocar.

Un futuro presidente demócrata podría cancelar el decreto republicano de un plumazo. Una ley, por el contrario, sólo puede abolirse mediante un nuevo proceso legislativo.

La aprobación del proyecto es en gran medida simbólica porque otros países no tienen obligación de utilizar el nuevo nombre y es poco probable que se valide en el Senado, donde necesita votos demócratas.

El texto fue aprobado con 211 votos contra 206, incluido el del congresista republicano Don Bacon, a quien le parece «infantil» el cambio, según declaró a CNN.

«Somos los Estados Unidos de América. No somos la Alemania del Kaiser Wilhelm ni la Francia de Napoleón», dijo.

El cambio de nombre costaría al gobierno federal menos de 500,000 dólares en cinco años para actualizar documentos y mapas, según la Oficina Presupuestaria del Congreso.

Los colegios, bibliotecas y otras organizaciones públicas correrían con los gastos de actualizar sus propios materiales.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, había pedido que votar en contra por considerarla una ley «ridícula».

El decreto provocó un enfrentamiento entre la Casa Blanca y la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP), que se negó a adoptar el nuevo nombre.

Pilar del periodismo en Estados Unidos, AP fue excluida de la cobertura en la Casa Blanca y el avión presidencial «Air Force One» en febrero.

Un juez federal dictaminó en abril que la «denegación de acceso a AP basada en puntos de vista» viola la Primera Enmienda de la Constitución que garantiza la libertad de expresión y de prensa.

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La inteligencia artificial (IA) ha entrado de lleno en el mundo de la comunicación, transformando la forma en que creamos, editamos y compartimos información. Hoy en día, herramientas de IA pueden generar desde comunicados de prensa hasta artículos como el que estás leyendo, realizar correcciones de estilo, transcripciones y hasta humanizar textos, dándoles un tono empático y cercano.

Sin embargo, esta tecnología que parece mágica no se maneja sola, y el uso responsable y ético depende de los profesionales de la comunicación. Algo similar sucedió con la internet en los 90, cuando el mundo entero comenzó a usarla y que a tres décadas de distancia la hemos adoptado como una herramienta imprescindible para la vida cotidiana.

La presencia de la IA en distintas actividades productivas es cada vez más necesaria y útil, es por ello que se debe considerar como una aliada que nos exige mejorar nuestro conocimiento, profesionalizarse y profundizar en el manejo que le podemos dar en nuestra área, haciendo a un lado la creencia de que representa una amenaza.

Es cierto que la Inteligencia Artificial facilita el trabajo en muchas áreas de desarrollo. Hoy, con unas cuantas indicaciones es posible generar el resumen ejecutivo de una reunión, una minuta detallada o un comunicado de prensa. Esto ahorra tiempo y permite al equipo de comunicación centrarse en tareas más estratégicas, sin embargo, es importante recordar que estas herramientas no reemplazan la experiencia humana.

Por muy avanzada que sea esta nueva tecnología, no entiende el contexto como lo hace una persona. Puede redactar frases y sintetizar información, pero no puede captar las sutilezas de una cultura organizacional o el tono adecuado para una situación específica, por lo tanto, debemos ser nosotros, quienes guiemos lo que esta tecnología genera, asegurándonos de que el mensaje sea claro, respetuoso y adecuado para el público al que se dirige.

La aparición de estas herramientas plantea cuestiones éticas que no podemos ignorar, hoy vemos la facilidad que nos brinda la IA para generar contenido de forma automática, también crece el riesgo de perder la autenticidad de los mensajes o, peor aún, de propagar desinformación. Así como ocurrió hace 30 años con la internet.

Quienes nos desarrollamos en el mundo de la comunicación tenemos presente en todo momento la responsabilidad de verificar la información antes de publicarla, de ajustar el tono y el contenido de acuerdo con las circunstancias y de recordar que, al final, estamos comunicándonos con personas, no con máquinas.

Sin duda, el surgimiento de estas tecnologías nos obliga a evolucionar, no basta con saber usar una herramienta de IA; los comunicadores debemos estar capacitados para entender sus limitaciones, sus sesgos y su impacto en la calidad de los mensajes.

La profesionalización en el uso de la IA implica aprender a filtrar, editar y complementar lo que produce la tecnología, para asegurarnos de que el contenido sea efectivo, empático y relevante. Pero también debemos cultivar habilidades en áreas donde la inteligencia artificial aún no puede reemplazarnos, como la creatividad, la empatía y la comprensión del contexto cultural y social. Estas son las áreas en las que podemos aportar un valor que una máquina simplemente no puede replicar.

Para muchos, la IA representa una amenaza a su profesión, y no es difícil ver por qué. Es innegable que estas herramientas pueden realizar tareas que antes eran exclusivamente de humanos, y que además lo hacen con una eficiencia impresionante.

Sin embargo, en lugar de temer la pérdida de puestos de trabajo, debemos entender que la IA está aquí para complementar nuestro trabajo, no para reemplazarlo. Aquellos que sepan adaptarse y ver esta tecnología como una oportunidad para mejorar sus habilidades y ampliar su alcance, serán los que prosperen en esta nueva era.

Fuente: El Financiero

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Bosanet tiene sus oficinas centrales en Estados Unidos, pero también presencia en otros países como Colombia y México, y sus relaciones comerciales incluyen destacadas cadenas como Sysco, Walmart, KeHe, H-E-B, Whole Foods, Milam´s markets, Harveys supermarket, UNFI, Génere food, Krasdale, Chex finer foods, entre otros.

¡Touchdown!

Con 9.5 millones de seguidores que eligieron la señal abierta de TelevisaUnivision para disfrutar de la transmisión del Super Bowl LIX se colocó como el ganador de este magno evento, y es que la transmisión superó en 24% la audiencia de su más cercano competidor, y además cerró con broche de oro la temporada 2024 de la NFL como líder de las transmisiones televisivas en México del futbol americano profesional.

El encuentro en el que las Aguilas de Philadelphia se llevaron el campeontaro tras vencer a los Jefes de Kansas City, sirvió como preambulo para que TelevisaUnivisión, indiscutiblemente la casa de la NFL, agradeciera a todos los aficionados que eligieron su señal y refrendó su compromiso de seguir brindando la mejor y más completa oferta de contenidos deportivos.

Mayor confianza

En medio de la incertidumbre nacional e internacional por la política comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hay empresas que demuestran la solidez de sus fundamentos y los planes de crecimiento, atributos reconocidos por los inversionistas que buscan este tipo de perfil corporativo. Y este es el caso de Minera México, subsidiaria de Grupo México colocó un bono en los mercados internacionales por mil millones de dólares, los instrumentos tienen un plazo de siete años, pagarán una tasa de interés de 5.6%, registró una oferta de 3.4 veces del monto emitido y participaron más de 80 inversionistas. Los recursos provenientes de la emisión se destinarán a financiar proyectos de inversión en México, incluyendo acciones para mejorar su eficiencia y productividad, entre otros objetivos de negocio. Grupo México, el segundo corporativo con el mayor pago de impuestos en México y la número uno en pago de PTU, reitera su compromiso de contribuir a la generación de empleos y al crecimiento económico del país.

Agua, la disputa

Resulta que Casa Madero, la bodega vinícola más antigua de México y de América, es victima de actos de violencia y hostigamiento por parte de personas del ejido San Lorenzo, municipio de Parras, que acusan a la compañía de supuestamente quitarles agua para riego, bajo la inmovilidad de las autoridades estatales y en una franca violación al estado de derecho.

Desde hace más de 10 días, personas del Ejido San Lorenzo invadieron la infraestructura de agua de riego que se encuentra dentro de propiedad privada y que fue construida exclusivamente con recursos de Casa Madero, con el fin de independizarse, justo, de las acequias donde los ejidos llevan sus aguas. La compañía incluso denunció que algunos de sus colaboradores han sido objeto de intimidaciones directas contra su integridad física y recibido advertencias sobre posibles actos de violencia, incluyendo continuas amenazas de incendiar las histórica instalaciones, con el agravante de que esto involucraría víctimas mortales. Y por eso Casa Madero llamó respetuosamente, y energicamente, al Gobierno del Estado de Coahuila para que intervenga en esta situación que sigue escalando en consecuencias y ponga fin a un conflicto por el agua que ha generado incertidumbre para todos los usuarios desde hace años.

Frenan abuso

A finales del año pasado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que encabeza Santiago Nieto, finalmente resolvió que Bayer de México utilizó de manera ilegal la marca BeScience, propiedad de la empresa BeScience México, dedicada a conectar a la comunidad científica de América Latina y a la venta y distribución de equipos y consumibles para diversas industrias. Y luego de varios intentos para resolver el tema, la multinacional insistió en el uso ilegal y fue sancionada con una multa de medio millón de pesos y la autoridad ordenó el cese inmediato del uso indebido de la marca. Incluso antes de la resolución, Google y Apple eliminaron las aplicaciones vinculadas a Bayer en este caso, reconociendo la validez de los derechos de BeScience México sobre su marca.

Modelo a seguir

Con la novedad que ante la buena aceptación del programa de reemplacamiento en Jalisco se busca replicarlo en otras entidades como Puebla y Veracruz. Y es que más allá del ahorro para los ciudadano, de hasta 3 mil 600 pesos al integrar en un solo pago las nuevas placas, el refrendo y la verificación vehicular, este esquema también representa un modelo de eficiencia administrativa con impacto directo en la seguridad y la regulación del parque vehicular, pero sobretodo la seguridad ya que utilizar aluminio de alta calidad, no solo mejora la durabilidad de las placas, sino que también reduce la falsificación y facilita el trabajo de identificación de vehículos involucrados en fraudes o ilícitosde los cuerpos de seguridad.

Fuente: El Sol de México

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Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa – donde preside la Comisión para la igualdad de género- Mosri Gutiérrez es la coordinadora de este texto que recoge los votos particulares y las resoluciones emitidas por dicho tribunal, aplicando las perspectivas de género y de derechos humanos.

Cuando hablamos de justicia administrativa parece un tema bastante árido, sin embargo explicó, el libro muestra nueve casos de personas de carne y hueso que no tuvieron la atención médica requerida en hospitales públicos y que cuando fueron ante el Tribunal -por un parto mal atendido o una negligencia que terminó en la amputación de un brazo- consiguieron que se aplicará la perspectiva de género y derechos humanos a la hora de fallar su caso.

El Tribunal Constitucional —órgano autónomo especializado en materia fiscal y administrativa-, explicó la magistrada, tiene el mandato de proteger y garantizar los derechos humanos “considerando el contexto en que se suscitaron los hechos e identificando las relaciones asimétricas de poder o contextos de desigualdad”;  se debe reconocer que “frente a ciertas personas existen factores adicionales de desigualdad como el sexo, la edad, la condición de salud , la discapacidad, el tono de piel o la orientación sexual”.

Al juzgar el caso de una mujer embarazada de su tercer hijo que el 12 de enero de 2016 acudió a un hospital regional público en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y después de una cesárea los médicos le dejaron “restos placentarios”,  que provocaron sangrado posterior y obligaron a un legrado, Mosri resolvió que había una responsabilidad patrimonial del Estado y la mujer tenía derecho a una indemnización.

El caso mostró distintos aspectos que enfrenta una mujer a la hora de un parto y una mala praxis médica, desde las dificultades para conseguir peritos médicos dispuestos a participar en un juicio de este tipo hasta la negativa de su derecho a no permitir un número indiscriminado de “tactos” durante el proceso previo al parto.

El trato deshumanizado, grosero, discriminatorio o humillante; gritos y regaños, presión para aceptar la colocación de un dispositivo anticonceptivo, tactos vaginales realizados por más de una persona, raspado de útero sin anestesia, negativa a suministrar medicamentos para el dolor, obligar a parir acostada y/o inmovilizada, entre otras practicas son violencia obstétrica, y sin embargo pasan por prácticas hospitalarias comunes.

La especialista señaló que el articulo 109 de la Constitución establece el deber de indemnizar a los particulares por los daños que sufran en sus bienes o derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado; “el ciudadano ya no tiene que demostrar el dolo del servidor público que causó el daño, sino sólo la irregularidad de su actuación, y puede demandar directamente al Estado sin tener que demandar previamente al servidor público responsable, como ocurría antes”.

También tienen competencia en materia migratoria

Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la magistrada informó que se registró en el comité de evaluación de los poderes judicial y legislativo porque desea participar en la elección del Poder Judicial para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Informó que en el Tribunal “somos competentes para conocer de las demandas presentadas por los particulares con motivo de la actuación de las autoridades migratorias como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Instituto Nacional de Migración”.

-¿Quizá sea muy difícil para un migrante conocer la ley e inconformarse por alguna violación a sus derechos?

En el Tribunal se ha impulsado la capacitación constante del personal jurisdiccional, pero además existe una jurisprudencia – la tesis 1a./J. 114/2023 (11a.) – que reconoce la figura de la suplencia de la queja deficiente, prevista en el artículo 79, fracción VII de la Ley de Amparo.

“Debe aplicarse a los juicios de amparo promovidos por personas migrantes, dado que la Ley de Amparo garantiza una regulación procesal especial para las personas que se encuentran en clara desventaja social, y que en el caso de las personas migrantes su vulnerabilidad está fundada en que tanto el derecho internacional como el interno, reconocen que han partido de su país de origen dejando su vida, sus posesiones y familia, frente alguna situación amenazante, la pérdida de su libertad y/o su integridad”.

Esto se agrava, explicó, si se presenta una “discriminación interseccional”, pues a la condición migratoria puede adherirse la edad, el sexo, el género, la identidad étnica o alguna otra circunstancia, sumada a que las personas migrantes viajan sin documentación, lo que hace que sean fácilmente víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos.

Mosri Gutiérrez  está presentando su libro por los estados del país.

Fuente: La jornada

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Empecemos por la que se dio en un departamento en 2023 y la información que se conoce… El 30 de junio de 2023, una fuerte explosión sacudió la casa de “Thalía N”, quien fue trasladada de urgencia a un hospital para ser atendida por quemaduras severas que cubrían gran parte de su cuerpo. Su recuperación ha sido lenta y dolorosa, “dejando fuertes cicatrices físicas y emocionales”, ha señalado la familia a través de diversos medios.

La familia de Thalía ha acusado abiertamente que la explosión no fue un accidente fortuito, sino el resultado de una negligencia por parte de la empresa distribuidora de gas natural, Engie, a quien se ha acusado públicamente de ser la única responsable, basando su acusación en varios argumentos que, según ellos, apuntan directamente a fallos en la infraestructura de gas natural y particularmente a una supuesta fuga en la red.

Fugas de Gas Natural masivas. ¿De verdad es posible?

Uno de los argumentos presentados por la familia es el supuesto historial “de fugas de gas natural en la zona”. Según ellos, en 2023 se registraron 300 reportes de fugas de gas natural a Protección Civil, lo que indicaría un riesgo latente en varias colonias de Matamoros. Esta afirmación ha sido motivo de gran preocupación para los habitantes de la ciudad, quienes comenzaron a cuestionar la seguridad de las instalaciones de gas en sus propias casas.

Sin embargo, al analizar los registros oficiales de Protección Civil, la situación parece tener otra cara: si bien es cierto que hubo 300 llamadas de personas reportando posibles fugas de gas, más de 250 estaban relacionadas con Gas LP, y no con gas natural. De las 300 llamadas, solo tres correspondieron a pérdidas de gas natural, las cuales fueron catalogadas como eventos menores sin consecuencias graves y las cuales efectivamente aparecen en los registros de la ASEA. Esta discrepancia en los datos ha llevado a algunos a cuestionar la veracidad de las acusaciones hechas por la familia de la víctima.

Casos Similares en la Zona. Otras explosiones.

La familia también ha mencionado que un incidente similar ocurrió un año antes en una tienda de conveniencia, donde una explosión en el baño fue atribuida a la acumulación de gas. Según ellos, este incidente refuerza la idea de que la red de gas natural en Matamoros es defectuosa y representa un peligro para la comunidad.

No obstante, el reporte del incidente deja claro que la explosión en la tienda de conveniencia fue causada por la ruptura de la red de gas natural por parte de un contratista que trabajaba en el lugar. Fue la negligencia de un tercero, en este caso el contratista, lo que provocó la fuga y la posterior acumulación de gas, lo que eventualmente llevó a la explosión. Decir entonces que la red está fallando o que tiene “fugas masivas” es un claro error.

¿Una fuga de gas que dura dos años en ser reparada?

El argumento central de la familia de Thalía N es que la explosión en su vivienda fue causada por una fuga en la red de gas natural. Según su teoría, el gas se filtró por el sistema de drenaje hasta el baño de la casa, donde se acumuló y explotó al entrar en contacto con una chispa generada al encender la luz. Esta explicación parece plausible a primera vista, ya que las fugas de gas en sistemas cerrados pueden ser extremadamente peligrosas si el gas se acumula en un espacio sin ventilación.

Sin embargo, tanto Protección Civil como la empresa Engie realizaron investigaciones exhaustivas en el lugar y llegaron a la conclusión de que no hubo ninguna fuga en la red de gas ni antes, ni durante ni después de la explosión. Además, las mediciones de gases realizadas en la vivienda no detectaron presencia de gas natural en cantidades que pudieran causar una explosión. Este hallazgo contradice directamente la versión de la familia y deja abiertas muchas preguntas sobre lo que realmente ocurrió.

En un reciente artículo del hermano de la víctima, incluso se asegura que la fuga se reportó desde el 2022 en esa calle y que no fue reparada sino hasta mucho después del evento. ¿Es posible que una fuga en una red de gas natural se mantenga varios meses? De acuerdo con especialistas consultados eso es imposible por varias razones, entre ellas, las mediciones permanentes de la presión de la red y el olor permanente que tendría necesariamente que llamar la atención de vecinos.

Los Estándares de Seguridad en Matamoros

La familia de Thalía también ha cuestionado los estándares de seguridad de la empresa distribuidora de gas, alegando que no cumplen con los mismos niveles que en otros países, como Francia. Según ellos, esto pone en riesgo a los usuarios de gas natural en Matamoros, quienes confían en que las instalaciones y el servicio que reciben son seguros.

Al ser cuestionada por estos temas, la empresa Engie ha respondido que todos sus protocolos, procedimientos, equipo y capacitación en México cumplen con los estándares internacionales. Han subrayado que la seguridad de sus clientes es su máxima prioridad y que realizan inspecciones y mantenimientos regulares para asegurar que sus instalaciones operen correctamente.

Explosión por acumulación de Pólvora

Justo hace unos días un nuevo evento trágico volvió a sacudir a los ciudadanos de Matamoros. Una gran explosión en una vivienda con graves daños materiales y cobrando la vida -hasta la realización de esta nota- de dos personas.

Los rumores y acusaciones empezaron a surgir, acusando una posible fuga de gas, con lo que quienes han llamado la atención sobre este tema levantaron la voz. Pero la inmediata acción de las autoridades estatales y federales dio como resultado que se trataba presuntamente de una vivienda donde tenían gran cantidad de pólvora, todavía sin saberse exactamente con qué fines. Testimonio de habitantes de la zona aseguran que esto ya se había reportado y nadie había hecho nada.

Esta nueva tragedia trae consigo una duda más grande sobre estos eventos trágicos, ya que no se trata de acusar o buscar culpables sin tener pruebas, dictámenes o investigaciones. Los incidentes de este tipo en esa parte del país son constantes, unos más públicos que otros, y se deben a múltiples factores: contratistas que no siguen medidas de seguridad y fracturan las redes de gas, acumulación de fuentes inflamables en el drenaje, fugas de gas LP o incluso temas que tienen que ver con el tráfico de sustancias de todo tipo.

Tratar de generar pánico enfocando todo hacia una causa puede ser muy conveniente para algunos, pero no soluciona el problema social y no ayuda a prevenir las causas reales de las explosiones en una ciudad tan compleja como Matamoros.

Las autoridades, las empresas y los ciudadanos deben colaborar de manera más decidida para ubicar, denunciar y atender todas las causas que generan riesgos y así, evitar estas tragedias. La explosión en la colonia Buenavista ha dejado una marca imborrable en Matamoros, y solo a través de la transparencia, la responsabilidad y la acción podemos asegurar que tragedias como esta no se repitan en el futuro.

Fuente: Industrias México

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Tras su llegada a México mediante un vuelo comercial, Ahumada fue llevado al Hangar de la Fiscalía General de la República (FGR) del Aeropuerto Internacional de la CDMX y posteriormente se presentó ante la Fiscalía capitalina para realizar los trámites requeridos sobre la petición de extradición acordados entre México y Argentina.

El empresario aterrizó aproximadamente a las 5:55 horas y alrededor de las 7:30 de la mañana de este martes finalizó con los requerimientos correspondientes.

Con ello, confirmó Ostos García, finalmente consiguió partir rumbo a su domicilio en México acompañado de su hijo.

«Se respetó la suspensión (para que Ahumada no fuera privado de su libertad), ya va con su hijo tranquilo a su casa«, declaró el abogado a medios de comunicación.

La defensa legal de Ahumada acudirá a su domicilio en la CDMX para que firme un documento que se presentará este mismo martes ante el juez de enjuiciamiento en el Reclusorio Norte, donde se solicitará una audiencia incidental en la que los abogados del empresario pedirán que la orden de reaprehensión sea anulada, dado que ésta ya prescribió (pasaron varios años y no se cumplimentó).

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Carlos Ahumada comparecerá ante el Juez de Ejecución a las 13:00 de este martes.

Además, la institución exhortó al empresario a presentarse ante la autoridad judicial para cumplir con el resto de su condena por el delito de fraude genérico en la capital mexicana. La FGJCDMX señala que a Ahumada Kurtz le restan un año, 10 meses y 23 días de condena.

«Es falso que Carlos Agustín N haya compurgado por completo la pena que le fue impuesta por una autoridad judicial», concluyó la FGJCM.

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