Autoridades de la Fiscalía de Puebla realizaron este 14 de noviembre un cateo al consultorio de Marilyn Cote, la abogada que decía ser experta en psiquiatría y que recetaba medicamentos pese a no tener la facultad para hacerlo.

Fue poco después del mediodía cuando los elementos comenzaron a llegar a las Torres Médicas ubicadas en la zona de Angelópolis para revisar el consultorio.

Este se ubicaba en el número 1706 de la Torre II del Piso 17 bajo el nombre de “Neuropsychology: Clinic Marilyn Cote”, mientras que las instalaciones de las torres están en Anillo Periférico Ecológico #3507.

A la llegada del personal de Fiscalía se informó que personas no autorizadas no tenían permiso de ingresar a la torre, además de que se impidió el acceso del piso 17.

Sobre el cateo, el fiscal Gilberto Higuera Bernal informó que en las acciones también participó personal de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para analizar las pruebas que se encuentren en el lugar.

“No solamente podríamos estar hablando de usurpación de profesión, sino también de otros delitos que iremos decantando conforme la investigación la tengamos por concluida que será al término de esta semana”, indicó el fiscal.

Las investigaciones contra Marilyn Cote

En la conferencia de prensa se informó que un total de cinco denuncias ya han sido presentadas en contra de Marilyn Cote, por lo que se comenzó las investigaciones en su contra.

Detalló que se le investiga por delitos como falsificación de documentos, por lo que se pidió información a la Secretaría de Educación Pública Federal, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y universidades privadas en donde aseguraba realizó sus estudios y certificaciones.

Al respecto, se señaló que no contaba con una licenciatura ni cédula que la acreditaran como psiquiatra, lo que supone el delito de usurpación de profesión. También es investigada por daños a la salud, ya que prescribía medicinas a sus pacientes sin estar autorizada.

“Hemos obtenido información que nos hace suponer que no solo se ha usurpado una profesión, sino que se han falsificado documentos y se pudieron haber causado daños a salud de las personas, pero no quiero decir delitos en particular para no advertir a nadie de cómo vamos a proceder en su momento, es una investigación amplia”, comentó.

Sobre si será detenida o no Marilyn Cote, comentó que procede su aprehensión, pero no quiso dar más detalles al respecto, salvo que no se encuentra prófuga de la justicia. Las investigaciones continuarán y en próximos días se darán más detalles.

El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, retomará la iniciativa de castración química para abusadores sexuales, misma que presentó hace cinco años en el Senado de la República, pero ahora a nivel local, para que, de este modo, la entidad sea la primera en el país en avalar esta sanción para las personas acusadas de dicho delito.

En conferencia de prensa, recordó que la iniciativa que presentó como senador, y que pretendía hacer efectiva esta sanción en todo el país, fue desechada porque se consideró que iba en contra de los derechos humanos de los delincuentes, por lo que intentará que sea aprobada en el Congreso de Puebla.

“Me van a llamar la atención, pero lo vamos a hacer a nivel local, vamos con todo contra quienes violenten a las mujeres y a los niños, voy a proponer desde Puebla la castración química contra los delincuentes sexuales”, prometió.

Aclaró que su propuesta no es quitar los genitales de los abusadores, mucho menos de forma violenta, sino que consiste en una inyección que reduce la libido, es decir, el deseo sexual.

“La castración sexual no es sacar el machete, porque creen que sacas la guadaña con la que cortan la caña, no es eso, es una inyección con un químico que disminuye la libido”, explicó.

Insistió en la importancia de esta sanción, toda vez que el encarcelamiento no es suficiente para castigar a las personas que han cometido este delito, por el contrario, en el encierro acumulan sus impulsos.

“Cuando liberan a un delincuente sale y, aunque haya tenido un proceso de incorporación social, sus impulsos sexuales no se limitan y puede volver a cometer el delito, vamos a decirle castración, así para que se espanten un poquito”, concluyó.

El Ingenio San Nicolás, uno de los principales productores de azúcar en el país, se encuentra en una situación de crisis sindical y laboral tras el despido inesperado de su dirigente del sindicato afiliado a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) Agustín López. Este incidente ha sacado a la luz lo que muchos trabajadores consideran una «inoperancia» por parte del sindicato en la defensa de sus derechos y en la gestión de sus problemáticas internas.

La reacción entre los trabajadores ha sido de frustración y desencanto. Muchos de ellos consideran que el sindicato ha actuado con pasividad y falta de transparencia, sin ofrecer soluciones claras ante una situación que afecta directamente su estabilidad laboral. «Es lamentable ver cómo, en lugar de defender a los trabajadores, el sindicato simplemente se queda callado y nosotros seguimos sin voz», comentó uno de los empleados, quien pidió el anonimato para evitar represalias.

Las quejas de inoperancia contra la CROM en el Ingenio San Nicolás no son nuevas. Varios trabajadores afirman que el sindicato ha dejado de representar sus intereses de manera efectiva desde hace años, con una gestión que califican de ineficaz y sin medidas claras de apoyo. Algunos agremiados señalan que esta situación refleja una crisis general de representación sindical en el país, donde muchos sindicatos priorizan alianzas políticas o económicas sobre la defensa de los derechos laborales.

A pesar de los llamados a intervención de la CROM, el sindicato aún no ha emitido un comunicado público en relación con el despido del dirigente o las implicaciones para sus afiliados. Esta falta de respuesta ha dejado a los trabajadores sin una guía clara y sin un plan de acción a seguir, generando incertidumbre y temor de posibles represalias o despidos adicionales.