En la capital, han identificado algunos corredores que han establecido para operar, como es el caso del campamento migrante de la Juan Pablo Segundo.

El tema lo había expuesto el titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, durante una mesa de seguridad celebrada en Ciudad Juárez, sin embargo, los directores de las policías municipales de Juárez y Chihuahua comentaron en diferentes entrevistas, que desconocían la presencia de miembros de esa pandilla.

Esta situación se torna más compleja, debido a que, según fuentes al interior de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los integrantes de ese grupo delictivo no portan tatuajes distintivos, visten de manera elegante y pasan desapercibidos entre la comunidad migrante, esto hace que sea difícil ubicarlo, aunado a eso, Loya Chávez expuso que, por la nula relación diplomática entre Estados Unidos y Venezuela, para el estado es más complicado el intercambio de información.

Los trabajos de inteligencia de las autoridades estatales señalan que esa organización busca tomar el control de actividades ilícitas como el tráfico de personas y trata de blancas, actividades delictivas en las que se enfoca el grupo criminal desde su creación en Venezuela.

Según trascendió dentro de la SSPE, la organización «El Tren de Aragua»es considerada incluso por corporaciones de Estados Unidos, como una pandilla más peligrosa que la Mara Salvatrucha, y buscarían desplazar a los grupos delictivos locales para asumir ellos el control de la delincuencia en la entidad.

Operación furtiva

Los elementos de seguridad pública estatal tienen ubicados a integrantes del «Tren de Aragua» y sostienen qué los cárteles locales podrían ser desplazados por esta mafia.

“De hecho, si no se cuidan los grupos locales, pueden llegar a chingarse a los cárteles locales; a ese nivel”, dijo uno de los agentes que lleva una investigación y posterior ubicación de elementos de esta pandilla.

En cuanto a la presencia de este grupo delictivo en la ciudad, los agentes comentaron que a nivel internacional, ya han generado revueltas con venezolanos, como es el caso de Nueva York, en materia de derechos de indocumentados.

Respecto al modo de trabajo, comentaron que al no tener aspectos de pandilleros, no pueden ser ubicados tan fácil por lo que así pasan desapercibidos ante la autoridad y los equipos de inteligencia, además, son catalogados como tácticos y estratégicos.

Ejemplo de ello, es que no es necesario que los integrantes del Tren de Aragua porten tatuajes que los relacionen con el grupo delictivo, incluso con el rango que ocupan al interior del mismo, como es el caso de pandillas locales como los Aztecas.

La mayor preocupación que tienen los agentes policiacos es que llegan vía aérea desde Cancún, por lo que es más complicado identificarlos en las caravanas migrantes, a lo cual están alertas en esta cuestión.

Otra de las preocupaciones que tienen, es que en Ciudad Juárez ya ubicaron algunos integrantes del Tren de Aragua, que colaboran en los grupos delincuenciales de Ciudad Juárez, en donde ya tienen operativos especiales para ello.

El «Tren de Aragua» nació en la prisión de Aragua en Venezuela, donde tienen su principal centro de operación internacional, desde el cual controlan incluso redes en Europa, Centro y Sudamérica. El problema de la corrupción en Venezuela, generaba que excarcelara a varios de estos sujetos, los cuales por dinero eran puestos en el tren con destino a Colombia, recibiendo instrucciones desde la cárcel de Aragua.

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Se agolpan por toda la frontera de México con Estados Unidos, llenan campamentos improvisados y caminan en el polvo bajo un puente internacional con afiches que piden ayuda: “S.O.S. HELP”.

En Honduras, Guatemala y Nicaragua duermen en las calles, piden comida y se preocupan por su destino. Algunos han recurrido a las autoridades locales para solicitar un salvoconducto de regreso a casa. Otros han prometido perseverar y llegar hasta Estados Unidos.

Un cambio abrupto en la política de inmigración del gobierno de Joe Biden en este mes ha dejado, prácticamente de la noche a la mañana, a decenas de miles de migrantes venezolanos —que recorren desde el sur de Centroamérica hasta la frontera entre México y EE. UU.— varados en un limbo burocrático.

El país que muchos habían dejado atrás, Venezuela, ha caído en el autoritarismo y la ruina económica, ocasionando la mayor crisis migratoria en el hemisferio occidental. Desde 2015, alrededor de uno de cada cuatro venezolanos ha salido de su hogar.

El país al que intentan llegar, Estados Unidos, les cerró la puerta a la mayoría de ellos el 12 de octubre, al imponer una regla que obligó a muchos a volver a México, una respuesta radical frente a un problema humanitario complejo que ha enviado a una cantidad récord de personas a la frontera este año.

“Tengo ganas de llorar, tengo ganas de gritar”, dijo Darrins Arrechedra, de 31 años, un hombre de Venezuela que dijo que había atravesado 10 países para llegar a Estados Unidos y arribó a la frontera un día después de que la gestión de Biden dejó de admitir venezolanos.

Arrechedra, quien había intentado vivir en Chile antes de emprender el viaje al norte, estaba detrás de una oficina de ayuda a los migrante en Ciudad Juárez con vista al perfil de El Paso al otro lado del río Bravo, en Texas.

Dijo que tenía amigos en Estados Unidos que le habían prometido trabajo y que para llegar tan lejos había vendido sus pertenencias y agotado sus ahorros. “En realidad no tengo como que un plan ahorita”, dijo.

En los últimos meses, grandes cantidades de migrantes venezolanos han salido de Sudamérica al correrse la voz de que Estados Unidos no tenía un modo fácil de mantener fuera a la mayoría de ellos y que se les permitiría entrar al país y pedir asilo.

Casi todos han pasado por el Tapón del Darién, un tramo selvático peligroso que conecta Centro y Sudamérica y que se ha convertido en escenario de una batalla lacerante en el que los migrantes enfrentan deshidratación, hambre e incluso la muerte.

El aumento ayudó a impulsar un intenso debate en Estados Unidos por la inmigración. Gobernadores republicanos enviaron migrantes a comunidades demócratas en el norte por avión y autobús, lo que ocasionó que la ciudad de Nueva York construyera un campamento y declarara un estado de emergencia para poder enfrentar su llegada.

El 12 de octubre, tras una presión política cada vez mayor, el gobierno de Biden anunció que ampliaría la aplicación de una regla de salud pública de la presidencia de Donald Trump que le permite expulsar a los venezolanos que llegan a la frontera.

La meta, según una explicación de la política publicada en la gaceta oficial de la federación, era “mejorar la seguridad” en la frontera “al reducir la migración irregular de ciudadanos venezolanos”.

México había aceptado recibirlos tras un acuerdo que incluía una mayor cantidad de visas estadounidenses para migrantes de México, Centroamérica y Haití.

La medida fue criticada de inmediato por muchos grupos de defensa de los migrantes, que dijeron que representaba una ampliación de una política que despojaba ilegalmente a las personas del derecho a pedir asilo así como una respuesta inhumana ante una crisis devastadora.

Al anunciar que cerraría el paso a la mayoría de los venezolanos, Estados Unidos creó un programa humanitario para que 24.000 de ellos puedan ingresar al país si hacen la solicitud de manera remota.

Se espera que las expulsiones de venezolanos superen por mucho esa cantidad y más de 50.000 personas atravesaron el Darién en las primeras tres semanas de octubre, según las autoridades panameñas.

“Esta política no reconoce que el desplazamiento venezolano está en el mismo nivel que el de cualquier país devastado por la guerra”, dijo Maria Corina Vegas, parte del liderazgo de ABIC Action, un grupo de defensoría estadounidense que impulsa una reforma migratoria que beneficie a las empresas. “No atiende nuestro sistema disfuncional de inmigración ni tampoco la escasez de mano de obra que afecta nuestros negocios y economía”.

Sin embargo, el gobierno de Biden argumentó que estaba fomentando una vía de entrada más segura para algunos migrantes venezolanos.

“Quienes sigan el proceso lícito tendrán la oportunidad de viajar de forma segura a Estados Unidos y ser elegibles para trabajar aquí”, dijo el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, al presentar el programa.

Antes de la nueva medida, a la mayoría de los venezolanos que cruzaban la frontera se les permitía comenzar la solicitud asilo, un proceso que puede llevar años en decidirse y para el que solo califica un pequeño porcentaje de migrantes.

Unos 1200 venezolanos cruzaban la frontera suroeste al día antes de que el gobierno de Biden anunciara la nueva política, dijeron las autoridades estadounidenses. En días recientes, la cantidad cayó a unos 150 diarios.

Durante los primeros 10 días de la política, alrededor de 5100 venezolanos fueron devueltos a México, según Naciones Unidas.

Pero la medida parece haberse concebido sin un plan claro para quienes son expulsados a México.

Muchos vendieron sus hogares y pertenencias para hacer el viaje y gastaron los últimos ahorros para poder llegar hasta la frontera.

El viernes, el gobierno mexicano organizó una reunión de emergencia con las organizaciones de ayuda para discutir los pasos siguientes.

En un mensaje a los medios, el gobierno de México anunció que estaba aumentando la capacidad de sus albergues y que contemplaba trabajar con organizaciones internacionales, entre ellas las Naciones Unidas y la Cruz Roja, para permitir a los migrantes permanecer en México, lo que podría incluir otorgar permisos de trabajo.

Pero en los últimos días, los venezolanos en Ciudad Juárez que habían sido devueltos de la frontera recibieron una forma de la autoridad migratoria mexicana que indicaba que tenían que salir del país “por sus propios medios” en los siguientes 15 días. Cuando se le pidió comentar, un funcionario de inmigración dijo que los migrantes podrían prolongar su estadía si solicitaban asilo.

Por todo México y Centroamérica, muchos venezolanos intentan dilucidar qué sigue ahora y hay pocas respuestas.

En Guatemala, Panamá y Honduras, las autoridades de migración trabajan con los consulados venezolanos y las Naciones Unidas para ayudar a las personas que desean volver a Venezuela.

Pero la situación se complica debido a que muchas personas no cuentan con pasaportes ni con dinero para costear un boleto de avión.

Tras el anuncio de la nueva política estadounidense, el gobierno de Guatemala dijo que más de 90 migrantes venezolanos habían decidido recientemente volver a casa, y que se les asignarían vuelos luego de que amigos o familiares accedieran a pagar sus pasajes.

La crisis en Venezuela empezó hace casi una década cuando la corrupción y la mala gestión de un gobierno autoritario de inspiración socialista ocasionaron una debacle económica, que ha sido exacerbada por las sanciones de Estados Unidos.

Durante años, los venezolanos migraron a países vecinos en Sudamérica, pero dado que la pandemia y la inflación global han golpeado a esas economías, muchas personas partieron rumbo a Estados Unidos.

Este mes, las Naciones Unidas dijo que más de 7,1 millones de personas han salido de Venezuela desde 2015, lo que convierte al éxodo del país en el más numeroso del mundo.

El programa creado por las autoridades estadounidenses que permite a algunos venezolanos solicitar el ingreso legal desde otros lugares sigue el modelo de una iniciativa diseñada para los ucranianos. Requiere que los venezolanos tengan un pasaporte válido y a alguien en Estados Unidos dispuesto a auspiciarlos.

Mientras que el programa ucraniano está abierto para una cantidad ilimitada de personas, la versión para los venezolanos tiene un límite de 24.000 participantes.

Este año, al menos 150.000 venezolanos han llegado a la frontera con Estados Unidos.

Algunas organizaciones que trabajan con temas migratorios elogiaron la creación de un camino legal, aunque sea estrecho. Cuatro venezolanos llegaron al país recientemente gracias al nuevo proceso.

Pero los críticos dicen que el programa va a descalificar a los venezolanos más pobres, muchos de los cuales carecen de los documentos requeridos y no conocen a nadie en Estados Unidos. El programa también descalifica a las personas que ingresaron a Panamá o México después del 19 de octubre, lo cual incluye a muchas de las que actualmente viajan hacia la frontera estadounidense.

“Es algo devastador el saber que de nada sirvió toda esta travesía”, dijo Margaret Diaz, de 28 años, quien llegó a la frontera de Estados Unidos dos días después de que se anunció la política de expulsión.

Diaz dijo que su esposo y las hijas pequeñas de ambos vendieron “lo poco que teníamos” y pidieron dinero prestado antes de salir de su hogar en Chile el mes pasado.

Cuando Diaz y su familia se presentaron ante las autoridades estadounidenses el 14 de octubre, fueron trasladados a un centro de detención. Recuerda haber pensado: “Si nos reciben es porque ya somos ganadores”.

Varios días después, no obstante, los subieron a un autobús que ya llevaba a otros venezolanos y los dejaron en Ciudad Juárez.

Recordó voltear a ver a su esposo, quien estaba llorando.

Para llegar a Estados Unidos, Jonnaleth Hidalgo, de 22 años, había caminado con su esposo y su hija pequeña por el Darién, que describió como “infierno en la Tierra”.

En el camino casi se ahogaron.

La semana pasada, en Ciudad Juárez, mientras la fuerza del sol empezaba a calentar una mañana fría, Hidalgo era una de alrededor de 60 venezolanos que avanzaron a una zona de la frontera que se halla justo enfrente de un puesto migratorio estadounidense del otro lado del río.

Bajo la mirada de los agentes, el grupo desplegó mantas que pedían ayuda.

Vestida con una camiseta blanca, describió la protesta como un intento desesperado “para mostrar a los que están del otro lado que tenemos derechos humanos”.

Fuente: The New York Times https://www.nytimes.com/es/2022/10/24/espanol/venezolanos-estados-unidos-mexico.html.

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Sin contratiempos y sin obstáculos, la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), propietaria del avión venezolano retenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en Buenos Aires, Argentina, aterrizó y despegó la aeronave en suelo mexicano sin que tenga permisos para operar como una aerolínea.

Al 14 de junio de 2022, la aerolínea filial de Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) no cuenta con una autorización de la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes (SICT) para ofrecer servicios de carga desde algún aeropuerto de la República Mexicana.

La línea aérea ligada al gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, carece de los permisos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), un organismo encargado de administrar, coordinar, vigilar, operar y controlar la prestación de los servicios de transporte aéreo nacional e internacional, aeroportuarios, complementarios y comerciales en México.

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Emtrasur tampoco cuenta con la autorización de la Secretaría de Economía (SE) para que opere como empresa extranjera en alguna de las regiones de la República Mexicana, según información a la que tuvo acceso Forbes México.

La aerolínea venezolana, que hizo un vuelo la noche del 5 de junio de 2022 desde el Aeropuerto Internacional de Querétaro rumbo al Aeropuerto de Maiquetía en Venezuela, tampoco fue dada de alta en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, como ocurrió con otras dos aerolíneas venezolanas que tienen vigentes sus permisos para operar en México.

Emtrasur aterrizó y despegó sin contratiempos un avión Boeing 747, matrícula YV 3531, a pesar de que no cuenta con los permisos autorizaciones que sí tiene las aerolíneas venezolanas Conviasa y Avior Airlines.

La Empresa de Transporte Aerocargo del Sur fue creada el 19 de noviembre de 2020 por la administración de Nicolás Maduro mediante el Decreto Nº 4.379, publicado en Gaceta Oficial 42.011.

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La aerolínea de carga se encuentra adscrita al Ministerio de Transporte y es filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa). Tiene como principal objetivo potenciar la importación y la exportación a través de operaciones de carga aérea entre Venezuela y naciones de Asia, Medio Oriente y América. 

El centro de operaciones de Emtrasur está ubicado en la Base Aérea El Libertador, en Maracay, estado de Aragua.

El 14 de febrero de 2022, Emtrasur realizó su vuelo inaugural con el Boeing 747-300 “Luisa Cáceres de Arismendi”, una aeronave carguera con capacidad de 90 toneladas y 600 metros cúbicos.

El avión trasladó a Venezuela 24 toneladas de medicamentos, equipos médicos e insumos de protección personal provenientes de Bielorrusia. El gerente general de carga es César Pérez.

La retención del avión en Argentina

Un grupo de diputados argentinos de Juntos por el Cambio informó que desde el 6 de junio pasado se encuentra retenido en el aeropuerto de Ezeiza el avión Boeing 747-300 M matrícula YV3531 de origen venezolano-iraní.

“En él se trasladaban 5 ciudadanos iraníes —aunque figuraban 7 en la documentación de la nave— y 14 venezolanos”, explicó el diputado Waldo Ezequiel Wolff en una carta para citar al ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Domingo Fernández, a fin de que brinde explicaciones a la Cámara de Diputados sobre el avión de la empresa Emtrasur Cargo.

El presidente del International Council of Jewish Parliaments para Latinoamérica dice que la aeronave circulaba con un manifiesto de vuelo que tenía irregularidades.

“La retención en nuestro país del referido avión, estrechamente vinculado a la compañía iraní Mahan Air, sancionada por los Estados Unidos por sus vínculos con actividades terroristas, constituye un hecho que debe ser esclarecido con urgencia por las autoridades nacionales”,

comenta Wolff, quien escribió el libro Asesinaron al fiscal Nisman. Yo fui testigo.

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El exvicepresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA) recuerda que el avión de extitularidad de la compañía iraní Mahan Air, que opera desde enero para Emtrasur Cargo fue en realidad usado durante los últimos 15 años por la compañía iraní.

Mahan Air fue sancionada por Estados Unidos, ya que considera que dicha aerolínea es un brazo logístico de Quds, fuerza que responde a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que se especializa en guerra asimétrica, además de operaciones de inteligencia militar, agrega el diputado argentino.

“A su vez, los investigadores locales habrían recibido información que indicaba que estas personas podrían tener vínculos con la fuerza Quds, un grupo calificado como terrorista por los Estados Unidos y cuyo jefe de 1994 tiene pedido de búsqueda y captura internacional por el atentado a la AMIA en la Argentina”,

expresa Wolff.

Dice que no está de más recordar que conforme fue establecido por la justicia argentina, los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires (1992) y a la AMIA (1994), fueron planificados y ejecutados por el Hezbollah, un grupo terrorista financiado y apoyado por la República Islámica de Irán.

“Ello, sumado a que varios de los acusados iraníes de los atentados referidos, son actualmente funcionarios del gobierno de dicho país”,

añade.

“Por todo lo expuesto, es que exigimos a las autoridades y organismos de control competentes, que brinden con máxima celeridad información precisa al respecto, y conforme los puntos que se detallan en el presente pedido de informes de forma no taxativa”,

expresan los diputados de Juntos por el Cambio. 

Las otras aerolíneas venezolanas en México

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri informó que el avión de Emtrasur Cargo despegó vacío del Aeropuerto Internacional de Querétaro la noche del 6 de junio de 2022.

“Me dicen que salió vacío y que se avisó a la Secretaría de Gobernación, así como a todas las dependencias federales”,

declaró el gobernador de Querétaro.

El 16 de octubre de 2019, Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, conocida en el mercado de la aviación como Conviasa, se registró como una empresa extranjera para operar en México.

“Los actos de comercio que —Conviasa— realizará en México de manera habitual explotación del servicio público de transporte aéreo internacional comercial, regular y no regular de pasajeros, correo, carga y operaciones comerciales turísticas”,

explica el registro de la empresa venezolana ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México.

La constitución de la sucursal de Conviasa corrió a cargo de Carlos Campillo Labrandero, un mexicano de nacimiento y originario de Londres, Inglaterra, donde nació el 7 de marzo de 1974.

Campillo Labrandero tiene “facultades para establecer una sucursal de Conviasa en los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objeto será concordante con el objeto de la sociedad principal, siendo este la explotación del servicio público de transporte aéreo nacional e internacional, comercial, regular y no regular de pasajeros, correo, carga y operaciones comerciales turísticas; en esa medida, llevar a cabo cualquier procedimiento que implique la constitución de la sucursal y presentar las solicitudes que se puedan requerir bajo la Ley Mexicana para el establecimiento de Conviasa”.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Agencia Federal de Aviación Civil concedieron un permiso para establecer y explotar el servicio público de transporte aéreo internacional regular de pasajeros, carga y correo al Consorcio Venezolano de Industria Aeronáuticas y Servicios Aéreos.

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El 14 de octubre de 2019, la Secretaría de Economía autorizó a Conviasa “para realizar habitualmente actos de comercio en la República Mexicana y a las personas morales a que refiere el artículo 2 mil 736 del Código Civil”.

Avior Airlines es otra aerolínea de origen venezolano, que cuenta con los permisos correspondientes de la SICT, AFAC y la Secretaría de Economía para operar en territorio mexicano.

“El objeto social de la sucursal de Avior Airlines consistirá en la prestación de servicios de transporte aéreo internacional regular de pasajeros, correo y carga incluyendo mercancías peligrosas, así como los de transporte aéreo no regular de conformidad con las leyes de México.

Asimismo podrá la sucursal de Avior Airlines actuar como representante de compañías extranjeras o como agente de turismo y adquirir, arrendar, administrar, fletar, vender, hipotecar y mantener aeronaves y helicópteros, dice el registro presentado el 30 mayo de 2018 ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México.

Natalia Carolina del Ángel Negrete, de nacionalidad mexicana, fue la encargada de registrar a la aerolínea venezolana. El 11 de mayo de 2018, la Secretaría de Economía le entregó el permiso para instalar su sucursal en México, así como la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte y la Agencia Federal de Aviación Civil autorizó sus permisos para operar en el mercado de mexicano.

Fuente: Forbes.

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Casi a las 7 de la mañana del 1 de agosto de 2021, el buque carguero Melba, de bandera panameña, partió desde Veracruz hacia el puerto de Mariel, en Cuba. En su cargamento de mil toneladas, llevaba material donado irregularmente por el gobierno de México a través del Conacyt.  

Son 200 ventiladores mecánicos fabricados por Conacyt los que se despacharon en las bodegas del barco y, junto con ellos, otros materiales que salieron de México en un flete de la marina mercante internacional. 

De acuerdo con la información obtenida por EMEEQUIS después de que el Conacyt se negara en un principio a proporcionarla, este consejo prefirió enviar el material a Cuba, bajo el nombre del CIDESI y DTM Tecnologías, en el navío panameño, en vez de usar los barcos de la Marina Armada de México que salieron en esa misma semana, el 26 y el 28 de julio de 2021, llevando la ayuda humanitaria del gobierno de México al Pueblo Cubano. 

El arribo de los barcos Libertador y Papaloapan tuvieron la cobertura mediática que acostumbra Cuba al recibir donaciones, e incluso hubo una ceremonia oficial en el puerto de La Habana. No sucedió lo mismo con el envío del Conacyt.

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TRAS LA PISTA DE LOS VENTILADORES

Desde el 17 de enero de 2022 EMEEQUIS ha seguido la pista de estos 200 ventiladores entregados irregularmente a Cuba. En el reportaje titulado “Ventiladores de la 4T: con retrasos, sobrecostos y regalados a Cuba” se explica con documentos que ni la Secretaría de Marina, ni la Presidencia de la República, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, tuvieron conocimiento de la gestión para la entrega-recepción de estos aparatos en el país caribeño.

Fue hasta mayo de este año, luego de que el INAI emplazara al Conacyt con turnar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) su negativa a entregar información, que se obtuvo un “memorándum de entendimiento” firmado por el embajador de Cuba en México (quien, por cierto, no estaba en funciones para cuando se llevó a efecto la donación de los 150 ventiladores Ehécatl y 50 Gatsi, ya que llegó a México hasta el mes de diciembre de 2021).

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El boleto de embarque, obtenido por EMEEQUIS por medio de la solicitud de transparencia con número 330010922000129, dice claramente: “Esta mercancía es de origen mexicano, no se permitían (sic) transbordos ni escalas en los Estados Unidos de América, ni en territorios bajo su jurisdicción y/o administración” y luego reitera: “En ningún case (sic) se podrán realizar transbordos o escalas en territorio de los Estados Unidos de América, o bajo su jurisdicción”.

Este viaje, usado por la administración pública de México para transportar mercancías a Cuba, es apenas es uno de los 14 embarques que desde noviembre de 2020 y hasta diciembre de 2021, este buque llevó a cabo desde puertos mexicanos hacia puertos cubanos, con más de 5 mil 763 toneladas de mercancías, entre minerales y carga general en contenedores, de acuerdo con la información pública de la Administración del Sistema Portuario Nacional. 

MATRÍCULA DE PANAMÁ, HECHO EN ESLOVAQUIA… 

De acuerdo con información obtenida de la plataforma Vessel Finder, que se dedica a dar seguimiento del tráfico marítimo internacional, el Melba es un buque mercante matriculado en Panamá, propiedad de Farwell Investments Inc; botado al mar en el año de 2004. Tiene un peso neto de 2 mil 485 toneladas y una eslora de 87 metros, y una velocidad máxima de 22 kilómetros por hora. Sirve principalmente para carga de contenedores y traslado de mercancía seca en general. Se construyó en Eslovaquia, en los astilleros Slovenske Lodenice Komarno Prevadzkaren AS.

El puerto mexicano preferido para el despacho de este buque es el de Veracruz, aunque también ha salido con rumbo a Cuba desde otros puertos veracruzanos, como son Coatzacoalcos y Tuxpan, con destinos a La Habana, Santiago de Cuba, y principalmente el puerto de Mariel, hacia donde zarpó en 9 de esos 14 viajes.

Este barco, tiene una ruta definida entre la que se ha movido desde finales de 2020 hasta la fecha, que incluye Cuba, donde recorre varios de sus puertos, Venezuela y México, donde carga para después transportar hacia el país isleño. Desde Venezuela, el Melba ha salido 10 veces con ruta hacia Cuba, principalmente a los puertos de Santiago de Cuba y Mariel.

A pesar de tener bandera panameña, el Melba no ha dirigido ninguno de sus viajes a ese país desde 2020, sino que principalmente se mueve en territorio cubano, recorriendo los puertos de Santiago, Mariel, La Habana, Niquero, Cienfuegos, La Habana, Tarafa y Puerto de Vita. Al igual que en el caso mexicano, en Venezuela el puerto favorito para el barco panameño es La Guaira, donde carga y se dirige a Cuba. También en Venezuela toca en ocasiones los puertos de Cardon y Cabello, aunque desde La Guaira mantiene la mayor parte de sus operaciones con Cuba.

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A partir del 24 de diciembre de 2021, cuando salió de Tuxpan hacia Mariel, no ha tocado puertos mexicanos. Su ruta, desde esa fecha, es entre Venezuela y múltiples puertos cubanos, hacia donde distribuye la carga que realiza en La Guaira en Venezuela y que transporta a Santiago, Mariel, Cienfuegos y La Habana.

Se desconoce si alguno de estos equipos mexicanos, que carecen de patente oficial y cuyo uso se recomienda solamente como equipo de emergencia, se encuentran instalados y funcionando en alguno de los hospitales que tratan pacientes críticos contagiados de COVID-19, de acuerdo con llamadas telefónicas a médicos de ese país.

Además, todavía no hay respuesta oficial por parte de la embajada de Cuba en México o del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano sobre si los equipos ya se están usando o siguen en alguna bodega en Mariel. Las autoridades cubanas aún no responden la solicitud de información que este medio les envió desde el 11 de enero de este año.

Fuente: EMEEQUIS.

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En entrevista con Luis Cárdenas para MVS Noticias, Salvador Mejía, socio de Asimetrics, nos habló de la aerolínea venezolana que operará en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Mejía nos recordó que “el único vuelo internacional del AIFA es de una aerolínea venezolana, Conviasa, la cual está en la lista negra del Departamento de Estado”.

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¿Aerolínea relacionada con tráfico de drogas?

El experto dijo que la aerolínea venezolana ha sido utilizada para los fines “personalísimos del gobierno de Venezuela con el transporte de personas relacionadas con el terrorismo y con el tráfico de drogas”.

Finalmente, Mejía señala que el AIFA es el claro ejemplo de lo que pasa cuando manipulas y utilizas en favor de tus intereses el discurso oficial anticorrupción: “No se ha podido probar ninguna de las acusaciones de corrupción contra Texcoco”.

Fuente: MVS Noticias.

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A partir del pasado 21 de enero los ciudadanos venezolanos necesitan usar una visa para entrar a México, luego de que apenas unas semanas el gobierno mexicano anunciara la decisión. Pero no nada más, sino que en los pasados meses México implementó el requerimiento de visa para ciudadanos de Ecuador y también de Brasil.

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La decisión del gobierno mexicano se dio para reducir el número de migrantes venezolanos en el país, muchos de los cuales están de paso para cruzar a Estados Unidos. En el caso de Venezuela, México se suma a una la larga lista de países que ya han impuesto la visa como requisito, sobre todo después de 2015, cuando empezó a incrementarse la migración proveniente de Venezuela. En 2017, Panamá impuso la exigencia de una visa para los venezolanos, mientras que en 2018 se sumó Chile y para 2019 también Perú, Trinidad y Tobago y Ecuador.

Sin embargo, la medida se suma también a la decisión de suspender los acuerdos de no visado que México tenía con Brasil y Ecuador en meses pasados.

¿Por qué la decisión de México?

Al anunciar la medida, el gobierno mexicano dijo que se ha identificado un incremento sustancial de venezolanos que ingresan al país “con una finalidad distinta a la permitida por la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”.

Asimismo, México dijo que se había incrementado la tendencia de ciudadanos venezolanos que estaba en tránsito para ir a un “tercer país”. Según el gobierno de México, se ha presentado un incremento de más del 1,000% el flujo de venezolanos, en comparación con los cinco años previos.

De acuerdo a las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, entre enero y noviembre pasado ingresaron a través de aeropuertos mexicanos 160,379 venezolanos, cifra que supera en más del quíntuple el registro del mismo período del 2020, que fue de 29,789.

Las autoridades mexicanas, asimismo, han reconocido que ha habido un aumento en declaraciones falsas sobre los motivos de viaje, la diversificación de rutas de tránsito, y algunos delitos asociados a la movilidad internacional, como la trata de personas y el tráfico de migrantes.

¿Ofrecer refugio y protección?

Diversas instituciones pidieron a México no implementar la medida. Amnistía Internacional envió una carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador donde decía que la mayoría de los venezolanos que huyen de su país “son personas refugiadas y tienen derecho a protección internacional”.

En los últimos años más de seis millones de personas han salido de Venezuela, huyendo de la compleja crisis social y económica que golpea a la nación sudamericana, según cifras de las Naciones Unidas.

Debido al incremento de salida de su país por parte de ciudadanos venezolanos, la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados lanzaron en diciembre pasado un plan regional por $1,790 millones en apoyo a las crecientes necesidades de los refugiados y migrantes de Venezuela, y las comunidades de acogida en 17 países de América Latina y el Caribe.

¿Presión de Estados Unidos?

Por otro lado, ha habido reportes que indican que la decisión del gobierno mexicano se debe a una presión por parte de Estados Unidos. La agencia de noticias Reuters escribió que una persona cercana a las relaciones entre México y Estados Unidos dijo que Washington había pedido a México imponer restricciones de visa a los venezolanos, y señaló que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) se ha quejado del incremento de migrantes venezolanos que llegan al país.

El reporte de la agencia de noticias, publicado en noviembre pasado, agrega que otra fuente dijo que la presión por parte del gobierno estadounidense aumentó luego del verano pasado, cuando la llegada de venezolanos a Estados Unidos se había disparado.

Antes ya se había reportado que en octubre, el gobierno de Biden quería que México impusiera requisitos de visa a ciudadanos brasileños para complicar su camino a la frontera con Estados Unidos. Y en septiembre, México suspendió las exenciones de visa para ecuatorianos durante seis meses luego de un fuerte aumento en la llegada de ciudadanos de aquel país a la frontera de Estados Unidos

¿Qué pasó con Ecuador y Brasil?

Al igual que pasó con Venezuela, México suspendió recientemente los acuerdos de no visado con Brasily Ecuador para frenar el flujo de migrantes que van hacia Estados Unidos.

A partir del 11 de diciembre, los turistas brasileños deben presentar visa para entrar a México. El comunicado de la secretaría de Relaciones Exteriores de México decía que la decisión “obedece al incremento de flujos irregulares [de migración] y a que de manera lamentable, grupos delictivos lucran, con base en engaños, del interés de nacionales brasileños por migrar de manera irregular a Estados Unidos a través de México”.

Asimismo, a partir del 4 de septiembre y hasta marzo de 2022 —por el momento—, los viajeros ecuatorianos que vayan a México deben pedir autorización previa a las autoridades migratorias para entrar al país. Según cifras que el gobierno mexicano dio a conocer entonces, solo uno de cada tres ecuatorianos identificados como turistas que llega a México, vuelve a su país. Además, la cantidad de viajeros ecuatorianos que llega a México no ha dejado de crecer desde que se se había eliminado el requisito de visa, en noviembre de 2018.

Fuente: Dallas News.

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A partir del 21 de enero, todas las personas originarias de Venezuela deberán tramitar una visa para poder ingresar a México, así lo determinó la Secretaría de Gobernación (Segob) en un acuerdo que publicó en la edición vespertina de este jueves 6 de enero del Diario Oficial de la Federación.

En dicho acuerdo, la dependencia justifica la imposición del visado a los venezolanos como una medida para contener la ola migratoria hacia Estados Unidos.

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En el acuerdo, por el que se da a conocer la aplicación de visa en pasaportes ordinarios a los nacionales de Venezuela en la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas en México, la Segob estima que entre enero y septiembre del año pasado el tránsito proveniente del país sudamericano aumentó en más de 1,000% en comparación con el mismo periodo de los cinco años previos.

“Se ha identificado un incremento sustancial de nacionales de la República Bolivariana de Venezuela que ingresan al territorio nacional con supresión de visa con una finalidad distinta a la permitida por la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (…) como lo es el tránsito irregular hacia un tercer país”, indicó la dependencia, que calcula que más de un tercio de los venezolanos que ingresaron a México entre enero y septiembre lo hicieron con ese fin.  

La Segob también advirtió sobre el “incremento en declaraciones falsas sobre sus motivos de viaje (de los nacionales de Venezuela en México), la diversificación de rutas de tránsito y la identificación de algunos delitos asociados a la movilidad internacional, como la trata de personas y el tráfico de migrantes, lo cual refleja un uso inadecuado de la medida de facilitación con distintos impactos”.

Por estos motivos, dijo, el gobierno mexicano decidió imponer visado a los venezolanos.

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“A partir de la entrada en vigor del presente acuerdo (21 de enero), los nacionales de la República Bolivariana de Venezuela que pretendan ingresar al territorio nacional en la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, deberán tramitar la visa en términos de los Trámites 1 y 2 de los Lineamientos Generales para la expedición de visas que emiten las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores”,

se lee en el documento.

La Secretaría de Gobernación precisó que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se llevarán a cabo “acciones conjuntas con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para garantizar flujos migratorios seguros, ordenados y regulares que permitan en su momento, suprimir el requisito de visa a nacionales de la República Bolivariana de Venezuela”.

Es así como Venezuela se suma a otros países a los que México ha decidido imponer visa para frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos, como Brasil y Ecuador.

Fuente: Forbes.

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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abordará este jueves (18.11.2021) en Washington en una cumbre con su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, la situación en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Así lo señalaron funcionarios de alto rango del Gobierno estadounidense en una rueda de prensa telefónica, en la que no dieron detalles sobre en qué se centrarán las conversaciones sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela, ni si habrá algún tipo de petición de Biden a López Obrador y Trudeau a este respecto.

Únicamente se limitaron a mencionar las medidas adoptadas recientemente por EE.UU. contra Managua, como las sanciones a responsables de ese país y la prohibición de entrada a suelo estadounidense del presidente Daniel Ortega, tras las elecciones del pasado 7 de noviembre.

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Las reuniones de BIden con López Obrador y Trudeau se producirán antes de celebrar un encuentro trilateral.

Entre otros temas de la agenda de esas reuniones están la ampliación de la cooperación económica y los esfuerzos para acabar con la pandemia de COVID-19.

En materia económica, estudiarán la creación de un grupo de trabajo norteamericano centrado en las cadenas de suministros, que tendrá como misión «definir las industrias esenciales para minimizar interrupciones en futuro, lo que incluye áreas de trabajo como los minerales críticos», dijo uno de los funcionarios.

Asimismo, los líderes reafirmarán «el apoyo a protecciones fuertes a los derechos laborales», de acuerdo con el tratado comercial entre EE.UU., México y Canadá (T-MEC), así como la prohibición de importar bienes que sean producidos con mano de obra forzosa.

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En cuanto a la pandemia, uno de los temas que estarán en la mesa de conversaciones serán las vacunas.

Uno de los funcionarios indicó que EE.UU. primero donó dosis a sus dos vecinos, y subrayó que México ha recibido 10,9 millones de vacunas de EE.UU. que suponen el 10 % de las que el país latinoamericano tiene en su poder.

En ese sentido, la fuente adelantó que «los líderes van a alcanzar un acuerdo por el que Canadá y México van a compartir algunas de las vacunas que fueron parte del intercambio, y las van a compartir con la región».

En ese sentido, detalló que contarán con expertos en salud pública para determinar cuándo y qué cantidad de dosis son enviadas a otras naciones.

Esta es la primera vez que los dirigentes de EE.UU., México y Canadá se reúnen en este tipo de cumbre, conocida como de los «tres amigos», en los últimos cinco años.

La crisis climática será otro de los asuntos en la agenda del jueves.

Sobre este punto, el funcionario hizo hincapié en la promesa de Norteamérica de reducir las emisiones de metano producidas por el sector del petróleo y el gas entre el 60 y el 75 % hacia 2030.

Fuente: DW.

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Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) identificó que entre 2019 y 2020 ocho empresas mexicanas asentadas en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y en la Ciudad de México utilizaron una estructura de al menos 13 importadoras creadas en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para enviar alimentos a Venezuela.

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Según registros de comercio exterior las empresas facturaron más de 64 millones de dólares, equivalentes unos mil 200 millones de pesos.

Esta nueva red es diferente a la que surgió a finales del sexenio pasado, cuando la entonces PGR implicó a 25 empresas y personas físicas en el lavado de 156 millones de pesos, y que fueron perdonados en el 2018 tras un «acuerdo reparatorio» que consistió en un donativo de 3 millones de dólares para la ONU.

REFORMA informó ayer que la UIF denunció ese acuerdo por ilegal y avalado por ex funcionarios del Gobierno de Enrique Peña.

La nueva estructura también es operada por Alex Saab -actualmente preso en EU- y compra alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela (CLAP).

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En 2018, las compras de México para los CLAP se detuvieron al exhibirse la mala calidad de alimentos vendidos con sobrecosto y con un aparente esquema de corrupción, lavado y evasión fiscal.

Pero entre 2019 y 2020 revivió una nueva estructura con importadoras ubicadas en Fresnillo, Zacatecas, Veracruz y CDMX, y empresas de lácteos, granos y abarrotes de Nuevo León y Guanajuato.

Los dueños de esos negocios se asociaron con Patricia Mundarain Guzmán, acusada de desvío de fondos públicos en Venezuela y con Esneidy Mayerling Villanueva Medina, esposa del ex alcalde chavista Jonnathan Teodoro Marín Sanguino, también acusado de corrupción en aquel país.

Fuente: Heraldo.

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Con la etiqueta de ser un país que privilegia el diálogo para la solución de conflictos, hoy México se convierte nuevamente en sede para instalar una mesa de pláticas entre dos partes confrontadas desde hace casi una década: el gobierno de Venezuela y la oposición a éste. 

Este fin de semana comienza un nuevo diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición encabezada por Juan Guaidó, con mediación de Noruega y en territorio mexicano. Es el quinto intento, fuera de Venezuela, para lograr una ruta de salida al conflicto que se vive en aquel país. 

Con la esencia de tener en práctica, de manera permanente, la Doctrina Estrada, de que el gobierno de México solamente se limita a mantener o retirar (a sus diplomáticos) cuando lo crea procedente, sin calificar precipitadamente, ni a posteriori, el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir  a sus gobiernos o autoridades, en territorio mexicano se han llevado a cabo, en más de dos ocasiones, conversaciones para solucionar conflictos que se viven más allá de las fronteras mexicanas. 

Durante los últimos 20 años del siglo XX, por iniciativa de otras partes, y también propia, México fungió como actor importante para poner fin a guerrillas como la de Centroamérica.

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Es muy reconocido el Grupo de Contadora, una instancia multilateral que se creó en 1983, a partir de un llamado del primer ministro de Suecia y los premios Nobel de la paz. Gabriel García Márquez, Alfonso García Robles y Alva Mydral, para buscar dar fin a la guerrilla en Centroamérica. A propuesta de México y Colombia, que invitaron a Panamá y Venezuela, se creó un grupo para promover de manera conjunta, la paz en Centroamérica. Así se llegó a la isla de Contadora, en Panamá, de donde salió un compromiso. 

México colaboró también para acabar con el conflicto interno en Guatemala y en 1992 se firmaron los Acuerdos de Paz de Chapultepec, con los que se logró parar la confrontación entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. 

El territorio mexicano también fue sede para que el gobierno de Colombia se sentara a dialogar con la Coordinadora Guerrillera, conformada por las FARC, el ELN y EPL. No prosperó el diálogo debido a que durante el desarrollo de las pláticas, la violencia continuó. 

“Esto habla de que México está volviendo a rescatar ese espacio de diálogo que siempre tuvo a disposición y que no significa injerencia”,

señaló Nayar López, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. 

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El especialista en temas de América Latina y El Caribe subrayó que con este diálogo México rescata ese espacio de diálogo que antes del siglo XXI tuvo para el exterior. 

“Responde a un giro de la política exterior de México hacia América Latina, abandonando esa lógica de injerencia que se dio durante los últimos 3 sexenios”, comentó. 

Nayar López subrayó que, con este diálogo, México puede reposicionar su papel de gran influencia a nivel internacional, de manera geopolítica.  

“México tiene una dimensión geopolítica e influencia internacional muy importante. Cuando México se sumó al concierto de intervencionismo de Estados Unidos, se desdibujó en el sentido del respeto en la diplomacia internacional. Esto es un giro importante e incorporará a México en un ámbito en donde su voz puede tener mayor respeto”, añadió. 

Por su parte, la internacionalista Aribel Conteras, celebró que México sea sede del diálogo entre el gobierno de Maduro y sus opositores. 

“México lo visualiza como una gran oportunidad para consolidarse como líder en la región, hecho que había perdido”, indicó. 

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Se trata, dijo, de dar continuidad a una tradición política. 

Si el diálogo funciona, subrayó, será de gran trascendencia para México, toda vez que le beneficiará en su imagen internacional; pero si no hay acuerdo alguno, se debe analizar el por qué y no dar culpa al gobierno mexicano. 

“Aquí lo importante es que México entiende que no es juez y parte, no tiene por qué serlo, simplemente pone la plataforma y se mantiene neutral”, mencionó. 

Sobre el caso de Estados Unidos, Aribel Contreras consideró que la Unión Americana puede visualizar que mejor sea México quien intente hacer algo, a que lo haga el propio gobierno estadounidense. 

“Seguramente Estados Unidos estará muy atento a ver qué ocurre, pues le interesa que haya un proceso de pacificación”, puntualizó. 

Fuente: El Universal.

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