La funcionaria detalló, en la conferencia mañanera de este martes 14 de abril, que existe riesgos para testigos, víctimas y personal de seguridad la posible liberación de estos presuntos delincuentes; pues declaró que muchos de éstos están vinculados a grupos del crimen organizado; además que podrían representar una amenaza para la población en general.

“Hacemos un llamado a la Corte a respetar la Constitución, respetar la división de poderes, no excederse en sus facultades, considerar las graves consecuencias que eliminar la prisión preventiva oficiosa tendría para la seguridad nacional en las circunstancias actuales y que valoren atacar mejor uno de los problemas de fondo, que es la enorme tardanza de las resoluciones de sus asuntos que hemos denunciado en este espacio en múltiples ocasiones”, comentó Alcalde Luján.

La titular de la Secretaría de Gobernación detalló que la SCJN está considerando invalidar el artículo 19 constitucional y ordenar a los jueces del país no aplicar la prisión preventiva de oficio, esto a raíz de que una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en enero de 2023, exigió la eliminación de la prisión preventiva.

“El viernes pasado el gabinete de Seguridad le enviamos una carta a todas las ministras, a todos los ministros, para plantearles cuáles son nuestras preocupaciones y de entrada señalamos que esta decisión impactaría a la posible liberación de 68,000 presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy. Estamos hablando de 11,640 acusados de homicidio, 7,150 acusados de secuestro, 5,617 de violación, 4,013 de narcotráfico y narcomenudeo, 3,800 de portación de armamento y explosivos, 1,405 de feminicidio, 1,273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada», detalló la titular de la Segob.

Cabe destacar que el número es tan alto precisamente porque la problemática está vinculada a la enorme tardanza de los propios jueces y de la cantidad de recursos y amparos que hacen que todos estos procesos duren mucho tiempo en resolverse”, dijo Luisa María Alcalde.

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De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación (Segob), desde el 1 de septiembre de 2021 hasta la fecha, el Congreso acumula ocho mil 767 asuntos pendientes. Predominan iniciativas en materia laboral, de acceso al agua, la regulación y uso lúdico del cannabis, y las más recientes iniciativas de reforma constitucional remitidas desde Palacio Nacional.

La actual LXV Legislatura del Congreso de la Unión tiene previsto cerrar el último periodo ordinario de sesiones el próximo 30 de abril. A partir de esta fecha, sólo los diputados y senadores que se integren a las funciones de la Comisión Permanente se mantendrán con actividad parlamentaria.

A este rezago legislativo se suman las 20 iniciativas de reforma constitucional que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, el pasado 5 de febrero.

De éstas, 18 buscan modificar la redacción de la Carta Magna en temas como la Guardia Nacional, el Poder Judicial de la Federación, cuidado animal, pueblos indígenas y afromexicanos, pensiones, en materia electoral, entre otros rubros. También se considera la desaparición de algunos órganos constitucionalmente autónomos.

Sobre estas iniciativas, legisladores como el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, han advertido que son temas que se abordarán hasta la siguiente y nueva legislatura, es decir, a partir del 1 de septiembre.

Algunos de los pendientes en el Congreso, particularmente en el Senado de la República, son los nombramientos inconclusos para las vacantes de distintas dependencias e instituciones.

Resaltan casos como designaciones para el Sistema Nacional Anticorrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entre otros.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas, el Senado tiene 25 nombramientos rezagados de años anteriores, 15 previstos para este año, así como 48 vacantes en tribunales electorales locales y 51 magistraturas administrativas en salas regionales y tribunales estatales.

Entre las iniciativas, las reformas en materia laboral también son un tema en el Congreso. En San Lázaro está pendiente la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales; y en el Senado, el pleno no ha discutido la iniciativa -ya aprobada en comisiones- para aumentar de 15 a 30 los días de aguinaldo.

En el mismo rubro también están pendientes temas como la denominada Ley Silla, la cual ya fue aprobada en el Senado, pero falta su ratificación en San Lázaro.

Desde la Cámara alta también se envió a diputados la reforma para establecer un salario mínimo equitativo a mujeres deportistas profesionales.

Otra reforma laboral a la que legisladores federales metieron freno de mano es el aumento de los días de licencias de paternidad, de cinco a 20, con goce de sueldo.

En cuestión de género, hay adeudos en reformas como la de equidad salarial, la interrupción legal del embarazo y la regulación de los vientres de alquiler, entre otras.

El Senado reanudará actividades el 2 de abril y la Cámara de Diputados el día 3.

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En el año 2022, un total de 11.518 estadounidenses recibieron la tarjeta de residente temporal en México, según los datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) del país latinoamericano. La cifra implica un aumento con respecto al año anterior, cuando se habían contabilizado un total de 9.086. En 2020, el año de la pandemia, mientras tanto, el número había sido 5.393 (un descenso frente a los 6.564 de 2019). En otras palabras, de 2020 a 2022 la cifra estuvo cerca de duplicarse.

Casi 7.000 de las tarjetas del año pasado corresponden a estudiantes, según la clasificación que hace el organismo. Le siguen los casos de rentistas, cerca de 3.500, y luego los de trabajadores que se cifran en unos 2.300.

Los estadounidenses que obtuvieron la tarjeta de residencia temporal en 2022 representan casi un 20% del total de extranjeros que tuvieron luz verde con este trámite (59.156 exactamente). Son el país del que más gente ha tramitado esa documentación, seguidos por diferencia de Colombia y Cuba.

La tendencia en alza coincide con un aumento de los totales de extranjeros que se asientan con la habilitación de residentes temporales en el país, que pasó de unos 35.000 en 2020 a cerca de 59.000 en 2022.

Según el Departamento de Estado, cerca de 1,6 millones de estadounidenses viven en México.

Ciudad de México, un refugio de nómadas digitales

Un factor en juego para los estadounidenses es el aumento del costo de vida en su país, que en 2022 registró su peor índice de inflación en 40 años.

Los costos cada vez mayores de la compra y alquiler de vivienda, así como de la comida y los servicios, han llevado a estadounidenses a instalarse en Ciudad de México, en muchos casos aprovechando la posibilidad de teletrabajar. Esto les permite cobrar en dólares, un negocio para los bolsillos de los estadounidenses.

The Economist, que todos los años publica el listado de las ciudades del mundo más caras para vivir, incluyó el año pasado a 22 estadounidenses entre un total de 172. Entre ellas estaban Nueva York, California, Portland, Boston, Chicago y Charlotte.

Ciudad de México, mientras tanto, se situó recién en el onceavo puesto de las ciudades más caras de América Latina, según el ranking de 2022 de la compañía de movilidad global ECA International. Es más barata que otras múltiples capitales de la región como Buenos Aires, Montevideo, Lima y Quito, y también más barata que gigantes como Río de Janeiro y Sao Paulo.

«En San Diego mi apartamento costaba US$ 2.500, era un estudio. Aquí tengo un departamento de un dormitorio por US$ 800», 

contó a David Culver de CNN Erik Rodriguez, uno de los tantos inmigrantes radicados en la capital mexicana, que está oficialmente en calidad de turista.

Para él, que apenas hablaba español, el cambio no se trató de conectar con sus raíces latinas, sino de una ecuación. Sin embargo, se siente cómodo. «Se empieza a sentir como estar en casa. Ya llevo varios meses aquí», dijo.

Una inmigración con costo alto para los locales

El cambio es negocio para los estadounidenses, que llegan con su moneda fuerte, pero no necesariamente para los locales, que a pesar de la inyección para la economía que supone la llegada de nuevos habitantes con poder adquisitivo, también han visto los precios de la vivienda aumentar por la demanda de los extranjeros.

Ese es el caso de Sandra Ortiz, quien durante años tuvo un restaurante familiar en el popular barrio conocido como la Roma. A medida que los precios subieron, se les volvió imposible de sostener y terminaron desalojados, con las pertenencias en la acera de un momento a otro. Ortiz se quedó sin negocio, hoy trabaja en otro restaurante y no ha vuelto a su zona de antes. «Mucho dolor», dice.

Los mexicanos también luchan contra una alta inflación: cerró diciembre en un 7,82 a tasa anual y en enero no mostró signos de baja. A eso se suma que, según expertos, en 2023 el país no llegaría a alcanzar los niveles de crecimiento del año pasado, que fue del 3%.

Fuente: CNN en español https://cnnespanol.cnn.com/2023/02/10/estadounidenses-en-mexico-crecimiento-orix/.

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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó en un comunicado que declaró alerta sanitaria máxima por los riesgos a la salud que representan los vapeadores en todas sus modalidades y, en colaboración con la Secretaría de Gobernación (Segob), «diseña una estrategia para prevenir riesgos y fortalecer acciones de control sanitario a estos productos, los cuales son prioritarios para la autoridad sanitaria federal».

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Cofepris, órgano sanitario mexicano, informó de tres acciones, las cuales son: 

1. Fortalece las acciones de vigilancia sanitaria, incrementando el número de visitas de verificación y aseguramientos de dispositivos, especialmente aquellos localizados en puntos con mayor riesgo de ser consumidos por personas menores de edad. 
2. Refuerza la capacitación de autoridades sanitarias de las entidades federativas sobre control sanitario de este tipo de productos y los establecimientos que los venden. 
3. Implementa la Jornada Nacional de Denuncia Sanitaria enfocada en promover la vigilancia y los reportes ciudadanos sobre máquinas expendedoras y puntos de venta que comercialicen estos productos.

Recuerda además que «ningún vapeador o calentador de tabaco cuenta con autorización sanitaria, ni reconocimiento por parte de la Secretaría de Salud como productos de riesgo reducido o alternativo. Como se informó en la primera Semana Nacional contra Riesgos Sanitarios, autoridades federales y estatales ya realizan operativos para asegurar este tipo de productos gracias a la vigilancia y denuncia ciudadana».

Fuente: Punto Mx.

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El bloque opositor Va Por México alista denuncias en contra del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el titular de la Guardia Nacional, el comandante Luis Rodríguez Bucio, por el probable uso de recursos públicos para realizar promoción de la revocación de mandato.

Ambos funcionarios acudieron el fin de semana a Coahuila y a Sonora, en donde participaron en eventos públicos supuestamente sobre la reforma eléctrica, pero en los que se promocionó el proceso de revocación del 10 de abril.

En esos eventos estuvieron otros servidores públicos, como el gobernador de Sonora, Arturo Durazo.

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Pero según fotografías que fueron difundidas en redes sociales tras su participación, los funcionarios se habrían trasladado en una aeronave de la Guardia Nacional, es decir, se movilizaron a actos partidistas con uso de recursos públicos.

Los eventos fueron organizados por Morena, cuyo líder, Mario Delgado, viajó en la aeronave, lo que también sería irregular. Por esos hechos el Partido Acción Nacional (PAN) ya presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE)

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Acompañado por los dirigentes del Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, y de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, advirtió: “el PAN presentó una queja ante el INE y lo que hemos platicado los dirigentes es que en breve presentaremos todas las denuncias correspondientes por este lamentable hecho”.

Los tres cuestionaron no sólo la probable irregularidad de haber destinado recursos públicos sino que, siendo secretario de Gobernación, Adán Augusto López no contribuye a generar condiciones de gobernabilidad.

Es “absolutamente reprobable la actitud del secretario de Gobernación, está rompiendo el orden constitucional y desviando recursos públicos al usar el avión de la Guardia Nacional para hacer proselitismo”, señalaron.

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Pero además, dijo el panista, “se cae en pedazos la narrativa de la austeridad. Por un lado se dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador anda en vuelo comercial, pero por otro vemos al segundo a bordo, el de Segob y a sus cercanos, en los aviones oficiales del gobierno”.

Zambrano planteó que Morena ya ha hecho regresar el régimen de partido de Estado y lo grave es “la incursión de las fuerzas armadas en política partidizando su participación con la presencia del comandante en situación de retiro militar, y está ahí claramente con traje de militar y esto significa un paso muy peligroso en la militarización creciente”.

El priista Moreno Cárdenas acusó que los servidores públicos no pueden estar “de porristas de Morena para su pretendida revocación”, por lo que serán denunciados.

Fuente: Expansión.

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A partir del 21 de enero, todas las personas originarias de Venezuela deberán tramitar una visa para poder ingresar a México, así lo determinó la Secretaría de Gobernación (Segob) en un acuerdo que publicó en la edición vespertina de este jueves 6 de enero del Diario Oficial de la Federación.

En dicho acuerdo, la dependencia justifica la imposición del visado a los venezolanos como una medida para contener la ola migratoria hacia Estados Unidos.

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En el acuerdo, por el que se da a conocer la aplicación de visa en pasaportes ordinarios a los nacionales de Venezuela en la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas en México, la Segob estima que entre enero y septiembre del año pasado el tránsito proveniente del país sudamericano aumentó en más de 1,000% en comparación con el mismo periodo de los cinco años previos.

“Se ha identificado un incremento sustancial de nacionales de la República Bolivariana de Venezuela que ingresan al territorio nacional con supresión de visa con una finalidad distinta a la permitida por la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (…) como lo es el tránsito irregular hacia un tercer país”, indicó la dependencia, que calcula que más de un tercio de los venezolanos que ingresaron a México entre enero y septiembre lo hicieron con ese fin.  

La Segob también advirtió sobre el “incremento en declaraciones falsas sobre sus motivos de viaje (de los nacionales de Venezuela en México), la diversificación de rutas de tránsito y la identificación de algunos delitos asociados a la movilidad internacional, como la trata de personas y el tráfico de migrantes, lo cual refleja un uso inadecuado de la medida de facilitación con distintos impactos”.

Por estos motivos, dijo, el gobierno mexicano decidió imponer visado a los venezolanos.

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“A partir de la entrada en vigor del presente acuerdo (21 de enero), los nacionales de la República Bolivariana de Venezuela que pretendan ingresar al territorio nacional en la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, deberán tramitar la visa en términos de los Trámites 1 y 2 de los Lineamientos Generales para la expedición de visas que emiten las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores”,

se lee en el documento.

La Secretaría de Gobernación precisó que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se llevarán a cabo “acciones conjuntas con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para garantizar flujos migratorios seguros, ordenados y regulares que permitan en su momento, suprimir el requisito de visa a nacionales de la República Bolivariana de Venezuela”.

Es así como Venezuela se suma a otros países a los que México ha decidido imponer visa para frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos, como Brasil y Ecuador.

Fuente: Forbes.

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