Elementos del Ejército fueron desplegados para apoyar al personal involucrado en el enfrentamiento reportado alrededor de las 15:00 horas del pasado lunes

Culiacán, Sin.- Civiles armados se enfrentaron con elementos del Ejército en la comunidad El Durazno, en la sierra de Durango, la tarde de este lunes.

El reporte del enfrentamiento llegó alrededor de las 15:00 horas por parte del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que pedían apoyo.

Al menos tres helicópteros de la Fuerzas Armadas fueron desplegados en la zona y elementos de seguridad federales se movilizaron al sitio del enfrentamiento.

Por otro lado, los primeros reportes señalan que varias personas perdieron la vida, aunque esta información no ha sido confirmada por autoridades.

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El pasado 2 de julio, el Ejército ingresó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el proyecto turístico con el fin de obtener la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), requisito para cualquier obra de infraestructura en el país.

La Gaceta Ecológica que la Semarnat publicó esta semana da cuenta del ingreso del proyecto con clave 31YU2024T0018 que se realizará en el municipio de Tinum.

El documento indica que el inmueble contará con dos torres, alberca, cafetería, spa y un espejo de agua, entre otras amenidades.

De acuerdo con el proyecto, la Sedena requiere de una inversión de 671.3 millones de pesos para la construcción del inmueble y para aplicar las medidas de mitigación que se le requieran.

Asimismo, señala que la obra requiere un periodo de tres años para la preparación del sitio y su construcción, así como 50 años de vida útil.

El hotel formará parte de la infraestructura turística que operará el Ejército en la región sureste, entre ella el Tren Maya, cuya administración fue entregada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a la Sedena el pasado 4 de septiembre en cumplimiento con un decreto publicado por el gobierno federal.

La dependencia federal también tiene bajo su responsabilidad la operación del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, en Tulum, que se inauguró en diciembre pasado, así como las terminales aéreas de Chetumal, Campeche y Palenque.

Para realizar estas tareas, se creó el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM), que además de los aeródromos opera también la nueva Aerolínea del Estado, Mexicana, que opera desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a destinos como Mérida, Cancún, Cozumel, Campeche y Villahermosa, entre otros.

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Sólo entre 2019 y enero pasado, 27 mandos con formación y trayectoria en instituciones académicas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o en la Secretaría de Marina (Semar) se integraron al INM en 23 estados del país y en representaciones del instituto como la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Datos recibidos indican que hasta enero de 2024, de estos mandos militares y marinos, 16 se mantenían en funciones como titulares de las Oficinas de Representación estatales del Instituto Nacional de Migración. Adicionalmente hay cuatro titulares más que han tenido experiencia en el Sistema Penitenciario.

Al menos 27 mandos militares y navales se sumaron al INM desde 2019, detalla una solicitud de información

La militarización de la política migratoria “se ha criticado fuertemente desde órganos internacionales y nacionales de protección de derechos humanos”, porque “este tipo de acciones las hacen para contener o para evitar, tal vez, que muchas más personas ingresen al territorio. Sin embargo, esto no garantiza que efectivamente disminuyan los flujos migratorios”, consideró Wendy Castro, subcoordinadora legal de la organización Sin Fronteras.

Esta casa editorial consultó al Instituto Nacional de Migración, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), sobre los motivos por los cuáles se han militarizado sus mandos, pero la dependencia señaló que “no es información que el instituto esté en posibilidad de proporcionar”, debido a la naturaleza de sus tareas.

La actual administración federal no sólo ha integrado mandos militares y marinos a su política migratoria, también ha desplegado numerosos elementos de las Fuerzas Armadas para contener y disuadir la movilidad humana.

De acuerdo con el último Informe de Seguridad del Gobierno de México, fechado el pasado 14 de marzo, actualmente hay 281 mil 645 elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas desplegados en el país. De éstos, 32 mil 720 se dedican a hacer cumplir el Plan de Migración en la Frontera Norte y Sur. Es decir, están a cargo de contener el flujo migratorio. A esta cantidad se suman dos mil 315 agentes del INM.

“Las Fuerzas Armadas tienen un entrenamiento, justo, militar, en donde se les enseña a combatir y no precisamente se les instruye con respecto a la protección de los derechos humanos”, añadió Castro Además, dijo, “hay que recordar que justo los elementos de la Guardia Nacional cuando aplican también labores migratorias, pues no lo hacen como garantes de derecho, sino lo hacen más bien como agentes de contención o de deportación”, detalló.

Entre los mandos militares del INM figuran su representante en Colima, Ramón Juárez Suárez, un ingeniero en Ciencias Navales y maestría en Administración Naval y en Seguridad Nacional; Felipe Morales Callejas, ingeniero en Ciencias Navales, maestría en Administración Militar y actual titular de la representación en Sinaloa; y Paulo César Lavín Aldama, ingeniero en Ciencias Navales con especialidad en Administración Naval, maestría en Administración Pública y representante en Sonora.

El contralmirante Salvador González Guerrero se integró a las funciones migratorias el 18 de julio de 2019 como coordinador de Información e Investigación Migratoria y posteriormente se hizo cargo de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua hasta abril de 2023, cuando fue detenido debido a su presunta responsabilidad en el incendio que consumió la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, el 27 de marzo de 2023 y que cobró la vida de 40 personas migrantes.

En abril de 2023 fue detenido y vinculado a proceso, posteriormente se amparó y actualmente enfrenta órdenes de aprehensión por el caso que sigue abierto. “Evidentemente son personas que no tienen una formación con un enfoque de derechos humanos y eventualmente terminarán vulnerando más derechos”, señaló la subcoordinadora legal de Sin Fronteras.

Tras el siniestro que consumió la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, en mayo de 2023, el Instituto Nacional de Migración suspendió de forma provisional 14 Estancias Provisionales tipo A, así como 19 de tipo B para facilitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) visitas de supervisión y generar los informes correspondientes sobre las condiciones de los espacios de detención migratoria.

Además, en noviembre del mismo año, el Instituto frenó operaciones definitivamente en la Estancia Provisional de Matamoros, Tamaulipas.

El cierre de todas estas unidades dejó en funciones únicamente 11 Estaciones Migratorias: en Tapachula, Chiapas; Iztapalapa, Ciudad de México; Guadalupe, Nuevo León; Chetumal, Quintana Roo; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Hermosillo, Sonora; Villahermosa, Tabasco; Reynosa y Tampico, Tamaulipas; Acayucan, Veracruz; y Zacatecas, Zacatecas.

También se mantuvieron en operación seis Estancias Provisionales del tipo B: en Tijuana, Baja California; Palenque y Tuxtla, Chiapas; Janos, Chihuahua; Oaxaca, Oaxaca; y Cancún, Quintana Roo.

Fue apenas en febrero pasado —casi un año después del incendio— cuando la CNDH publicó el Informe Especial

sobre las condiciones de las Estancias y Estaciones Migratorias: Hacia un nuevo modelo para la atención de la migración irregular. Ninguna resultó adecuada, reveló el estudio.

Como parte de las visitas a las Estancias y Estaciones Migratorias “se observó que ninguno de estos centros de detención es adecuado, ya que 13 de ellos son insuficientes, 21 son inadecuados y las demás se encuentran en situación crítica”, indicó el documento.

“El Instituto Nacional de Migración y su modelo de Estaciones Migratorias nació en 1993, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para ofrecer una política de seguridad en las fronteras. Sin embargo, esta CNDH considera que los tiempos han cambiado y hoy ese modelo debe transformarse como se ha gestado en otras políticas públicas desde la mirada del humanismo y el reconocimiento de derechos”, apuntó Rosario Piedra, la titular de la comisión.

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“Posiblemente hubo vínculos entre estos soldados y la delincuencia organizada, pero no se puede decir que participó el Ejército en la desaparición de los jóvenes, hasta ahora no hay pruebas”, declaró este viernes durante su conferencia de prensa matutina, que se llevó a cabo en Michoacán.  

Esto después de que el pasado 1 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo nuevas órdenes de captura contra los ocho soldados vinculados con el caso Ayotzinapa que había sido liberados en enero pasado por una jueza federal tras considerar que no había riesgo de fuga.

Los ocho son procesados por el delito de desaparición de personas; estaban destacamentados en Iguala la noche de la desaparición de los normalistas y se les vincula con la delincuencia organizada.

Aunque el mandatario reconoció la responsabilidad del Estado en el caso, argumentó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no estuvo involucrada. En cambio, arremetió en contra de quienes critican a la institución.

“La intención no es castigar a presuntos responsables del Ejército, sino ir en contra de la institución”, dijo.

Incluso, mostró diversos documentos emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y firmados por su ex secretario ejecutivo y hoy senador mexicano, Emilio Álvarez Icaza, en los que se conceden medidas cautelares a favor de los estudiantes normalisas y sus familias, sin que se haga alusión a las fuerzas armadas.

Los padres y madres de los 43 estudiantes argumentan que la Sedena no ha entregado todos los documentos sobre la desaparición de sus hijos y exigen que se abran sus archivos.

En cambio, López Obrador ha sostenido en diversas ocasiones que los militares ya entregaron “todo” y ha respaldado al Ejército.

El año pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) anunció que saldría del país tras denunciar que las Fuerzas Armadas han obstaculizado las indagatorias sobre el caso.

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La población, junto con los comisarios ejidales, se reunieron con representantes de la Secretaría General de gobierno de Guerrero, Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Sedena, el Presidente Municipal y la Policía Municipal.

Durante la reunión, las autoridades de gobierno estatal propusieron un diálogo entre los atacantes y los líderes de la comunidad de San Jerónimo, con la finalidad de lograr un acuerdo de paz.

Eso luego de darse a conocer que 150 personas armadas rodearon el lugar y atentaron contra la comunidad dejando como saldo, una persona sin vida, dos lesionadas y una vivienda quemada.

Según Constantino “N”, residente de la comunidad, este acuerdo ya se había hecho en 2015, pero fue roto por personas de las comunidades vecinas de Xochiatenco y Nuevo Amanecer.

Reveló que el motivo de la agresión, según Constantino, se debe a desacuerdos sobre la colaboración en los gastos del pueblo, el uso de servicios públicos y la carretera.

“Estos no quieren colaborar con los gastos del pueblo, con las costumbres que tienen, usan el servicio público, usan la carretera, y como comisarios les dicen que deben de cooperar con el pueblo; esto le molestó a estas dos pequeñas comunidades divididas de San Jerónimo, y convocaron a todas las comunidades que fueron a agredirlos, porque no están de acuerdo que les estén diciendo que deben de cooperar“, afirmó Constantino”N”.

La población de San Jerónimo, afirmó que que estaría dispuesta a aceptar un nuevo acuerdo siempre y cuando se detenga a las personas involucradas en la agresión y enfrenten a las autoridades.

Por su parte, la Secretaría General de Gobierno de Guerrero, informó a través de sus redes sociales sobre esta reunión de la que dijo, espera iniciar diálogos para la pacificación entre comunidades.

“(…) a través de la Dirección de Gobernación, acudió este miércoles a las comunidades de San Jerónimo Palantla y Alcozacán, ambos del municipio de Chilapa de Álvarez, para sostener un encuentro con pobladores y autoridades de la CRAC-PC-PF y del CIPOG-EZ, con la finalidad de iniciar un diálogo que permita la construcción de un acuerdo de paz“, publicó.

Señaló que en las reuniones, participaron representantes del municipio de Chilapa y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde se dio a conocer la voluntad del Gobierno del Estado por establecer los mecanismos necesarios para la pacificación.

Además de “garantizar las condiciones de seguridad en bien de la sociedad.”.

Tras el encuentro, la Secretaría General de gobierno, a cargo de Ludwig Marcial Reynoso Nuñez, acordó la presencia de operativos de seguridad en la zona, y la visita de diferentes dependencias de gobierno “para brindar atención a las víctimas de la violencia”.

El Centro de Derechos de las víctimas de violencia Minerva Bello, luego de dar información respecto al ataque del miércoles, emitió un comunicado en el que instó a las autoridades, a garantizar la seguridad e integridad física y emocional de la población agredida.

“Que se investigue y deslinden responsabilidades por los ataques armados perpetrados en contra de los habitantes de San Jerónimo Papantla. Exigimos el cese inmediato de los ataques armados contra la población civil en el estado de Guerrero”, pidió el organismo encabezado por el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio.

Además de estos desencuentros entre comunidades, el Centro ha denunciado agresiones con drones y otro tipo de violencia perpetrada por la delincuencia organizada en Guerrero.

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Mencionó que seguirán con la aplicación de los operativos conjuntos con la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional para ubicar y desmantelar otros espacios de fabricación de estupefacientes.

“Están muy atomizados o muy dispersos en el mapa del estado, comúnmente en zona rural y zona periférica ahí es donde hemos hecho los hallazgos en conjunto con la FGR, con el Ejército Mexicano. No hay una concentración en un municipio en particular y es casi siempre en zonas despobladas”, expresó.

A pregunta expresa sobre si tenía conocimiento de algún otro laboratorio de narcóticos, Palacios Pámanes, respondió; “tan pronto como tenemos conocimiento (de su presencia) vamos y los cateamos”. 

El pasado 6 de enero, la Fiscalía General de la República llevó a cabo un operativo de cateo en una propiedad ubicada en Doctor González, donde se descubrió el narcolaboratorio dedicado a la fabricación de metanfetaminas. 

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 «Hoy despegaron dos aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con más de 20 toneladas de víveres. Amor con amor se paga«, anunció la canciller mexicana, Alicia Bárcena, en la red social X.

La cadena de incendios comenzó el viernes en el parque nacional del Lago Peñuelas y se extendió hasta las localidades de la costa a causa del viento y las temperaturas extremas.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, expuso el domingo que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, «ha dispuesto diferentes modalidades de apoyo» tras una conversación telefónica.

«ABRAZO SOLIDARIO AL PUEBLO DE CHILE Y AL PRESIDENTE GABRIEL BORIC. NUESTRAS CONDOLENCIAS A TODOS QUIENES PERDIERON A SERES QUERIDOS», REMARCÓ BÁRCENA.

El número de víctimas mortales de los incendios forestales en Chile se elevó este martes a 123, de las que solo 33 están identificadas, informó el Servicio Médico Legal (SML).

Boric considera los hechos como «la tragedia más grande» que ha vivido Chile desde el terremoto del 27 de febrero de 2010 Las investigaciones preliminares apuntan a que el origen serían cuatro focos y los indicios sugieren que no sólo fueron provocados, si no planificados, aunque de momento no se han practicado detenciones.

• Además de los fallecidos, hay centenares de damnificados y más de 6.000 viviendas afectadas de forma directa.

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De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se hicieron presentes en la avenida Marina Nacional #329, colonia Nueva Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, tras el reporte de una granada en el edificio de la paraestatal.

Al corte de las 14:00 horas, ni Pemex ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital del país han brindado información del reporte o de la situación, pero se confirmó que se trata de una granada ofensiva que fue tirada en el jardín del interior.

Fue alrededor de las 15:48 horas que la paraestatal informó que el objeto encontrado se presume que sea un artefacto de ornato; sin embargo, indicó que se siguen haciendo investigaciones al respecto, esto luego de que elementos de la Sedena actuaron de acuerdo a los protocolos previstos.

“#PEMEX informa que fue retirado el presunto artefacto explosivo localizado en un jardín de las oficinas del Centro Administrativo de la institución. Cerca del mediodía se activaron los protocolos correspondientes y se dio aviso a la @SEDENAmx, quien envió personal especialista en desactivación de explosivos. Se acordonó el área por personal de seguridad física en tanto se retiraba el citado artefacto, maniobra que se realizó en condiciones seguras. Por las características del objeto encontrado se presume se trate de un artefacto de ornato. Una vez confirmada esta información se dará a conocer por este mismo medio”, se pudo leer.

En un primer momento se informó que el personal fue evacuado del rascacielos, pero minutos más tarde TeleDiario precisó que los militares trabajan únicamente con la zona acordonada. No hay reporte de heridos.

Justamente este miércoles se cumplen 11 años de la explosión de la Torre Ejecutiva de Pemex, que ocurrió un día como hoy, alrededor de las 15:45 horas (tiempo del centro de México).

En aquella ocasión, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer las causas del siniestro y explicaron que se debió a la acumulación de gas metano. En dicho evento, 37 personas perdieron la vida, mientras que 126 resultaron lesionadas y se registraron importantes daños materiales en el edificio.

El incidente ocurrió entre el sótano y el primer piso del edificio B2, en el Centro Administrativo de Pemex, a la hora de la salida del personal. Como consecuencia, el edificio fue desalojado totalmente en los minutos posteriores a la explosión.

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De acuerdo con un comunicado del INM, en el grupo, compuesto por migrantes procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Nicaragua, había 75 menores no acompañados, 108 mujeres y 399 hombres adultos solos y 144 personas integrantes de 45 núcleos familiares.

Las autoridades indicaron que tras una operación en la que participaron miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), policías estatales y municipales, y eI INM, cuatro personas que vigilaban el local fueron detenidas por el presunto delito de tráfico humano.

La información oficial indicó que los presuntos traficantes habían sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

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La mayoría de los procesos de liberación de moléculas de yoduro de plata en el trayecto de las nubes para causar lluvias se realizó en polígonos de Sinaloa, Chihuahua, la región Lagunera, incluyendo a Coahuila, Durango y Zacatecas, así como en Aguascalientes, Sonora y San Luis Potosí.

Si bien, no se detalló el impacto generado por este proceso este año, la Sader apuntó que la estrategia encabezada por la Comisión Nacional de Zonas Áridas en colaboración con Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) liberó 10 mil litros del reactivo estimulante durante los primeros nueves meses del año.

Este fue el tercer año consecutivo que se aplicó esta estrategia de estimulación pluvial.

De acuerdo con los datos de Sader, en 2021 se logró un aumento promedio de 45.1% de exceso de lluvia en las zonas seleccionadas.

«Se logró mitigar los efectos de la sequía en 85.2% de los polígonos de estimulación, que comprendieron más de 8.2 millones de hectáreas en los estados de Sonora, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Zacatecas y Tamaulipas”, indicó Sader en un comunicado.

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