El gobierno de México admitió la queja que presentó el gobierno de Estados Unidos por la posible denegación de derechos a la libertad sindical y contratación colectiva ocurridos en la empresa Panasonic Automotive Systems de México, en su planta de Tamaulipas.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Economía, quien detalló que la queja fue admitida desde el 26 de mayo, a partir de entonces se ha trabajado de manera conjunta con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para revisar el caso y determinar si se violaron o no los derechos de los trabajadores.

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La queja se presentó el pasado 18 de abril, por parte del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios “Movimiento 20/32” que encabeza Rosario Moreno, en donde se destacó que se retuvieron cuotas sindicales, a pesar de que los trabajadores ya habían votado por la desaparición del contrato colectivo vigente.

Especialistas consultados refieren que será todo un reto presentar una remedición en esta queja en particular ya que se está en medio de un proceso de emplazamiento a huelga, pero también ante la aplicación a medias del nuevo modelo laboral, ya que en Tamaulipas la reforma laboral entra en vigor hasta el mes de octubre de 2022.

Asimismo, existe un contrato colectivo depositado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, autoridad competente, por el Sindicato Industrial Autónomo de Maquiladoras de Reynosa, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México, cuyo líder es Alberto Lara Bazaldúa; del que se tendrá que definir si está dentro del marco de la ley.

De tal manera que se espera una respuesta de la Secretaría del Trabajo, ya que no existen en esa entidad “jueces laborales” que permitan determinar si procede o no el emplazamiento a huelga, depositado por el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios Movimiento 20/32 (SNITIS) y en el que se demanda por la firma de titularidad de contrato.

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De acuerdo con la denuncia presentada, la organización sindical que encabeza Rosario Moreno, expuso que es fundamental que el gobierno de los Estados Unidos suspenda inmediatamente la entrada de mercancías al territorio de los EU desde las instalaciones de Panasonic México, de acuerdo con la Sección 752(a) de la Ley de Implementación del T-MEC.

Asimismo, “se suspendan de inmediato las deducciones de cuotas al Sindicato Industrial Autónomo de Operarios en General de Maquiladoras de la República Mexicana (SIAMARM) y reembolsar a los trabajadores todas las cuotas sindicales deducidas desde el 25 de marzo de 2022”.

Además, que se dé por terminado el contrato suscrito entre Panasonic México y SIAMARM y ordenar a la empresa que negocie de buena fe con el sindicato SNITIS, tras ganar la elección para representar a los trabajadores.

Fuente: El Economista.

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Después de 52 años sin cambios, la tabla de enfermedades de trabajo en México reconocerá nuevos padecimientos laborales. Pero la modificación no sólo incluirá la incorporación de 88 nuevas patologías, también se anexará información para un mejor diagnóstico, incluyendo una ficha técnica de cada enfermedad. Con esto, nuestro país tendrá el instrumento más avanzado en Latinoamérica.

“En el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo quedará la tabla de enfermedades, en el 513 Bis que estamos proponiendo se anexará la tabla de valuaciones que se dejó fuera de la ley con la última modificación legal que se realizó”,

expresó Cointa Lagunes Cruz, directora de Normalización de Seguridad y Salud Laborales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en entrevista con El Economista.

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El proyecto que trabajó la dependencia en conjunto con especialistas públicos y privados prevé que en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publiquen las cédulas de cada padecimiento laboral, las cuales contendrán la descripción de la enfermedad, los trabajadores y ocupaciones a las que afecta y los exámenes de laboratorio para su diagnóstico.

“Es para que el médico del trabajo tenga más elementos para hacer su valoración. Esto es único en América Latina, son más de 1,000 páginas, por eso no las podemos publicar con la tabla en la Ley. Por eso, lo que se acordó es que las tablas van a la Ley Federal del Trabajo y las cédulas se publicarán en el Diario Oficial de la Federación para hacerlo vinculante”,

detallo.

Además de los instrumentos para el diagnóstico y la valuación de las enfermedades de trabajo, la propuesta contempla establecer en la LFT la obligación de las autoridades de revisar la tabla de enfermedades cada cinco años. De lo contrario, afirmó Cointa Lagunes, pueden “pasar 50 o 100 años” sin que se actualice la lista de padecimientos laborales porque no existe el mandato legal.

“Actualmente no existe la obligación. Está abierto para cuando se quiera hacer y para cuando haya el ánimo… y el ánimo vino 52 años después”,

puntualizó.

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El proyecto será enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión para su análisis y armonizará la lista de padecimientos laborales con la nueva Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que entre otras patologías, reconoce al burnout como enfermedad de trabajo.

“En general, el beneficio al actualizar la tabla de enfermedades también se actualiza la valuación o la calificación que se le da tanto a las secuelas de una enfermedad como a un accidente de trabajo”,

apuntó la funcionaria federal.

Con la modificación de la tabla de enfermedades, expuso, tanto los médicos como las personas trabajadoras tendrán más certeza en el diagnóstico y las incapacidades por un padecimiento laboral, pues hasta ahora los profesionales en salud ocupacional califican los riesgos que no están contemplados textualmente en la LFT con base en similitudes, es decir, con patologías que sí están establecidas en el marco regulatorio.

¿Qué hay de nuevo?

En caso de aprobarse el proyecto, la tabla de enfermedades pasará de contemplar 161 a 194 patologías vinculadas con las actividades laborales. La clasificación de enfermedades infecciosas y parasitarias (donde se encuentra la COVID-19), y cánceres de origen laboral son los grupos que abarcan a poco más de la mitad de las nuevas enfermedades que se incorporarán a la LFT.

“Un aspecto muy importante es el de los cánceres de origen laboral; de cuatro que había definidos avanzamos a 26 nuevos. Con esto tendremos 30 cánceres de origen laboral, sobre todo los que derivan de la exposición a sustancias químicas. Por ejemplo, a los mineros que están expuestos a este tipo de contaminantes les ha provocado a su salud problemas como la neumoconiosis. Otro cáncer de origen laboral es el mesotelioma”,

explicó.

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Entre otras modificaciones destacadas se encuentra la incorporación de la ansiedad y el burnout, también llamado síndrome de desgaste ocupacional, como enfermedades laborales. Paradójicamente, el estrés laboral era reconocido por el Estado como una consecuencia de malos ambientes de trabajo a través de la NOM-035 de factores de riesgo psicosocial, pero no estaba considerado como una padecimiento en la Ley Federal del Trabajo.

“De las enfermedades que tienen que ver con los trastornos mentales, de una que estaba definida estamos agregando tres más, entre ellos el burnout y la ansiedad, que es sumamente importante en el mundo del trabajo y que no estaba reconocida como tal”,

indicó la funcionaria.

Otro avance importante es la incorporación de algunas enfermedades de la mujer como la endometriosis o la pérdida del embarazo. Esto último, detalló, se puede dar “en el caso de la exposición de trabajadoras a sustancias teratogénicas que pueden provocar afectaciones al producto o causar infertilidad femenina. Son trabajadoras expuestas a radiaciones ionizantes, que se exponen a rayos x, radioterapias, plantas de producción de isótopos radioactivos y otras fuentes de emisión de radiaciones gama”.

Fuente: El Economista.

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En entrevista para el programa Ganadores y Perdedores de El Financiero Bloomberg, el abogado Oscar de la Vega socio fundador de la firma De la Vega & Martínez Rojas S.C., habló de los puntos positivos y las contracciones que presenta esta reforma, sobre la cual señaló:

“Más que una reforma laboral se trataría de una de naturaleza fiscal y económica”.

El abogado reconoció el factor positivo de la misma, ya que permite acabar con la simulación fiscal llevada a cabo por las empresas factureras, esto a través del monitoreo llevado a cabo de manera conjunta por el SAT, la Secretaría del Trabajo y el IMSS. Asimismo, permite combatir el insourcing, esquema en el cual se crea una empresa para brindar un servicio a otro conjunto de compañías de un grupo y así operar la subcontratación.

Contradicciones

El especialista señaló que la ley y la reglamentación mantienen una contradicción, ya que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 12, prohíbe la subcontratación definida como poner a personal propio a disposición de otra persona física o moral. Complementando esta disposición, en el artículo 13 se establece que es posible subcontratar servicios especializados siempre que estos no formen parte del objeto social o actividad económica preponderante de la empresa que los reciba y que estas empresas se encuentren registradas en el padrón público.

Sin embargo, en el artículo primero de la reglamentación se establece que las empresas que brinden obras o servicios especializados, lo que implica poner a disposición personal propio en beneficio de otra, deberán registrarse. De acuerdo con Oscar de la Vega, esta definición entraría en contradicción con lo estipulado en el artículo 12 y deja terreno de la interpretación abierta de la norma.

Una reforma discriminatoria al sector privado

Uno más de los inconvenientes señalados por el especialista, es la territorialidad de esta, ya que cualquier actividad que implique presencia de personal de una empresa en las instalaciones de otra es considerada subcontratación. Sin embargo, existen muchas relaciones de naturaleza civil o comercial que operan bajo esta condición y que, por lo tanto, tendrían que pasar por el registro de la Secretaría del Trabajo, lo cual es una violación a la libertad del trabajo, apuntó De la Vega:

“Cualquier actividad al interior se debe registrar aunque se trate de relaciones mercantiles”.

Señaló como ejemplos la industria automotriz, en donde alrededor del ensamblaje hay una serie de proveedores y corredores industriales que integran el proceso.  También el sector minero, en cuanto a manejo de explosivos o acarreo de materiales.

Finalmente señaló el trato discriminatorio hacia el sector privado, al cual se le dio un periodo de 3 meses para implementar una reforma de este tamaño cuando al sector público se le dio a un año.

Fuente: Con información de El Financiero Bloomberg.

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