En Draxton Irapuato, la confianza en el sindicato SINTTIA se ha erosionado casi por completo. Aquellos trabajadores que en su momento respaldaron la propuesta sindical encabezada por Carlos González ahora se sienten defraudados, luego de que las expectativas creadas no se cumplieran y el proyecto terminara sin representación legal.

El proceso electoral sindical celebrado en noviembre de 2023, en el que SINTTIA participó, fue posteriormente anulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a diversas irregularidades detectadas. Esta decisión dejó a los trabajadores que creyeron en ese proyecto sin representación efectiva, y más grave aún, sin los beneficios que se les habían prometido.

“Nos vendieron un cambio, pero no hubo nada. Nos quedamos sin respaldo y con menos que antes. Lo peor es que siguen queriendo convencer a más compañeros como si no hubiera pasado nada”, señaló un trabajador inconforme, quien decidió permanecer en el anonimato.

Ante este escenario, muchos trabajadores están optando por regresar al sindicato que históricamente ha mantenido la titularidad del contrato colectivo en la planta. Subrayan que a través de esa representación han podido mantener beneficios tangibles como apoyo económico, caja de ahorro y gestiones laborales claras y estables.

“Nos equivocamos, pero no volveremos a cometer el mismo error. Aunque cambien de rostro, el fondo sigue siendo el mismo: promesas sin respaldo y cuotas sin resultados”, expresó otro trabajador que también formó parte del grupo que inicialmente apoyó a SINTTIA.

Sin representación reconocida en Draxton y con Carlos González sin dar una respuesta clara, los empleados han dejado claro que no permitirán más engaños. Su prioridad ahora es contar con una representación legítima que realmente defienda sus derechos y garantice beneficios reales.

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La decisión de la SCJN se dio tras declarar fundado el recurso de queja interpuesto por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, lo que obliga a reponer el proceso de elección de un nuevo fiscal.

Samuel García presentó el recurso de queja el pasado 23 de agosto, en el que argumentó que el Congreso Local «se extralimitó al dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte en febrero de este año».

En la discusión, los ministros de la Sala señalaron que «el Poder Legislativo se excedió en la ejecución de la sentencia de mérito debido a que pretende reponer el procedimiento desde una etapa previa a la precisada en el fallo».

El 14 de febrero de este año, la Segunda Sala de la SCJN declaró fundada la controversia constitucional presentada por el gobernador, lo que llevó a que se ordenara la reposición del procedimiento para seleccionar al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Posteriormente, en junio de este año, la Corte otorgó un plazo de tres días hábiles para que el Congreso local informara sobre las acciones tomadas para cumplir con el fallo que mandató la reposición del procedimiento y la convocatoria para elegir al Fiscal General.

¿Por qué Samuel García impugnó el proceso de selección del fiscal general de NL?

Entre los argumentos presentados por Samuel García en su recurso, destaca la impugnación del proceso de selección del fiscal general del Estado debido a que no se solicitó una carta de no antecedentes penales a los participantes.

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Esto llevó a que la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León se viera obligada a reponer el procedimiento. García consideró que la Comisión Anticorrupción «actuó de manera indebida al modificar injustificadamente, después de iniciado el proceso de selección, uno de los requisitos que deberían reunir los aspirantes, en concreto, el de acompañar una Carta de No Antecedentes Penales que no exceda los 60 días».

La Segunda Sala subrayó que la Comisión Anticorrupción debía «con libertad de decisión, continuar con su substanciación y, en su momento, emitir la propuesta de lista final de aspirantes al cargo respectivo«, para lo cual debía cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria, incluyendo la carta de no antecedentes penales.

La Sala concluyó que la modificación realizada por la Comisión Anticorrupción fue un «actuar indebido», ya que no le correspondía determinar las reglas del proceso de selección del fiscal.

Ante este escenario, el gobernador Samuel García deberá presentar una nueva terna con cuatro candidatos para el cargo de Fiscal General del Estado de Nuevo León.

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Claudia Sheinbaum tuvo su primer acercamiento con el Poder Judicial, saludó de mano y beso a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, sin embargo, en su discurso reiteró la intención de que jueces, ministros y magistrados se elijan por voto popular.

“Concibo que el pueblo de México plasmó ejemplarmente el 2 de junio, que la democracia reside en el poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo; y que con su voto demanda también más democracia y más justicia. Debemos entender todas y todos los mexicanos que hay un mandato popular. Justicia en el sentido amplio de la palabra. Significa justicia social, justicia ambiental, justicia para las mujeres, justicia para todas las personas, y también justicia igual para el pobre, que para el rico; es decir, el pueblo de México también decidió mayoritariamente un verdadero sistema de justicia, que sea igual para todas y para todos los mexicanos”, dijo.

La presidenta electa confío en que el INE y el TEPJF respetarán la asignación de diputados plurinominales que dará a la coalición que la postuló (Morena-PT-PVEM) la mayoría calificada, misma que permitirá aprobar la reforma al Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular.

Estoy convencida que las y los titulares del Poder Judicial en materia electoral, conocen a profundidad este tema, porque así han actuado en pasadas elecciones, y sabrán respetar también la Constitución, las leyes y la voluntad del pueblo dijo.

Sheinbaum garantizó que como presidenta va a gobernar para todos los sectores y que respetará la división de poderes.

«Como titular del Ejecutivo Federal, como primera mujer Presidenta de México, sepan que actuaré con honestidad; responsabilidad; respetando la independencia de los poderes; gobernaré para todos y para todas las mexicanas y mexicanos, y tengan la certeza que nos sentimos y nos sentiremos todas y todos, cada día más orgullosos de nuestro origen y también de nuestro porvenir», aseveró.

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La funcionaria detalló, en la conferencia mañanera de este martes 14 de abril, que existe riesgos para testigos, víctimas y personal de seguridad la posible liberación de estos presuntos delincuentes; pues declaró que muchos de éstos están vinculados a grupos del crimen organizado; además que podrían representar una amenaza para la población en general.

“Hacemos un llamado a la Corte a respetar la Constitución, respetar la división de poderes, no excederse en sus facultades, considerar las graves consecuencias que eliminar la prisión preventiva oficiosa tendría para la seguridad nacional en las circunstancias actuales y que valoren atacar mejor uno de los problemas de fondo, que es la enorme tardanza de las resoluciones de sus asuntos que hemos denunciado en este espacio en múltiples ocasiones”, comentó Alcalde Luján.

La titular de la Secretaría de Gobernación detalló que la SCJN está considerando invalidar el artículo 19 constitucional y ordenar a los jueces del país no aplicar la prisión preventiva de oficio, esto a raíz de que una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en enero de 2023, exigió la eliminación de la prisión preventiva.

“El viernes pasado el gabinete de Seguridad le enviamos una carta a todas las ministras, a todos los ministros, para plantearles cuáles son nuestras preocupaciones y de entrada señalamos que esta decisión impactaría a la posible liberación de 68,000 presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy. Estamos hablando de 11,640 acusados de homicidio, 7,150 acusados de secuestro, 5,617 de violación, 4,013 de narcotráfico y narcomenudeo, 3,800 de portación de armamento y explosivos, 1,405 de feminicidio, 1,273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada», detalló la titular de la Segob.

Cabe destacar que el número es tan alto precisamente porque la problemática está vinculada a la enorme tardanza de los propios jueces y de la cantidad de recursos y amparos que hacen que todos estos procesos duren mucho tiempo en resolverse”, dijo Luisa María Alcalde.

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La SCJN discutirá una impugnación interpuesta por la Fiscalía General de la República (FGR) que busca que los delitos cometidos por Aburto en 1994 sean juzgados bajo el Código Penal Federal —como se realizó en aquel momento— y el asesino confeso de Colosio permanezca 15 años más en prisión.

Está solicitud de la FGR responde al fallo emitido el pasado 6 de octubre por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México que dictaminó que Aburto no debía ser juzgado bajo el Código Penal Federal, sino por el de Baja California.

En octubre, magistrados concedieron un amparo para invalidar la condena de Aburto y ordenaron dictar una nueva sentencia conforme al Código Penal de Baja California en 1994, misma que aplicaría una pena máxima de 30 años de prisión e implicaría su liberación este mismo 23 de marzo.

La FGR ha insistido en que el caso es de competencia federal debido a la gravedad del delito, un punto de vista que choca con la determinación del tribunal colegiado y que ha llevado este asunto hasta las puertas de la SCJN.

Para este miércoles, el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat plantea desechar la solicitud de revisión de la FGR, argumentando que no se cumplen los requisitos para una revisión excepcional.

El asunto también ha tenido complicaciones dentro de la Corte, luego de que se emitiera una declaración de impedimento del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien había recibido el proyecto originalmente, y quién dijo que no podía tomarlo dado que previamente participó en una sentencia relacionada.

Respecto a la condena de Mario Aburto han surgido múltiples voces, incluyendo la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en su momento denunció tortura y un trato injusto hacia Aburto y su familia.

A inicios de este 2024 el hijo del fallecido Colosio, Luis Donaldo Colosio Riojas, solicitó al presidente López Obrador conceder un indulto a Mario Aburto, argumentando que es necesario para poder “sanar”.

“Apelando la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto. Que ponga carpetazo final a este asunto y permita que tanto mi familia, como México, sanemos”, dijo Colosio Riojas, también exalcalde de Monterrey.

Otra de las secuelas que ha tenido este caso fueron las recientes intenciones de la FGR de reabrir la carpeta de investigación del homicidio de Colosio, argumentando la existencia de un posible segundo tirador, quien estaría vinculado al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN); no obstante, un juez frenó dicha propuesta.

El 23 de marzo de 1994, mientras Colosio realizaba un mitin de campaña presidencial en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, fue mortalmente herido por un disparo. Aburto fue arrestado en el lugar y posteriormente condenado por el asesinato. Sin embargo, el caso ha generado controversias y teorías de conspiración sobre la posibilidad de que Aburto no actuó solo.

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Después de este mediodía, se difundió un decreto que presentará al Congreso local en el cual deja en claro que el presente acuerdo es una cuestión de interés social y orden público, y tiene por objeto de dar publicidad a la reasunción de funciones como Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León.

«He reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado, y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República”, confirmó.

Fue durante los primeros minutos de este 2 de diciembre, cuando Orozco se presentó en el Palacio de Gobierno, para rendir protesta al cargo de interino, pero el secretario de Gobierno, Javier Navarro, le indicó que Samuel García retomaría sus funciones.

En este tenor, el mandatario estatal publicó en su cuenta de X (en punto de las 2:45 de la madrugada) que “ya comuniqué al gabinete que reasumí legal y formalmente funciones, los he convocado el día de mañana a primera hora para seguir construyendo el nuevo Nuevo León”.

Posteriormente, el Congreso de Nuevo León aseguró que sigue vigente la licencia que se aprobó a Samuel García Sepúlveda para que busque la Presidencia de la República, toda vez que la SCJN salvaguardó las instituciones.

Mauro Guerra Villarreal, presidente del Congreso de Nuevo León, sostuvo que se espera “retomar la normalidad democrática en Nuevo León, y sirva para que nadie se equivoque al decidir a nivel nacional, salvaguardar la democracia en todos los niveles, debe ser el objetivo del 2024″.

De igual manera informó que el Poder Legislativo local ya fue notificado de un sobreseimiento de una suspensión para que García Sepúlveda no se retirara del cargo.

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El recurso promovido la semana por la Consejería Jurídica del gobierno de Chihuahua, fue admitido a trámite por el ministro Luis María Aguilar Morales, de acuerdo con información difundida a través de las listas de notificación de la SCJN.

La demanda solicita al máximo tribunal del país que analice y en su caso ordene la modificación de las bases con las cuales se integraron los contenidos de los libros de texto gratuito, cuya responsabilidad recae en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg).

La SCJN publicó la admisión del recurso en el cual se cuestiona las acciones realizadas tanto por la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de Materiales Educativos, la Dirección General de Educación Superior, la Dirección General de Formación Continua a Docentes y Directivos, así como de la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, además de la Conaliteg.

En el acuerdo se señala: «se tiene por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta y se admite a trámite la demanda que hace valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse al momento de dictar sentencia».

Establece también «se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para los efectos precisados en este proveído. La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superviniente», y en este contexto, la suspensión otorgada es para que se realice una verificación que garantice que los libros están redactados conforme a planes y programas de estudio que han sido establecidos.

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La Segunda Sala del máximo tribunal del País estableció que el Legislativo ya excedió los 180 días naturales que tenía para expedir la norma referida, plazo que fue establecido en el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional publicada el 5 de febrero de 2017.

«Se resaltó que los artículos transitorios de un decreto de reforma constitucional forman parte integral de la Constitución, pues en ellos se precisan los lineamientos provisionales o de tránsito para el funcionamiento de la norma», dijo la Corte.

«Por lo que, si en el artículo segundo transitorio del decreto de reforma constitucional se estableció un plazo para expedir la legislación general, se trata de un mandato expreso para el Congreso de la Unión».

Por lo anterior, por unanimidad, los ministros de la sala otorgaron el amparo a la Asociación de Profesionistas en Defensa del Estado de Derecho A.C. contra la omisión del Congreso de la Unión para expedir la citada Ley, conforme al plazo dispuesto en el decreto de reforma.

El efecto de este amparo, cuyo proyecto de sentencia fue elaborado por el ministro Luis María Aguilar, es que el Poder Legislativo atienda el principio de supremacía constitucional, proteja el derecho de acceso a la justicia e inicie el proceso legislativo correspondiente de manera prioritaria.

La reforma en cuestión adicionó, entre otras, la fracción XXIX-A al artículo 73 de la Constitución, que faculta al Congreso para expedir la Materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, con excepción de la materia penal.

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La decisión de la Corte Suprema de despenalizar el aborto en México ha sido celebrada (sin grandes alharacas en la calle) como la liberación de obstáculos que impulsará a los Estados que componen el país a legislar en consecuencia. Pero lo dictado por el tribunal no obliga al poder legislativo —es decir, los Congresos Estatales— a modificar sus Códigos Penales. Apenas Coahuila, el Estado sobre el que se presentó la cuestión de constitucionalidad, tendrá que intervenir sobre él, puesto que su artículo 196 ha quedado invalidado. El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, abogó por sacar de ese Código Penal todo lo referente al aborto, pero no fue el caso.

En México el aborto está autorizado por la Constitución, pero de los 32 Estados solo cuatro —la capital, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz— tienen una ley de plazos que permite la interrupción del embarazo libremente en las 12 primeras semanas de gestación. Y después de ese tiempo, en algunos supuestos como el peligro para la vida de la madre o malformaciones en el feto, entre otros.

A partir de ahora, ¿qué va a ocurrir en los otros Estados? Dependerá de su voluntad, es decir, de los diputados, redactar nuevas leyes a la luz de la decisión de la Corte. Podrán, entonces, seguir mandando a tribunales a las mujeres que aborten fuera de la normativa local, pero el proceso judicial no permitirá que entren en la cárcel. Eso es todo. Aunque no es poco. Y el mayor beneficio por ahora: las mujeres y quienes las ayudaron a abortar podrán salir de la cárcel. Beneficio retroactivo.

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La decisión de la Corte Suprema sienta jurisprudencia, pero eso solo significa que los jueces locales y federales deberán ceñirse a esa determinación. Y eso es así porque tras la última reforma del poder judicial basta con una resolución por mayoría calificada, ni siquiera unanimidad como la que se ha alcanzado en este caso, para que la jurisprudencia opere. Antes se precisaban cinco decisiones similares por unanimidad. No habrá, por tanto, cárcel para las mujeres. O como señaló el ponente de la resolución, Luis María Aguilar, “se destierra la amenaza de la prisión sobre las mujeres y el estigma”.

De esta forma, la interrupción libre del embarazo encuentra en los tribunales una amplia permisividad que no es tal en la mayoría de las leyes estatales. Esa diferencia no libra a las mujeres a transitar por un proceso jurídico, aunque sepan que lo van a ganar.

Ateniéndose solo a lo dictado por la Corte, México sería uno de los países más permisivos para abortar. Y no falta quien se pregunta si una embarazada puede decidir frenar su gestación porque le dé la gana en el séptimo mes, por ejemplo. Es cierto, como dijo la ministra Margarita Ríos Farjat, que “nadie se embaraza para abortar”, pero así como hay una enorme casuística a partir de la cual se puede comprender la necesidad de un aborto más allá de las 12 semanas de plazo (malformaciones que se detectan tardíamente, cambio radical en el estado de salud de la madre, descubrimiento del embarazo más allá de los meses previstos para frenarlo), no se entendería que se interrumpiera la gestación sin más ni más en el sexto mes. ¿Cómo salvar este extremo?

Los ministros de la Corte han debatido este asunto, y alguno se manifestó a favor de poner un plazo en el que limitar la despenalización, pero finalmente no se impuso porque el resto de los magistrados entienden que esto queda fuera de su quehacer y cae del lado del poder legislativo. Esa es la razón que puede animar a los Estados a remozar sus leyes. Dependerá, desde luego, del empuje de aquellos partidos políticos que estén dispuestos a dar un paso adelante en esta materia. Y en México los avances están llegando día con día, si bien más lentos de lo que desearían millones de mujeres.

“Es similar a lo que ha pasado con el matrimonio del mismo sexo, que tienen que presentar amparos para poder casarse. Lo que ocurre en estos casos es que los Estados pueden mirar para otro lado y no perseguir estos delitos, porque saben que acabarán en amparos que ganarán los demandantes porque ahora invocarán el derecho humano sobre el que ha sentenciado la Corte”, explica el ministro en retiro del Tribunal José Ramón Cossío.

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Los partidos que quieren promover cambios en las legislaciones locales encontrarán un obstáculo añadido. No pueden presentar una causa de inconstitucionalidad sobre la ley, puesto que eso solo puede hacerse en los 30 días siguientes a ser aprobada. Por tanto, primero tendrían que hacer una nueva ley y luego presentar la inconstitucionalidad. Una vía muerta si los gobiernos más conservadores se niegan a reformar la norma sobre el aborto.

Lo que sí han señalado los ministros en la exhaustiva ponencia de Aguilar es la necesidad de tutelar también al feto, más cuando más avanzada esté la gestación. Ahora el legislador tiene pistas para proceder. Todo conduce a una ley de plazos y supuestos. “Es posible que haya todavía jueces que dictan cárcel para algunas mujeres, y eso las obligaría a pleitear en los procesos locales y federales primero y a solicitar un amparo después ante un juez de distrito. Este sí tendría que seguir, finalmente, la jurisprudencia”, dice Melissa Ayala, abogada responsable de litigios en la organización por el aborto Gire. En todo caso, la prisión preventiva tampoco se contempla, porque solo se dicta para delitos graves.

Las organizaciones de mujeres, entre ellas Gire, que sostienen una lucha de décadas por esta causa, han manifestado su alegría por la decisión judicial de este martes. Aunque saben que falta mucho por andar, ahora hay menos piedras en el camino.

Fuente: El País.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está a la puertas de una decisión histórica. Ocho de los 11 ministros se han manifestado a favor de la despenalización del aborto en dos acciones de inconstitucionalidad que llegaron al Alto Tribunal desde los estados de Coahuila y Sinaloa.

Los ministros celebran este martes la votación que podría abrir el camino para todo el país para dejar de criminalizar la interrupción del embarazo. El Tribunal arrancó el lunes el debate sobre el aborto y los códigos penales que castigan el aborto. Los magistrados y magistradas comenzaron a discutir tres acciones de inconstitucionalidad en torno al aborto en las legislaciones de Coahuila y Sinaloa, y sobre el derecho a la objeción de conciencia del personal de salud.

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El proyecto del ministro Luis María Aguilar para el caso de Coahuila, presentado en la sesión de este lunes, propone despenalizar los artículos que criminalizan el aborto en cualquier etapa del embarazo. Durante su exposición Aguilar ha señalado que la maternidad es una elección y no debe ser un destino.

“No se trata de un derecho al aborto, sino del derecho a decidir de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar de decidir sobre su cuerpo y su vida a ser o no ser madre sin penalizarla”.

Se trata de un estudio de inconstitucionalidad de la ley desde la perspectiva novedosa de la libertad sexual y reproductiva. “La acción de inconstitucionalidad obligaría al Congreso de Coahuila a que reforme su código penal”, explica la directora de GIRE, Rebeca Ramos. En el caso de Coahuila, la ley castiga el delito de aborto con penas de uno a tres años de prisión. Para que la acción de inconstitucionalidad tenga efecto, se necesita la mayoría calificada en Corte, ocho votos de 11.

En el caso de Sinaloa, el ministro Alfredo Gutiérrez propone declarar inconstitucional la prohibición absoluta del aborto que hizo el poder Ejecutivo estatal al declarar la protección de la vida desde el inicio de la concepción. Gutiérrez explica en su proyecto que los Estados no pueden utilizar el pretexto de las cláusulas de protección a la vida para negar a las personas servicios de salud sexual y reproductiva, ni adoptar la legislación para que se endurezcan las normas sobre la interrupción legal del embarazo.

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En el caso de la objeción de conciencia se pretende invalidar el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud que incorporó la objeción de conciencia como mecanismo para que el personal sanitario se niegue a practicar un aborto. La propuesta fue una iniciativa del Partido Encuentro Social (PES), de corte evangélico. El ministro Aguilar señala en su propuesta que la objeción de conciencia no puede considerarse un derecho sin límites ya que como estipula la legislación no podrá ejercerse si se pone en riesgo la vida del paciente o se trata de una urgencia médica.

“Con esta discusión la Corte avanza y dice que la libertad que tienen los congresos locales está limitada por los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal, entre ellos, el artículo 4 que habla sobre el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”, agrega Ramos.

La directora de GIRE considera que de salir adelante estas acciones de inconstitucionalidad se sentaría un importante precedente en México que abre la puerta a agilizar la despenalización del aborto en todo el país.

Fuente: El País.

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