En un comunicado, y tras la primera reunión con el dirigente Alejandro Moreno, los legisladores priístas manifestaron que el senador Beltrones Rivera ha atentado de manera significativa contra la unidad ideológica, programática y organizativa del partido.

Además, el sonorense queda en libertad de unirse a cualquier otro grupo parlamentario y en ningún caso sus dichos, declaraciones, votos o posicionamientos representan a la bancada del PRI ni al partido.

Recordaron que Beltrones actualmente enfrenta diversos procedimientos sancionadores de expulsión, conforme a los estatutos y normativas internas del PRI.

En consecuencia, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado se encuentra conformado por 15 senadoras y senadores, quienes «continúan trabajando con el compromiso y la dedicación que caracteriza a nuestra bancada».

La dirigencia determinó que Manuel Añorve será también el próximo coordinador en la Cámara Alta.

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En un desplegado el Frente Amplio de Renovación llama a todos los que no estén de acuerdo con lo ocurrido en dicha asamblea, que informen a otros priistas para que se manifiesten y defender y rescatar al PRI de la ambición personal de Alejandro Moreno, de querer apoderarse del partido.

Llaman a “informe objetivamente al resto de la militancia lo que está sucediendo y despierte conciencias y mueva voluntades, para dar la batalla política y jurídica por la anulación de la Asamblea recién realizada, el mantenimiento del principio de ‘No reelección’ y por la restitución y fortalecimiento de los derechos y atribuciones de los órganos de dirección estatales y municipales, que deben prevalecer en un Partido demócrata, federalista, y fiel a los principios e ideales que nos dieron de origen”.

Advierten que el “despropósito de adueñarse y perpetuarse en el partido y convertirlo en una franquicia electorera a su servicio, sólo se logrará si la amplia militancia se los permite. Debemos vencer el desánimo de los recientes resultados electorales y de los atropellos de la actual dirigencia, elevando colectivamente la voz de nuestra inconformidad y evitando que, con nuestro silencio o inacción nos convirtamos en cómplices mudos que al cancelar espacios de resistencia propicien el alejamiento o franca deserción de cuadros prestigiados de larga trayectoria o de jóvenes militantes que desean incorporarse a la buena política sustentada en principios y valores”.

Los integrantes de la corriente interna como José Reyes Baeza, Fernando Lerdo de Tejada, Natividad González, Dulce María Sauri, Héctor Astudillo, José Encarnación Alfaro, Manlio Fabio Beltrones llaman a acudir al Instituto Nacional Electoral (INE) para “mostrar todas las irregularidades e ilegalidades en que incurrieron en el precipitado proceso de convocatoria a la Asamblea Nacional” del partido.

Los priistas demandan “unidad y acción en la militancia comprometida es hoy la consigna para generar la voluntad que sea capaz de rescatar al PRI e impulsar su efectiva refundación y resurgimiento”.

Al asegurar que dicha Asamblea se concretó con la elección de “delegados a modo”, pidió a los militantes del PRI que, “de ser necesario”, emprendan “la batalla jurídica» en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Insistió en la anulación de la Asamblea del 7 de julio y el mantenimiento del principio de “no reelección” y la restitución y fortalecimiento de los derechos y atribuciones de los órganos de dirección estatales y municipales, que deben prevalecer en un partido demócrata, federalista y fiel a los principios e ideales que dieron origen al PRI.

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Dicha propuesta de reforma de los legisladores priistas surge como una medida necesaria y humanitaria para aliviar la carga económica sobre aquellos que ya están luchando por reconstruir sus vidas.

Esto permitirá que las personas afectadas por desastres naturales no tengan que preocuparse por los costos de la electricidad, pues no sólo les brindaría un alivio financiero inmediato, sino que también les permitiría destinar sus recursos limitados a otras necesidades urgentes, como la alimentación, el refugio y la atención médica.

Refiere que, al eximir el pago de electricidad en zonas de desastre, se proporciona un estímulo económico indirecto al permitir que los comercios locales se mantengan operativos y que la actividad económica se reanude lo antes posible.

Advierten que, en los últimos años, los mexicanos hemos sido testigos de varios eventos catastróficos que han dejado comunidades enteras en estado de emergencia.

«Por ejemplo, el terremoto de 2017 en Ciudad de México, que dejó más de 200 personas muertas y miles de edificios dañados, o el huracán Patricia en 2015, considerado el ciclón más fuerte registrado en el hemisferio occidental, son ejemplos contundentes de la vulnerabilidad de México ante los desastres naturales. El más reciente, el paso del huracán Otis el pasado mes de octubre de 2023, que dejó en Acapulco una devastación nunca vista en nuestro país”.

En este contexto, la exención del pago de electricidad en zonas de desastre no sólo sería una medida de ayuda inmediata, sino también una estrategia preventiva para fortalecer la resiliencia del país ante futuros eventos adversos, al garantizar el acceso continuo a la electricidad durante períodos de crisis.

“La exención del pago de electricidad en zonas de desastre representa una medida humanitaria, económica y estratégica que reconoce la importancia crítica de la electricidad en tiempos de crisis y que busca proporcionar un apoyo significativo a aquellos que enfrentan adversidades inimaginables”, considera la iniciativa.

El PRI propone modificar el artículo 105 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad para añadir al texto: “las adecuaciones ocasionadas por la condonación del pago de energía eléctrica en los municipios declarados como Zona de Desastre durante los procesos de rehabilitación o reconstrucción no requerirán de la autorización del Consejo de Administración o de alguna dependencia de la Administración Pública Federal”.

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El triunfo de Morena en la Jefatura de Ciudad de México se consolida con los resultados obtenidos en las alcaldías de la capital, marcada por una alta participación ciudadana del 69,62%. El partido oficialista ha recuperado en estas elecciones dos importantes alcaldías que había perdido en los comicios de 2021: Tlalpan y Azcapotzalco. De acuerdo a los resultados preliminares del Instituto Electoral de Ciudad de México (IECM), Nancy Núñez obtuvo el 52,1% de los votos en Azcapotzalco y Gabriela Osorio se hizo con el 51,6% en la alcaldía Tlalpan. Las dos demarcaciones se suman a Gustavo A. Madero (55,4%), Venustiano Carranza (53,1%), Iztacalco (49%), Iztapalapa (62,9%), Tláhuac (46,3%), Milpa Alta (46,5%) y Xochimilco (49%), todas para Morena que pinta casi en su totalidad el mapa de la capital de color guinda.

El Partido Acción Nacional (PAN) ha ganado en las alcaldías Miguel Hidalgo (54,5%), Benito Juárez (69,1%), mientras que la coalición opositora PRI – PAN – PRD se ha impuesto en Coyoacán (47%) y Cuauhtémoc, esta última, una de las alcaldías más disputadas de la campaña. Alessandra Rojo de la Vega del PRI – PAN – PRD ha logrado imponerse a Caty Monreal, de Morena, por el 46,4% de los votos.

Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón en disputa

Los resultados en las alcaldías Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón todavía no están claros. Los porcentajes muy cerrados entre candidatos no han mostrado un claro ganador durante el conteo rápido del IECM. En Magdalena Contreras Morena obtuvo el 46,7% de los votos, mientras que el PRI – PAN – PRD se quedó con un ajustado 42,4%. En 2021, la oposición arrebató a Morena esta alcaldía al poniente de la capital y la participación será clave de nuevo para definir la balanza entre los dos partidos. Magdalena Contreras es gobernada por el priista Luis Gerardo Quijano, que busca ser reelegido. Las encuestas le daban hasta hace poco la delantera, pero ahora se la dan por unos pocos puntos a Fernando Mercado, de la coalición de Morena, el Verde y el PT.

Cuajimalpa tiene un escenario complejo. Su alcalde, el priista Adrián Rubalcava, intentó ser el candidato de la oposición a la jefatura de Gobierno, pero al perder la interna dejó el partido tricolor y se sumó a las filas de Morena. Desde entonces ha estado acompañando la campaña guinda en esa delegación y ha arrastrado a ella a su base territorial que le permitió ganar los comicios en 2021. Dados los resultados ajustados, es difícil vaticinar qué sucederá. Morena y su candidato, Gustavo Mendoza, en este primer conteo se quedan con el 42,4% de los votos; Rafael Montiel, sustituto de Rubalcava y abanderado del PRI – PAN – PRD obtuvo el 46,8% de los votos.

Los resultados en Álvaro Obregón también están muy ajustados. Ganado por el PAN en las pasadas elecciones, esta vez los resultados han sido muy ajustados. Morena obtuvo un 46,7% de los votos mientras que el PRI – PAN – PRD se quedó con el 45,1%.

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Los residentes de la colonia Lienzo del Charro, en Cuernavaca, han expresado sus demandas y preocupaciones con respecto a las gestiones del candidato a la reelección para la alcaldía, José Luis Urióstegui Salgado, quien representa a la coalición «Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos».

Las principales inquietudes de los vecinos se centran en la necesidad urgente de obras de drenaje y pavimentación de calles. Estas carencias básicas han dejado a la comunidad vulnerable a diversos problemas y que externan como un asunto pendiente de la administración de Urióstegui.

La falta de atención a cuestiones fundamentales como el drenaje, el alumbrado público y el abastecimiento de agua ha generado malestar y descontento entre los habitantes de Cuernavaca hacia la administración del candidato. Una de las críticas más destacadas hacia José Luis Urióstegui Salgado es el presunto uso indebido de recursos públicos con fines políticos y de campaña. Los residentes afirman haber presenciado la participación de trabajadores del ayuntamiento en actividades de promoción electoral a favor del candidato, lo cual levanta sospechas sobre la imparcialidad y transparencia en el uso de los recursos municipales.

Adicionalmente, se ha observado una estrategia por parte del candidato de resaltar de manera exagerada las pocas obras y acciones realizadas durante su mandato, con el objetivo de influir en la opinión de los vecinos y obtener su apoyo en las próximas elecciones. Los habitantes de Cuernavaca se han mostrado inconformes con los resultados y la administración del candidato José Luis Urióstegui pues las demandas, cierres de calles y cuestionamientos han sido una constante en su campaña rumbo a la reelección, el veredicto lo dictarán el próximo 2 de junio.

Fuente: Informante Centro

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Desde el primer día de su campaña, la candidata de la coalición PAN, PRI, PRD para la gubernatura de Morelos, Lucy Meza, ha sido objeto de controversia debido a su cambio de partido. Hasta hace unos meses, Meza era militante de Morena, partido al que renunció por lo que muchos consideran caprichos e intereses particulares. Al no obtener la candidatura para la entidad, presuntamente por sus vínculos con el exgobernador Graco Ramírez, Meza buscó apoyo en la alianza y partidos que anteriormente había criticado como Senadora.

Esta cambio en el juego personal de Lucy Meza generó desconfianza entre los militantes de Morena pero sobre todo entre los ciudadanos del Estado de Morelos quienes ven a Lucy Meza como una traidora que solo persigue su interés personal. La percepción general es que si traicionó a su partido, también traicionó sus ideales, a las mujeres, al Frente y, eventualmente traicionará a los morelenses.

Cabe recordar que en su etapa como Senadora, Lucy Meza criticó duramente a la Senadora Lily Téllez por renunciar a Morena y unirse al PAN, acusándola de traición. Ahora, Meza ha hecho exactamente lo mismo, cambiando de partido en busca de la candidatura.

La trayectoria política de Lucy Meza ha sido fluctuante: primero militó en el PRD, luego en Morena, y ahora busca sus intereses a través del Frente. Esta historia de cambios y alianzas estratégicas plantea serias dudas sobre su compromiso y lealtad, no solo hacia los partidos políticos, sino también hacia los ciudadanos de Morelos. Sin embargo, muchos ciudadanos aseguran que harán justicia a la entidad y castigarán a los traidores en las urnas.

Fuente: Futuro Social

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En primer lugar, la inseguridad y la violencia han alcanzado niveles alarmantes bajo el mandato de Urióstegui. Los ciudadanos viven en un constante estado de miedo debido al incremento de delitos como robos, asaltos y homicidios. La falta de una estrategia efectiva para combatir el crimen ha dejado a las familias de Cuernavaca vulnerables y desprotegidas, erosionando la confianza en las autoridades locales y en la capacidad del gobierno para garantizar su seguridad.

Además, la escasez de agua se ha convertido en un problema crónico que afecta a miles de hogares en la ciudad. Pese a ser un servicio esencial, muchas colonias enfrentan cortes constantes y prolongados en el suministro de agua potable. Esta situación ha provocado severas dificultades en la vida diaria de los habitantes, quienes deben recurrir a soluciones temporales y costosas, como la compra de agua en pipas, para cubrir sus necesidades básicas. La falta de inversión en infraestructura hidráulica y la mala gestión de los recursos acuíferos son factores que han agravado este problema, reflejando una clara negligencia por parte de la administración municipal.

Por otro lado, las obras inconclusas son una constante que afea el paisaje urbano y obstaculiza el desarrollo de la ciudad. Proyectos que debían mejorar la infraestructura vial, los espacios públicos y otros servicios esenciales han quedado abandonados, generando caos en el tránsito y en la vida cotidiana de los ciudadanos. Las calles llenas de baches, los parques descuidados y las construcciones a medio terminar son testimonio del desinterés y la falta de planificación de la administración de Urióstegui, quien ha fallado en entregar resultados concretos y tangibles a la población.

Los morelenses se sienten traicionados por un gobierno local que prometió progreso y bienestar, pero que en realidad ha dejado a Cuernavaca al borde del colapso. La falta de respuestas efectivas y la incapacidad para resolver problemas críticos como la inseguridad, la escasez de agua y las obras inconclusas han generado un profundo malestar en la ciudadanía. La gestión de Urióstegui es vista por muchos como un periodo de retroceso y deterioro, en lugar de avance y mejora.

Ante este panorama desolador, es imprescindible que las autoridades municipales tomen medidas urgentes para revertir el daño y recuperar la confianza de los ciudadanos. La comunidad de Cuernavaca merece una administración comprometida, eficiente y capaz de enfrentar los desafíos con soluciones reales y efectivas. Solo así se podrá aspirar a un futuro donde la seguridad, el acceso a servicios básicos y el desarrollo urbano sean una realidad para todos los morelenses.

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Graco Ramírez, durante su administración, fue acusado de diversas irregularidades, incluyendo corrupción y malversación de fondos públicos. Su mandato también estuvo marcado por un incremento en la violencia y la inseguridad, lo que deterioró su imagen pública.

En el contexto de la campaña de Lucy Meza, se han levantado acusaciones de guerra sucia, en la que se sugiere que tanto ella como Graco Ramírez han utilizado tácticas deshonestas para desprestigiar a sus adversarios políticos. Estas tácticas incluyen la difusión de noticias falsas, el uso indebido de recursos para campañas de desprestigio, y la manipulación de medios de comunicación.

Además de las acusaciones de guerra sucia, Graco Ramírez y varios de sus colaboradores enfrentan denuncias por corrupción, desvío de recursos y abuso de poder. Estos señalamientos han sido objeto de investigaciones por parte de las autoridades estatales y federales, lo que ha mantenido su nombre en el centro de la polémica.

La relación con Graco Ramírez ha sido un factor clave en la campaña de Lucy Meza. Aunque ella ha intentado distanciarse de las acusaciones, el vínculo con el ex gobernador ha sido un obstáculo difícil de superar. Los votantes y los críticos se mantienen cautelosos, cuestionando si un gobierno liderado por Meza podría repetir los errores y la corrupción del pasado.

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En una reciente conferencia de prensa, cuando se le recordó a Carmona Gándara su simpatía expresada hacia Meza, el fiscal se justificó diciendo que hace un año no existía el proceso electoral y que su comentario fue a título personal. Sin embargo, este tipo de declaraciones pueden influir negativamente en la percepción pública sobre la neutralidad de la FGE, un órgano que debe estar por encima de cualquier interés político para garantizar la justicia y la legalidad.

La situación se agrava con la relación de Lucy Meza con el fiscal, lo que la ha señalado como cómplice de la impunidad y responsable, en parte, de la violencia en Morelos. Las vinculaciones entre Meza y Carmona Gándara sugieren un entramado que podría estar afectando la eficiencia y objetividad de la FGE en la lucha contra el crimen y la violencia en el estado.

Estas acusaciones no solo ponen en tela de juicio la imparcialidad de la Fiscalía, sino que también aumentan la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones encargadas de garantizar la justicia. La falta de independencia y los posibles favoritismos políticos dentro de la FGE debilitan el estado de derecho y la credibilidad de las autoridades morelenses.

Es imperativo que la Fiscalía General del Estado adopte medidas contundentes para asegurar su independencia y transparencia. La percepción de que la justicia puede estar siendo manipulada o influenciada por intereses políticos es dañina y socava la confianza pública. La población de Morelos merece una Fiscalía comprometida con la legalidad y la justicia, sin interferencias ni favoritismos.

La controversia en torno a Uriel Carmona Gándara y Lucy Meza debe ser clarificada para evitar que la desconfianza se traduzca en una mayor impunidad y violencia en el estado. La Fiscalía debe demostrar con acciones concretas su compromiso con la imparcialidad y la justicia, alejándose de cualquier vínculo que pudiera comprometer su integridad y eficiencia.

En conclusión, la imparcialidad de la FGE de Morelos está bajo escrutinio, y es crucial que se tomen las medidas necesarias para restaurar la confianza en una institución que debe ser un pilar de la justicia y el orden en el estado. Las relaciones y declaraciones que comprometen su neutralidad deben ser revisadas y corregidas para garantizar que la justicia en Morelos se aplique sin sesgos ni influencias externas.

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La denuncia contra José Alberto Millán, presentada por su ex pareja, incluye acusaciones de acoso y agresión. Estos señalamientos han generado indignación entre colectivos feministas y defensores de los derechos humanos, quienes esperaban una respuesta contundente de parte de Meza, dado el compromiso de Morena con la lucha contra la violencia de género.

En un comunicado emitido tras la renuncia de Millán, Lucy Meza expresó que su equipo respeta el debido proceso y que las acusaciones deben ser investigadas por las autoridades correspondientes. «Lamentamos profundamente la situación y reiteramos nuestro compromiso con los derechos de las mujeres. José Alberto Millán ha decidido renunciar para enfrentar las acusaciones y evitar que esto afecte nuestra campaña», señaló Meza.

Sin embargo, esta respuesta no ha sido suficiente para calmar las críticas. Activistas y organizaciones feministas consideran que Meza debería haber actuado de manera más proactiva y contundente desde el momento en que se conocieron las denuncias. «Es inadmisible que una candidata que se presenta como defensora de los derechos de las mujeres mantenga en su equipo a una persona acusada de violencia de género. La renuncia de Millán no exime a Meza de su responsabilidad», afirmó Ana Pérez, portavoz de un destacado colectivo feminista en Morelos.

La controversia ha generado un debate sobre la coherencia de los políticos en su lucha contra la violencia de género y la importancia de acciones inmediatas y claras frente a tales acusaciones. «La protección de los derechos de las mujeres no puede quedarse en el discurso. Debemos ver acciones concretas y comprometidas», agregó Pérez.

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