Desde el pasado 16 de mayo, México supera esta cifra en su registro oficial de personas desaparecidas en el país, lo cual da una idea de la auténtica «crisis humanitaria» que supone esta tragedia, tal y como la calificó el gobierno el año pasado.

Aunque el conteo oficial inició en 1964, las desapariciones aumentaron vertiginosamente desde que en 2006 se inició la llamada «guerra contra el narco» del entonces presidente Felipe Calderón.

Durante su última visita a México, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas denunció que el crimen organizado es el perpetrador central de estos hechos, aunque también señaló como responsables a funcionarios públicos.

Por ello, instó a tomar acciones para acabar con la impunidad que campa a sus anchas -casi un 95% de los delitos en México quedan sin resolver- y a instaurar una política nacional que sirva para prevenir y erradicar las desapariciones.

«Se está haciendo un trabajo como nunca de búsqueda, ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos como ahora (…) y a buscar fosas clandestinas porque no se debe de olvidar que hubo una guerra contra el narcotráfico» durante la que «murieron muchos y los desaparecieron»,

declaró el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tras conocerse el reciente y triste récord de desaparecidos en el país.

Te puede interesar: Hasta encontrarles: 14 personas desaparecen cada día en México.

En los últimos meses, el estado norteño de Nuevo León ha estado bajo el foco por el aumento de desaparición de mujeres -especialmente jóvenes, con algunos casos tan mediáticos como el de Debanhi Escobar- y por las irregularidades cometidas y reconocidas por la Fiscalía estatal durante la investigación.

Pero miles de otras desapariciones no atraen la misma atención y son los familiares de las víctimas quienes luchan a diario para impedir que, con el paso del tiempo, sus casos caigan en el olvido de las autoridades y de la sociedad.

Porque la cifra de 100.000 desaparecidos recién alcanzada es mucho más que un número: esconde historias de búsquedas en terreno con las propias manos de las familias que, en ocasiones, acaban prácticamente destrozadas de por vida a causa de la tragedia.

El de la joven Frida Flores, desaparecida el año pasado también en Nuevo León, es uno de ellos. Su madre, Erika Navarro, compartió entre llantos su historia con BBC Mundo y aseguró que ni todo el dolor del mundo le hará desistir de buscar hasta encontrar a su hija.

Getty

Personas desaparecidas en México

• 100.017desaparecidas y no localizadas.

• Hombresson el 74,7%.

• 20-39 añoses el rango de edad de la mayoría de desaparecidos.

• Estadoscon más desaparecidos: Jalisco, Tamaulipas, Estado de México y Nuevo León.

Fuente: Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de México (1964 – 16 de mayo de 2022)

Mi hija Frida Yoatsi desapareció el 29 de agosto de 2021 en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. El 7 de septiembre ella cumplía 19 años.

Me dijo que iba a comer con unos amigos y me dijo que estuviera tranquila, que no se iba a tardar.

Te recomendamos leer: El país de los 100,000 desaparecidos.

La última vez que hablé con ella por teléfono fue a las 5:00 de la tarde, cuando me dijo que ya en un rato volvía. Pero pasaron las horas y no llegaba, así que empecé a preocuparme mucho.

Volví a llamarla y ya no respondía. Pasadas las 9:00 de la noche, su teléfono estaba ya apagado.

Me la pasé toda la noche sentada, esperando y esperando, hasta que en la mañana siguiente fui a poner la denuncia. ¿Dónde estaba mi hija? ¿Quién se la llevó?

Lo que pasó fue que al salir de un restaurante con una amiga, las abordó una camioneta. Las subieron a las dos. La amiga dice que no vio a la persona que las subió, solamente que era una mujer.

A la amiga la bajaron cerca de su casa, pero a mi hija se la llevaron. Ahí se pierde el contacto y ya no se sabe nada. Desde entonces, no se sabe nada. Es como que a Frida se la hubiera tragado la tierra.

Nueve meses de angustia

Como Sabinas es un foco rojo donde hay muchas desapariciones, en aquellas primeras horas sí pensé que quizá no la iba a volver a ver, o que la iba a ver… no sé cómo.

La Fiscalía me dice que están en la búsqueda y trabajando en ello. Y de alguna manera les comprendo, porque son miles de casos, pero en lo personal me duele mucho que hasta ahorita no tengo respuesta de nadie. Dicen que han hecho su trabajo, pero no me han resuelto nada.

15 días antes de su desaparición, en la zona se habían llevado a otras muchachas. A Frida le dije muchas veces que no fuera a Sabinas, que estaba peligroso… Pero ella tenía amistades allá, porque aunque ahora vivimos en Apodaca, se criaron en Villaldama, un pueblo junto a Sabinas.

Te compartimos: La ONU llama a México a reforzar la búsqueda de personas desaparecidas a la fuerza.

Siempre le he intentado dar buenos consejos a Frida porque soy muy nerviosa hacia la inseguridad aquí en Nuevo León, donde uno ve diario que ya hace años que se roban muchachitas, que las violan, las matan, las secuestran… y jamás veo que encuentren al responsable. Hay muchísima impunidad.

Estos casi nueve meses son meses de angustia, de sufrimiento. Pero yo voy a seguir alzando la voz y buscando a mi hija hasta encontrarla.

Me duele tanto y estoy pasando una situación tan difícil, que a nadie se la deseo. Aún así, yo no busco culpables, solo quiero el regreso de Frida y que se acabe esta pesadilla.

He sufrido mucho este tiempo. Me he enfermado, me atacan los nervios, me entra mucho pánico y no duermo por la noche. El psicólogo me tiene medicada, pero no descanso al 100%.

He perdido mi trabajo como enfermera. Voy nada más si me sale una guardia específica. Al no dormir, no aguanto mi cabeza y me duele todo el cuerpo. No puedo buscar un trabajo estable porque no me concentro.

Eso también me repercute para sobrevivir, claro. Mi hija mayor me ayuda mucho, mis hermanas y mi prima… Yo voy vendiendo cosas que no necesito, porque ¿para qué quiero nada ahora?

Una familia destrozada

Desde que enviudé hace un año, me quedé al frente de mis tres hijas. Yo voy a cumplir 42 años. Mi hija mayor de 21 ha estado al pie del cañón, ha sufrido y sufre a la par conmigo.

Tengo otra niña de 16 años, que está con su abuelita. Por el momento no está conmigo porque yo me la he pasado saliendo a buscar a Frida, alzando la voz. A la niña también la ha trastornado todo esto y acude al psicólogo.

Estamos todas muy mal, física y emocionalmente. Pero sé que tengo que estar bien para seguir buscando a Frida.

Frida es una estudiante de la facultad, estudia para contador público. Ella no tiene problemas con nadie ni debe nada, se dedica a su estudio.

Es muy inteligente y aplicada. Estudiar es su sueño y ella me decía: «Yo le prometí a mi papá que yo me iba a graduar y trabajar después para ayudarles mucho a la familia». Esos eran sus planes.

Continúa leyendo: Marzo, el mes más sangriento del año y el baile de las cifras de muerte.

Ella vivía conmigo mientras estudiaba. Siempre estábamos juntas, era muy apegada a mi. Íbamos al centro, a comer, a visitar a mis hermanas… Ella siempre ha sido la alegría de la casa, muy bailadora, muy risueña y alegre.

Este Día de las Madres (10 de mayo) fue un día muy triste, lleno de dolor. Me puse muy mal, tuve que ir al doctor porque me dolía mucho mi cabeza.

Aunque la verdad es que todos los días para mí han sido grises desde que Frida no está con nosotros. Porque es muy triste y duro pasar esta situación y no tener hasta la fecha respuesta alguna. No se sabe nada.

Inseguridad diaria

En la tele dicen que casi diario aquí en Nuevo León pasan muchos crímenes, secuestros, levantones… así que ni la veo porque me pongo muy mal.

Me siento insegura en la calle, es una inseguridad muy grande, yo veo como foco rojo todo el estado. No ando a gusto en la calle, siento miedo pese a que somos personas de trabajo y no debemos nada ni tenemos problemas con nadie.

Ya uno al salir a la calle carga su gas pimienta. Sales a lo que vas y regresas, como más tardar a las 5:00 de la tarde. Porque si en el día es peligroso, no se diga salir en las noches.

A mis hijas les digo: «Ustedes creen que están bien, seguras y que jamás te va a pasar esto». Igual que yo no imaginé nunca pasar por esta situación tan difícil. Nos ha afectado mucho porque jamás pensamos que nos sucedería esto en la familia, esta gran pesadilla. Todos estamos consternados.

Ahora lee: México reporta 23 mil asesinatos de mujeres pero juzgan como feminicidios solo 5 mil.

No sé a qué se deba, pero yo me cansé de tocar puertas a los medios de comunicación para hacer ruido por Frida, para que saliera en las televisoras. Créame que nadie vino a hacerme una entrevista hasta ahora que han pasado muchas cosas del caso de Debanhi (Escobar) para acá. Ahí es que han venido algunas personas a interesarse.

A algunos casos como el de Debanhi y otras jovencitas se les ha hecho mucho ruido. Pero a mi, nueve meses después, no me hacían caso. Apenas que pasaron esas desgracias tan grandes han mirado para mí.

Me dicen que confíe en la autoridad, que me van a ayudar, que van a agilizar todas las investigaciones y van a mandar elementos a Sabinas. Yo creo y confío en ellos, pero ojalá que no solo me lo platiquen, sino que lo hagan.

A la autoridad le pedí que me acompañaran a buscar a Frida, porque si no son ellos, ¿quién le respalda a una? Pero nunca he ido a campo porque no se ha dado la oportunidad de que yo vaya. Y sola no me atrevería por la inseguridad.

«Mi hija está viva»

Yo tengo la fe y la certeza de que mi hija está viva. Mi corazón de madre me dice que lo está.

Anoche me dormí como a las 6:00 horas, porque solo duermo como dos o tres horas al día. Cuando me quedé dormida, soñé que Frida había llegado. Y ella, que es muy gritona, me decía: «Ya llegué, mami, estoy bien, ya estoy contigo». Y me abrazaba. Me abrazaba con tantas ganas…

Consulta: México, el fracaso en frenar la violencia feminicida.

Así como tengo mi de fe de que va a volver, también quiero que termine esta pesadilla, como Dios la mande.

Aquí está lleno de casos de desapariciones que llevan años y años. Yo no quiero ser una más y vivir toda la vida con eso de que no la veo, buscando y buscando, que no llega y no te resuelven nada. Pero tengo tanta fe de que ella va a volver, tanta certeza de que mi hija va a regresar bien, solita…

Lo que quiero es que el caso de Frida no se quede impune, que no termine como otros que tienen 10 o 15 años y sus carpetas de investigación se quedan olvidadas.

Pediría al señor gobernador que pida refuerzos. Que entre la Marina a Nuevo León para que se compongan las cosas, que entren elementos especializados para que nos protejan de tanta cosa que se está viviendo.

En definitiva, quiero que me escuchen. Yo no busco culpables. Y si la persona que tiene a Frida me escucha, que se toque el corazón y sepa que su madre está sufriendo mucho por ella, igual que sus hermanitas. Que Dios toque su corazón para que ella pueda regresar a casa.

Fuente: BBC.

La entrada México: «Uno ve a diario que se roban muchachitas y jamás veo que encuentren al responsable» se publicó primero en México 24 siete.

Han transcurrido más de dos años del inicio de la pandemia de COVID-19 y el virus que produce la enfermedad continúa propagándose, como en China y ahora en Corea del Norte, donde se impusieron estrictas medidas de aislamiento.

Además de tener un repunte de casos, Estados Unidos se convirtió oficialmente en el primer país del mundo en reconocer un millón de muertos por coronavirus.

“(…) alcanzamos un trágico hito: un millón de vidas estadounidenses perdidas por el COVID-19″, lamentó el presidente Joe Biden, quien pidió mantenerse ‘vigilantes’ frente a la pandemia y hacer ‘todo lo posible’ para salvar vidas.

Te puede interesar: Coronavirus en México: cómo dos «detectives ciudadanos» revelaron el impacto real de la pandemia.

La impactante portada a doble página del domingo en la edición impresa de The New York Times lo dimensionó en su titular: “Un millón. El dolor inconmensurable de una nación”.

De acuerdo con el influyente diario, en dos años “han muerto más estadounidenses de COVID-19 que en dos décadas de accidentes automovilísticos o en campos de batalla en todas las guerras del país combinadas”.

Aun cuando “un millón de muertos es un número impresionante, incluso para un país del tamaño de Estados Unidos, el número real es casi con seguridad mayor debido a la subestimación” de casos, apuntó el NYT.

EU es el país con más víctimas mortales por la pandemia, seguido de Brasil, India, Rusia y México, que a su vez mantiene el poco honroso primer lugar en letalidad.

México tiene el número más alto de muertes (5.6) por cada 100 casos confirmados de covid y es sexto del mundo en defunciones (254) por cada 100 mil habitantes.

Te recomendamos leer: México, sin vacunas para menores contra la COVID-19.

En paralelo a EU, Europa rebasó los dos millones de muertos por coronavirus, según la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud:

“Se ha alcanzado un hito macabro al confirmarse que las muertes por COVID-19 en los (53) países de la región europea han sobrepasado los dos millones”,

informó el organismo de Naciones Unidas en un comunicado.

Un informe reciente de la OMS concluyó que el número de fallecidos por la pandemia fue subestimado y que el total en el mundo se eleva a 14.9 millones, contra los casi 6.3 millones notificados oficialmente.

Los 14.9 millones representan el punto medio entre un mínimo de 13.3 millones y un máximo de 16.6 millones de decesos contabilizados del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.

La OMS estimó que en México se registra un exceso de mortalidad por covid de 626 mil personas, cerca del doble de las casi 325 mil defunciones documentadas por las autoridades federales de Salud.

El organismo considera que en nuestro país hubo entre un mínimo de 611 mil y un máximo de 640 mil muertes en exceso por la pandemia.

Te compartimos: COVID-19 eleva 50% exceso de mortalidad en México: INEGI.

Las cifras incluyen personas que fallecieron directamente por la enfermedad, otros problemas de salud e interrupciones de la atención médica derivados de la pandemia, según se desprende del informe sobre exceso de mortalidad global publicado por la OMS hace dos semanas.

Oficialmente, el exceso de mortalidad en México es de 726 mil defunciones desde 2020, de las cuales el 67.9 por ciento (493 mil) se asocia a covid-19.

Parafraseando al NYT, ¿cómo México perdió más de 700 mil personas? Aun ‘controlada’, covid se convirtió en la primera causa de muerte en el país.

A pesar de las mayores tasas de vacunación, la pandemia continúa afectando no sólo la salud de millones de personas, sino también la economía a nivel global.

En semanas recientes, el repunte de contagios en China llevó a su gobierno a adoptar medidas de confinamiento en varias provincias y ciudades importantes, como parte de la severa política de ‘cero COVID’.

Los controles en megaciudades como Shanghái, que tiene un potente centro financiero y uno de los puertos más activos del mundo, ya le cobraron factura a la economía china.

Ahora lee: México registra más de 900 muertes por coronavirus en un día, la cifra más alta de la cuarta ola.

En abril las ventas minoristas en el gigante asiático se desplomaron 11.1 por ciento respecto a igual mes del año anterior, mientras que la producción industrial se contrajo 2.9 por ciento en el mismo periodo comparable.

Ambos indicadores anticipan una desaceleración de la actividad económica en China durante el segundo trimestre del año.

Dada la importancia de China en los suministros y sus vínculos con otras economías grandes, como la estadounidense, ya se advierten impactos sobre la actividad de EU, que de por sí corre el riesgo de entrar en recesión el próximo año.

Fuente: El Financiero.

La entrada ¿Cómo perdió México 700 mil vidas? se publicó primero en México 24 siete.

El Estado de derecho en México, medido desde las entidades federativas, es “precario”, está “estancado” e, incluso, registra “retrocesos”; estos son los principales hallazgos del Índice del Estado de Derecho en México 2021-2022, que elabora la organización World Justice Project.

El director de Proyectos de Estado de Derecho del World Justice Project, Alejandro González, al presentar los resultados del índice en el Senado, explicó que existen tres tendencias que explican lo anterior:

El debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos a nivel estatal; la reducción de la capacidad de los sistemas de justicia penal y civil para poder cumplir con su responsabilidad, y el estancamiento de la capacidad de las entidades federativas para controlar la corrupción.

Te puede interesar: México: Deficientes investigaciones de feminicidios en el Estado de México violan los derechos de las mujeres a la vida, integridad personal y al acceso a la justicia.

Puso énfasis en que 14 entidades federativas retrocedieron del año pasado a 2022 en su puntuación general (Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco), 12 se mantuvieron sin cambio (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas) y sólo seis incrementaron su puntaje (Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas).

“Esto nos dice que nos estamos moviendo entre el retroceso y el estancamiento”,

destacó y anotó que ni siquiera la entidad federativa con el nivel más alto (Querétaro) llega al .5 en una escala de 0 a 1.

De acuerdo con el índice, las cinco entidades mejor calificadas son Querétaro, con un puntaje de 0.49; Yucatán, con 0.47; Guanajuato, con 0.46; Aguascalientes, con 0.46, y Sinaloa, con 0.46; en tanto, las peores calificadas son Estado de México, Ciudad de México y Quintana Roo, con 0.36; Morelos, con 0.35, y Guerrero, con 0.34.

El promedio de las 32 entidades federativas se ubica en un puntaje de 0.41, lo cual, de acuerdo con González Arreola, establece el tamaño del reto que se tiene por delante.

Detalló que el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos tiene que ver con “una contracción” del Poder Judicial y el Poder Legislativo para ejercer sus capacidades de control sobre el Ejecutivo, acompañado de una contracción del espacio cívico que limita las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil.

Explicó, además, que la reducción de la capacidad de los sistemas de justicia tiene que ver con tres factores: la falta de garantía de los derechos de las víctimas; la independencia, la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial, y la falta de capacidad de los ministerios públicos para investigaciones efectivas.

MEJORÍA MARGINAL

Pese a que el país enfrenta una crisis severa de seguridad pública, ante el aumento de homicidios dolosos y feminicidios, el factor relacionado con el orden y la seguridad mostró una marginal mejoría.

De acuerdo con González Arreola, existen dos variables que explican esta mejoría: la primera, en un contexto pandémico, en 24 entidades federativas, la percepción de seguridad personal en el contexto público se redujo; es decir, mejoró.

Y, por otro lado, los delitos patrimoniales, algo que está muy influido por las condiciones pandémicas de convivencia, también vio reducción.

“Estas dos variables finalmente nos llevan ahí. Es posible que sea algo casuístico, pero vamos a ver qué sucede el año que viene, pero era importante compartirlo”,

agregó.

Fuente: El Financiero.

La entrada Estado de derecho en México, «entre retroceso y el estancamiento» se publicó primero en México 24 siete.

Este lunes 16 de mayo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señaló que hay más de 100 mil personas en México en esta situación. La cifra debería ameritar por sí misma toda la atención pública. También obliga a que el gobierno aclare lo que no nos dicen sus cifras: exactamente, ¿cuántas personas no se cuentan en estos registros?

Los datos disponibles nos permiten dimensionar el tamaño de una tragedia sin comparación en el mundo. Tan sólo entre 2006 y 2022, 83,761 personas han entrado al eufemismo de las estadísticas oficiales de ser consideradas personas desaparecidas o no localizadas. Desde 2006 en México todos los días desaparecen 14 personas para no volver a ser vistas.

Te puede interesar: El país de los 100,000 desaparecidos.

No hay excusa que alcance para justificar la irresponsabilidad de los gobiernos en México frente al aumento en el número de personas desaparecidas en los últimos tres sexenios. Aunque la ausencia de mujeres y hombres de todas las edades ha trastocado la vida de miles de familias y amigos, no ha habido gobierno que las localice y que tome acciones para prevenir que más personas desaparezcan. Tampoco ha resuelto las marcadas diferencias de género: el grupo de edad que menos regresa a casa son las mujeres adolescentes entre 12 y 17 años. 

El Estado Mexicano nos ha fallado a todas y todos por su incapacidad para resolver qué sucedió con el paradero de estas personas, encontrar a los responsables y reparar el daño de cientos de miles de familias. Sin acciones coordinadas para que los diferentes gobiernos se hagan cargo de su responsabilidad, en México seguirá prevaleciendo la impunidad.

Miles de familias mexicanas exigen hoy una justicia que no llega. Cuando el gobierno les niega además un espacio público para conmemorar a las personas que les faltan, las revictimiza. Les niega la justicia y les impide la memoria.

Te recomendamos leer: La ONU llama a México a reforzar la búsqueda de personas desaparecidas a la fuerza.

No habrá justicia en este país hasta que no sepamos qué pasó con cada una de las personas que los registros oficiales consideran como desaparecidas y no localizadas. No hay compromiso que no sea más que promesas vacías hasta que el Estado pueda garantizar búsquedas profesionales por los desaparecidos y no relegue su responsabilidad a las familias de las víctimas. No tendremos certezas sobre la dimensión del problema hasta que no conozcamos el número de personas que no se cuentan en estos registros. Ninguna autoridad en el gobierno puede estar tranquila hasta que a todas las familias se les garantice el derecho de saber qué pasó con los suyos. 

¡Hasta encontrarles no habrá justicia!

Fuente: .

La entrada Hasta encontrarles: 14 personas desaparecen cada día en México se publicó primero en México 24 siete.

En diciembre de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, trató de resumir en una sola frase su sensación sobre las dificultades del Ejecutivo para frenar la violencia. “Estamos en una de esas situaciones en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”, dijo. Andrés Manuel López Obrador cumplía un año en la presidencia, tiempo en que había señalado su prioridad, luchar contra la corrupción. Esa era la clave. Sin corrupción, las aguas de la violencia volverían al cauce de la cordialidad.

Encinas había denunciado que México sufría una crisis forense, que el país ni siquiera contaba con registros fiables de fosas, de perfiles genéticos, de personas desaparecidas. Lo primero, decía, era contar bien. Enfocados en la cuenta, la realidad seguía su curso y lejos de obedecer los deseos del Gobierno, pintó un escenario de terror, con miles de asesinatos al año, masacres y otros tantos desaparecidos. Lo viejo y lo nuevo parecían mezclarse, cada vez más difícil de diferenciar.

Te puede interesar: La ONU llama a México a reforzar la búsqueda de personas desaparecidas a la fuerza.

Dos años y medio después, la cuenta está hecha, un logro innegable de la actual Administración. México ha superado la cifra simbólica de 100.000 personas desaparecidas, la gran mayoría desde el inicio de la guerra contra el narco, la embestida estatal contra el crimen organizado lanzada por el presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006. Su Gobierno concentra alrededor de 17.000 reportes de desaparición, por 35.000 registrados durante el siguiente, encabezado por Enrique Peña Nieto, y los 31.000 que cuenta el Gobierno actual.

Al ritmo actual, este sexenio batirá todas las marcas. El fenómeno ha cambiado. Durante los años de Calderón, el noreste simbolizó los horrores de la guerra, con sus campos de exterminio, que recién ahora empiezan a investigarse. Las desapariciones masivas de Guerrero y los hallazgos de enormes cementerios clandestinos en Veracruz marcaron el tiempo de Peña Nieto. Ahora, la alarma se prende en regiones antaño relativamente tranquilas, caso de Guanajuato o Sonora. EL PAÍS se ha desplazado a ambas regiones para comprender mejor los matices de la tragedia.

Te recomendamos leer: Las desapariciones de migrantes se triplicaron en México entre 2020 y 2021.

Las cifras mexicanas exigen comparaciones foráneas, aunque sea para entender la forma del conflicto. Así, por ejemplo, Colombia cuenta poco más de 99.000 desaparecidos desde 1970, principalmente por el conflicto entre guerrillas y grupos paramilitares que vivió el país. En Argentina, la dictadura militar (1976-1983) dejó alrededor de 30.000, según cuentas de organizaciones no gubernamentales. Y en Guatemala, las tres décadas de conflicto y represión gubernamental a finales de siglo pasado dejaron 45.000, de acuerdo a un cálculo de Amnistía Internacional.

La diferencia de México con los demás es que la mayoría de sus desaparecidos son de época reciente, cuando el país no vive dictadura alguna o guerras civiles. En teoría, México vive en paz, concepto que retan sus violencias, enlazadas con corruptelas antiguas. En su informe sobre la situación en México, publicado en abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ya advertía sobre esta situación: “La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.

Priorizar la búsqueda

El registro de desaparecidos era hasta 2018 una base de datos sin sistematizar. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, explica que “antes de 2019, el registro difícilmente tenía un acercamiento a la realidad”. Nombrada con el nuevo Gobierno, su primer paso fue pedir a las fiscalías estatales que completaran los datos que ya existían y los mantuvieran actualizados. “Lo que se ha hecho es comenzar a crear una institucionalidad”, dice Quintana. ¿Qué tan real es entonces el registro? “Mi lectura”, dice la comisionada, “es que las fiscalías tienen más información de la que han dado en los últimos años; pero también podrían tener información desactualizada”.

Aún así, esa información debería servir a las autoridades para crear políticas públicas que atiendan la crisis. En Monterrey, por ejemplo, donde las desapariciones de Debanhi Escobar o Yolanda Martínez han puesto el foco en los fallos del sistema, el número de mujeres desaparecidas llega al 30%, es decir, más que la media en el resto de las regiones. En el Estado de México, el más poblado del país y uno de los que cuenta más desaparecidos (6.405 personas), el porcentaje de mujeres llega casi a la mitad. El compromiso de los Estados y de todas las instituciones en el país con el registro “es muy dispar”, según Quintana, que apunta: “Todavía no se ha asumido la búsqueda como una prioridad nacional”.

A la crisis de los desaparecidos se suma otra causada por el rezago en el reconocimiento de los cuerpos que sí son encontrados. En México, más de 52.000 fallecidos permanecen sin identificar. Para atender la crisis forense, el Gobierno propuso en abril crear el Centro Nacional de Identificación Humana. El proyecto plantea un enfoque masivo para el reconocimiento de los cadáveres recuperados de las fiscalías, servicios médicos forenses, cementerios y fosas clandestinas. “El sistema tradicional requiere identificar [los cuerpos] uno a uno. Eso está bien en Suiza, pero no es tan sencillo en lugares con crisis como México”, señala Quintana.

Te compartimos: La ONU pide a México frenar desapariciones.

Los datos del registro muestran que la mayor incidencia durante los últimos tres años se concentra en cinco Estados, que acumulan más de la mitad de los desaparecidos. Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa suman más de 15.700 desaparecidos. Hay además una cifra flotante de más o menos 15.000 personas de las que se ignoran datos básicos, como el año en que desapareció. Con la información disponible, es posible identificar al menos tres zonas donde la situación es especialmente grave: la central, que incluye Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México; el corredor de Sinaloa a Sonora, en el noroeste, y el área que comprende Nuevo León y Tamaulipas, en el este.

Los confines de Irapuato

En un taller a las afueras de Irapuato, dos operarios muestran divertidos una pegatina. Es el plástico que envuelve las bolsitas de marihuana que compran habitualmente en el barrio, donde un niñito rubio, con un enorme fusil en las manos, sonríe al cliente. Dos palabras dominan la imagen arriba y abajo del muchacho: “CJNG” y “Élite”. “Así la venden ahora”, dice unos de los operarios.

La pegatina resume una guerra por el dominio de la venta de droga al por menor en los barrios de Irapuato, en Guanajuato, ciudad golpeada por la violencia en los últimos años. Los operarios, vecinos de estos mismos parajes híbridos entre lo agrícola y lo industrial, dicen que es justo aquí donde más se ha notado la violencia, en los ranchos que hacen de esponja entre Irapuato y Salamanca. Aunque no es solo por la droga.

Preguntados por los motivos, ambos señalan además los ductos de combustible, riqueza de la región. En la vecina Salamanca, Pemex opera una refinería y en el subsuelo funcionan enormes tubos que conducen gasolina a León, la capital del Estado. Irapuato queda en medio. Desde hace años, cuadrillas de criminales locales apoyados por trabajadores de la petrolera han ordeñado los ductos, almacenando combustible para venderlo en el mercado negro.

Continúa leyendo: México: más de 91.000 desaparecidos.

“Antes estaban los de El Marro, pero luego llegaron los jaliscos e hicieron limpia”, dice el otro operario. Sus nombres verdaderos no salen aquí por su seguridad. El Marro y los Jaliscos son los nombres coloquiales del cartel de Santa Rosa de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dos de las marcas criminales más mediáticas de los últimos años. En la narrativa criminal mexicana, las limpias son procesos por los cuales un grupo criminal expulsa a otro de un territorio más o menos acotado. Cuando hablan de la limpia de Irapuato, los operarios se refieren a un proceso que inició hace unos cuatro o cinco años, cuyo fin viven actualmente.

El simbolismo de las pegatinas es evidente. No son tanto un reclamo, sino una demostración de poder, un recordatorio de lo que ha ocurrido. Genaro, uno de los operarios, recuerda el principio de todo aquello en su barrio. Fue en noviembre de 2020. “Hubo una semana completa de balaceras. Un lunes empezaron a balacear una casa, martes igual, miércoles… Es que ahí estaba El Marro, por el huachicol [el robo de combustible de los ductos]. Y en una casa vendían droga y se iban y le tiraban, hasta granadas y todo… Mataron a varios”, dice, mientras muestra un mosaico en su móvil de sus muertos, sus amigos muertos del barrio. “Ahí en el rancho, entre muertos y desaparecidos son como unos 50 de cinco años para acá”.

Es la guerra del extrarradio, ajena a la pompa de las siglas. En la actual Administración, Irapuato se ha convertido en el foco rojo de las desapariciones en el Estado. Es la ciudad que más casos cuenta, por encima de León, la misma Salamanca o Celaya. Son 228 reportes desde diciembre de 2018, por 99 durante los 12 años anteriores. El horror aquí es presente porque muchas veces los perpetradores siguen campando a sus anchas por el barrio.

Lee más: México, el calvario de los defensores ambientales.

Es el caso de Rosalba Granados. En ocho días de agosto de 2019, criminales asesinaron a su hijo mayor y desaparecieron al pequeño, que quería cobrar venganza. “Nosotros somos de un rancho de ahí entre Salamanca y Celaya. Y ahí estuvo la guerra de los marros contra los jaliscos. Ahora parece que ya se calmaron, porque las personas que andan en eso ya se pasaron a la nueva generación”, explica.

En 2019, la situación era distinta. “Mi hijo mayor sí se drogaba y por lo mismo iba con esta gente”, dice, en referencia a integrantes del grupo de El Marro, detenido en agosto de 2020. “A veces bromeaba y me decía, ‘a lo mejor un día me meto con ellos’. Y yo le decía, ‘sí, papasito, tú métete y me recoges tus cosas y te vas, porque ya no tienes mamá’. Pero luego me decía que era broma”. Así, entre broma y broma, se andaba el hijo mayor, Giovanni, que siempre andaba “cargándoles” a sus compañeros de barrio.

Dice Granados que quizá un día las bromas fueron demasiado. “Le parecía que eran tontos, no sé”. Un sábado, el muchacho no volvió a casa. Se fue con uno de “ellos” y apareció muerto, al día siguiente, en un pueblo cercano. Granados sabe quién era la persona con quien se fue. Lo ve de vez en cuando. Nunca se ha atrevido a preguntar.

El que sí preguntó fue José Antonio, su hijo pequeño, que pronto supo quién había matado a su hermano, según Granados. Parece que el muchacho clamó venganza. Se corrió la voz. Ocho días más tarde, los mismos que habían acabado con el primero desaparecieron al segundo. “Fue cerca del panteón”, explica la madre, “ellos habían ido a sepultar a unos fulanos y cuando lo vieron… Él había ido a un taller cerca de ahí a reparar su moto. Sí me dijeron que cuando lo vieron le gritaron, ¿te sientes muy verga? Ya no sé más”.

Los gritos de las madres en el desierto de Sonora

Sinthya Gutiérrez tiene 40 años y una tristeza que le dobla el cuerpo. Desde 2017 no sabe nada de su hijo Gustavo, que tenía 15 años cuando fue desaparecido. El chico salió con un amigo y no regresó: lo último que se supo de ambos –el otro joven también falta– fue que la policía los tenía esposados en una calle de Guaymas, un municipio de Sonora de 150.000 habitantes. Ella y su marido recorrieron las celdas municipales sin encontrarlo. “Ahí es cuando empezó mi angustia”, dice la mujer, chiquita en la esquina del sofá. En un mueble de madera a su lado, Gutiérrez honra a su hijo desaparecido. Entre latas de Tecate y crisantemos amarillos, también homenajea a su hijo Marco Antonio, baleado a 50 metros de su casa, y a una compañera que buscaba a su marido cuando fue asesinada.

2017 fue “un año muy pesado”, recuerda Gutiérrez. Desde el inicio del conteo en la década de los sesentas hasta 2016, Sonora registró 1.650 desapariciones. En los siguientes cinco años, se alcanzó un número muy similar en este Estado del norte del país: 1.400 personas desaparecidas en ese período. Antes de que un comando armado baleara el Palacio Municipal de Guaymas durante una manifestación feminista en noviembre de 2021 y matara a tres personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ya había identificado el corredor que va desde esa ciudad hasta Cajeme, a una hora y media, como “uno de los más violentos” del país.

Infórmate más aquí: Marzo, el mes más sangriento del año y el baile de las cifras de muerte.

Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, atribuye la violencia desatada en los últimos cinco años a “la negligencia e irresponsabilidad” de las autoridades, pero también a la militarización de la seguridad pública, que empezó a notarse en la zona a partir de 2018, según Bernal. Los últimos dos comisarios de Guaymas, por ejemplo, fueron capitanes de la Marina y en las calles se ven militares en camionetas de la Policía Municipal. La estrategia, dice Bernal, “está siendo contraproducente”: “Hace 25 o 26 años, Sonora era zona segura. La gente venía de Nuevo León, de Coahuila, de todas las zonas azotadas por la violencia”. Y ahora, en cambio, suben los homicidios y se acumulan las fichas de búsqueda.

Otro factor, dice la analista, es la geografía del lugar. Guaymas, que nace en el mar y se extiende entre cerros del color del piloncillo plantados de sahuarios, es un área privilegiada para el tráfico de drogas, de mercancías, de personas. Su puerto recibe barcos internacionales; está rodeada de grandes extensiones de tierra; la frontera con Estados Unidos se ubica a 500 kilómetros. El crimen organizado se disputa desde hace algunos años ese territorio. De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, ocho grupos operan en Sonora. Los Salazares y los Chapitos, una escisión del Cártel de Sinaloa, son los que actúan en Guaymas y los municipios de alrededor, según periodistas y activistas de la zona.

Cuando el número de desaparecidos empezó a crecer, Sinthya Gutiérrez fue una de las madres que se organizó para crear Guerreras Buscadoras, un colectivo que en Guaymas llegó agrupar a 40 familias y hoy solo reúne a 15. Por temor hay personas que han dejado de buscar, dice. A las que quedan, sobre todo madres, esposas, primas, hermanas, les dicen que son unas chivas locas: “Porque andamos en los cerros”. Cuando buscan, normalmente orientadas por datos que les envían de forma anónima, salen bien temprano y caminan durante kilómetros a temperaturas que pueden superar los 40 grados. Si hunden una varilla en la tierra y al quitarla trae el olor de un cuerpo, empiezan a cavar.

Hace tiempo que Gutiérrez dejó de ir a la Fiscalía para conocer avances sobre el caso de su hijo. Rosario Gutiérrez, que busca desde hace un año y nueve meses al suyo, también se cansó de acudir al ministerio público. “No los buscan como nosotros. Ellos llegan [a las fosas], recogen lo que quieren y se van. Y nosotras llegamos al otro día y encontramos muchos restos”, critica la mujer de 53 años. Jesús Gabriel, de 29, se fue a la playa en Semana Santa y ella no ha sabido nada sobre él desde entonces. Si no lo busca, no sabe qué más hacer: “Mi mundo se torna cuatro paredes y un rostro mojado”.

Como ella, otras madres sienten que rastrearlos es el único consuelo. Guadalupe Loaiza, de 48 años, busca a su hija, Yosineidy Hernández, y al papá de la joven, que se fue con ella cuando dos hombres vinieron a su casa a llevársela. Loaiza sonríe cuando recuerda cómo le gustaba a su hija el carnaval y enseguida llora. Los ve a los dos de espalda, yéndose por la puerta, abrazados. “Hemos encontrado a muchos niños, pero a veces digo ‘cómo encuentro a otros y no la encuentro a ella”. En el desierto, en la orilla del mar, en el monte, donde sea que estén buscando, conversan, se ríen como no lo hacen en sus casas, gritan los nombres de sus desaparecidos: “¡Gustavo! ¡Jesús Gabriel! ¡Yosineidy!”. “No andamos buscando justicia”, dice Sinthya Gutiérrez. Ni quién lo hizo, ni quién lo va a pagar: “Solo queremos encontrar a nuestros seres queridos”.

Fuente: El País.

La entrada El país de los 100,000 desaparecidos se publicó primero en México 24 siete.

México ha superado la cifra de 100.000 personas desaparecidas desde 1964, según el contador oficial donde el Gobierno va registrado una de las listas más ignominiosas que enfrenta el país. Un conteo que experimentó un incremento a partir de las políticas de militarización de Felipe Calderón en 2006. La cifra, sin embargo no ha tenido más eco que el del silencio en la conferencia matutina del presidente, donde se han tratado temas de seguridad nacional. Los organismos internacionales, sin embargo, han recordado este martes la necesidad de que México “redoble los esfuerzos a fin de garantizar la verdad y la justicia a las víctimas de desaparición”. Así se ha expresado en un comunicado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Durante mi visita a México en 2019, pude conocer de primera mano la valentía de las familias de las víctimas, quienes han sido actores clave para organizar y proponer soluciones, y lograr avances legales e institucionales encaminados a que se reconozca la magnitud de esta problemática en México”,

dice la declaración que llega de la ONU.

Te puede interesar: Las desapariciones de migrantes se triplicaron en México entre 2020 y 2021.

En dicho comunicado se reconocen los “pasos significativos, incluida la aprobación de la Ley General de desapariciones y la creación de comisiones de búsqueda en todos los Estados”, que México viene dando en los últimos tiempos. Pero también es cierto que los cientos de activistas y familiares que luchan cada día por sacar a la luz a estos desaparecidos, vivos o muertos, tienen que comprarse en ocasiones sus propias palas para poder escarbar en la tierra en busca de huesos. Por no hablar de la inseguridad en la que desempeñan esta labor.

Bachelet ha rendido homenaje en su comunicado a todas estas buscadoras “que han perseverado durante décadas en la búsqueda de la verdad y la justicia, incluida Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo Jesús Piedra Ibarra fue víctima de desaparición forzada en 1975. Doña Rosario, quien murió en abril, ayudó a localizar con vida aproximadamente a 150 personas desaparecidas y devolverlas a sus familias”.

En México se han creado comisiones para revisar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990, así como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, y ha establecido el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Pero nada parece suficiente ante un goteo que se incrementa cada día. Agentes públicos de las tres administraciones siguen siendo responsables directos de las desapariciones forzadas, pero también la delincuencia organizada, que cuentan con la “aquiescencia, participación u omisión de los servidores públicos”. Difícil desenvolver una madeja en la que los perseguidos por el delito se confunden con los perseguidores del delito.

Te recomendamos leer: La ONU pide a México frenar desapariciones.

Es reconocido que en esta Administración se ha ganado en transparencia respecto a estos casos. Entre 2020 y 2021 el país ha tomado algunas decisiones relevantes, como reconocer la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) para examinar estos asuntos. El pasado noviembre, México “se convirtió en el primer país en aceptar la visita del CED, que estuvo en 13 Estados y atendió más de 150 reuniones con autoridades, organizaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil”, según detalla el comunicado de Bachelet.

La Alta comisionada sigue de cerca este enorme problema que enfrenta el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “una tragedia humana de enormes proporciones”, ha dicho.

“Ningún esfuerzo debe escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abusos de dimensión extraordinaria, así como para reivindicar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”,

señala en su comunicado.

Por eso, desde la ONU se recomienda apoyar con todos los recursos necesarios a estas familias que remueven la tierra en busca de sus desaparecidos, una tragedia, que a decir de ellos mismos tiene efectos más perniciosos que la asunción de una muerte. Las Naciones Unidas hacen un llamamiento “a mejorar el acceso a la justicia y garantizar los derechos de las víctimas”.

Fuente: El País.

La entrada La ONU llama a México a reforzar la búsqueda de personas desaparecidas a la fuerza se publicó primero en México 24 siete.

A fines de octubre de 2021, una de los muchos defensores medioambientales, Irma Galindo, salió de su casa, en una remota comunidad indígena del sur de México, para reunirse en la capital con autoridades de un programa estatal de protección a activistas al que pertenece, donde evaluarían las amenazas que había recibido por su labor.

Pero ella, entonces de 41 años, nunca llegó a la cita con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), que tienen a su cargo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conocido como “el Mecanismo”.

Compañeras de lucha la reportaron como desaparecida a principios de noviembre y dijeron que hay elementos suficientes para asegurar que el caso guarda relación con su lucha en contra de la tala ilegal de árboles en su natal Oaxaca, una de las actividades más lucrativas del crimen organizado en México.

Galindo sigue desaparecida y las autoridades han hecho pocos progresos en su caso. Pero su historia no es única en México.

Te puede interesar: Colombia y México, los países donde asesinan a más líderes ambientales.

Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018, al menos 45 ambientalistas han sido asesinados, según cifras oficiales compartidas con Reuters, más que durante gobiernos previos, colocando a México como el segundo país más peligroso del mundo para estos activistas después de Colombia.

La cifra, sin embargo, es conservadora ya que sólo incluye a beneficiarios del Mecanismo y deja por fuera a decenas de otros ecologistas ejecutados, coincidieron activistas. Según la ONG local Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), bajo López Obrador al menos 58 ambientalistas han muerto, siendo 2021 el año más violento para la profesión con 25 asesinatos.

Los números ilustran la peligrosidad de ciertos tipos de activismo social en la gestión del mandatario, quien prometió acabar con la violencia pero va camino a tener el peor registro de crímenes violentos en la historia moderna de México.

“Cuando el Mecanismo actúa, muchas veces es demasiado tarde”, se lamentó Sara Méndez, consejera ciudadana de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca y miembro de la organización civil Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha.

Días antes de desaparecer, Galindo envió una carta a los encargados del Mecanismo asegurando que tenía “miedo de morir” y los denunció por no haberle otorgado “seguridad”.

Te invitamos a leer: ‘Manotazo’ de EU a México por ‘descuido’ a vaquita marina: pide consulta bajo el T-MEC.

“Voy a dejar de esconderme para proteger mi pellejo a cambio de que el gobierno federal, las organizaciones que se dicen ecologistas y gente que dice amar la naturaleza me ayude a desarticular la mafia del poder que está matando a mi gente de la montaña”,

escribió en una carta fechada el 22 de octubre.

Un día después, mientras estaba en la capital, hombres armados irrumpieron en su comunidad, San Esteban Atatlahuca, y asesinaron a siete personas, hirieron de bala a otra y quemaron decenas de casas, según pobladores consultados por Reuters.

Algunos ambientalistas han criticado al mandatario por hacer poco para abordar el problema y hasta minimizar la importancia del activismo ambiental y los peligros de algunas de sus obras insignia, como un tren a través de la selva Maya. Pero López Obrador ha insistido en que es un “aliado” del medioambiente.

‘PODÍA ESPERAR’

Pese a que las amenazas contra Galindo no eran nuevas, ella recién entró a formar parte del Mecanismo en 2021.

El programa ofrece diversos grados de protección, desde poco más que un registro de amenazas hasta geolocalizadores para activistas o incluso guardaespaldas y asistencia para huir del país.

Desde hace cuatro años comenzó a denunciar la tala ilegal del bosque en la región mixteca, una zona que abarca 35,000 kilómetros cuadrados -un área del tamaño de Taiwán- de Guerrero y Oaxaca, así como Puebla.

Ella expuso la existencia de un aserradero que destruía el bosque, según dijo, con permisos de las autoridades. Ni la Secretaría del Medioambiente -que da las licencias para explotarlos-, ni autoridades de Oaxaca respondieron a solicitudes de información por parte de Reuters.

Entonces empezó su calvario: fue hostigada, perseguida, difamada y amenazada de muerte por parte de servidores públicos y de familiares, según denunció Galindo y la ONG Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, que la apoyaba.

Te recomendamos leer: El Tren Maya o cómo el Gobierno de México quiere desplazar a los artesanos de sus lugares de trabajo.

En octubre de 2019, ella acusó de “hostigamiento y persecución” a dos autoridades de San Esteban Atatlahuca.

Un mes más tarde, su casa y las de otros activistas fueron incendiadas, lo que la obligó a salir del país. Galindo responsabilizó del ataque a autoridades locales.

A pesar del riesgo, regresó a su pueblo y continuó su labor. “Volví porque yo no tengo por qué esconderme, no estoy haciendo nada malo, estoy defendiendo un bosque que beneficia a nuestras comunidades”, comentó entonces.

El tráfico de vida silvestre ha aumentado de manera notable en los últimos años en México, según reconocen autoridades, convirtiéndose en uno de los negocios ilegales más redituables de peligrosos grupos del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cártel de Sinaloa.

Pese a estos antecedentes, el caso de Galindo fue calificado por parte del Mecanismo como “ordinario”, lo que significa que “podía esperar” y que “su vida no corría peligro”, aseguró la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.

Continúa leyendo: México: Asesinan al octavo periodista en el año; la prensa protesta y reclama a AMLO en conferencia.

Las fiscalías de Ciudad de México, donde ella desapareció, y de Oaxaca, donde recibió las amenazas, investigan el caso pero tras seis meses no hay avances. Activistas creen que el caso de Galindo engrosará la lista de los que quedan sin resolver.

Según cifras oficiales, de los 45 ambientalistas asesinados desde diciembre de 2018 sólo se ha dictado sentencia en dos casos, lo que supone una impunidad del 96%.

“Lamentablemente esta situación que padecemos como Estado mexicano la venimos arrastrando hace más de 15 años, más de 15 años en donde no se ha podido lograr parar el aumento de agresiones”,

confesó Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos en la Segob.

“Por más que podamos edificar un sistema efectivo de protección, mientras existan esos índices de impunidad va a ser difícil acabar con el problema”,

agregó.

ESTADO AGRESOR

Al menos el 40% de las agresiones cometidas en contra de defensores del medioambiente en México provienen de funcionarios estatales, particularmente de autoridades locales, de acuerdo a cifras oficiales.

“Hay un gran porcentaje de autoridades, sobre todo de autoridades municipales, que son las opresoras de personas defensoras, y aquí tenemos un problema grave porque, finalmente, las autoridades locales no solamente no contribuyen en la solución sino que son parte del problema”,

dijo Irazoque.

En muchos casos, aquellos funcionarios locales están coludidos con el crimen organizado. Cuando no, son asesinados como demuestran los más de 200 crímenes contra alcaldes que se han suscitado en el país desde 2004, de acuerdo a una investigación publicada en el Instituto Baker de Política Pública de la Universidad de Rice.

Actualmente, el Gobierno está dialogando con autoridades, especialistas y víctimas en busca de una nueva ley general para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con la que pretende ponerle un alto a los asesinatos.

Te compartimos: México: AMLO critica a artistas que se oponen al Tren Maya.

Sin embargo, especialistas consultados por Reuters aseguran que el cambio legal no es necesario para cumplir con el deber del Estado de defender a activistas.

“Pueden establecer cualquier ley pero si no hay voluntad política para hacer cumplir las normas establecidas y atender el estándar de protección internacional al cual México se ha obligado, la situación de las personas defensoras en México seguirá siendo la misma”,

se lamentó Luz Coral, del Cemda.

Mientras los cambios llegan, los ambientalistas mexicanos siguen en pie de lucha.

Uno de ellos es Fernando Jiménez, quien aseguró que ha recibido amenazas desde que su compañero de lucha, Tomás Rojo, fue asesinado en 2021, según familiares, por oponerse a un acueducto que alimenta a la ciudad norteña Hermosillo desde el río Yaqui, asegurando que está secando Vícam, su pequeño pueblo en el desierto de Sonora, uno de los más grandes del mundo.

Dos meses después del asesinato de Rojo, en julio, una decena de hombres, incluidos siete yaquis, fueron secuestrados por un presunto comando del crimen organizado en Sonora. Los cuerpos de cinco de ellos fueron identificados en septiembre, pero el resto siguen desaparecidos, en un caso que Jiménez cree que está relacionado con la defensa del agua.

“Sigue persistiendo el miedo, pero no la cobardía. Vamos a seguir luchando porque nos estamos quedando sin nuestros recursos naturales”, dijo Jiménez, de 55 años, en una entrevista telefónica con Reuters. “No sabemos a quién recurrir”.

Fuente: Forbes.

La entrada México, el calvario de los defensores ambientales se publicó primero en México 24 siete.

Aunque México ya avaló sanitariamente el uso de la vacuna Pfizer para menores de entre 5 y 11 años contra la COVID-19 no cuenta con el abasto del biológico para comenzar la inmunización a más de 11 millones de niños en este grupo poblacional. El director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, informo este miércoles que México no está en el listado de los países que este año recibirán vacunas pediátricas de Pfizer a través del mecanismo Covax. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell ha asegurado que se están evaluando todas las alternativas para los menores, desde la compra directa con la farmacéutica hasta la autorización de la vacuna cubana Abdala.

Te puede interesar: México avala la vacuna para menores a partir de los cinco años, aunque el Gobierno aún no la incluya en su plan de vacunación.

Para este año, el mecanismo Covax solo ofrece vacunas pediátricas de Pfizer contra la covid-19 a los países a los que proporciona apoyo, que son 10, y México no está entre ellos al ser una nación autofinanciable, informó Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “Realizar un nuevo acuerdo comercial entre México y Covax sería la opción ideal para que las vacunas pediátricas de Pfizer contra COVID-19 lleguen en próximos meses y se pueda llevar a cabo una campaña de vacunación para niños”, señaló Barbosa.

“Creo que la intención de México de vacunar también a los adolescentes y niños es importante, porque después que se complete la estrategia de vacunar a los adultos mayores y a todas las personas, se debe empezar a los niños definitivamente. Y es muy importante emplear la posibilidad de más vacunas autorizadas para niñas y niños”,

añadió. El directivo añadió que al país solo le faltan recibir 15 millones de vacunas de AztraZeneca a través del mecanismo Covax. A la fecha, a través de este esquema se han distribuido a México más de 24 millones de dosis contra el virus.

El subsecretario Hugo López-Gatell declaró este martes que consultaron con la farmacéutica Pfizer si podrían abastecerlos de dosis para los menores de 5 a 11 años –debido a que se requieren cantidades específicas del biológico para este grupo de edad—a lo que la compañía ha contestado que es posible tras la celebración de un contrato a partir del segundo semestre de 2022.

Te recomendamos leer: COVID en México.

Además, añadió el funcionario, se está explorando la posibilidad de autorizar la vacuna Abdala de origen cubano, tanto en adultos y niños. “Cuba ha alcanzado coberturas arriba del 96% de toda su población, ellos incluyen niños desde los dos años de vida. Nosotros en este momento no estamos considerando dos a cinco años, solamente de 5 a 11, pero la vacuna Abdala podría ser una excelente opción”, zanjó. Respecto al uso de la vacuna Abdala, Barbosa mencionó que aún no cuenta con la autorización de uso de emergencia por parte de la OMS, pero ya se trabaja en el proceso.

Andreu Comas, doctor y académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), advierte de que el biológico Sinovac solo demostró un 38% de efectividad en menores, mientras que la dosis de la vacuna Abdala no fueron en menores. Por lo que respecta a Pfizer, el investigador pronostica que la negociación directa con la farmacéutica implicará, al menos, dos a cuatro meses. “Lo más seguro es que no vaya a haber vacuna Pfizer, entonces, las autoridades van a intentar justificar el empleo de Abdala o Sinovac”, prevé Comas.

Te compartimos: La vacuna contra la covid para los niños en México se consigue en los tribunales.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó desde marzo pasado la vacuna Pfizer contra la COVID-19 para niños a partir de los 5 años, sin embargo, el Gobierno federal no ha incluido a estos menores en su Plan Nacional de Vacunación. Colectivos de padres de familia han hecho hincapié en la necesidad de que se proteja con la vacuna a menores de edad para alcanzar la inmunidad de rebaño y evitar fallecimientos o afectaciones en niños y adolescentes.

Desde el inicio de la pandemia, la vacunación de menores no ha sido una prioridad para el Gobierno federal al considerar que no son una población en riesgo. Al 17 de abril, México acumula 97.177 menores contagiados de coronavirus y 957 defunciones debido a la enfermedad. El 55% de los casos confirmados se registró en niños de 12 a 17 años, un 25% en menores de 6 a 11 años y el resto en menores de 0 a 5 años, de acuerdo con las cifras gubernamentales.

Fuente: El País.

La entrada México, sin vacunas para menores contra la COVID-19 se publicó primero en México 24 siete.

El Gobierno mexicano ha presentado este miércoles las últimas cifras de homicidios y ha destacado marzo como el mes más sangriento del año. Unas 3.632 personas han sido asesinadas, es decir, que casi 120 han sido masacradas al día mientras sucedían otros eventos: se protestaba por el Día Internacional de la Mujer, el presidente se enfrentaba a los parlamentarios europeos por los crímenes a periodistas, se observaba con horror la invasión rusa a Ucrania y se inauguraba un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México construido por militares. A esas cifras se suman también los más de 4.000 desaparecidos que hay registrados de enero hasta la fecha. Con esos datos en la mano, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha celebrado que pese al pico de este año, se trate del marzo menos sangriento del último lustro. Un puñado de cadáveres menos para el baile de las cifras de muerte. Pero la espiral violenta en la que está sumida México desde hace seis años continúa.

Te puede interesar: «La violencia en México se está normalizando» Saskia Niño de Rivera.

Concretamente, este mes de marzo ha contabilizado 220 muertos menos que marzo del año pasado. También, 240 cadáveres más que el marzo de 2017, cuando López Obrador aún no había tomado posesión en el cargo —ganó las elecciones en 2018 e inició su mandato en diciembre de ese año—. Cuando una pandemia amenazaba al mundo, en marzo de 2020, y la gente comenzaba a encerrarse en sus casas y a preocuparse por la falta de capacidad de los hospitales, en México en esos 31 días se asesinó a 4.003 personas. Lo que destacan las estadísticas es que en este país no se ha dejado de matar de una forma feroz, independientemente de los meses. Que en México mueren asesinadas —según la media de este año— 112 personas al día.

El informe que ha presentado la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, este miércoles durante la conferencia mañanera del presidente, ha señalado que no en todos los rincones del país se mata por igual. Que solo seis Estados concentran el 50% de los homicidios: Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Los habitantes de estas entidades suman más de 42 millones de personas. Es decir, que pese a que el Gobierno señala solo a unos cuantos Estados que viven bajo el yugo de la violencia, la realidad es que un tercio de la población mexicana vive en estas condiciones de terror.

No quiere decir el informe que el resto viva en paz. En México han sido asesinadas, desde 2019, 132.088 personas. Y han desaparecido en ese mismo periodo de tiempo 67.122 y todavía no se sabe dónde están. Como si en poco más de tres años se esfumara la mitad de la población del municipio de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Te recomendamos leer: El caleidoscopio maldito de la violencia.

Las cifras de muerte no han dejado de crecer sin freno desde 2017, cuando la cantidad de homicidios superó a las peores épocas de la guerra contra el narco —la batalla del Ejército contra los cárteles de la droga y sus capos que emprendió Felipe Calderón en 2006, donde las masacres, ejecuciones extrajudiciales de los militares y los pueblos abandonados se convirtieron en las estampas que México enviaba al mundo—. Los gobernantes posteriores, tanto Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018) como López Obrador, han comparado siempre sus estrategias de seguridad con las de entonces, pese a que nunca se ha matado tanto como después. Una sangría que continúa hasta la fecha.

López Obrador heredó una crisis de seguridad marcada por la pulverización de cárteles de la droga que resultó de la captura de los capos que inició Calderón y que continuó Peña Nieto. Las divisiones dentro de los grupos delictivos configuraron un nuevo mapa del crimen con cientos de células con capacidad de asesinar, extorsionar y extender sus guerras por todo el territorio. Pese a que todavía conviven dos grandes organizaciones criminales, el cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, sus socios y aliados —además de otras decenas de narcos locales, escisiones de los más antiguos— se pelean ciudades y pueblos en cada rincón del país. Frente a este ecosistema violento, la estrategia del presidente ha consistido principalmente en aumentar la presencia militar, tanto del Ejército, como de la Marina en los puertos y el cuerpo de seguridad híbrido civil-militar que él diseñó a su llegada al poder, la Guardia Nacional. Y sobre todo, evitar enfrentamientos directos con el narco.

Te compartimos: EEUU responde a México que violencia contra periodistas mexicanos es un hecho.

Las escenas de la nueva guerra del narco de estos días consisten en pueblos tomados en Michoacán, fusilamientos contra rivales del narco, minas antipersona para evitar el recorrido de los militares, tanques de guerra paseando libremente por las calles, masacres de decenas de personas en una fiesta; en Zacatecas, un escenario similar, decenas de cadáveres amontonados a las puertas de la sede del Gobierno estatal y otras en pena calle, colgados de puentes, municipios que se han quedado sin policías por miedo a que los asesinen a ellos también; en Colima y Sonora, ciudades completas asediadas por los narcos en un intento de cercar a sus rivales. Entre Tamaulipas y Nuevo León, la carretera de la muerte, con decenas de viajeros desaparecidos; en el corredor de la Riviera Maya, de Cancún a Tulum, balaceras en resorts de lujo, turistas asesinados por una bala perdida. Y la lista de Estados afectados por la narcoviolencia se renueva cada semana.

Pese a los bailes de cifras y a los titulares que busca el Gobierno federal, la violencia en México no ha dado tregua. Con una impunidad que ronda el 95% para todos los delitos, la falta de justicia lanza un peligroso mensaje: si en abril se mata más o menos, dependerá de la voluntad del crimen, no de una lucha conjunta de todos los poderes para detenerlo.

Fuente: El País.

La entrada Marzo, el mes más sangriento del año y el baile de las cifras de muerte se publicó primero en México 24 siete.

México disolvió una selecta unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) en el combate al crimen organizado, dijeron dos fuentes, en un duro golpe a la cooperación bilateral en seguridad.

El grupo era una de las unidades de investigaciones especiales (SIU, por sus siglas en inglés) que operan en unos 15 países y que los funcionarios estadounidenses consideran invaluables para desmantelar poderosas redes de contrabando y atrapar a innumerables capos de la droga en todo el mundo.

Te puede interesar: Pese a «fuerte retórica» de AMLO, México quedó entre los más corruptos de 2021.

Las SIU son entrenadas por la DEA, pero están bajo el control de los gobiernos nacionales.

En México, los más de 50 oficiales de esa unidad policial fueron considerados entre los mejores del país y trabajaron en los casos más importantes, como la captura en 2016 de Joaquín “El Chapo” Guzmán, entonces el jefe del poderoso Cártel de Sinaloa.

El cierre amenaza con poner en peligro los esfuerzos de Estados Unidos para combatir a los grupos del crimen organizado dentro de México, uno de los epicentros del multimillonario comercio mundial de narcóticos, y dificultar la captura y el enjuiciamiento de los líderes de los cárteles.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador notificó formalmente a la DEA en abril del año pasado que la unidad había sido clausurada, según un agente de la DEA con conocimiento del asunto que se negó a ser identificado porque no estaba autorizado a hablar sobre el tema. Una segunda fuente familiarizada con la situación confirmó el cierre del grupo.

La Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana no respondieron a reiteradas solicitudes de comentarios. La DEA se negó a hablar de la cuestión. Nadie había informado hasta ahora sobre la clausura de la dependencia. Reuters no pudo averiguar por qué el gobierno mexicano no lo anunció públicamente en su momento.

“La estrangularon”, afirmó el agente, refiriéndose a la unidad. “Hace añicos los puentes que tardamos décadas en armar”.

Te recomendamos leer: AMLO abraza a los narcos, y ellos envenenan con fentanilo a México.

El cierre podría resultar costoso en las calles de Estados Unidos, donde las autoridades luchan por reducir un aumento en las sobredosis que el año pasado provocó más de 100,000 muertes, en su mayoría vinculadas a una nueva ola de drogas sintéticas producidas por carteles mexicanos.

El equipo de élite, fundado en 1997, fue el principal conducto para que la DEA compartiera con el gobierno de México pistas sobre envíos de drogas e indicios obtenidos en suelo estadounidense.

La agencia antidrogas de Estados Unidos habría llevado a los nuevos integrantes mexicanos de la unidad policial a sus instalaciones de última generación en Quantico, Virginia, para capacitarlos en las últimas técnicas de vigilancia. Les habrían examinado, incluso con pruebas de polígrafo.

Una segunda unidad mexicana de la SIU, con sede dentro de la oficina del Fiscal General de la República e independiente del Gobierno, continúa operando.

Para Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, el cierre de la SIU y la restricción de la cooperación en seguridad por parte del mandatario dañarán a ambos países.

“Significará más drogas yendo a Estados Unidos y más violencia en México”,

advirtió.

DISPARO EN EL PIE

La clausura de la SIU es el ejemplo más reciente de la ruptura de la cooperación entre la DEA y México desde que López Obrador asumió el poder en 2018 y prometió reformar la política de seguridad nacional.

Enfurecido por el vertiginoso derramamiento de sangre que atribuyó a las tácticas de mano dura de sus predecesores, el gobernante buscó implementar un estilo policial menos beligerante y se comprometió a abordar lo que, según él, son las causas profundas de la violencia, como la pobreza, en lugar de perseguir a los jefes de los cárteles.

El presidente también puso trabas para que los funcionarios de seguridad extranjeros operaran dentro de México, reprendiendo a la DEA por un modus operandi que, según opinó, equivale a pisotear la soberanía de su país.

En privado, los funcionarios estadounidenses señalan que el papel vital de México en el bloqueo del flujo de migrantes de América Latina, una prioridad para Washington, les deja una influencia limitada para presionar a López Obrador en otros temas, como la cooperación en seguridad.

Te compartimos: Drones y escudos humanos en guerra de México contra el narco.

Aunque la reputación de la SIU quedó dañada cuando su exjefe Iván Reyes fue detenido en 2017 y se declaró culpable en un tribunal estadounidense de aceptar sobornos para filtrar información a una banda de narcotraficantes, los funcionarios de la DEA consideraban que la unidad era vital y necesitaban agentes mexicanos para apoyar en sus investigaciones en el país.

Las campanas de alarma para el futuro de la unidad sonaron en 2019, cuando López Obrador suspendió la actividad de la Policía Federal, dentro de la cual se encontraba la SIU, para crear una nueva fuerza llamada Guardia Nacional.

Los agentes de la DEA siguieron trabajando con sus homólogos mexicanos durante un tiempo, especialmente en el aeropuerto de Ciudad de México, donde los integrantes del grupo interceptaban el contrabando de fentanilo, una droga sintética hiperpotente a la que se atribuye el aumento vertiginoso de las sobredosis en Estados Unidos.

Pero la cooperación en materia de seguridad entre la DEA y México se desplomó a un nuevo mínimo en octubre de 2020, cuando fue detenido en Los Ángeles el exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos, alegando que estaba en connivencia con un cartel de la droga.

Los fiscales estadounidenses liberaron rápidamente a Cienfuegos, citando consideraciones de política exterior “sensibles”, pero López Obrador acusó a la DEA de tener “poco profesionalismo” y de fabricar pruebas en el caso.

En diciembre de 2020, el gobierno mexicano despojó a los agentes extranjeros de la inmunidad diplomática y obligó a los funcionarios locales a redactar informes sobre interacciones con agentes de seguridad del exterior.

“Ese fue el clavo en el ataúd”,

consideró el agente de la DEA. Meses después se cerró la SIU.

Continúa leyendo: Cómo los carteles en México están usando armas no convencionales como si fueran ejércitos en guerra.

Para el momento en que la unidad se disolvió formalmente, según esa fuente, ya había estado inoperativa durante algún tiempo porque la Guardia Nacional de México antepuso la disuasión de la violencia a las investigaciones de los cárteles de la droga.

Pero con más de 33,000 homicidios registrados en la nación latinoamericana el año pasado, Vigil indicó que no tiene sentido cerrar una unidad de élite que persigue a los grupos del crimen organizado responsables de la mayoría de los asesinatos.

“México se está disparando en el pie”,

sentenció.

Fuente: Forbes.

La entrada México cierra unidad antinarcóticos, un golpe a la cooperación bilateral con EU se publicó primero en México 24 siete.