Así lo decidió este jueves el Consejo General del INE al aprobar el procedimiento para atender los supuestos de empate en los resultados de la elección judicial, un escenario que los consejeros del árbitro electoral advirtieron es más probable que ocurra en la elección de juzgadores que en la de integrantes del Poder Ejecutivo o Legislativo. 

“Una vez que se cuente con las candidaturas empatadas que tuvieran oportunidad de recibir un cargo, serás separadas y declaradas mediante Acuerdo del Consejo General, en empate legal, lo cual tendría como consecuencia jurídica que no serán sujetas de asignación de cargo alguno y serán declaradas como vacantes derivado de no contar con una persona ganadora, según el tipo de elección que se tratara”, se lee en el acuerdo aprobado. 

La consejera Carla Humphrey explicó que se exploró la opción de sorteos o elecciones extraordinarias para ocupar los puestos en caso de empates; sin embargo, dijo que declararlos vacantes es el proceso más acertado, pues hacer elecciones extraordinarias no es una opción ante la insuficiencia presupuestal del Instituto.

Agregó que otra circunstancia que podrían desempatar la elección de un cargo es la cancelación del triunfo de alguna de las candidaturas por infracciones en materia de fiscalización como exceder el tope de gastos de campaña o recibir recursos públicos o privados para campana, contar con sentencia firme por delitos de género o estar prófugo de la justicia. 

La consejera Claudia Zavala dijo que el acuerdo aprobado solventa un vacío legal de la Reforma judicial, un vacío que acusó se dejó al INE resolver a partir de sus experiencia. La consejera destacó que la decisión aprobada proporciona certeza a los candidatos. 

“Y cumplimos también, de frente a quienes ahora están en las candidaturas, decirles claramente: El INE qué va a hacer en este supuesto. Porque es muy probable que se den, existe probabilidad y cuando existe la certeza es lo que nos ayuda a avanzar”, indicó. 

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En su conferencia matutina de este lunes, el presidente insistió en que debe avanzar su reforma, pues asegura que los integrantes actuales del PJF tienen que dejar de ser “instrumentos al servicio de intereses creados” y que “estén al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco”.

Por ello, el mandatario dijo que no quiere que la iniciativa se apruebe sin cambios, pues busca “limpiar” de corrupción al PJF y que está dispuesto a que iniciativa “se ajuste” durante la discusión en el Congreso.

“Que también se ajuste, nosotros no queremos que se apruebe sin quitar una coma nuestra iniciativa. Si se va a mejorar, si se va a enriquecer, pues adelante”, señaló.

Comento que como ejemplo de un cambio que debe hacerse a la iniciativa que entregó al Congreso el pasado 5 de febrero, dijo que está quitar el requisito de que los candidatos para el nuevo PJF tengan como mínimo cinco años de experiencia en el ramo, pues señaló que a él se le olvidó poner eso en su iniciativa.

“Por ejemplo, se nos fue en la iniciativa de que tienen que tener cinco años de experiencia, los que puedan participar como jueces y magistrados y eso…”, agregó.

El presidente se dijo partidario de que los jóvenes recién egresados como abogados de las universidades se integren al PJF, pues sostuvo que conforme pasan los años, pierden “la mística” y ya aprendieron otras cosas que “no se necesitan”.

Consideró que se pueden hacer cursos formativos para que adquieran lo necesario para saber ser jueces y cuestionó: “¿Qué es muy compleja la impartición de justicia?”.

Afirmó que la labor de juzgador es sencilla cuando se actúa con rectitud.

La iniciativa del presidente pretende remover a los miembros del PJF para que la gente los elija de manera directa a través del voto universal.

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Zulma González pidió como regalo de cumpleaños la vacuna contra la COVID-19. Para la menor, de 12 años, el biológico supone un balón de oxígeno para sobrellevar la diabetes tipo 1 que padece y la pandemia. En plena tercera ola del virus, sus padres presentaron un amparo para conseguir la dosis y a pesar de que un juez federal falló a su favor ni las autoridades estatales ni federales los han buscado para concretar la inmunización. Frente al desdén de las autoridades, Zulma y sus padres han emprendido una campaña en las redes sociales para conseguir el biológico.

“Me siento triste, decepcionada, porque en serio no pensé que iba a costar tanto una vacuna. Me están prohibiendo un derecho, el derecho a la salud y eso no está bien. Y también me siento confundida porque el juez me dijo que sí me puede vacunar, pero la Secretaría de Salud dijo que no. ¿Dónde vamos a acabar si las autoridades no se ponen de acuerdo?”,

cuestiona la menor desde su casa en Xalapa, Veracruz.

Aunque en junio pasado el Gobierno mexicano autorizó la primera vacuna contra la covid-19 para mayores de 12 años, Pfizer, la Administración de López Obrador no contempla la inmunización de los menores. A juzgar por las autoridades sanitarias no son población de riesgo. Ante la negativa institucional, cientos de padres en México han buscado el derecho a que sus hijos sean vacunados en los tribunales. La semana pasada, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que existen, al menos, 250 amparos por este motivo, principalmente en Veracruz, Oaxaca, el Estado de México y Ciudad de México. Sin embargo, el mandatario desacreditó estos amparos asegurando que detrás de estos recursos están las empresas farmacéuticas.

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“Imagínense el negocio para las farmacéuticas. Es legítimo que todos quieran vender y promover que a los recién nacidos hay que vacunarlos”, declaró.

Zulma fue uno de los 300 niños que en abril pasado participó en una conferencia remota con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, con motivo del Día del Niño. En ese entonces, la menor le preguntó al funcionario sobre el riesgo que corren los enfermos de diabetes si contraen el virus a lo que el funcionario reconoció una vulnerabilidad similar a la de un adulto mayor. Ahora, la menor ha recuperado el momento en un video junto con la resolución del amparo a su favor.

“El Poder Judicial de la Federación ha confirmado que por el riesgo que tengo debo ser vacunada con la vacuna Pfizer, que es la que Cofepris ha autorizado para vacunar a niños de mi edad. Por lo tanto, solicito a usted que me indique la ciudad, el día, la hora y el lugar donde me puedan vacunar”,

pidió la menor a través de las redes sociales.

A más de una semana de la publicación del video, Zulma sigue sin recibir la vacuna. “Vivo con mucho miedo de contraer covid grave porque si con síntomas de gripa me ha ido muy mal no me quiero imaginar con covid”, admite la menor. Debido a su enfermedad, ella y su familia han transitado la pandemia en un confinamiento riguroso para esquivar cualquier riesgo de contagio.

“No he podido visitar a mi familia porque cualquiera puede tener el virus. Sí, llegué a un poco de ansiedad unos meses y la combatía comiendo y eso no estaba bien, ha sido un rollo de emociones desde la felicidad hasta la tristeza y el enojo porque no podemos salir”, reconoce.

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El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, volvió a defender esta semana el manejo de la pandemia del Ejecutivo respecto a los menores.

“Nos parece completamente legítimo que cada familia quiera ser la primera en ser vacunada, pero no hay que perder de vista que por cada dosis que por acción judicial se desviara hacia un niño, cuyo riesgo es considerablemente menor, se le está quitando la oportunidad a una persona que tiene un riesgo mayor”,

insistió durante la habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El padre de Zulma, Alejandro González, rechaza con ahínco estas acusaciones y asegura que no desean politizar el problema de salud de su hija como lo quiere hacer ver López Obrador. “No fue nuestra intención confrontar al Gobierno, para nada. Fue una solicitud directa al doctor Gatell, retomando sus palabras, que dijo que ella [Zulma] está en riesgo”, asevera. La norma establece que una vez concedido el amparo las autoridades tenían 24 horas para hacerlo valer, es decir, para inmunizar a la niña. Nunca recibieron la llamada de la contraparte, por el contrario, tras una espera de más de una hora en el edificio de la Secretaría de Salud estatal y una retahíla de excusas, fueron notificados de un recurso de queja presentado por las autoridades que impidió la inmunización. El proceso sigue en tribunales.

González reconoce que a partir de que el video se hizo viral han recibido ofertas privadas para inmunizar a su hija en Estados Unidos, sin embargo, ellos confían en obtener el biológico en México. “Cuando me vacunen voy a estar muy feliz porque se abrirán muchas puertas, voy a visitar a mi abuela, voy a poder ir a clases presenciales, pero sin riesgo de contraer covid grave, ver a todas las personas que no he podido ver, poder salir de mi casa me haría muy feliz, sería algo muy bueno”, asegura con entusiasmo Zulma.

“Llevamos más de 600 niños muertos, ¿qué más quiere el Gobierno?”

A más de 450 kilómetros de distancia, en el Estado de Oaxaca, la abogada y madre, Alma Franco Vargas, tiene más de un mes luchando por obtener una vacuna contra el coronavirus a través también de los tribunales para su hijo Maximiliano Ruiz, de 12 años. Franco Vargas reprocha que el Gobierno recibe miles de biológicos cada semana y tiene almacenadas las dosis mientras los niños siguen sin ser vacunados en el país. “Ya llevamos más de 600 niños muertos, qué más quiere el Gobierno federal, una lista de 1.000 niños para que abran la vacunación”, zanja. México registró hasta el 5 de septiembre 70.063 casos positivos de coronavirus en menores y 685 defunciones infantiles por el virus, según el más reciente reporte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

La propagación de la variante Delta y el alza de contagios en su Estado, Oaxaca, fueron el punto de inflexión que llevó a Franco Vargas a presentar el amparo, en agosto pasado. El menor no tiene alguna comorbilidad, no obstante, su madre esgrimió el derecho a la salud que tiene la infancia al presentar el recurso legal.

Como en el caso de familia González García, aunque un juez falló a su favor, a la fecha no ha podido concretar la aplicación de la vacuna para Maximiliano. La respuesta tanto de las autoridades federales y estatales es la misma, que “no están facultados”. Apenas la semana pasada su hijo fue examinado en el hospital pediátrico de Oaxaca, uno de los tantos pasos que se requieren para conseguir la inmunización. “Es frustrante porque cada día que pasa es un día más de riesgo para mi hijo”, denuncia la abogada.

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En su más reciente criterio de vacunación emitido por la Organización Mundial de la Salud, el pasado 16 de julio el organismo internacional establece que los niños y adolescentes con comorbilidades crónicas graves los colocan en un riesgo significativamente mayor por lo que deben figurar como una población prioritaria en las campañas de vacunación de los países.

El documento de la OMS es uno de los principales fundamentos con los que cientos de padres en el país siguen luchando ante los jueces por la vacuna. Dos países en el mundo ya han abierto la vacunación contra la covid-19 en menores: Estados Unidos a partir de los 12 años con Pfizer y Chile desde los 6 años con la vacuna de Sinovac.

En México, Franco Vargas asegura que hay más amparos de esta índole que los que habló el Ejecutivo. Solo ella está llevando denuncias unitarias y colectivas de 70 niños en el Estado. La abogada reclama que el Gobierno lejos de buscar la protección de la infancia minimizan el peligro que suponen los contagios en este grupo poblacional y descalifican la lucha de los padres.

“Esta lucha la hago por amor a mi hijo, porque mi amor es tan grande que yo prefiero mil veces que él tenga salud”, concluye.

Fuente: El País.

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