Diversos informes detallan cómo las pandillas asociadas a Transformación Sindical irrumpen en las instalaciones de negocios, utilizando golpes y amenazas para forzar acuerdos laborales ventajosos. Estos ataques no solo provocan un clima de miedo entre los empleados, sino que también representan una afrenta directa a la ética de negociación y al marco legal que protege a trabajadores y empresas por igual.

Las víctimas de estos asaltos, tanto trabajadores como familias, describen escenas de caos donde los enviados de Castillo no vacilan en usar la violencia para conseguir sus objetivos. Este sindicato, lejos de buscar un diálogo constructivo, ha optado por sembrar el terror, con Castillo al frente, mostrando una sed de poder que desvirtúa cualquier pretensión de justicia laboral.

Las autoridades en Querétaro ya están en alerta, con investigaciones en marcha para frenar esta ola de violencia sindical. Organizaciones de derechos laborales y asociaciones empresariales claman por una intervención urgente, exigiendo un alto a la impunidad con la que opera Transformación Sindical.

Este escenario pone en evidencia la urgencia de implementar controles más estrictos sobre las prácticas sindicales y reforzar la protección de los trabajadores, quienes actualmente viven bajo la sombra de la coerción y el miedo. La comunidad de Querétaro espera acciones decisivas para restaurar la seguridad y la integridad en el ambiente laboral, poniendo fin a los abusos de poder por parte de Eduardo Castillo y su sindicato.

Fuente: Agencia APP

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El gobierno de México admitió la queja que presentó el gobierno de Estados Unidos por la posible denegación de derechos a la libertad sindical y contratación colectiva ocurridos en la empresa Panasonic Automotive Systems de México, en su planta de Tamaulipas.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Economía, quien detalló que la queja fue admitida desde el 26 de mayo, a partir de entonces se ha trabajado de manera conjunta con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para revisar el caso y determinar si se violaron o no los derechos de los trabajadores.

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La queja se presentó el pasado 18 de abril, por parte del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios “Movimiento 20/32” que encabeza Rosario Moreno, en donde se destacó que se retuvieron cuotas sindicales, a pesar de que los trabajadores ya habían votado por la desaparición del contrato colectivo vigente.

Especialistas consultados refieren que será todo un reto presentar una remedición en esta queja en particular ya que se está en medio de un proceso de emplazamiento a huelga, pero también ante la aplicación a medias del nuevo modelo laboral, ya que en Tamaulipas la reforma laboral entra en vigor hasta el mes de octubre de 2022.

Asimismo, existe un contrato colectivo depositado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, autoridad competente, por el Sindicato Industrial Autónomo de Maquiladoras de Reynosa, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México, cuyo líder es Alberto Lara Bazaldúa; del que se tendrá que definir si está dentro del marco de la ley.

De tal manera que se espera una respuesta de la Secretaría del Trabajo, ya que no existen en esa entidad “jueces laborales” que permitan determinar si procede o no el emplazamiento a huelga, depositado por el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios Movimiento 20/32 (SNITIS) y en el que se demanda por la firma de titularidad de contrato.

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De acuerdo con la denuncia presentada, la organización sindical que encabeza Rosario Moreno, expuso que es fundamental que el gobierno de los Estados Unidos suspenda inmediatamente la entrada de mercancías al territorio de los EU desde las instalaciones de Panasonic México, de acuerdo con la Sección 752(a) de la Ley de Implementación del T-MEC.

Asimismo, “se suspendan de inmediato las deducciones de cuotas al Sindicato Industrial Autónomo de Operarios en General de Maquiladoras de la República Mexicana (SIAMARM) y reembolsar a los trabajadores todas las cuotas sindicales deducidas desde el 25 de marzo de 2022”.

Además, que se dé por terminado el contrato suscrito entre Panasonic México y SIAMARM y ordenar a la empresa que negocie de buena fe con el sindicato SNITIS, tras ganar la elección para representar a los trabajadores.

Fuente: El Economista.

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El 52% de los millennials y de la generación Z -es decir, las personas en edad de trabajar y con 40 años o menos- consideran cambiar de empleo en los próximos doce meses, una señal de que el fenómeno que en algunos países se ha bautizado como “la gran renuncia” está lejos de terminarse.

En el estudio anual Índice de Tendencias Laborales publicado este miércoles por Microsoft, la mayoría de los jóvenes de 31 países -incluyendo España, Argentina, Colombia, Brasil, México, Estados Unidos, China, India, Japón, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia- dice contemplar un cambio profesional este año.

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Los miembros de estas generaciones -habitualmente definidas como las personas nacidas entre 1981 y 2012- también muestran un mayor interés por trabajar de forma remota desde sus casas y tienden a dar más prioridad a su vida personal que a la profesional con respecto a generaciones anteriores, según el estudio.

‘LA GRAN RENUNCIA’

“La gran renuncia” es la forma que se ha elegido en Estados Unidos y otros países para bautizar un fenómeno surgido en el mercado laboral con la pandemia por COVID-19, por el que un número sin precedentes de trabajadores están renunciando a sus empleos o cambiando de empresa.

En enero de este año -el mes más reciente del que se disponen datos- 4.25 millones de personas abandonaron voluntariamente sus puestos de trabajo en Estados Unidos, según la Oficina de Estadísticas Laborales de ese país.

Se trata de una cifra mucho más alta de la que venía siendo habitual antes de la pandemia -en 2019, la media de renuncias mensuales fue de 3.5 millones; y en 2016, de 3 millones- y está cerca del máximo histórico de la serie, registrado hace sólo unos meses, en noviembre pasado, cuando 4.5 millones de personas dejaron sus empleos.

El informe publicado este miércoles por Microsoft ayuda a arrojar algo de luz al porqué de estas renuncias, ya que indica que el 53% de trabajadores de todas las edades dice que prioriza su salud y bienestar por encima del trabajo, un resultado directo de las experiencias vividas durante los dos años de pandemia.

Esta cifra encaja con las estadísticas del Gobierno estadounidense, según las cuales los sectores que están experimentando un mayor número de renuncias son aquellos en los que los empleados tienen contacto directo con el público y por tanto están más expuestos al virus, como la restauración, la hostelería, el comercio minorista y el transporte de pasajeros.

MUJERES Y PERSONAS CON HIJOS, A LA CABEZA

Aunque se trata de una tendencia generalizada, son en particular las personas con hijos (55%) y las mujeres (56%), quienes más predisposición tienen a priorizar su salud y bienestar al trabajo.

Del 18% de encuestados por Microsoft que dejaron sus puestos de trabajo en 2021, casi un cuarto dijeron haberlo hecho por razones de bienestar personal y salud mental; otro cuarto para conciliar vida personal y profesional; y un 21% por temor a infectarse de COVID-19.

Curiosamente, sólo el 19% de quienes renunciaron a sus empleos dijeron que lo hacían por no haber recibido aumentos salariales o promociones de categoría, un motivo que tradicionalmente se había considerado fundamental a la hora de establecer las prioridades de una carrera profesional.

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Por regiones del mundo, Latinoamérica es el lugar en que la pandemia ha tenido un mayor impacto sobre las expectativas que los trabajadores tienen de su vida laboral, ya que el 70% de los encuestados priorizan ahora su salud frente al trabajo más de lo que lo hacían en 2019.

En Europa, por contra, este porcentaje es de únicamente el 44%.

La segunda edición anual del Índice de Tendencias Laborales de Microsoft se elaboró a partir de 31,000 encuestas llevadas a cabo en 31 países y del análisis cualitativo de billones de datos provenientes de las plataformas profesionales propiedad de la compañía: LinkedIn y Microsoft 365. 

Fuente: Forbes.

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El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) dio un vuelco a la legislación laboral en México con miras a resolver algunas de sus principales carencias. Sin embargo, expertos temen que esas mismas mejoras puedan desatar periodos de crisis laboral en los centros de trabajo.

“Están creciendo nuevas fuerzas sindicales… y todo esto suma cierta inestabilidad laboral”,

apuntó Oziel Guerrero, abogado laboral de Vega, Guerrero & Asociados.

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El tratado exige a México, entre otras cosas, asegurar que los trabajadores puedan ejercer su derecho de asociación y proteger los procesos de democracia sindical. El cambio se vio como un golpe al sindicalismo corporativo que dominó el país por décadas y como un impulso a los sindicatos nuevos e independientes.

Sin embargo, la proliferación de sindicatos podría crear una batalla campal entre grupos sindicales y generaría inestabilidad.

Óscar de la Vega, de la firma De la Vega & Martínez Rojas, considera que la reforma laboral se implementó demasiado pronto, sin antes remendar huecos dentro de la ley sindical.

“Si no se modifica esto de manera integral, puede haber crisis en temas laborales. Estamos ‘al cuarto para el ratito’ de empezar a ver problemas como el de GM, pero ya de manera constante en sectores… que son de alta exportación”, dijo.

En contraste, Juan Francisco Torres, líder de la práctica de Hogan Lovells en América Latina, se mostró más optimista respecto a los cambios laborales que llegaron con el T-MEC, pero no dejó de lado su preocupación por posibles crisis.

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“Ojalá que lo que no se genere, y creo que a nadie le conviene, que hubiera un clima de hostilidad; que hubiera huelgas, paros. Eso no sería nada bueno para el país, empezando por los propios trabajadores”, apuntó.

La implementación de la reforma laboral se encuentra bajo la lupa sobre todo de las autoridades estadounidenses, que armaron “una estructura muy fuerte” para monitorear su progreso en México, explicó Eusebio Hidalgo, socio fundador de la firma Ansley Consultores.

Fuente: El Financiero.

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Trabajadores del sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Miguel Trujillo López, señalaron que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del gobierno federal, envió a la planta de General Motors (GM) de Silao, a un Inspector con múltiples antecedentes delincuenciales y quien es señalado de amenazar a los empleados a que voten por la “no legitimación” del Contrato Colectivo de Trabajo cuya titularidad pertenece a este sindicato.

Se trata del inspector identificado como Luis Armando N. alias “El Güero”. De acuerdo con un grupo de empleados de la armadora, intimida para influir a que los trabajadores voten por el “no” el próximo 17 y 18 de agosto en la consulta para legitimar el contrato.

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Los trabajadores denunciantes califican este acto como una intromisión del gobierno federal para enturbiar la consulta. Esta se debería realizar en condiciones de libertad, seguridad, certeza y transparencia.

Según los inconformes, Luis Armando N. cuenta con antecedentes penales en el estado de Colima. Imputado de los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, lesiones dolosas y daños.

Acusaciones penales

La Secretaría de Seguridad Pública de Colima, y el diario Colima Noticias dieron cuenta de una de las detenciones. Cuando se le detuvo junto con dos mujeres por la portación de un arma corta abastecida con su respectivo cargador y varios cartuchos útiles.

Asimismo, derivado de la revisión que aplicaron en apego a los protocolos de actuación policial, les aseguraron más de 450 mil pesos en efectivo y un vehículo sin placas de circulación.

Este personaje, según los trabajadores, es considerado empleado de confianza, adscrito a la STPS en el estado de Colima con un salario aproximado de 7 mil pesos. 

Por ello se cuestionan que la cantidad que le incautaron, durante su detención, sea producto de su trabajo en la dependencia federal.

Con esos antecedentes, fue enviado por la Secretaría del Trabajo al estado de Guanajuato, para realizar un trabajo de inspección que realizan de manera permanente en la planta de General Motors.

“Aquí lo cuestionable es que el gobierno federal, donde se habla de un supuesto combate a la corrupción como bandera, tenga servidores públicos con estos antecedentes y que los mande a esta planta a reventar, a amedrentar a los trabajadores”,

dijo uno de los empleados, quien pidió reservar su identidad por temor a represalias.

Cuestionó el hecho de que un funcionario con estos antecedentes, el gobierno federal presione a los trabajadores a que voten por el “no”.

Los trabajadores de GM en Silao están representados por el sindicato Miguel Trujillo López, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

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Se ha advertido que de no solucionarse este conflicto, las líneas de producción no solamente se podrían ir a otros países sino a otros estados como Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro y Jalisco, donde también se encuentran más empresas del sector automotriz.

En Guanajuato, más de 100 mil personas se dedican al sector automotriz y la principal fuente es GM con más de 10 mil colaboradores. Es necesario, según ellos, que la firma del Contrato Colectivo se pueda dar en óptimas condiciones y disposición para asegurar fuentes de empleo.

Fuente: Al Instante Bajío.

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En entrevista para el programa Ganadores y Perdedores de El Financiero Bloomberg, el abogado Oscar de la Vega socio fundador de la firma De la Vega & Martínez Rojas S.C., habló de los puntos positivos y las contracciones que presenta esta reforma, sobre la cual señaló:

“Más que una reforma laboral se trataría de una de naturaleza fiscal y económica”.

El abogado reconoció el factor positivo de la misma, ya que permite acabar con la simulación fiscal llevada a cabo por las empresas factureras, esto a través del monitoreo llevado a cabo de manera conjunta por el SAT, la Secretaría del Trabajo y el IMSS. Asimismo, permite combatir el insourcing, esquema en el cual se crea una empresa para brindar un servicio a otro conjunto de compañías de un grupo y así operar la subcontratación.

Contradicciones

El especialista señaló que la ley y la reglamentación mantienen una contradicción, ya que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 12, prohíbe la subcontratación definida como poner a personal propio a disposición de otra persona física o moral. Complementando esta disposición, en el artículo 13 se establece que es posible subcontratar servicios especializados siempre que estos no formen parte del objeto social o actividad económica preponderante de la empresa que los reciba y que estas empresas se encuentren registradas en el padrón público.

Sin embargo, en el artículo primero de la reglamentación se establece que las empresas que brinden obras o servicios especializados, lo que implica poner a disposición personal propio en beneficio de otra, deberán registrarse. De acuerdo con Oscar de la Vega, esta definición entraría en contradicción con lo estipulado en el artículo 12 y deja terreno de la interpretación abierta de la norma.

Una reforma discriminatoria al sector privado

Uno más de los inconvenientes señalados por el especialista, es la territorialidad de esta, ya que cualquier actividad que implique presencia de personal de una empresa en las instalaciones de otra es considerada subcontratación. Sin embargo, existen muchas relaciones de naturaleza civil o comercial que operan bajo esta condición y que, por lo tanto, tendrían que pasar por el registro de la Secretaría del Trabajo, lo cual es una violación a la libertad del trabajo, apuntó De la Vega:

“Cualquier actividad al interior se debe registrar aunque se trate de relaciones mercantiles”.

Señaló como ejemplos la industria automotriz, en donde alrededor del ensamblaje hay una serie de proveedores y corredores industriales que integran el proceso.  También el sector minero, en cuanto a manejo de explosivos o acarreo de materiales.

Finalmente señaló el trato discriminatorio hacia el sector privado, al cual se le dio un periodo de 3 meses para implementar una reforma de este tamaño cuando al sector público se le dio a un año.

Fuente: Con información de El Financiero Bloomberg.

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