Los señalamientos hacia Urióstegui se centran en su aparente falta de compromiso con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de Cuernavaca. La percepción de que prioriza sus intereses políticos personales sobre las necesidades urgentes de la población ha generado malestar y desconfianza entre los habitantes de la ciudad.

En un contexto donde la violencia y el crimen organizado son problemas endémicos, la ausencia de liderazgo y la falta de continuidad en las políticas de seguridad pueden tener consecuencias graves para la ciudadanía. Los ciudadanos esperan que sus autoridades estén presentes y comprometidas en la búsqueda de soluciones efectivas para garantizar la tranquilidad y el bienestar de todos.

La decisión de José Luis Urióstegui de dejar la presidencia municipal de Cuernavaca para dedicarse a su campaña política ha suscitado debates sobre la responsabilidad ética y moral de los funcionarios públicos frente a las crisis y desafíos que enfrentan las comunidades que representan. En medio de la incertidumbre y la inseguridad, la ciudadanía demanda liderazgo, compromiso y acción por parte de quienes tienen el privilegio y la responsabilidad de servirles.

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Los críticos de Brugada argumentan que su gestión no ha logrado contener la criminalidad ni mejorar la percepción de seguridad entre los habitantes de Iztapalapa. El aumento de delitos como robos, asaltos y homicidios ha generado preocupación y malestar entre la población, que demanda respuestas efectivas por parte de las autoridades.

Estos señalamientos ponen en entredicho el liderazgo y la capacidad de Brugada para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en una de las zonas más pobladas y marginadas de la Ciudad de México. La falta de resultados tangibles en materia de seguridad durante su gestión ha debilitado su posición como candidata y ha generado dudas sobre su idoneidad para ocupar un cargo de mayor responsabilidad en el gobierno capitalino.

En un contexto donde la seguridad pública es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, los candidatos políticos enfrentan un escrutinio cada vez más riguroso en cuanto a sus propuestas y acciones para combatir la delincuencia y proteger a los ciudadanos. Los señalamientos a Clara Brugada por el aumento de la inseguridad en Iztapalapa destacan la importancia de la rendición de cuentas y la exigencia de resultados concretos por parte de los líderes políticos.

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Un grupo armado irrumpió en el área de terapia intensiva del Hospital Center ubicado en la colonia Vista Hermosa, Cuernavaca, para matar a uno de los pacientes.

La entrada violenta del comando,compuesto por aproximadamente diez individuos, se reportó alrededor de las 05:00 horas, momento en el cual el grupo abrió fuego contra la víctima, que ya se encontraba hospitalizada.

La Fiscalía de Morelos informó que la víctima fue ingresado al hospital el pasado 27 de abril por sufrir tentativa de homicidio.

Tras el hecho la zona de la avenida Teopanzolco y sus alrededores fueron resguardadas por elementos policíacos, Guardia Nacional y El Ejército. A pesar de la respuesta, los atacantes lograron escapar sin ser detenidos.

Personal de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen acudió para realizar el levantamiento del cuerpo del hombre que fue identificado como Javier “N” de 23 años de edad.

Posteriormente, se informó, se inició la investigación para esclarecer el fondo de lo ocurrido con base en los indicios obtenidos en la escena del crimen.

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Los habitantes de Cuernavaca expresan su indignación ante los planes de reelección de José Luis Urióstegui, quien busca mantenerse al frente del ayuntamiento de la ciudad de Cuernavaca bajo la bandera de la coalición PRI-PAN-PRD, conocida como la coalición por México. Este malestar surge debido a la percepción generalizada de que su gestión previa no ha logrado abordar efectivamente los problemas de seguridad que aquejan a la ciudad de Cuernavaca.

Durante el mandato de José Luis Urióstegui, Cuernavaca ha experimentado un preocupante deterioro en su seguridad, siendo catalogada como una de las seis ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país, con un alarmante 85.7% de la población manifestando sentirse insegura, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Este sombrío panorama ha suscitado críticas y descontento entre los residentes, quienes argumentan que una eventual reelección de José Luis Urióstegui no representa una solución viable para la crisis de seguridad que actualmente enfrenta Cuernavaca. En lugar de ofrecer soluciones concretas y efectivas, su gestión anterior ha dejado un legado de incertidumbre y temor entre la población, exacerbando la sensación de inseguridad en la ciudad.

Ante esta situación, los habitantes exigen un cambio real en el liderazgo municipal, uno que esté comprometido con implementar medidas efectivas para combatir la delincuencia y restaurar la tranquilidad en las calles de Cuernavaca. La reelección de José Luis Urióstegui, en opinión de muchos, representaría simplemente más de lo mismo, sin ofrecer una respuesta contundente a los desafíos de seguridad que enfrenta la ciudad de Cuernavaca.

Fuente: Voz Morelense

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La FIFA, con el objetivo de garantizar que Copa del Mundo en México 2026, tenga un impacto positivo y duradero, encargó a la consultora de empresas y derechos humanos Ergon Associates la realización de una evaluación independiente de todos los informes de derechos humanos de las ciudades candidatas para el Mundial de 2026.

ESPN accedió a las declaraciones sobre derechos de las tres sedes de México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Dichos documentos fueron parte de las Garantías Gubernamentales del país para el proceso de la candidatura y donde se establecen los lineamientos a desarrollar del país para cumplir con criterios universales de derechos humanos.

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A continuación te presentamos algunos de los retos que tendrá que resolver México para la organización del Mundial 2026:

Ciudad de México

Seguridad y protección, libertad de reunión

La seguridad pública es uno de los riesgos más relevantes para los derechos humanos en la Ciudad de México. Primero, están los riesgos que pueden impactar la seguridad de mujeres y niñas que incluyen un número elevado de casos de personas desaparecidas, feminicidios y violencia/ abuso, tanto verbal como físico, en espacios públicos.

En segundo lugar, está el uso excesivo de la fuerza policial que ha ocurrido en una amplia gama de escenarios, particularmente en relación con protestas públicas y arrestos. Además, ha puesto en peligro la seguridad de los periodistas que cubren estos hechos. Uno de los casos más emblemáticos fue el uso de la fuerza policial en respuesta a manifestaciones de simpatizantes feministas que protestaban contra la violencia de género.

Estos problemas representan un riesgo que puede afectar la seguridad de los espectadores y aficionados que asisten a los partidos en persona o participan en actividades y eventos relacionados, así como la de los jugadores/ oficiales y los ciudadanos y comunidades locales. Además, puede afectar la seguridad de los periodistas que están cubriendo el evento.

Derechos LGBTQI+

A pesar de que ha habido múltiples avances institucionales y normativos hacia la protección de los derechos LGBTQI+ en la Ciudad de México, la discriminación y violencia por razón de género y orientación sexual continúa existiendo en forma de burla, rechazo, descalificación, agresión física y delitos contra los miembros de la comunidad LGBTQI+.

Uno de los casos más visibles en este sentido es el canto homofóbico conocido como «El Grito» que tradicionalmente ha sido dirigido por las bandas en los partidos de futbol contra el equipo contrario como medio de burla y distracción.

Laboral

Una de las preocupaciones identificadas en el documento de Ergon se refiere a los riesgos involucrados con el empleo temporal e informal de los trabajadores en las cadenas de suministro y las industrias de servicios relacionados con el evento. En términos generales, el fraude y el engaño en el proceso de contratación, las condiciones laborales precarias, la discriminación y el acoso contra las mujeres en el ámbito laboral, la informalidad y la falta de observancia de las normas laborales son algunas de las violaciones a los derechos humanos laborales que se han observado en la Ciudad de México.

Específicamente, cuando se trata de la Ciudad de México y la Copa Mundial de la FIFA, es probable que estos riesgos se relacionen con actividades informales como venta de alimentos y bebidas y oferta de estacionamientos en los alrededores el Estadio Azteca, que tradicionalmente realizan locales y vecinos durante el futbol local partidos. Además, es probable que estos riesgos afecten a la industria hotelera. Se debe prestar especial atención a la protección de niñas, mujeres y adolescentes, contra la explotación, ya que el trabajo infantil es común ocurrencia en la Ciudad de México.

No discriminación

Existen numerosos incidentes de discriminación, especialmente contra los miembros más vulnerables de la sociedad, que ocurren en todos los ámbitos y también afectan a la Ciudad de México. Los casos más prevalentes en la Ciudad de México involucran actos discriminatorios contra la población LGBTQl+, mujeres en el ámbito laboral, adultos mayores y población indígena, entre otros. La raza, el estatus económico, las diferentes condiciones del idioma y del habla, la altura y las discapacidades físicas/ mentales pueden ser factores determinantes de si alguien experimenta discriminación.

Como se mencionó anteriormente, es probable que la Copa Mundial de la FIFA 2026 y sus circunstancias desencadenen algunos de estos actos de discriminación y, además, representen una oportunidad y un escenario mundial para brindar conciencia y visibilidad a estos problemas.

Nuevo Leon

Tráfico sexual

Desde 2017, el tráfico sexual de mujeres ha aumentado significativa y progresivamente, particularmente en el municipio de Monterrey. Nuevo León ha sido identificado como un eslabón importante en las redes internacionales de tráfico sexual que involucra tanto a mujeres como a niñas. De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Femicidios y Otros Delitos contra la Mujer de Nuevo León, el 90% de las víctimas de trata de personas son mexicanas, de las cuales entre un 10% y un 20% son oriundas de México.

Guadalajara

Derechos de las mujeres

Jalisco tiene el reto de atender un alto número de casos de violencia de género y feminicidios. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, INEGI, el 30% de las mujeres en Guadalajara ha sufrido violencia por parte de su pareja actual y el 60% ha sido hostigada en las calles, lo que la ubica, al igual que otras ciudades del país, como una ciudad de riesgo para visitar y mujeres locales. Es fundamental trabajar en una política para frenar este tipo de violencia y evitar que escale durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

La explotación sexual y la trata de personas también son prácticas que potencialmente pueden ocurrir durante un evento deportivo internacional de este tipo, especialmente considerando la ya alta prevalencia de violencia de género en la ciudad.

Derechos LGBTQI+

Jalisco tiene una larga tradición en la promoción de los derechos de la comunidad LGBTQI+, pero aún enfrenta la oposición de parte de la población. Existe el riesgo de agresiones contra esta comunidad que pueden incluir el cántico homofóbico conocido como “El Grito” (que tiene su origen en Jalisco), así como las derivadas de la euforia que rodea a los partidos.

Este es un riesgo que está muy relacionado con la concurrencia de aficionados de otros países a la ciudad.

Fuente: ESPN https://espndeportes.espn.com/futbol/mundial/nota/_/id/11393575/los-focos-rojos-que-identifico-fifa-para-mexico-2026

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Un ambiente de seguridad para las y los periodistas debe permitir que quienes ejercen esta profesión puedan generar, recabar y difundir información, en apego a las metodologías y la ética de la labor, sin correr el riesgo de sufrir daños físicos, psicológicos, emocionales ni profesionales. Así lo planteó la organización Reporteros Sin Fronteras en su Índice Mundial de la Libertad de Prensa. De acuerdo con dicha clasificación, este ambiente no existe en México.

El país gobernado por Andrés Manuel López Obrador ocupa el lugar 179 en la lista de 180 países clasificados de acuerdo con el ambiente de seguridad que hay para las y los profesionales del periodismo, ubicado sólo por encima de Birmania, un país del sudeste asiático que, actualmente, vive un fuerte conflicto civil derivado de un golpe de estado.

Al fondo de esta clasificación, además de México y Birmania, se encuentran Eritrea, Yemen, Corea del Norte, Siria, Irán, China, Bangladesh, Afganistán y Vietnam.

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De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), esta evaluación se realizó a partir de análisis cuantitativos, al hacer un recuento de los ataques cometidos contra periodistas, y análisis cualitativos, a través de entrevistas con especialistas en periodismo y en la defensa de los derechos humanos.

Las preguntas utilizadas para realizar la investigación por parte de RSF pretendían indagar en la ocurrencia de agresiones, amenazas y daños a periodistas en el último año. Una de las preguntas compartidas por la organización fue “¿Se ha asesinado a periodistas en los últimos 12 meses?”.

En este punto es conveniente recordar que, tan solo de enero a junio de 2022, en México se han registrado 11 asesinatos de periodistas, de los cuales tres han ocurrido en Veracruz (José Luis Gamboa Arenas, Sheila Johana García Olivera y Yesenia Mollinedo Falconi), dos en Michoacán (Roberto Toledo y Armando Linares) y dos más en Baja California (Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado). Cabe destacar que los tres estados están gobernados por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

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Además de la categoría de seguridad, Reporteros Sin Fronteras consideró cuatro indicadores más para evaluar la situación de los países y determinar su calificación en términos de libertad de prensa: contexto político, marco legal, contexto económico y contexto sociocultural. Aunque la evaluación de México en términos de seguridad para periodistas es la más baja de los cinco indicadores, ninguno refleja un escenario realmente favorable.

El contexto político, en el que se analizó el nivel de apoyo y respeto a la autonomía de los medios frente a las presiones de los actores políticos de cada país, México tuvo una calificación de 58.18 de 100 puntos, lo que lo ubicó en la posición 82 del listado.

Por otro lado, para calificar el contexto económico se consideró la corrupción al interior del ambiente periodístico, así como la dificultad para crear un medio de comunicación y los obstáculos relacionados con anunciantes y socios comerciales. En dicha categoría, México tuvo una evaluación de 43.37/100 y ocupó el lugar 84.

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Respecto al marco legal, México cayó hasta el puesto 91 con un puntaje de 65.79. En este indicador se evaluó el grado en que el periodismo se puede ejercer con libertad y sin censura o sanciones legales, así como el nivel de acceso a la información y la impunidad para quienes cometen actos de violencia contra periodistas.

En cuanto al contexto sociocultural, que estudia las presiones o ataques sociales a la prensa por cuestiones de género, clase, origen étnico o religión, México se ubicó en la posición 121, con una calificación de 59.50.

De manera general, Reporteros Sin Fronteras posicionó a México en el lugar 127, con 47.57 puntos, y determinó que en el país existe una “situación muy difícil” en cuanto a la libertad de prensa. Y aunque esto significó una escalada en la lista respecto al informe de 2021 (en el que ocupó el puesto 143), la calificación de 2022 es menor a la del año anterior (53.29).

Fuente: Infobae.

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La investigación se suspendió por la presencia de la violencia en ese estado del norte de México. Los científicos debieron salir de la zona.

En el 2009, mientras realizaban estudios sobre el ocelote (Leopardus pardalis) para sus tesis de doctorado, Arturo Caso y Sasha Carvajal-Villarreal tuvieron que salir de Tamaulipas. La situación de violencia que se instaló en esta región del noreste de México obligó a los investigadores a terminar su trabajo de campo antes de lo previsto.

En ese momento, Caso y Carvajal-Villarreal llevaban alrededor de un año obteniendo información sobre el ocelote en vida silvestre, a través de cámaras trampa y collares de radiotelemetría, para hacer una evaluación de la densidad poblacional de este felino. Su investigación formaba parte de un estudio organizado por el Caesar Kleberg Wildlife Research Institute, de la Texas A&M University-Kingsville, en Texas, Estados Unidos, donde ambos realizaban un posgrado.

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“La idea en ese entonces era traslocar ocelotes machos sub-adultos de Tamaulipas a Texas, para aliviar la baja variabilidad genética de los ocelotes en Texas”,

cuenta ahora Caso, más de una década después de su trabajo de campo en Tamaulipas, donde no ha regresado por el riesgo que significa para los científicos internarse en los bosques de esta región debido a la presencia de grupos armados.

El proyecto del traslocación de los ocelotes de Tamaulipas a Texas se detuvo —cuenta Caso, actual presidente de la organización Predator Conservation AC— sin embargo, con la información recopilada a través de las cámaras trampa se realizó en la investigación académica Densidad y uso del hábitat del ocelote en el matorral espinoso tamaulipeco y bosques caducifolios tropicales en el noreste de México, publicada en la revista científica Journal of Mammalogy, en diciembre de 2021.

Los ocelotes en Tamaulipas

La población de ocelotes en Texas, Estados Unidos, es muy pequeña —explica Caso— y no tiene conexión con la población de México porque en ambos lados de la frontera no hay suficiente hábitat para el felino. “La población que está en el sur de Texas está totalmente aislada y los estudios que hicimos indicaban que la variabilidad genética de estos ocelotes era muy baja”.

Esa fue la razón que llevó a los científicos de la A&M University-Kingsville a realizar la investigación en los bosques de Tamaulipas. “Las autoridades mexicanas pidieron que se hiciera un estudio poblacional en la región de origen de donde saldrían los ocelotes machos para saber cómo se encontraba esta población y asegurarse de que no afectaría la extracción de estos machos jóvenes. Pero con lo que sucedía en Tamaulipas se suspendió el programa en campo”, recuerda Caso.

En México y Estados Unidos los ocelotes están en peligro de extinción. Es una especie que habita desde el sur de Estados Unidos, específicamente en Texas, hasta Argentina. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la especie está categorizada como en Menor Preocupación, sin embargo esta misma institución indica que su población está en declive y que sus principales amenazas son la pérdida y fragmentación de su hábitat, la matanza en represalia por la depredación de aves de corral y su comercio ilegal para tenerla como mascota o para el uso de su piel.

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La información recogida con las cámaras trampa durante un año fue suficiente para terminar el estudio sobre el estado de la población de ocelotes en esa parte del país. Los resultados indican que existe “una población potencialmente robusta de ocelotes en el extremo norte de la Sierra Tamaulipas, importante para los esfuerzos regionales y binacionales de conservación de esta especie”, se explica en el artículo científico y también se concluye que “la densidad reportada en esta zona figura entre las mayores densidades de ocelotes documentadas en México”.

El área de estudio se concentró en los ranchos Caracol y Camotal, en la Sierra de Tamaulipas, en la zona central de este estado, territorio que actualmente forma parte del Área Natural Protegida Sierra de Tamaulipas. “El estado de Tamaulipas es bastante biodiverso, un área de estudio súper importante desde el punto de vista ecológico por las especies que ahí se encuentran”, dice Sasha Carvajal-Villarreal, directora de Predator Conservation AC y coautora de la investigación académica.

En esta zona —comenta  Carvajal-Villareal— se encuentran los seis felinos silvestres que hay en México: el jaguar (Panthera onca), el ocelote (Leopardus pardalis), el margay o tigrillo (Leopardus wiedii), el jaguarundi (Herpailurus yagouaroundi), el puma (Puma concolor) y el gato montés (Lynx rufus).

“Hicimos unos mapeos previos que nos confirmaron que se trataba de un área importante para los ocelotes desde el punto de vista poblacional”, menciona Carvajal-Villareal. Ella y Caso habían realizado investigaciones anteriores en la misma zona y conocían muy bien los bosques de Tamaulipas. “La densidad de ocelotes en este lugar, comparada con otros sitios es alta y la población de ocelotes se encuentra bastante bien. Lo que encontramos fue alrededor de 23 individuos por cada 100 kilómetros cuadrados”.

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El estudio del 2009 realizado en Tamaulipas también permitió evaluar la densidad de jaguares en la misma zona. Y según los resultados, la densidad de los jaguares era de dos individuos por cada 100 kilómetros cuadrados. “Observamos también el tipo de actividad que tienen los seis felinos. Por ejemplo, vimos que el jaguar y el ocelote son especies meramente nocturnas y que el jaguarundi es una especie diurna”, señala Carvajal-Villareal y agrega que los resultados obtenidos de esta investigación permite asegurar que sí es posible trasladar ocelotes de esta zona a Texas sin afectar la población que habita en Tamaulipas.

Arturo Caso, quien también es coautor del estudio, menciona que el aumento de la violencia en Tamaulipas obligó a los propietarios de muchos ranchos ubicados en la zona a abandonar el lugar. Esto ocasionó que en los años siguientes se redujera el desmonte, así como la caza furtiva. “La vegetación natural volvió a crecer y especies como el ocelote y el jaguar están apareciendo en lugares donde antes no se veían”, comenta Caso. Sin embargo —agrega el científico— es complicado ingresar a estos bosques para hacer investigación debido a la inseguridad.

Caso considera que la recuperación de los bosques ha permitido que las poblaciones de ocelotes, así como la de jaguares y otros felinos, se conserven bastante bien. “La condición de los bosques en Tamaulipas son mejores, pero en Texas, donde también he realizado investigaciones, solo hay porciones de bosque natural muy pequeñas”.

Actualmente, Caso está participando en un proyecto para colectar semen de ocelotes en cautiverio en México y enviarlo congelado a Texas, con el fin de inseminar a las hembras que habitan al otro lado de la frontera con México.

Las sorpresas de las cámaras trampa

Fueron alrededor de 60 cámaras trampa las que se colocaron en los dos ranchos donde se realizó la investigación —recuerda Carvajal-Villareal— y cada cámara registraba hasta mil imágenes. La científica explica que se colocaron entre una y tres cámaras en cada estación de monitoreo. “Colocamos alrededor de 30 cámaras en la cuadrícula que correspondía al estudio, pero además teníamos otras estaciones con más cámaras, entonces deben haber sido por lo menos 60 equipos. En algunas cámaras llegamos a registrar hasta dos mil fotos. En el caso de los jaguares llegamos a tener unas 200 fotos y para los ocelotes registramos entre 500 y 600 imágenes”, recuerda Carvajal-Villareal.

“Obtuvimos imágenes como, por ejemplo, un ocelote llevando a su cría, y otro con un pescado en el hocico. Son registros que no se ven fácilmente y que nos muestran sus actividades. Con las cámaras se puede obtener esa información”,

comenta Carvajal-Villareal, quien además de investigar sobre esta especie también ha estudiado a los otros cinco felinos que habitan en México, así como al oso negro (Ursus americanus).

La científica también cuenta que algunas de las imágenes recogidas por las cámaras trampa les permitieron determinar parámetros ecológicos sobre la interacción entre estas especies. Por ejemplo —menciona Carvajal-Villareal— en algunas estaciones observamos que pasaban los ocelotes y al poco tiempo aparecía un jaguar. Eso era importante pues veíamos si se daba con pocas o muchas horas de diferencia”.

Carvajal-Villareal explica que los datos de radio-telemetría ofrecen mayor información sobre las actividades de los felinos, por ello, como parte de esta investigación para su tesis doctoral también se instalaron radio-collares en 11 ocelotes. La salida abrupta no les permitió recolectar suficiente información con este método, pero lograron obtener datos importantes como la cantidad de área que necesita cada animal en esta región.

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La información tanto de las cámaras trampa como de la radio-telemetría fue compartida con las autoridades mexicanas y los organismos de conservación —comenta la experta— información que se sumó a otros estudios que se hicieron en esta zona para que fuera declarada Área Natural Protegida Sierra de Tamaulipas en 2016.

Los bosques donde se realizaron los estudios del ocelote corresponden a un hábitat ripario, al matorral espinoso tamaulipeco, un ecosistema peculiar de esta región y a bosque caducifolio tropical.

Jason Lombardi, científico del Caesar Kleberg Wildlife Research Institute, de la Texas A&M University-Kingsville y coautor de la publicación académica, explica que se analizaron individualmente cada una de las imágenes de los ocelotes registrados a través de las cámaras trampa. Luego, a través de imágenes satelitales para el año 2009, se ubicó el hábitat donde se hizo la investigación de tal manera que fue posible determinar la densidad de los ocelotes en el área de estudio, incluso, determinar la cantidad de machos y hembras.

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Lombardi explica que es importante entender la densidad de la población de ocelotes en el 2009, los tipos de hábitats que ocupaban esos felinos en aquella época, así como la situación de los felinos en esa parte de México que es considerada un lugar desde donde se podrían traslocar animales para Texas.

“Ahora sabemos que la densidad de la población de ocelotes en Tamaulipas se encontraba entre las más altas registradas en México cuando se hizo el estudio. Por eso, a pesar de que la investigación se realizó en 2009, el hecho de que la cordillera de la Sierra de Tamaulipas sea una zona montañosa que se convirtió en área protegida, le ha permitido mantener este lugar en buen estado. Las poblaciones de ocelotes de Tamaulipas podrían usarse para aumentar las poblaciones en otros lugares”,

señala Lombardi.

La investigadora Carvajal-Villarreal agrega que los bosques de Tamaulipas son muy importantes para la biodiversidad, tanto para felinos como para otras especies de fauna y  de flora silvestres. Por eso cree que Tamaulipas debe ser considerada como un área prioritaria, al igual que Baja California, Yucatán o Campeche. “Pienso que la información que se ha obtenido en esta investigación debe servir para que las autoridades volteen hacia este estado”.

Fuente: Mongabay.

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El enfrentamiento por el control de la cementera cercana a la localidad de Tula, Hidalgo, se dio tras al menos una década de airadas y a veces violentas disputas al interior de la cooperativa de empleados que es propietaria tanto de la planta de cemento como de uno de los principales equipos de fútbol de México.

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El gobernador de Hidalgo Omar Fayad tuiteó que condenaba enérgicamente la violencia en la cementera de la cooperativa Cruz Azul. Señaló que nueve sospechosos fueron detenidos en relación con lo ocurrido.

La secretaría de seguridad pública de Hidalgo informó en un comunicado que empezó a recibir llamadas de emergencia de la planta el miércoles temprano. La cementera se ubica a 95 kilómetros (60 millas) al norte de Ciudad de México. Las instalaciones y vehículos que se encontraban allí resultaron dañados.

Las autoridades sólo identificaron a los involucrados como dos grupos de personas, pero medios locales señalaron que el enfrentamiento estaba relacionado con una añeja disputa por el liderazgo de la cooperativa.

Desde hace más de una década, un exlíder de la cooperativa supuestamente se apropió o malgastó fondos de la cooperativa. El hombre, Guillermo Álvarez, es ahora prófugo de la justicia, pero sus partidarios aparentemente retuvieron el control de algunos activos, incluida la fábrica.

El procurador general de Hidalgo, Alejandro Habib, comentó a los medios de comunicación locales que aparentemente hasta cinco camiones o camionetas y 200 personas participaron en el asalto a la planta.

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Álvarez enfrenta cargos equivalentes a lavado de dinero y malversación. Al parecer, utilizó al equipo de fútbol Cruz Azul, que juega en la primera división de la liga mexicana, como fachada para realizar tratos ilícitos, supuestamente exagerando la cantidad de dinero pagada para contratar a los mejores jugadores y embolsándose después la diferencia entre ese precio y el real.

El grupo que se opone al viejo liderazgo rechazó en un comunicado que fueran los responsables de la violencia, señalando que habían utilizado canales legales para tratar de recuperar el control de la instalación.

La cooperativa fue formada por trabajadores en la década de 1930 para adquirir la cementera.

Fuente: The San Diego Union-Tribune.

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México disolvió una selecta unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) en el combate al crimen organizado, dijeron dos fuentes, en un duro golpe a la cooperación bilateral en seguridad.

El grupo era una de las unidades de investigaciones especiales (SIU, por sus siglas en inglés) que operan en unos 15 países y que los funcionarios estadounidenses consideran invaluables para desmantelar poderosas redes de contrabando y atrapar a innumerables capos de la droga en todo el mundo.

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Las SIU son entrenadas por la DEA, pero están bajo el control de los gobiernos nacionales.

En México, los más de 50 oficiales de esa unidad policial fueron considerados entre los mejores del país y trabajaron en los casos más importantes, como la captura en 2016 de Joaquín “El Chapo” Guzmán, entonces el jefe del poderoso Cártel de Sinaloa.

El cierre amenaza con poner en peligro los esfuerzos de Estados Unidos para combatir a los grupos del crimen organizado dentro de México, uno de los epicentros del multimillonario comercio mundial de narcóticos, y dificultar la captura y el enjuiciamiento de los líderes de los cárteles.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador notificó formalmente a la DEA en abril del año pasado que la unidad había sido clausurada, según un agente de la DEA con conocimiento del asunto que se negó a ser identificado porque no estaba autorizado a hablar sobre el tema. Una segunda fuente familiarizada con la situación confirmó el cierre del grupo.

La Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana no respondieron a reiteradas solicitudes de comentarios. La DEA se negó a hablar de la cuestión. Nadie había informado hasta ahora sobre la clausura de la dependencia. Reuters no pudo averiguar por qué el gobierno mexicano no lo anunció públicamente en su momento.

“La estrangularon”, afirmó el agente, refiriéndose a la unidad. “Hace añicos los puentes que tardamos décadas en armar”.

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El cierre podría resultar costoso en las calles de Estados Unidos, donde las autoridades luchan por reducir un aumento en las sobredosis que el año pasado provocó más de 100,000 muertes, en su mayoría vinculadas a una nueva ola de drogas sintéticas producidas por carteles mexicanos.

El equipo de élite, fundado en 1997, fue el principal conducto para que la DEA compartiera con el gobierno de México pistas sobre envíos de drogas e indicios obtenidos en suelo estadounidense.

La agencia antidrogas de Estados Unidos habría llevado a los nuevos integrantes mexicanos de la unidad policial a sus instalaciones de última generación en Quantico, Virginia, para capacitarlos en las últimas técnicas de vigilancia. Les habrían examinado, incluso con pruebas de polígrafo.

Una segunda unidad mexicana de la SIU, con sede dentro de la oficina del Fiscal General de la República e independiente del Gobierno, continúa operando.

Para Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, el cierre de la SIU y la restricción de la cooperación en seguridad por parte del mandatario dañarán a ambos países.

“Significará más drogas yendo a Estados Unidos y más violencia en México”,

advirtió.

DISPARO EN EL PIE

La clausura de la SIU es el ejemplo más reciente de la ruptura de la cooperación entre la DEA y México desde que López Obrador asumió el poder en 2018 y prometió reformar la política de seguridad nacional.

Enfurecido por el vertiginoso derramamiento de sangre que atribuyó a las tácticas de mano dura de sus predecesores, el gobernante buscó implementar un estilo policial menos beligerante y se comprometió a abordar lo que, según él, son las causas profundas de la violencia, como la pobreza, en lugar de perseguir a los jefes de los cárteles.

El presidente también puso trabas para que los funcionarios de seguridad extranjeros operaran dentro de México, reprendiendo a la DEA por un modus operandi que, según opinó, equivale a pisotear la soberanía de su país.

En privado, los funcionarios estadounidenses señalan que el papel vital de México en el bloqueo del flujo de migrantes de América Latina, una prioridad para Washington, les deja una influencia limitada para presionar a López Obrador en otros temas, como la cooperación en seguridad.

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Aunque la reputación de la SIU quedó dañada cuando su exjefe Iván Reyes fue detenido en 2017 y se declaró culpable en un tribunal estadounidense de aceptar sobornos para filtrar información a una banda de narcotraficantes, los funcionarios de la DEA consideraban que la unidad era vital y necesitaban agentes mexicanos para apoyar en sus investigaciones en el país.

Las campanas de alarma para el futuro de la unidad sonaron en 2019, cuando López Obrador suspendió la actividad de la Policía Federal, dentro de la cual se encontraba la SIU, para crear una nueva fuerza llamada Guardia Nacional.

Los agentes de la DEA siguieron trabajando con sus homólogos mexicanos durante un tiempo, especialmente en el aeropuerto de Ciudad de México, donde los integrantes del grupo interceptaban el contrabando de fentanilo, una droga sintética hiperpotente a la que se atribuye el aumento vertiginoso de las sobredosis en Estados Unidos.

Pero la cooperación en materia de seguridad entre la DEA y México se desplomó a un nuevo mínimo en octubre de 2020, cuando fue detenido en Los Ángeles el exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos, alegando que estaba en connivencia con un cartel de la droga.

Los fiscales estadounidenses liberaron rápidamente a Cienfuegos, citando consideraciones de política exterior “sensibles”, pero López Obrador acusó a la DEA de tener “poco profesionalismo” y de fabricar pruebas en el caso.

En diciembre de 2020, el gobierno mexicano despojó a los agentes extranjeros de la inmunidad diplomática y obligó a los funcionarios locales a redactar informes sobre interacciones con agentes de seguridad del exterior.

“Ese fue el clavo en el ataúd”,

consideró el agente de la DEA. Meses después se cerró la SIU.

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Para el momento en que la unidad se disolvió formalmente, según esa fuente, ya había estado inoperativa durante algún tiempo porque la Guardia Nacional de México antepuso la disuasión de la violencia a las investigaciones de los cárteles de la droga.

Pero con más de 33,000 homicidios registrados en la nación latinoamericana el año pasado, Vigil indicó que no tiene sentido cerrar una unidad de élite que persigue a los grupos del crimen organizado responsables de la mayoría de los asesinatos.

“México se está disparando en el pie”,

sentenció.

Fuente: Forbes.

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«La demanda de drogas en los Estados Unidos, así como el contrabando de dinero en efectivo y de armas a México desde los Estados Unidos, han alimentado la violencia relacionada con el narcotráfico en México”.  

El tema de la inseguridad pude provocar que durante el 2022 las relaciones entre México y Estados Unidos se tensen, advierte un informe del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense.

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En el reporte denominado “México: antecedentes y relaciones con Estados Unidos”, se refiere que durante más de una década los homicidios en México han ido al alza, impulsados en gran parte por la actuación del crimen organizado al cual se le atribuyen, según datos de Lantia Consultores, que se citan en el reporte, 23,525 homicidios en el 2021.

Para dicho año, cabe mencionar, se registraron de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 33,315 víctimas de homicidio doloso en el país.

“La demanda de drogas en los Estados Unidos, así como el contrabando de dinero en efectivo y de armas a México desde los Estados Unidos, han alimentado la violencia relacionada con el narcotráfico en México durante más de una década. La violencia reciente puede atribuirse a la competencia por la producción (entre cárteles) y el tráfico de opioides sintéticos”,

se precisa.

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En el reporte se acota que si bien el gobierno mexicano ha enfocado esfuerzos en atender a los sectores más vulnerables aún no hay información disponible sobre la efectividad de dicha estrategia.

“La administración (de López Obrador) lanzó un programa que brinda becas a jóvenes para asistir a la universidad o completar pasantías. Nadie ha evaluado los efectos del programa sobre la empleabilidad de los jóvenes o la prevención del delito y los auditores han descubierto irregularidades en la implementación del programa”,

se indica.

A su vez el análisis indica que desde el gobierno mexicano se ha dado la orden a las fuerzas de seguridad de no hacer uso de la fuerza, con el objetivo de que disminuyan las víctimas civiles que resultan de esas operaciones.

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“Los informes sugieren que a medida que disminuyeron las operaciones federales, las organizaciones criminales comenzaron a usar tecnología cada vez más letal, como bombas montadas en drones, para expandir su territorio”,

se indica.

Aunado a esto, las fuerzas policiales estatales y municipales, encargadas de indagar la mayoría de los ilícitos en el país han recibido menos apoyo del gobierno federal durante la administración del presidente López Obrador que durante las administraciones anteriores.

Violencia a comunicadores

Otro factor que provocaría que las relaciones bilaterales se tensen es, por una parte, el reconocimiento del gobierno estadounidense de la crisis de violencia hacia periodistas y, por el otro, las críticas del gobierno mexicano sobre el financiamiento de EU a las organizaciones civiles que indagan corrupción.

“El gobierno sigue recibiendo críticas por no proteger a periodistas, defensores de derechos humanos, migrantes, y otros.

“Los críticos del presidente (Andrés Manuel) López Obrador lo han acusado de promover un ambiente de intimidación y autocensura mediática al continuar agrediendo verbalmente a los periodistas”,

se indica.

Financiamiento

En el informe se divulgan datos sobre recursos otorgados por el gobierno estadounidense a México para el combate a los narcóticos y la inseguridad, así como apoyos económicos, y los cuales, durante los años fiscales del 2019 al 2022 de Estados Unidos —durante la administración lopezobradorista— ascenderían a más de 500 millones de dólares.

De acuerdo con el reporte dichos recursos se dividen en Fondo de Apoyo Económico; Control Internacional de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley; Financiamiento Militar Extranjero; Educación y entrenamiento militar internacional y el Programa de no proliferación, antiterrorismo, desminado y relacionados.

Fuente: El Economista.

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