Sólo entre 2019 y enero pasado, 27 mandos con formación y trayectoria en instituciones académicas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o en la Secretaría de Marina (Semar) se integraron al INM en 23 estados del país y en representaciones del instituto como la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Datos recibidos indican que hasta enero de 2024, de estos mandos militares y marinos, 16 se mantenían en funciones como titulares de las Oficinas de Representación estatales del Instituto Nacional de Migración. Adicionalmente hay cuatro titulares más que han tenido experiencia en el Sistema Penitenciario.

Al menos 27 mandos militares y navales se sumaron al INM desde 2019, detalla una solicitud de información

La militarización de la política migratoria “se ha criticado fuertemente desde órganos internacionales y nacionales de protección de derechos humanos”, porque “este tipo de acciones las hacen para contener o para evitar, tal vez, que muchas más personas ingresen al territorio. Sin embargo, esto no garantiza que efectivamente disminuyan los flujos migratorios”, consideró Wendy Castro, subcoordinadora legal de la organización Sin Fronteras.

Esta casa editorial consultó al Instituto Nacional de Migración, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), sobre los motivos por los cuáles se han militarizado sus mandos, pero la dependencia señaló que “no es información que el instituto esté en posibilidad de proporcionar”, debido a la naturaleza de sus tareas.

La actual administración federal no sólo ha integrado mandos militares y marinos a su política migratoria, también ha desplegado numerosos elementos de las Fuerzas Armadas para contener y disuadir la movilidad humana.

De acuerdo con el último Informe de Seguridad del Gobierno de México, fechado el pasado 14 de marzo, actualmente hay 281 mil 645 elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas desplegados en el país. De éstos, 32 mil 720 se dedican a hacer cumplir el Plan de Migración en la Frontera Norte y Sur. Es decir, están a cargo de contener el flujo migratorio. A esta cantidad se suman dos mil 315 agentes del INM.

“Las Fuerzas Armadas tienen un entrenamiento, justo, militar, en donde se les enseña a combatir y no precisamente se les instruye con respecto a la protección de los derechos humanos”, añadió Castro Además, dijo, “hay que recordar que justo los elementos de la Guardia Nacional cuando aplican también labores migratorias, pues no lo hacen como garantes de derecho, sino lo hacen más bien como agentes de contención o de deportación”, detalló.

Entre los mandos militares del INM figuran su representante en Colima, Ramón Juárez Suárez, un ingeniero en Ciencias Navales y maestría en Administración Naval y en Seguridad Nacional; Felipe Morales Callejas, ingeniero en Ciencias Navales, maestría en Administración Militar y actual titular de la representación en Sinaloa; y Paulo César Lavín Aldama, ingeniero en Ciencias Navales con especialidad en Administración Naval, maestría en Administración Pública y representante en Sonora.

El contralmirante Salvador González Guerrero se integró a las funciones migratorias el 18 de julio de 2019 como coordinador de Información e Investigación Migratoria y posteriormente se hizo cargo de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua hasta abril de 2023, cuando fue detenido debido a su presunta responsabilidad en el incendio que consumió la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, el 27 de marzo de 2023 y que cobró la vida de 40 personas migrantes.

En abril de 2023 fue detenido y vinculado a proceso, posteriormente se amparó y actualmente enfrenta órdenes de aprehensión por el caso que sigue abierto. “Evidentemente son personas que no tienen una formación con un enfoque de derechos humanos y eventualmente terminarán vulnerando más derechos”, señaló la subcoordinadora legal de Sin Fronteras.

Tras el siniestro que consumió la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, en mayo de 2023, el Instituto Nacional de Migración suspendió de forma provisional 14 Estancias Provisionales tipo A, así como 19 de tipo B para facilitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) visitas de supervisión y generar los informes correspondientes sobre las condiciones de los espacios de detención migratoria.

Además, en noviembre del mismo año, el Instituto frenó operaciones definitivamente en la Estancia Provisional de Matamoros, Tamaulipas.

El cierre de todas estas unidades dejó en funciones únicamente 11 Estaciones Migratorias: en Tapachula, Chiapas; Iztapalapa, Ciudad de México; Guadalupe, Nuevo León; Chetumal, Quintana Roo; San Luis Potosí, San Luis Potosí; Hermosillo, Sonora; Villahermosa, Tabasco; Reynosa y Tampico, Tamaulipas; Acayucan, Veracruz; y Zacatecas, Zacatecas.

También se mantuvieron en operación seis Estancias Provisionales del tipo B: en Tijuana, Baja California; Palenque y Tuxtla, Chiapas; Janos, Chihuahua; Oaxaca, Oaxaca; y Cancún, Quintana Roo.

Fue apenas en febrero pasado —casi un año después del incendio— cuando la CNDH publicó el Informe Especial

sobre las condiciones de las Estancias y Estaciones Migratorias: Hacia un nuevo modelo para la atención de la migración irregular. Ninguna resultó adecuada, reveló el estudio.

Como parte de las visitas a las Estancias y Estaciones Migratorias “se observó que ninguno de estos centros de detención es adecuado, ya que 13 de ellos son insuficientes, 21 son inadecuados y las demás se encuentran en situación crítica”, indicó el documento.

“El Instituto Nacional de Migración y su modelo de Estaciones Migratorias nació en 1993, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para ofrecer una política de seguridad en las fronteras. Sin embargo, esta CNDH considera que los tiempos han cambiado y hoy ese modelo debe transformarse como se ha gestado en otras políticas públicas desde la mirada del humanismo y el reconocimiento de derechos”, apuntó Rosario Piedra, la titular de la comisión.

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Como parte de las medidas para disminuir los flujos de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contempla pagar hasta 576 millones de pesos por los traslados que iniciarán en la Estación Migratoria Siglo XXI del INM en Tapachula, Chiapas, y cubrirán la ruta por Belice, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá.

Serán al menos 40 camiones de pasajeros los que deberán estar disponibles “en cualquier momento” para cubrir la ruta internacional de retorno seguro, incluyendo las escalas que durante el trayecto se consideren necesarias para llevar a cabo la entrega de migrantes ante las autoridades correspondientes.

Los autobuses recorrerán, según lo estimado, distancias que irán de los 456 kilómetros a Guatemala –el punto más cercano— hasta unos cuatro mil kilómetros a Panamá — la distancia más larga—. Esta nación es la puerta de entrada a Centroamérica desde el sur del continente y sólo el año pasado, transitaron por su territorio la cifra récord de 204 mil 986 migrantes irregulares en su viaje hacia Estados Unidos, la mayoría de ellos, de acuerdo con información de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entraron por la selva del Darién, en la frontera con Colombia y llegaron hasta México.

Nuestro país también afronta un flujo migratorio sin precedentes, con la detención sólo el año pasado de un total de 782 mil 176 personas de distintas nacionalidades, incluidos niños, según la OIM. La situación ha provocado que el gobierno de López Obrador refuerce las medidas para contener la llegada de indocumentados, incluyendo que ahora los migrantes que sean detenidos por las autoridades de Estados Unidos sean entregados directamente al INM para que sean devueltos hasta sus lugares de origen. Anteriormente, los migrantes eran devueltos a la frontera mexicana para esperar una audiencia ante un juez migratorio que resolviera su solicitud de asilo.

“El proveedor proporcionará el servicio en el lugar requerido por el personal designado, ya sea en instalaciones del Instituto (oficinas de representación), o fuera de las instalaciones del Instituto o en cualquier parte de la República Mexicana y Centroamérica”, especifica la licitación del INM.

Además detalla que a su regreso a territorio nacional, los camiones contarán con el resguardo de la policía nacional de cada país al que ingresen.

Activistas como Karla Méndez, integrante de Casa Migrante Tapachula, considera “inhumano” el traslado de hasta tres o cuatro días en autobús al que son sometidos los migrantes.

“A medida que los números de migrantes que llegan a la frontera con Estados Unidos siguen creciendo, México ha optado por regresarlos hasta sus países de origen en viajes que duran de hasta cuatro días metidos en un autobús, lo que además de inhumano es violatorio a derechos humanos pues en muchos casos viajan menores e incluso bebés”, afirmó la activista en entrevista.

Consultada al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió que la “repatriación vía terrestre de ciudadanos de Centroamérica que hayan ingresado de manera irregular al país forma parte de los acuerdos que se han alcanzado desde hace décadas con los gobiernos de la región para lograr un retorno ordenado y seguro”.

El Ministerio de Migración de Guatemala confirmó a este diario que existe un memorándum de entendimiento, que data desde el año 2005, para la repatriación de centroamericanos por vía terrestre, pero destacó que éste se ha ido modificando con el gobierno de López Obrador para que los puntos de recepción de los migrantes y los horarios de retorno se incrementen.

La licitación contempla 40 autobuses para repatriar a los migrantes desde Tapachula, pero también señala que de ser necesaria, se hará desde cualquier punto del país, por lo que la empresa que resulte elegida para llevarlos deberá demostrar presencia en los 32 estados de la República. El INM busca, además, 120 autobuses más para que trasladen a los migrantes desde cualquier punto del país hasta Tapachula, Chiapas.

Los autobuses deberán cumplir ciertas especificaciones como tener una antigüedad no mayor a diez años, contar con hasta 44 asientos reclinables, ventanillas selladas, cristales inastillables, aire acondicionado, servicio de entretenimiento (televisores) y sanitarios para ambos sexos.

Además, de acuerdo con la licitación, en todos los casos los conductores deben contar con un nivel académico mínimo de secundaria y con constancias de capacitación en combate de incendios, uso y manejo de extintores; así como en manejo defensivo, primeros auxilios y manejo de contingencias. Se incluye también, que deben contar botiquines médicos con medicamentos, como ibuprofeno, paracetamol, salbutamol y captopril, entre otros.

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De acuerdo con un comunicado del INM, en el grupo, compuesto por migrantes procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Nicaragua, había 75 menores no acompañados, 108 mujeres y 399 hombres adultos solos y 144 personas integrantes de 45 núcleos familiares.

Las autoridades indicaron que tras una operación en la que participaron miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), policías estatales y municipales, y eI INM, cuatro personas que vigilaban el local fueron detenidas por el presunto delito de tráfico humano.

La información oficial indicó que los presuntos traficantes habían sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

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“El INM iniciará el proceso administrativo para entregarles dicha tarjeta que les permitirá acceder a diversos servicios públicos y garantizar su derecho humano a la identidad para integrarse a la vida social, económica y productiva del país”, señaló el ente a través de un comunicado.

En este sentido, la entrega se basa en los artículos 52, fracción V, inciso a) y b); 74, 133 fracción III de la Ley de Migración; los artículos 137 fracción I, 144 fracción II del Reglamento de la Ley de Migración; y el artículo 50 de los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios.

De igual forma, el organismo solicitó el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para garantizar y validar que fueran “oportunos” los apoyos otorgados por las distintas autoridades que coadyuvaron en su búsqueda.

A su vez, el INM pidió el respaldo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) debido a que entre las personas liberadas se incluyen menores de edad y núcleos familiares.

“En coordinación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, brinda apoyo integral y salvaguarda la integridad física de las personas migrantes, 26 procedentes de Venezuela y seis de Honduras, que fueron víctimas de delito”, reza la nota.

Este miércoles, fueron liberadas las personas secuestradas ante la elevada presencia de fuerzas de seguridad. “No fueron liberados, no fueron rescatados, los dejaron libres”, afirmó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

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Tras acampar durante varios días en la localidad sureña de Huixtla, unos 3.000 migrantes se movilizaron hacia el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (Caift) donde bloquearon los cuatro canales de la autopista federal afectando a cientos de camiones, autobuses y automóviles que buscaban llegar a la frontera con Guatemala o internarse en el territorio mexicano.

La aduana permanece custodiada por una veintena de agentes de la Guardia Nacional con equipos antimotines que no hicieron ningún intento de desalojar al grupo.

El activista Irineo Mújica, de la organización no gubernamental Pueblo Sin Fronteras, que convocó la caravana, lamentó que el Instituto Nacional de Migración (INM) no facilite a los extranjeros los permisos de tránsito para avanzar sin riesgos por México.

“Sabemos que estamos incomodando al pueblo mexicano y le pedimos una disculpa, pero también el crimen organizado nos está secuestrando, nos está matando”, dijo Mújica al justificar el bloqueo de la aduana.

“No tenemos respuesta y (dicen que) no van a dar papeles. La idea es llegar a Estados Unidos porque allá nos espera un mejor futuro para los niños, la verdad es que lo hacemos por ellos”, dijo entre sollozos el hondureño Herson Fernández, quien viaja con su esposa y tres hijos, al admitir que ya no cuenta con dinero y está desesperado por avanzar hacia la frontera norte.

La caravana, integrada en su mayoría por centroamericanos, venezolanos y cubanos, salió a inicios de la semana pasada de la ciudad fronteriza de Tapachula con unas 5.000 personas, pero debido a la falta de respuesta de las autoridades para la entrega de los permisos de tránsito unos 2.000 extranjeros han optado por abandonar el grupo y seguir el recorrido por cuenta propia.

Durante tres días el grupo recorrió 45 kilómetros y a mediados de la semana pasada se detuvo en Huixtla, donde una decena de migrantes protestó cosiéndose los labios y quemando piñatas con el rostro del titular del INM, Francisco Garduño, para exigir atención. Hasta el momento no han tenido respuesta.

En los últimos meses se ha registrado en la frontera sur de México una creciente ola migratoria. Para octubre la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados registró 127.000 solicitantes, una cifra casi similar al récord que se alcanzó en 2021 cuando en medio de la pandemia del coronavirus hubo 129.000 peticiones en todo el año.

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Entrar a México para los colombianos es como lanzar una moneda al aire. Daniel Campos, de 24 años, prefiere no dar su nombre real por temor a posibles represalias de las autoridades. En junio de este año, asegura, fue secuestrado por Migración en Mexicali (Baja California). “Todo empezó cuando llegué al aeropuerto con mi familia. Estábamos mi hermana, mi sobrina de 10 años y mi cuñado. Íbamos de vacaciones”, recuerda. En Migración les quitaron el pasaporte y el celular. Los separaron del grupo y los metieron en el llamado “cuarto de rechazo”, una habitación donde los agentes examinan por última vez la situación legal de los viajeros antes de tomar la decisión de deportarlos o de dejarlos entrar en el país.

A Campos le salió cruz. Después de varias horas retenido, lo subieron junto a varios acompañantes a un autobús y los llevaron a Tijuana.

“Me metieron en el Instituto Nacional de Migración (INM), pero aunque al comienzo eso me dio tranquilidad porque pensé que era un lugar seguro, después al ver cómo me trataban sentí mucho miedo”,

cuenta.

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Una de las guardias de la institución le dijo que tenía que pagar para poder salir: “Me pidieron mil dólares por dejarme libre”. Cuando Campos aceptó, le presentaron a un supuesto abogado, que respondía al nombre de Rodolfo Muñoz. Lo primero que hizo el letrado fue preguntarle a qué se dedicaba en Colombia. La pregunta, señala Campos, solo tenía una intención: hacer un cálculo rápido de cuánto dinero ganaba, para pedirle más o menos por su libertad. Finalmente, le aplicaron la tarifa estándar: 1.000 dólares por entrar en México.

La Asociación de Colombianos en Tijuana denuncia que este abogado es cómplice del Departamento de Migración y que su trabajo consiste en extorsionar a los asustados viajeros para cobrarles por dejarlos libres.

Contactado por teléfono con el pretexto de hacerle una consulta para sacar a un familiar de Colombia, Muñoz se muestra dispuesto. “Es un procedimiento muy sencillo. Apenas estemos seguros de que no lo van a deportar, ahí hablamos de honorarios”, afirma.

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Cuelga y al rato vuelve a llamar:

—¿Oye, es un detenido colombiano nada más, no?

— Sí.

—Te lo dejamos en 800 dólares. Estamos cobrando 1.200 dólares por colombiano. Hasta por dos personas estamos cobrando 2.500, pero te hago una rebaja.

—¿Cómo podemos estar seguros de que lo sueltan?

—Mándame la mitad ahora y la otra mitad cuando lo hagan. Es muy importante asegurar la suspensión de la deportación.

Muñoz cuelga y llama a su contacto en Migración para mover la liberación.

Ante esta situación, la Cancillería de Colombia ha publicado una serie de recomendaciones para los colombianos que desean viajar a México. En la propia web se aclara que existe riesgo de que estos sean deportados aunque cumplan todos los requisitos para entrar en el país.

Las autoridades migratorias mexicanas se limitan a exponer, a través de un comunicado, que en el momento en el que llega una persona extranjera se le puede solicitar documentación para comprobar el motivo de su viaje. Defiende que la institución opera con una atención “de calidad” en sus operaciones para que, acorde a la ley, se permita el ingreso, la estancia, el tránsito y la salida de extranjeros. Este diario también pidió información a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, pero que no obtuvo respuesta.

Secuestrado por migración

Santiago Angulo, de 25 años, fue en marzo de este año a la boda de su hermana. Cuando llegó al aeropuerto de Mexicali (Baja California) con toda su familia, unos agentes de migración los obligaron a hacer una fila diferente en cuanto vieron sus pasaportes colombianos. A pesar de que tenía todos sus papeles en regla y que era la tercera vez que iba a ese país, su entrada fue denegada. Fue solo el comienzo de su pesadilla. Su situación fue la misma que la de Campos apenas unos meses antes.

Los agentes lo subieron a él y a su novia a unos autobuses y los llevaron al INM. Antes, le dijeron a su familia que no se les ocurriera seguirlos por carretera. “Nunca nos dijeron por qué nos detenían, dónde nos llevaban o qué estaba pasando”, recuerda Angulo.

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De entre lo poco que vio, pudo leer un letrero que rezaba: “Vía a la Rumorosa”. Ahí supo que se los llevaban a Tijuana, en el Estado de Baja California. Angulo pudo contar ocho autobuses y unas 15 personas por cada uno, y asegura que la mayoría de ellas eran colombianas y de otros países de Latinoamérica. Estos transportes, explica, van y vienen del aeropuerto al menos un par de veces al día para trasladar a migrantes detenidos.

Nada más llegar a su destino les informaron de que los iban a deportar. Nunca les permitieron tener una entrevista con un agente o un abogado. En el centro de detención, Angulo y quienes llegaron con él tuvieron que quitarse los cordones y entregar sus maletas y su pasaporte. Finalmente, quedaron incomunicados.

La celda, recuerda, era de unos 10 metros cuadrados, y en ella tuvo que compartir espacio con decenas de personas que quedaron hacinadas. En su mente, grabado para siempre, ha quedado el olor de aquel lugar, que carecía de las mínimas condiciones higiénicas, pues los retenidos se ven obligados a buscarse la vida para hacer sus necesidades durante las horas que duró su cautiverio.

Entre 1.000 y 2.000 dólares para liberarse

Tras pasar la peor noche de su vida y no poder comer apenas, el cansancio acumulado, el hambre y el asco agudizaron el ingenio de Angulo, que empezó a preguntar aquí y allá qué había que hacer para salir. Sin darle demasiada importancia al hecho, como si se tratara de una rutinaria gestión administrativa más, le explicaron que los detenidos suelen pagar 2.000 dólares a los oficiales de migración para que los dejen salir y no los deporten.

Finalmente, tras 29 horas retenido sin explicación, pudo salir gracias a la ayuda de la asociación de colombianos que trabaja denunciando estos casos de violaciones de los derechos humanos en Tijuana. “Me sentí como si hubiera sido secuestrado”, dice como balance de lo que vivió.

En lo que va de año, México le ha negado el ingreso a 21.829 colombianos a pesar de que estos cumplen con todos los requisitos migratorios, según la Cancillería de Colombia. Esta cifra es tres veces mayor que la registrada durante el mismo periodo de 2021, cuando 5.238 colombianos fueron inadmitidos por las autoridades migratorias mexicanas.

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Por su parte, desde el INM mexicano defienden que el proceso de ingreso e inadmisión a México se da de conformidad a la ley y el reglamento en la materia, sin distinguir el país de origen y respetando los derechos humanos. La autoridad migratoria cifra en 1.101 el número de personas devueltas a Colombia.

Este lunes, los gobiernos de Colombia y México se reunirán para abordar las continuas denuncias de maltrato a viajeros colombianos por parte de las autoridades migratorias mexicanas y el preocupante aumento de inadmisiones a viajeros que cuentan con toda la documentación requerida. De manera oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano señala que la mesa de trabajo servirá para discutir “asuntos sensibles de carácter migratorio”.

El cuarto del rechazo y del terror

El sitio más temido por miles de viajeros sudamericanos en su ruta a México es el “cuarto de rechazo”, una pequeña habitación de la que se ha escuchado mucho y se ha visto poco. Al menos, hasta ahora. El conferencista y youtuber colombiano Pablo Rabelo logró colar una cámara oculta para denunciar las condiciones en las que fue retenido.

El bogotano iba a dictar una conferencia en la Ciudad de México. Viajó desde Lima, Perú, pero para su sorpresa, cuando llegó no lo admitieron. Lo llevaron a una sala en donde lo dejaron incomunicado y sin pasaporte. “Nunca me dijeron qué estaba pasando”, asegura.

Rabelo comenzó a grabar el lugar con una pequeña cámara escondida. En la grabación se ve una habitación con camarotes y unos orinales que debían repartirse más de una treintena de personas: “Cuando a usted le abren esa puerta, le golpea un olor a sobaco y un calor muy grande. Había un baño, pero no había papel y algunas personas orinaban en los basureros”.

“Pasas de ser un turista que viaja en primera clase a un criminal en cuestión de minutos”, asegura. La mayoría de las personas que estaban retenidas eran colombianas. Además, cuenta que no le dieron ni un vaso de agua y lo tuvieron sin comer durante 10 horas con la excusa de que eso le correspondía a la aerolínea.

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Un funcionario mexicano, que pide omitir su nombre, reconoció a EL PAÍS en marzo que la política migratoria del país es una fuente de reclamo permanente de parte de sus socios comerciales en la Alianza del Pacífico: Colombia, Chile y Perú. Aunque la integración económica trajo la eliminación de los visados entre estos Estados en 2012, eso paradójicamente dio un mayor margen de discrecionalidad a los agentes del INM, explica la fuente. “Muchas veces, México se queja con Estados Unidos del trato que reciben sus migrantes mientras que con los países centroamericanos y sudamericanos los roles se invierten”, agrega.

Gabriel Ochoa, de 53 años, fue víctima de ello. Llegó al Aeropuerto de Ciudad de México para hacer una conexión y seguir hacia a El Salvador: “Cuando entregué mis papeles en migración, me trataron como a un preso”. Lo tuvieron retenido 24 horas hasta que logró que lo devolvieran en un vuelo. Tal fue su miedo y su angustia que en un primer momento vivió la deportación como una victoria, como el fin de una experiencia que ni por asomo quería repetir. Sin embargo, cuando se iba a subir al avión, unos agentes de seguridad lo acompañaron hasta su asiento para advertir al resto de pasajeros que aquel hombre había estado toda la noche retenido en el cuarto de rechazo.

Tras un día entero aterrorizado sin saber siquiera por qué, Ochoa sintió todo aquel miedo de vuelta en forma de suspicaces miradas lanzadas de cuando en cuando por el resto de pasajeros. Fue la particular venganza de unos agentes que lo habían declarado culpable de un delito que cada vez es más grave en los aeropuertos mexicanos: ser colombiano.

Fuente: El País https://elpais.com/america-colombia/2022-10-24/colombianos-denuncian-extorsiones-al-entrar-a-mexico-me-secuestraron.html.

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Una decena de migrantes indocumentados se cosió la boca el martes como una medida desesperada que busca llamar la atención de las autoridades a fin de obtener un prometido permiso para transitar por México sin ser detenidos, mientras intentan llegar a Estados Unidos.

Los migrantes, en su mayoría centro y sudamericanos, tomaron aguja e hilo de plástico y se ayudaron entre sí a hilvanar sus labios, dejando apenas un pequeño espacio para poder consumir líquidos, según videos vistos por Reuters y el testimonio de un fotógrafo en el sitio.

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Sólo usaron alcohol para limpiar las gotas de sangre que salían de las puntadas y aguantaron estoicamente el dolor. Algunos llevaban a sus hijos en brazos cuando realizaron la dramática protesta en Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala, que desde hace meses está rebasada por la presencia de miles de migrantes contenidos a la espera de papeles.

“Lo hago por mi hija, hasta esta hora no ha comido nada y no veo solución (…) de las autoridades”,

dijo Yorgelis Rivera, una venezolana a quien se le veían los hilos colgando de su boca.

“Estamos como unos presos aquí”, agregó la joven quien aseguró que ha esperado por más de un mes en Tapachula una respuesta del Instituto Nacional de Migración (INM) para obtener un documento que le permita libre tránsito por el país para llegar a Estados Unidos.

El INM no comentó inmediatamente de la protesta pero dijo que a diario reciben a más de un centenar de solicitantes en las oficinas de la sureña ciudad.

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En los últimos años, el número de migrantes que han llegado a México -huyendo de la violencia, pobreza y otras problemáticas en sus países- se ha disparado. En 2021 la nación registró un incremento de casi 87% en el número de solicitudes de asilo, principalmente de haitianos y Hondureños. Lee la historia.

Recientemente la agencia de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) dijo que México debe considerar nuevos esquemas de ayuda para personas en movilidad, ante un inminente aumento en la llegada de extranjeros, muchos de ellos venezolanos, a quienes recientemente México impuso visa para su ingreso al país. Lee la historia.

“Se cosen los labios los migrantes en señal de protesta, comienzan también una huelga de hambre y esperemos que el Instituto Nacional de Migración pueda ver que sangran, que son seres humanos”, 

dijo a Reuters Irineo Mujica, un activista de derechos humanos que acompañó la manifestación.

Fuente: Forbes.

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Miles de migrantes se dieron cita el lunes en el estadio de fútbol de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, ante la posibilidad de que las autoridades mexicanas les trasladaran desde esta localidad del sur de México hasta otros puntos para poder agilizar los trámites para regularizar su situación en el país.

“Nos dijeron que vinieramos de allá, de Migración, para acá y nada, mira cómo estamos abajo del sol”,

dijo la cubana Roxana Águila en las afueras del estado mientras esperaba junto con sus padres y una bebé de tres años.

Según explicó, su familia acudió el lunes a las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) y le dijeron que había una opción de ser trasladados en autobuses a otras zonas del país para acelerar toda la burocracia pero a primera hora de la tarde, y ya esperando en el estadio, todavía no sabían qué iba a pasar.

“Supuestamente acá iban a salir no sé cuántos autobuses, 40 u 80 autobuses, hasta la Ciudad de México”,

expresó David Perozo Manríquez, de Venezuela, que todavía no ha podido iniciar sus trámites de refugio pero confiaba en hacerlo desde la capital.

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Las autoridades no han informado públicamente de sus intenciones y el INM no contestó de forma inmediata a una solicitud de comentario por parte de AP pero sus agentes intentaban organizar a los migrantes en el estadio para mantener el orden mientras elementos del ejército y la Guardia Nacional resguardaban la zona.

El gobierno mexicano está intentando recientemente agilizar los trámites migratorios sobre todo para descongestionar Tapachula, un cuello de botella donde decenas de miles de migrantes se han quedado varados y donde ha ido creciendo la tensión y la frustración por la falta de respuesta oficial y la falta de empleos.

Aquí, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) ha recibido este año más de 74.000 solicitudes de refugio de las 108.000 registradas en todo el país en un año que ya se sabe batirá todos los récords. En todo 2019 se recibieron 45.700 en Tapachula y poco más de 70.000 en todo México.

Esta gran presión en una ciudad donde no hay empleo hizo que muchos salieran en caravanas caminando hacia el norte. Actualmente hay dos en movimiento, una en el estado de Veracruz y otra en Chiapas.

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Además, un enorme grupo de haitianos — la nacionalidad que acumula casi 38.000 solicitudes de refugio— se trasladaron en septiembre hasta la frontera con Texas, donde levantaron un campamento de más de 14.000 personas, ya en territorio estadounidense, que puso en jaque a los dos gobiernos.

Las agencias de la ONU han urgido a México a que habilite alternativas al asilo para descongestionar el sistema de refugio que se encuentra desbordado y el INM, a raíz de la salida en octubre de la caravana más grande de los últimos años — la que está ahora en Veracruz con menos de un millar de personas pero que llegó a sumar unos 4.000— ofreció a muchos migrantes la posibilidad de ser trasladados a otros estados del país para regularizarse en oficinas que tienen menos trabajo.

Algunos migrantes desconfían de estas ofertas pero en Tapachula muchos se animaron al ver una posibilidad de salir de la ciudad y unos 3.000 migrantes se congregaron en el estadio, unos con hijos en brazos, otros con bolsas y maletas haciendo fila con la esperanza de poder acceder a uno de los traslados.

La COMAR, que después de la crisis en la frontera con Texas abrió en este recinto unas oficinas provisionales para acelerar la gestión de citas, decidió suspender el lunes a la espera de ser informados por el INM sobre los supuestos traslados, dijo Alma Cruz, la delegada de esta oficina en Chiapas.

Fuente: Voz de América.

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Según informó el Instituto Nacional de Migración (INM), el vehículo era una ambulancia de cuidados intensivos sin placas de circulación que, en su interior, en lugar de enfermos transportaba 25 adultos y 11 menores no acompañados procedentes de Honduras, Guatemala y Nicaragua.

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Los migrantes fueron detectados en un control rutinario del vehículo por parte del INM, el ejército y la Guardia Nacional. El conductor, que no llevaba ropa de personal sanitario, fue puesto a disposición de la fiscalía.

El uso de ambulancias supone un ejemplo más de la variedad de transportes utilizados por los traficantes para transportar a migrantes a través de México.

El viernes pasado, las autoridades mexicanas interceptaron dos camiones llenos de personas hacinadas en sus cajas en una carretera del sur de Veracruz.

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Tonatiuh Hernández Sarmiento, de la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz, dijo entonces y después de visitarlos en unas instalaciones federales de Coatzacoalcos que eran más de 400, pero el sábado el INM informó que los trailers transportaban un total de 600 personas procedentes de 12 países.

Aunque la mayoría eran centroamericanos, también había cubanos, dominicanos, venezolanos, ecuatorianos y nacionales de Bangladesh, Ghana y Camerún.

Fuente: Los Angeles Times.

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Las suspensiones, que fueron notificadas formalmente el domingo, surgen después de que se diera a conocer un video en redes sociales que muestra a agentes del INM golpeando y pateando en la cabeza a un migrante para evitar su paso por Tapachula, en el sureño estado de Chiapas.

El hombre formaba parte de una caravana de migrantes, en su mayoría centroamericanos, que intentaban avanzar por México rumbo a Estados Unidos.

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Según los videos difundidos, los hechos ocurrieron cuando uno de los migrantes que formaba parte del grupo que avanzaba en la carretera de Tapachula hacia Arriaga se enfrenta a un oficial del INM.

Posteriormente otros dos agentes intentan ayudar a su compañero y terminan golpeando al migrante, lanzándolo al suelo y pateándole la cara.

Y mientras tanto se observa a agentes de la Guardia Nacional rodeando el lugar de los hechos con sus escudos para evitar la intervención de otros migrantes.

Después de que los agentes fueran suspendidos, el INM indicó que no tolerará «ninguna conducta ajena o distinta» a sus protocolos y políticas para «la salvaguarda y respeto de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad».

Por su parte, organizaciones de derechos humanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y Amnistía Internacional México condenaron los hechos y pidieron al gobierno mexicano actuar «con un enfoque humanitario» ante la llegada de migrantes.

Según medios locales informan este lunes, hubo otro operativo del INM y la GN para intentar desmantelar la caravana de migrantes, formada por varios cientos de personas, que partió de Tapachula el sábado.

De acuerdo al diario El Universal, después de que los migrantes lograron avanzar unos 100 kilómetros desde Tapachula, los agentes del INM y GN lograron detener a unas 100 personas, en su mayoría mujeres con niños, pero gran parte de ellas evadió el operativo.

La migración se ha incrementado drásticamente en México desde 2018, cuando las caravanas de migrantes, principalmente centroamericanos, comenzaron a ingresar al país para llegar a Estados Unidos.

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De acuerdo a medios locales, en Tapachula, en la frontera con Guatemala, están concentrados más de 125.000 migrantes, muchos de ellos durmiendo en las calles, esperando que se tramiten sus solicitudes de asilo.

Asimismo, en el estado de Chiapas están desplegados unos 15.000 elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, para detener los flujos migratorios de Centroamérica.

Fuente: BBC.

La entrada El video que muestra a unos agentes en México que patean en la cara a un migrante se publicó primero en México 24 siete.