Un nuevo y significativo campo de batalla político se ha abierto entre el gobierno de Jalisco y la administración federal. El partido Movimiento Ciudadano (MC), que gobierna el estado, ha manifestado su rechazo total y frontal al plan anunciado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para regularizar las propiedades que han sido invadidas ilegalmente.

La controversia surge tras las declaraciones del director general del Infonavit, Octavio Romero, quien en una conferencia de prensa delineó la intención de implementar un nuevo programa destinado a la recuperación y posterior regularización de estas viviendas, permitiendo a los ocupantes actuales convertirse en propietarios.

«No a la Regularización»: MC Jalisco Fija Postura Frente a Plan Federal

La postura de Movimiento Ciudadano en Jalisco es inequívoca: no apoyarán una medida que, desde su perspectiva, valida un acto ilegal. Figuras importantes del partido, aunque no citadas directamente en el anuncio inicial, han mantenido históricamente una línea de defensa de la legalidad y la participación ciudadana, como los senadores Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, lo que contextualiza la filosofía del partido.

El rechazo de MC se fundamenta en la defensa del estado de derecho y la protección de la propiedad privada, principios que consideran no negociables. La medida federal es vista por el partido naranja como un incentivo a la ilegalidad y una afrenta a los trabajadores que sí cumplen con sus obligaciones crediticias.

¿Justicia Social o Fomento a la Ilegalidad? Los Dos Lados del Debate

Este enfrentamiento político refleja un choque ideológico fundamental con profundas ramificaciones sociales y económicas.

 * La Postura Federal (Infonavit/Morena): El plan se enmarca en un discurso de justicia social. Busca dar una solución a miles de familias que viven en condiciones de precariedad y sin certeza jurídica sobre su patrimonio. El argumento es que, en lugar de costosos y largos procesos de desalojo, es preferible encontrar una vía para que estas familias se integren a la formalidad, paguen por las viviendas y el Infonavit recupere parte de su cartera vencida.

 * La Postura Estatal (MC Jalisco): El gobierno de Jalisco y su partido argumentan que regularizar las invasiones es «premiar la ilegalidad». Sostienen que esta medida crea un precedente peligroso que desincentiva el cumplimiento de la ley y perjudica a quienes sí han seguido los cauces legales para adquirir una vivienda. La defensa de la certeza jurídica de la propiedad es, para ellos, un pilar para la inversión y el desarrollo ordenado del estado.

«No podemos premiar la ilegalidad. La certeza jurídica de la propiedad es fundamental para el desarrollo de Jalisco y para proteger el patrimonio de los trabajadores que sí cumplen. Regularizar invasiones sería enviar el mensaje equivocado», podría ser la síntesis del argumento esgrimido por los liderazgos de MC.

El Impacto Humano: Las Familias en el Centro del Conflicto

Más allá de la disputa política, en el centro de este conflicto se encuentran miles de personas. Por un lado, las familias que ocupan estas viviendas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, que ven en el plan federal una oportunidad única para asegurar su hogar. Por otro lado, están los derechohabientes originales, trabajadores que en algún momento no pudieron seguir pagando su crédito y perdieron la posesión de la vivienda, y que ahora ven cómo podría ser entregada a terceros.

La decisión final tendrá un impacto directo en la vida de estas personas y en el futuro de miles de propiedades a lo largo de Jalisco.

Una Batalla Política con Fondo Social

La negativa de MC Jalisco a secundar el plan del Infonavit no es solo una diferencia de política pública, sino una declaración de principios que define su relación con el gobierno federal de Morena. Este tema se perfila como uno de los principales puntos de fricción en la agenda política estatal, y su resolución (o falta de ella) será un termómetro de la capacidad de diálogo y negociación entre ambos niveles de gobierno. La pregunta que queda en el aire es si se podrá encontrar un punto medio que equilibre la justicia social con el respeto a la legalidad.

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El también secretario general y presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) añadió que el sindicalismo perdió terreno en el ámbito político y que no hay candidatos del sector en el presente proceso electoral.

“El sindicalismo ha perdido terreno en el aspecto político. De no unificar criterios y fuerzas vamos a seguir perdiendo al grado de que en este momento para las Cámaras de Diputados y de Senadores no hay representación sindical”, señaló el líder gremial que representa a 60 mil trabajadores telefonistas en 31 estados del país.

Sobre la reforma al Infonavit, Hernández Juárez dice que defenderá desde la UNT —que cuenta con 320 mil afiliados de distintos sindicatos en todo el país— los recursos de los trabajadores en el Infonavit.

“Es dinero de los trabajadores y le van a construir una casa que no va a ser de su propiedad sino que la rente. ¡Es su dinero, debe ser de su propiedad, desde el principio! (…) Por eso, vamos a tener una Mesa de Diálogo de la UNT para discutir este tema y tomar acuerdos para defender los recursos de los trabajadores en el Infonavit”, dijo enfático.

Sobre los avances en materia laboral de la actual administración, que está a poco más de cinco meses de terminar, señala que hubo avances.

“Creo que el Presidente dejó claro desde antes de llegar al gobierno cuál era su propósito: erradicar la corrupción, darle prioridad a los pobres, buscar la manera de distribuir mejor la riqueza. En general creo que él ha cumplido con sus compromisos (…) Por eso mismo considero que debe continuar este proceso de transformación”.

Destacó los logros en el aumento a los salarios mínimos que se duplicaron, en la legislación contra el outsourcing; se erradicaron las Juntas de Conciliación y Arbitraje y se creó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y se completó el registro y legitimación de los contratos colectivos de trabajo (CCT).

También incluyó la reforma de pensiones, el cambió en la manera de medir los salarios para pagar la pensión, que se medía por el último salario vigente del trabajador y se cambió para que se promediaran todos los salarios que había tenido en su vida laboral.

“Sigo en la creencia de que el proceso de transformación que vive el país, es una oportunidad de encontrar soluciones a los problemas nacionales. Es una oportunidad, si se pierde, no pierde el presidente López Obrador, pierde México”, comentó.

Sin embargo, reconoció que aún quedan pendientes, como la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana.

“Nosotros no estamos de acuerdo con que se congele la iniciativa en la Cámara de Diputados”, señaló. Añadió que desde la UNT se promoverá la participación en el proceso electoral “que va a definir si continúa o no la transformación”.

Señaló que trabaja a marchas forzadas con otros líderes gremiales para impulsar el sindicalismo y establecer una agenda común para hacer sentir su presencia en las definiciones de políticas públicas, pues, reiteró, no hay candidatos del sector obrero.

“Todavía no veo ningún candidato del sector obrero. Entiendo que Carlos Aceves del Olmo (CTM) puede reelegirse en el Senado y que Napoleón Gómez Urrutia (Morena) va a la Cámara de Diputados, pero todavía no está muy claro”, aseveró.

Sobre la Reforma Laboral y sus beneficios para la clase trabajadora, expresó que si no hubiera llegado Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, no estaría en marcha.

“En 2017, el presidente Enrique Peña Nieto aprobó la Reforma Laboral como condición para que México pudiera ingresar al Acuerdo Transpacífico, pero llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y echó atrás dicho acuerdo. Peña Nieto se quedó con una ley laboral que ni quería y además, ya no había acuerdo comercial, y en sus últimos meses de gobierno todavía intentó nulificarla, derogarla, pero no contaban con la llegada del presidente López Obrador quien lo primero que hizo fue ratificar la Reforma Laboral con su Reglamentación y afortunadamente se puso en marcha el proceso de democratización, modernización y regulación más importante en los últimos 70 años”, recordó.

Sobre las declaraciones de Carlos Slim, dueño de Teléfonos de México(Telmex), quien dijo que lo más importante para la población es el bienestar y no la distribución de riqueza como tal, el líder de los telefonistas señaló no estar de acuerdo.

“Dicho desde ese balcón, puede ser fácil verlo así; pero me parece que ningún país que se precie de ser democrático, con mejores niveles de vida y de desarrollo puede hacerlo si no tiene una mejor distribución del ingreso. Así es que se tiene que encontrar la manera de lograr distribuir mejor el ingreso”, dijo

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Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación (Segob), explicó en qué consiste la reforma, afirmando que el objetivo es ayudar a todos los trabajadores a adquirir una vivienda, en especial, a la población que reciba el salario mínimo. Te decimos lo que debes saber

¿En qué consiste la reforma de vivienda que propuso AMLO?

De acuerdo con la titular de la Segob, en caso de ser aprobada, la reforma de vivienda permitiría que el Infonavit construir casas y departamentos, para que los trabajadores con al menos un año de cotización puedan rentarlas, haciendo pagos menores al 30% de su salario mensual.

No obstante, después de haberla rentado por un plazo de 10 años, el trabajador podrá comprarla “a precios justos” y teniendo a cuenta lo que se ha aportado con los pagos mensuales que realizó durante ese periodo.

“A favor de las trabajadoras y trabajadores se establece que se permite que el Infonavit pueda construir de manera directa viviendas y que pueda establecer y construir estas viviendas para ponerlas a disposición de los trabajadores, quienes después de cotizar un año tendrán derecho a una renta social, que no podrá ser mayor el cobro al 30% de los salarios y que después de 10 años de haber rentado a través de esta renta social, la podrán adquirir a precios justos y se tomará en cuenta todo lo aportado durante los 10 años de la renta social, haciendo asequible la vivienda para trabajadores con bajos salarios”, dijo en Palacio Nacional.

En la iniciativa de reforma, el presidente argumentó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a nivel nacional existe un déficit cuantitativo de 8.2 millones de viviendas, lo que representa 23.3% del inventario total de viviendas particulares habitadas. 

Destacó que según los mismos datos, la construcción de vivienda residencial se ha mantenido 14.7 puntos porcentuales por debajo de los niveles previos a la pandemia de coronavirus, a lo que se suma el encarecimiento del financiamiento para la construcción de ésta, el cual mantuvo niveles de tasas superiores al 14% en 2023. 

“La combinación que resulta de baja producción, un mercado financiero costoso para financiar construcción y entornos de alta inflación a nivel global que han afectado los precios de los insumos, marcan una situación de lento crecimiento de la producción de vivienda y de precios elevados para adquirirla”, puntualizó. 

Por ello, considera importante dotar al Infonavit con facultades en materia de construcción para fortalecer la oferta de vivienda en beneficio de los trabajadores, “además de que permitirá reactivar la economía y, a su vez, crear más empleos, generando un efecto multiplicador del bienestar para la población mexicana”. 

¿Por qué ofrece la renta de viviendas?

La reforma indica que siguiendo con los datos proporcionados por el INEGI, “el 16.4% de las viviendas en México es arrendada, la cual se concentra principalmente en hogares de ingresos medios y por poblaciones más jóvenes”. 

Asimismo, se acuerdo con la ENVI 2020, las personas que rentan una vivienda lo hacen porque no cuentan con los recursos suficientes para adquirir una vivienda en propiedad, con un 51%, o por la facilidad de mudarse por cambios laborales, con un 22 por ciento. 

“Uno de los reclamos de las personas trabajadoras es que no cuentan con viviendas disponibles a precios justos y tampoco cuentan con opciones formales de arrendamiento. En el caso de la clase trabajadora esta realidad los excluye del ejercicio de sus derechos en materia de vivienda a pesar de su contribución al INFONAVIT. Por lo que esta iniciativa busca ampliar el mandato del fondo nacional de la vivienda para que pueda construir vivienda para que los trabajadores puedan rentar a precios accesibles”, agregó. 

¿Qué artículo se reformaría?

La iniciativa pretende reformar la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para convertir el sistema de financiamiento que administra el INFONAVIT en un Sistema de Vivienda para todas las personas trabajadoras sujetas al régimen del apartado A, en el que, además de la prestación para obtener crédito barato y suficiente, se les brinde acceso a vivienda en arrendamiento, además, el INFONAVIT también podrá participar directamente en la construcción y ejercer todo tipo de acciones para fortalecer la oferta de vivienda que permita reducir el déficit señalado. 

Entre otros objetivos destacan: 

• Que el Infonavit pueda construir vivienda para que los trabajadores puedan adquirirla en un esquema de renta social o en propiedad. Cuando se trate de esquemas de arrendamiento, la mensualidad que se le cobre a la persona trabajadora no podrá exceder el 30% de su salario. 

• Que cualquier persona trabajadora, con un año de cotización puedan acceder a la vivienda en renta propiedad del Infonavit y que obtenga el derecho de adquirirla si mantiene el pago de su renta por diez años. 

• Que, en cualquier caso, se de acceso preferente a los esquemas de vivienda del Infonavit a las personas trabajadoras con mayor antigüedad en la cotización y que no cuenten con una vivienda propia, los cuales se deberán hacer con total transparencia, sin criterios discrecionales ni a favor de ningún interés ajeno al del propio trabajador. 

Adicionalmente, para profundizar en la transformación que se ha hecho en el Infonavit, se implementará un plan de eficiencia operativa para que pueda cumplir con estos objetivos sin repercutir en los costos a las personas trabajadoras que aportan al Instituto.

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