“La característica de inatacabilidad de sus resoluciones no es un beneficio otorgado a este Órgano, ni una concesión que le ceda estatus, sino un logro social que es reconocido por la Ley General de la materia y fue diseñado en Ley para garantizar los dos derechos humanos que tutela”, respondió el INAI a la CNDH.

Ayer, el organismo que preside Rosario Piedra Ibarra lamentó que el INAI haya instruido a la CNDH, luego de resolver un recurso de revisión interpuesto por un ciudadano, que entregue el expediente de una investigación que, aunque concluyó como recomendación, sigue en curso tras ser reabierta a petición de las víctimas, quienes presentaron nuevos elementos probatorios sobre el caso.

Para proteger a las víctimas y evitar su revictimización -añadió-, “el Comité de Transparencia de la CNDH decidió reservar la información para no interferir en la investigación del caso que se lleva en esta Comisión”.

En respuesta, el INAI señaló que la determinación de que la información relacionada con violaciones a derechos humanos sea pública, “se encuentra apegada a las bases y principios constitucionales que privilegian el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, sin que se trate de una decisión arbitraria de este Instituto”.

Para el caso concreto CNDH, -recordó el organismo- el Pleno del INAI instruyó a proporcionar copia de videos e imágenes captadas por la Comisión durante su visita a los sótanos de Tlaxcoaque, en la Ciudad de México, así como del expediente de queja CNDH/PRESI/2020/5561/VG, protegiendo los datos personales de carácter confidencial.

Detalló que entre estos elementos “se encuentran aquellos pertenecientes a víctimas, agraviados, testigos, entre otros; toda vez que entre lo solicitado por la persona interesada se encuentra cualquier expresión documental elaborada sobre los referidos sótanos”.

Lo anterior, en virtud de que los argumentos hechos valer por la CNDH fueron insuficientes para confirmar la clasificación de la información solicitada, por lo que, en un ejercicio que permitiera equilibrar los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, el Pleno del INAI instruyó a la entrega de versiones públicas expuso la institución.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales -sostuvo-, “en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, determina en sus resoluciones que debe ser otorgada la información solicitada, cuando no se cumplen los requisitos legales para considerarse como clasificada, pues las razones para restringir el acceso a la información tienen que ajustarse a los supuestos descritos específicamente en la normativa aplicable”.

Las Leyes de Transparencia, recordó el INAI, “establecen con claridad cuáles son los supuestos de reserva, por los que se puede exceptuar, de manera temporal, cierta información de la regla general de publicidad”.

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Enrique de la Madrid argumentó que tener un Gobierno de coalición será el siguiente pasó que le toca atravesar al sistema político mexicano.

«No sé en qué momento los del gobierno actual pensaron que elegimos a un monarca, se equivocaron, somos una república, pero hoy tenemos un monarca disfrazado de presidente, tenemos un gabinete que actúa como cortesanos y además quieren crear un país de siervos, algunos ya hasta les dijeron los siervos de la nación, no sé en qué momento perdieron la brújula, pero esta es una República, es democrática y es federal», expresó.

Por su parte, Beatriz Paredes propuso que se refuercen las figuras de los estados y los municipios, además de empoderar a la sociedad civil mediante participación en el Poder Legislativo.

«Yo soy federalista, creo que es esencial una federación fuerte con estados y municipios poderosos, soy federalista y creo en la fuerza de las regiones, propondré una reforma fiscal para mayores atribuciones a los estados y a los municipios. No hay que entregar cheques en blanco a nadie. Los liderazgos carismáticos le sale muy caro a las sociedades», aseguró.

El panista Santiago Creel dijo que en el Gobierno actual no se sigue la Constitución, pues no se respeta la división de poderes.

«El primer peso y contrapeso es aplicar la Constitución. El gran problema que hemos tenido es que la constitución parece que no es la Constitución. Ahí está la división de poderes, ahí está el federalismo, ahí están las competencias del municipio, de los estados, ahí está la división horizontal del poder, el poder ejecutivo, su competencia, el Poder Legislativo, hasta donde llega y el Poder Judicial», expresó.

Xóchitl Gálvez, por otro lado, dijo que en el tema de pesos y contrapesos el País está muy «mal parado».

«Estamos muy mal parados en ese tema, me tocó ver como se robaron dos votos para imponer a la de derechos humanos, no hemos puesto a los del INAI porque Morena no lo ha permitido, se ataca frecuentemente al poder judicial».

Defienden Paredes y Gálvez al Poder Judicial 

 Tanto Xóchitl Gálvez como Beatriz Paredes se lanzaron en defensa del Poder Judicial durante sus intervenciones. La priista defendió a la Ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, mientras que la senadora lamentó amenazas contra el juez que la amparó tras revelarse información fiscal de su empresa y clientes. 

«La impunidad que campea en este régimen, el abuso de poder que desde la mañanera cuando se descalifica, cuando se estigmatiza, cuando se critica a los comunicadores, cuando se pretende descalificar al poder judicial. Mi reconocimiento a la ministra Piña, que viva la Suprema Corte de Justicia», expresó Beatriz Paredes. 

«Se ataca frecuentemente al Poder Judicial, lo siento con el juez que ya lo amenazaron por darme el amparo. Lo que le está haciendo es proteger la información personal, porque el presidente no puede tomar esa información financiera y hacerla pública», manifestó Xóchitl Gálvez. 

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“El riesgo no solo es para las y los ciudadanos que salen a votar, sino también los que cuestionan a las y los gobernantes y funcionarios, y que les permite participar en la conducción de los asuntos públicos del país”,

expuso el académico en su análisis Desaparecer a organismos autónomos pone en riesgo la democracia.

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También se pone “en riesgo los avances que se han tenido en el país, en los últimos 20 años, en los temas que son la materia de trabajo del INAI, el IFT”. En el caso específico del INAI, destacó García Ricci que, “hablar de la democracia en México es hablar del acceso a la información pública; se dieron al mismo tiempo y no se puede entender una sin la otra”. 

Pero si se desaparece el INAI, el peligro radicaría en que el gobierno decidiría a qué información podrían tener acceso las y los ciudadanos, y a cuál no.

INAI parte de la SFP

A principios de enero de 2021, el presidente señaló que estaba trabajando en una iniciativa para que las funciones de ciertos organismos pudieran transferirse a algunas dependencias. Por ejemplo, el INAI podría ser confiado a la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

Uno de los argumentos que dio López Obrador fue que el Instituto de Transparencia “cuesta millones de pesos y no da resultados”. La propuesta del presidente si desapareciera el INAI es con tres medidas para garantizar el acceso a la información. 

• Atender las peticiones de manera rápida -72 horas-
• Que no existan reservas a la información 
• Sancionar a los funcionarios que no entreguen la información solicitada.

Para García Ricci, el discurso del presidente “es la retórica usada por el mandatario, pero eso no impide que se haga un rediseño que los vuelva menos onerosos, pero garantizándoles, eso sí, su autonomía (técnica, financiera y de gestión) del poder público, para que, efectivamente, sirvan como un contrapeso al poder”. 

Después el presidente se desdijo y aseguró en la mañanera del 15 de febrero de 2022 que a este gobierno ya no le dará tiempo para llevar a cabo la reforma constitucional con la finalidad de que desaparezcan los órganos autónomos. Eso genera mucha polémica y “los del bloque conservador no aprueban nada”.

La Fiscalía y su autonomía

Con la extinción de la PGR y el paso a la FGR se pretendía que la fiscalía fuera autónoma, sin embargo “si una fiscalía es autónoma lo reflejada en los hechos, o sea, persigue el delito, esa es su tarea. ¿Por qué no lo hace? Tendríamos mil respuestas”, nos dijo Cristina Burgos García, consultora en materia de derecho penal y derechos humanos en esta nota.

Por su parte, Ivonne Acuña Murillo, académica de la Ibero y experta en Sistema Político y Género consideró que los cuestionamientos hacia la fiscalía “son porque no hay resultados palpables”. 

“Nos preguntamos: por qué no se preocupa por hacer lo que tiene que hacer ahora que es justamente dar cauce a investigaciones que lleven a casos más grandes de corrupción en el país”,

nos dijo la académica.

Reformar al INE

El pasado 30 de marzo durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló cómo se elegiría al presidente del “nuevo” Instituto Nacional Electoral (INE) en caso de que se apruebe su propuesta de reforma electoral que enviará en las próximas semanas.

“Mi propuesta es que el pueblo elija a los jueces y magistrados, que se propongan como candidatos a gente con vocación democrática y de inobjetable honestidad, que los hay en el país. Y que con los tiempos que tiene el INE se difunda quiénes son, verdaderamente independientes, ciudadanos, íntegros, mujeres y hombres”,

dijo AMLO.

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En una mesa de debate de El Financiero, el consejero del INE, Marco Antonio Baños Martínez, señaló que la propuesta del presidente sobre la reforma electoral “es inviable, más el tema de la votación para elegir consejeros y magistrados que sería todo un tema para discutirlos”.

Aunque para Baños Martínez, el modelo actual para elegir consejeros y magistrados parece que se ha agotado y se necesita entrar a un mecanismo distinto, señaló que no es “por esa vía de los votos directos”.

Tanto el INE como el Tribunal se encuentran en riesgo, son dos instituciones que han defendido su autonomía y han insistido en que se establezca un respeto absoluto a las bases constitucionales, legales, dijo Baños.

Fuente: Cuestione.

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Andrés Manuel López Obrador terminó 2021 y ha comenzado este año sumido en una guerra con el Instituto Nacional Electoral (INE). Las tensiones con el organismo no son nuevas y han acompañado la primera mitad del sexenio, pero la celebración de la consulta sobre la revocación de mandato prevista para abril ha convertido el pulso en un enfrentamiento abierto.

A esta convulsión, sin precedentes en la historia de la autoridad electoral, se suma la presión política ejercida sobre el Banco de México (Banxico). La nueva gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja, acaba de asumir el cargo tras un relevo precipitado por el presidente a finales de noviembre. La antigua subsecretaria de Egresos de Hacienda, la primera mujer a la cabeza de la institución, se ocupará de la estabilidad de los precios, pese a su escasa experiencia en la materia, porque así lo quiso el mandatario. Tanto la relación con el INE como con el banco central son especialmente significativas no solo por tratarse de órganos constitucionales autónomos, que operan al margen de los tres poderes del Estado, sino porque marcarán un año clave para el Gobierno.

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Las citas electorales y la economía son determinantes para López Obrador porque de todo ello depende la consolidación de su proyecto, la llamada Cuarta Transformación. Además del referéndum revocatorio, que este miércoles ha reivindicado como un instrumento para “afianzar la democracia”, millones de mexicanos están convocados a las urnas en junio para elegir a los gobernadores de seis Estados y decenas de municipios. Aunque esos comicios no tienen las dimensiones de las elecciones intermedias de 2021 sí son importantes para medir las fuerzas del partido oficialista, Morena, antes de las presidenciales de 2024. Y en todos esos procesos es crucial el trabajo del INE.

El origen del conflicto con el Instituto Electoral ha sido en esta ocasión su negativa a organizar la consulta tras los recortes de presupuesto aprobados por el Parlamento. Finalmente la justicia le ordenó reanudar la coordinación del proceso con el apoyo financiero de Hacienda, aunque en medio han quedado denuncias penales contra varios consejeros del organismos y su presidente, Lorenzo Córdova, y una ruptura de la confianza alimentada por los ataques de Morena y las presiones del Gobierno.

Otro de los organismos que tendrá un papel preponderante este año es Banxico. La economía es uno de los grandes desafíos del Gobierno y, si bien el banco no define las políticas de crecimiento, es el encargado de mantener a raya la inflación, que desde noviembre superó la barrera del 7%.

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El nombramiento de Rodríguez Ceja. que desplazó sorpresivamente a la primera propuesta del presidente, el exsecretario de Hacienda Arturo Herrera, sembró las dudas sobre los planes de López Obrador para ese organismo. El mandatario reiteró a finales de año, coincidiendo con la toma de posesión de la gobernadora, que respetará su autonomía, pero no es un secreto que según se criterio la institución debería ocuparse también de las líneas maestras de los paquetes económicos.

La idea de fondo es que así el Gobierno federal pueda obtener préstamos para poner en marcha, por ejemplo, programas sociales. Incidió de nuevo en ello el pasado jueves:

“Una función del banco es control de inflación y otra que nos gustaría mucho, pero que nada más opinamos, es que también se impulse el crecimiento. Control de inflación y crecimiento, porque se puede controlar la inflación, pero, si no hay crecimiento, tampoco se avanza”.

Herrera su oponía frontalmente a esa opción al considerar que los objetivos de esas funciones chocan entre sí. “Si se quiere que la economía crezca, se puede dar una serie de estímulos que a lo mejor crean cuellos de botella que se traducen en inflación”, explicó a EL PAÍS justo antes de dejar el cargo.

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Esta semana el presidente ha vuelto a cuestionar a los entes públicos a cuenta de una reflexión sobre los ahorros y la “burocracia dorada”, dijo, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“Es una vergüenza que dinero del presupuesto nada más llegaba al Conacyt y de ahí se transfería a grandes empresas; el Gobierno subsidiaba en lo que llamaban innovación tecnológica a las grandes empresas. ¿Saben cuánto ahorramos con la decisión que se tomó de desaparecer los fideicomisos? 90.000 millones de pesos. Por eso podemos aumentar la pensión a los adultos mayores y aumentar las becas. Si no, no podríamos. Entonces, es exactamente lo mismo. No se deja de atender a la gente, pero ya no hay dos, tres, cuatro, cinco organismos haciendo lo mismo”,

afirmó durante una conferencia de prensa matutina antes de volver a meter al Instituto Nacional Electoral (INE) en la ecuación.

“Ahora está lo del INE, por ejemplo, con lo de la consulta. Va a ser muy interesante, y vuelvo a hacer el llamado a que se revise el presupuesto del INE, porque es autónomo, pero el dinero que manejan es del pueblo. ¿Cuánto en renta y en compra de vehículos, cuánto en sueldos, la pirámide de sueldos? ¿Cuánto ganan los de arriba, cuánto ganan los de abajo, sueldo más bonos, más otras prestaciones? Nada más quisiera saber si tienen servicio médico especial, porque eso nosotros lo quitamos”,

continuó López Obrador.

En México hay nueve organismos autónomos de distinta índole que no dependen ni del Ejecutivo ni de los poderes legislativo y judicial. Las presiones políticas se dan con intensidad variable. Entre esas instituciones se encuentra, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación, dirigida por Alejandro Gertz, un hombre en el que el mandatario ha reiterado públicamente su confianza en varias ocasiones.

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Pero también figuran otros como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), que recientemente protagonizó un pulso con el Gobierno por un decreto que blinda los proyectos estratégicos de infraestructuras como el Tren Maya o el aeropuerto Felipe Ángeles como asunto de seguridad nacional. El INAI presentó una impugnación para que la transparencia de esas obras no se viera afectada y la Suprema Corte acabó por darle la razón, tumbando parte del acuerdo.

Otro de esos órganos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), fundamental para el conocimiento de los datos de interés y la elaboración de políticas públicas, acaba de cambiar su dirección. El pasado 1 de enero asumió las riendas del instituto Graciela Márquez, secretaria de Economía entre 2018 y 2020. Su nombramiento generó malestar en algunos sectores por sus vínculos con el Ejecutivo y el responsable saliente, Julio Santaella, pidió que se aclararan las circunstancias de la decisión. Sin embargo, López Obrador quiso zanjar la polémica sin muchas explicaciones. “Ya está, es Graciela Márquez”, afirmó.

Fuente: El País.

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