En diciembre de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, trató de resumir en una sola frase su sensación sobre las dificultades del Ejecutivo para frenar la violencia. “Estamos en una de esas situaciones en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”, dijo. Andrés Manuel López Obrador cumplía un año en la presidencia, tiempo en que había señalado su prioridad, luchar contra la corrupción. Esa era la clave. Sin corrupción, las aguas de la violencia volverían al cauce de la cordialidad.

Encinas había denunciado que México sufría una crisis forense, que el país ni siquiera contaba con registros fiables de fosas, de perfiles genéticos, de personas desaparecidas. Lo primero, decía, era contar bien. Enfocados en la cuenta, la realidad seguía su curso y lejos de obedecer los deseos del Gobierno, pintó un escenario de terror, con miles de asesinatos al año, masacres y otros tantos desaparecidos. Lo viejo y lo nuevo parecían mezclarse, cada vez más difícil de diferenciar.

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Dos años y medio después, la cuenta está hecha, un logro innegable de la actual Administración. México ha superado la cifra simbólica de 100.000 personas desaparecidas, la gran mayoría desde el inicio de la guerra contra el narco, la embestida estatal contra el crimen organizado lanzada por el presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006. Su Gobierno concentra alrededor de 17.000 reportes de desaparición, por 35.000 registrados durante el siguiente, encabezado por Enrique Peña Nieto, y los 31.000 que cuenta el Gobierno actual.

Al ritmo actual, este sexenio batirá todas las marcas. El fenómeno ha cambiado. Durante los años de Calderón, el noreste simbolizó los horrores de la guerra, con sus campos de exterminio, que recién ahora empiezan a investigarse. Las desapariciones masivas de Guerrero y los hallazgos de enormes cementerios clandestinos en Veracruz marcaron el tiempo de Peña Nieto. Ahora, la alarma se prende en regiones antaño relativamente tranquilas, caso de Guanajuato o Sonora. EL PAÍS se ha desplazado a ambas regiones para comprender mejor los matices de la tragedia.

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Las cifras mexicanas exigen comparaciones foráneas, aunque sea para entender la forma del conflicto. Así, por ejemplo, Colombia cuenta poco más de 99.000 desaparecidos desde 1970, principalmente por el conflicto entre guerrillas y grupos paramilitares que vivió el país. En Argentina, la dictadura militar (1976-1983) dejó alrededor de 30.000, según cuentas de organizaciones no gubernamentales. Y en Guatemala, las tres décadas de conflicto y represión gubernamental a finales de siglo pasado dejaron 45.000, de acuerdo a un cálculo de Amnistía Internacional.

La diferencia de México con los demás es que la mayoría de sus desaparecidos son de época reciente, cuando el país no vive dictadura alguna o guerras civiles. En teoría, México vive en paz, concepto que retan sus violencias, enlazadas con corruptelas antiguas. En su informe sobre la situación en México, publicado en abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ya advertía sobre esta situación: “La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.

Priorizar la búsqueda

El registro de desaparecidos era hasta 2018 una base de datos sin sistematizar. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, explica que “antes de 2019, el registro difícilmente tenía un acercamiento a la realidad”. Nombrada con el nuevo Gobierno, su primer paso fue pedir a las fiscalías estatales que completaran los datos que ya existían y los mantuvieran actualizados. “Lo que se ha hecho es comenzar a crear una institucionalidad”, dice Quintana. ¿Qué tan real es entonces el registro? “Mi lectura”, dice la comisionada, “es que las fiscalías tienen más información de la que han dado en los últimos años; pero también podrían tener información desactualizada”.

Aún así, esa información debería servir a las autoridades para crear políticas públicas que atiendan la crisis. En Monterrey, por ejemplo, donde las desapariciones de Debanhi Escobar o Yolanda Martínez han puesto el foco en los fallos del sistema, el número de mujeres desaparecidas llega al 30%, es decir, más que la media en el resto de las regiones. En el Estado de México, el más poblado del país y uno de los que cuenta más desaparecidos (6.405 personas), el porcentaje de mujeres llega casi a la mitad. El compromiso de los Estados y de todas las instituciones en el país con el registro “es muy dispar”, según Quintana, que apunta: “Todavía no se ha asumido la búsqueda como una prioridad nacional”.

A la crisis de los desaparecidos se suma otra causada por el rezago en el reconocimiento de los cuerpos que sí son encontrados. En México, más de 52.000 fallecidos permanecen sin identificar. Para atender la crisis forense, el Gobierno propuso en abril crear el Centro Nacional de Identificación Humana. El proyecto plantea un enfoque masivo para el reconocimiento de los cadáveres recuperados de las fiscalías, servicios médicos forenses, cementerios y fosas clandestinas. “El sistema tradicional requiere identificar [los cuerpos] uno a uno. Eso está bien en Suiza, pero no es tan sencillo en lugares con crisis como México”, señala Quintana.

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Los datos del registro muestran que la mayor incidencia durante los últimos tres años se concentra en cinco Estados, que acumulan más de la mitad de los desaparecidos. Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa suman más de 15.700 desaparecidos. Hay además una cifra flotante de más o menos 15.000 personas de las que se ignoran datos básicos, como el año en que desapareció. Con la información disponible, es posible identificar al menos tres zonas donde la situación es especialmente grave: la central, que incluye Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México; el corredor de Sinaloa a Sonora, en el noroeste, y el área que comprende Nuevo León y Tamaulipas, en el este.

Los confines de Irapuato

En un taller a las afueras de Irapuato, dos operarios muestran divertidos una pegatina. Es el plástico que envuelve las bolsitas de marihuana que compran habitualmente en el barrio, donde un niñito rubio, con un enorme fusil en las manos, sonríe al cliente. Dos palabras dominan la imagen arriba y abajo del muchacho: “CJNG” y “Élite”. “Así la venden ahora”, dice unos de los operarios.

La pegatina resume una guerra por el dominio de la venta de droga al por menor en los barrios de Irapuato, en Guanajuato, ciudad golpeada por la violencia en los últimos años. Los operarios, vecinos de estos mismos parajes híbridos entre lo agrícola y lo industrial, dicen que es justo aquí donde más se ha notado la violencia, en los ranchos que hacen de esponja entre Irapuato y Salamanca. Aunque no es solo por la droga.

Preguntados por los motivos, ambos señalan además los ductos de combustible, riqueza de la región. En la vecina Salamanca, Pemex opera una refinería y en el subsuelo funcionan enormes tubos que conducen gasolina a León, la capital del Estado. Irapuato queda en medio. Desde hace años, cuadrillas de criminales locales apoyados por trabajadores de la petrolera han ordeñado los ductos, almacenando combustible para venderlo en el mercado negro.

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“Antes estaban los de El Marro, pero luego llegaron los jaliscos e hicieron limpia”, dice el otro operario. Sus nombres verdaderos no salen aquí por su seguridad. El Marro y los Jaliscos son los nombres coloquiales del cartel de Santa Rosa de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dos de las marcas criminales más mediáticas de los últimos años. En la narrativa criminal mexicana, las limpias son procesos por los cuales un grupo criminal expulsa a otro de un territorio más o menos acotado. Cuando hablan de la limpia de Irapuato, los operarios se refieren a un proceso que inició hace unos cuatro o cinco años, cuyo fin viven actualmente.

El simbolismo de las pegatinas es evidente. No son tanto un reclamo, sino una demostración de poder, un recordatorio de lo que ha ocurrido. Genaro, uno de los operarios, recuerda el principio de todo aquello en su barrio. Fue en noviembre de 2020. “Hubo una semana completa de balaceras. Un lunes empezaron a balacear una casa, martes igual, miércoles… Es que ahí estaba El Marro, por el huachicol [el robo de combustible de los ductos]. Y en una casa vendían droga y se iban y le tiraban, hasta granadas y todo… Mataron a varios”, dice, mientras muestra un mosaico en su móvil de sus muertos, sus amigos muertos del barrio. “Ahí en el rancho, entre muertos y desaparecidos son como unos 50 de cinco años para acá”.

Es la guerra del extrarradio, ajena a la pompa de las siglas. En la actual Administración, Irapuato se ha convertido en el foco rojo de las desapariciones en el Estado. Es la ciudad que más casos cuenta, por encima de León, la misma Salamanca o Celaya. Son 228 reportes desde diciembre de 2018, por 99 durante los 12 años anteriores. El horror aquí es presente porque muchas veces los perpetradores siguen campando a sus anchas por el barrio.

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Es el caso de Rosalba Granados. En ocho días de agosto de 2019, criminales asesinaron a su hijo mayor y desaparecieron al pequeño, que quería cobrar venganza. “Nosotros somos de un rancho de ahí entre Salamanca y Celaya. Y ahí estuvo la guerra de los marros contra los jaliscos. Ahora parece que ya se calmaron, porque las personas que andan en eso ya se pasaron a la nueva generación”, explica.

En 2019, la situación era distinta. “Mi hijo mayor sí se drogaba y por lo mismo iba con esta gente”, dice, en referencia a integrantes del grupo de El Marro, detenido en agosto de 2020. “A veces bromeaba y me decía, ‘a lo mejor un día me meto con ellos’. Y yo le decía, ‘sí, papasito, tú métete y me recoges tus cosas y te vas, porque ya no tienes mamá’. Pero luego me decía que era broma”. Así, entre broma y broma, se andaba el hijo mayor, Giovanni, que siempre andaba “cargándoles” a sus compañeros de barrio.

Dice Granados que quizá un día las bromas fueron demasiado. “Le parecía que eran tontos, no sé”. Un sábado, el muchacho no volvió a casa. Se fue con uno de “ellos” y apareció muerto, al día siguiente, en un pueblo cercano. Granados sabe quién era la persona con quien se fue. Lo ve de vez en cuando. Nunca se ha atrevido a preguntar.

El que sí preguntó fue José Antonio, su hijo pequeño, que pronto supo quién había matado a su hermano, según Granados. Parece que el muchacho clamó venganza. Se corrió la voz. Ocho días más tarde, los mismos que habían acabado con el primero desaparecieron al segundo. “Fue cerca del panteón”, explica la madre, “ellos habían ido a sepultar a unos fulanos y cuando lo vieron… Él había ido a un taller cerca de ahí a reparar su moto. Sí me dijeron que cuando lo vieron le gritaron, ¿te sientes muy verga? Ya no sé más”.

Los gritos de las madres en el desierto de Sonora

Sinthya Gutiérrez tiene 40 años y una tristeza que le dobla el cuerpo. Desde 2017 no sabe nada de su hijo Gustavo, que tenía 15 años cuando fue desaparecido. El chico salió con un amigo y no regresó: lo último que se supo de ambos –el otro joven también falta– fue que la policía los tenía esposados en una calle de Guaymas, un municipio de Sonora de 150.000 habitantes. Ella y su marido recorrieron las celdas municipales sin encontrarlo. “Ahí es cuando empezó mi angustia”, dice la mujer, chiquita en la esquina del sofá. En un mueble de madera a su lado, Gutiérrez honra a su hijo desaparecido. Entre latas de Tecate y crisantemos amarillos, también homenajea a su hijo Marco Antonio, baleado a 50 metros de su casa, y a una compañera que buscaba a su marido cuando fue asesinada.

2017 fue “un año muy pesado”, recuerda Gutiérrez. Desde el inicio del conteo en la década de los sesentas hasta 2016, Sonora registró 1.650 desapariciones. En los siguientes cinco años, se alcanzó un número muy similar en este Estado del norte del país: 1.400 personas desaparecidas en ese período. Antes de que un comando armado baleara el Palacio Municipal de Guaymas durante una manifestación feminista en noviembre de 2021 y matara a tres personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ya había identificado el corredor que va desde esa ciudad hasta Cajeme, a una hora y media, como “uno de los más violentos” del país.

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Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, atribuye la violencia desatada en los últimos cinco años a “la negligencia e irresponsabilidad” de las autoridades, pero también a la militarización de la seguridad pública, que empezó a notarse en la zona a partir de 2018, según Bernal. Los últimos dos comisarios de Guaymas, por ejemplo, fueron capitanes de la Marina y en las calles se ven militares en camionetas de la Policía Municipal. La estrategia, dice Bernal, “está siendo contraproducente”: “Hace 25 o 26 años, Sonora era zona segura. La gente venía de Nuevo León, de Coahuila, de todas las zonas azotadas por la violencia”. Y ahora, en cambio, suben los homicidios y se acumulan las fichas de búsqueda.

Otro factor, dice la analista, es la geografía del lugar. Guaymas, que nace en el mar y se extiende entre cerros del color del piloncillo plantados de sahuarios, es un área privilegiada para el tráfico de drogas, de mercancías, de personas. Su puerto recibe barcos internacionales; está rodeada de grandes extensiones de tierra; la frontera con Estados Unidos se ubica a 500 kilómetros. El crimen organizado se disputa desde hace algunos años ese territorio. De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, ocho grupos operan en Sonora. Los Salazares y los Chapitos, una escisión del Cártel de Sinaloa, son los que actúan en Guaymas y los municipios de alrededor, según periodistas y activistas de la zona.

Cuando el número de desaparecidos empezó a crecer, Sinthya Gutiérrez fue una de las madres que se organizó para crear Guerreras Buscadoras, un colectivo que en Guaymas llegó agrupar a 40 familias y hoy solo reúne a 15. Por temor hay personas que han dejado de buscar, dice. A las que quedan, sobre todo madres, esposas, primas, hermanas, les dicen que son unas chivas locas: “Porque andamos en los cerros”. Cuando buscan, normalmente orientadas por datos que les envían de forma anónima, salen bien temprano y caminan durante kilómetros a temperaturas que pueden superar los 40 grados. Si hunden una varilla en la tierra y al quitarla trae el olor de un cuerpo, empiezan a cavar.

Hace tiempo que Gutiérrez dejó de ir a la Fiscalía para conocer avances sobre el caso de su hijo. Rosario Gutiérrez, que busca desde hace un año y nueve meses al suyo, también se cansó de acudir al ministerio público. “No los buscan como nosotros. Ellos llegan [a las fosas], recogen lo que quieren y se van. Y nosotras llegamos al otro día y encontramos muchos restos”, critica la mujer de 53 años. Jesús Gabriel, de 29, se fue a la playa en Semana Santa y ella no ha sabido nada sobre él desde entonces. Si no lo busca, no sabe qué más hacer: “Mi mundo se torna cuatro paredes y un rostro mojado”.

Como ella, otras madres sienten que rastrearlos es el único consuelo. Guadalupe Loaiza, de 48 años, busca a su hija, Yosineidy Hernández, y al papá de la joven, que se fue con ella cuando dos hombres vinieron a su casa a llevársela. Loaiza sonríe cuando recuerda cómo le gustaba a su hija el carnaval y enseguida llora. Los ve a los dos de espalda, yéndose por la puerta, abrazados. “Hemos encontrado a muchos niños, pero a veces digo ‘cómo encuentro a otros y no la encuentro a ella”. En el desierto, en la orilla del mar, en el monte, donde sea que estén buscando, conversan, se ríen como no lo hacen en sus casas, gritan los nombres de sus desaparecidos: “¡Gustavo! ¡Jesús Gabriel! ¡Yosineidy!”. “No andamos buscando justicia”, dice Sinthya Gutiérrez. Ni quién lo hizo, ni quién lo va a pagar: “Solo queremos encontrar a nuestros seres queridos”.

Fuente: El País.

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A fines de octubre de 2021, una de los muchos defensores medioambientales, Irma Galindo, salió de su casa, en una remota comunidad indígena del sur de México, para reunirse en la capital con autoridades de un programa estatal de protección a activistas al que pertenece, donde evaluarían las amenazas que había recibido por su labor.

Pero ella, entonces de 41 años, nunca llegó a la cita con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), que tienen a su cargo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conocido como “el Mecanismo”.

Compañeras de lucha la reportaron como desaparecida a principios de noviembre y dijeron que hay elementos suficientes para asegurar que el caso guarda relación con su lucha en contra de la tala ilegal de árboles en su natal Oaxaca, una de las actividades más lucrativas del crimen organizado en México.

Galindo sigue desaparecida y las autoridades han hecho pocos progresos en su caso. Pero su historia no es única en México.

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Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018, al menos 45 ambientalistas han sido asesinados, según cifras oficiales compartidas con Reuters, más que durante gobiernos previos, colocando a México como el segundo país más peligroso del mundo para estos activistas después de Colombia.

La cifra, sin embargo, es conservadora ya que sólo incluye a beneficiarios del Mecanismo y deja por fuera a decenas de otros ecologistas ejecutados, coincidieron activistas. Según la ONG local Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), bajo López Obrador al menos 58 ambientalistas han muerto, siendo 2021 el año más violento para la profesión con 25 asesinatos.

Los números ilustran la peligrosidad de ciertos tipos de activismo social en la gestión del mandatario, quien prometió acabar con la violencia pero va camino a tener el peor registro de crímenes violentos en la historia moderna de México.

“Cuando el Mecanismo actúa, muchas veces es demasiado tarde”, se lamentó Sara Méndez, consejera ciudadana de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca y miembro de la organización civil Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha.

Días antes de desaparecer, Galindo envió una carta a los encargados del Mecanismo asegurando que tenía “miedo de morir” y los denunció por no haberle otorgado “seguridad”.

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“Voy a dejar de esconderme para proteger mi pellejo a cambio de que el gobierno federal, las organizaciones que se dicen ecologistas y gente que dice amar la naturaleza me ayude a desarticular la mafia del poder que está matando a mi gente de la montaña”,

escribió en una carta fechada el 22 de octubre.

Un día después, mientras estaba en la capital, hombres armados irrumpieron en su comunidad, San Esteban Atatlahuca, y asesinaron a siete personas, hirieron de bala a otra y quemaron decenas de casas, según pobladores consultados por Reuters.

Algunos ambientalistas han criticado al mandatario por hacer poco para abordar el problema y hasta minimizar la importancia del activismo ambiental y los peligros de algunas de sus obras insignia, como un tren a través de la selva Maya. Pero López Obrador ha insistido en que es un “aliado” del medioambiente.

‘PODÍA ESPERAR’

Pese a que las amenazas contra Galindo no eran nuevas, ella recién entró a formar parte del Mecanismo en 2021.

El programa ofrece diversos grados de protección, desde poco más que un registro de amenazas hasta geolocalizadores para activistas o incluso guardaespaldas y asistencia para huir del país.

Desde hace cuatro años comenzó a denunciar la tala ilegal del bosque en la región mixteca, una zona que abarca 35,000 kilómetros cuadrados -un área del tamaño de Taiwán- de Guerrero y Oaxaca, así como Puebla.

Ella expuso la existencia de un aserradero que destruía el bosque, según dijo, con permisos de las autoridades. Ni la Secretaría del Medioambiente -que da las licencias para explotarlos-, ni autoridades de Oaxaca respondieron a solicitudes de información por parte de Reuters.

Entonces empezó su calvario: fue hostigada, perseguida, difamada y amenazada de muerte por parte de servidores públicos y de familiares, según denunció Galindo y la ONG Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, que la apoyaba.

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En octubre de 2019, ella acusó de “hostigamiento y persecución” a dos autoridades de San Esteban Atatlahuca.

Un mes más tarde, su casa y las de otros activistas fueron incendiadas, lo que la obligó a salir del país. Galindo responsabilizó del ataque a autoridades locales.

A pesar del riesgo, regresó a su pueblo y continuó su labor. “Volví porque yo no tengo por qué esconderme, no estoy haciendo nada malo, estoy defendiendo un bosque que beneficia a nuestras comunidades”, comentó entonces.

El tráfico de vida silvestre ha aumentado de manera notable en los últimos años en México, según reconocen autoridades, convirtiéndose en uno de los negocios ilegales más redituables de peligrosos grupos del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cártel de Sinaloa.

Pese a estos antecedentes, el caso de Galindo fue calificado por parte del Mecanismo como “ordinario”, lo que significa que “podía esperar” y que “su vida no corría peligro”, aseguró la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.

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Las fiscalías de Ciudad de México, donde ella desapareció, y de Oaxaca, donde recibió las amenazas, investigan el caso pero tras seis meses no hay avances. Activistas creen que el caso de Galindo engrosará la lista de los que quedan sin resolver.

Según cifras oficiales, de los 45 ambientalistas asesinados desde diciembre de 2018 sólo se ha dictado sentencia en dos casos, lo que supone una impunidad del 96%.

“Lamentablemente esta situación que padecemos como Estado mexicano la venimos arrastrando hace más de 15 años, más de 15 años en donde no se ha podido lograr parar el aumento de agresiones”,

confesó Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos en la Segob.

“Por más que podamos edificar un sistema efectivo de protección, mientras existan esos índices de impunidad va a ser difícil acabar con el problema”,

agregó.

ESTADO AGRESOR

Al menos el 40% de las agresiones cometidas en contra de defensores del medioambiente en México provienen de funcionarios estatales, particularmente de autoridades locales, de acuerdo a cifras oficiales.

“Hay un gran porcentaje de autoridades, sobre todo de autoridades municipales, que son las opresoras de personas defensoras, y aquí tenemos un problema grave porque, finalmente, las autoridades locales no solamente no contribuyen en la solución sino que son parte del problema”,

dijo Irazoque.

En muchos casos, aquellos funcionarios locales están coludidos con el crimen organizado. Cuando no, son asesinados como demuestran los más de 200 crímenes contra alcaldes que se han suscitado en el país desde 2004, de acuerdo a una investigación publicada en el Instituto Baker de Política Pública de la Universidad de Rice.

Actualmente, el Gobierno está dialogando con autoridades, especialistas y víctimas en busca de una nueva ley general para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con la que pretende ponerle un alto a los asesinatos.

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Sin embargo, especialistas consultados por Reuters aseguran que el cambio legal no es necesario para cumplir con el deber del Estado de defender a activistas.

“Pueden establecer cualquier ley pero si no hay voluntad política para hacer cumplir las normas establecidas y atender el estándar de protección internacional al cual México se ha obligado, la situación de las personas defensoras en México seguirá siendo la misma”,

se lamentó Luz Coral, del Cemda.

Mientras los cambios llegan, los ambientalistas mexicanos siguen en pie de lucha.

Uno de ellos es Fernando Jiménez, quien aseguró que ha recibido amenazas desde que su compañero de lucha, Tomás Rojo, fue asesinado en 2021, según familiares, por oponerse a un acueducto que alimenta a la ciudad norteña Hermosillo desde el río Yaqui, asegurando que está secando Vícam, su pequeño pueblo en el desierto de Sonora, uno de los más grandes del mundo.

Dos meses después del asesinato de Rojo, en julio, una decena de hombres, incluidos siete yaquis, fueron secuestrados por un presunto comando del crimen organizado en Sonora. Los cuerpos de cinco de ellos fueron identificados en septiembre, pero el resto siguen desaparecidos, en un caso que Jiménez cree que está relacionado con la defensa del agua.

“Sigue persistiendo el miedo, pero no la cobardía. Vamos a seguir luchando porque nos estamos quedando sin nuestros recursos naturales”, dijo Jiménez, de 55 años, en una entrevista telefónica con Reuters. “No sabemos a quién recurrir”.

Fuente: Forbes.

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El Gobierno mexicano ha presentado este miércoles las últimas cifras de homicidios y ha destacado marzo como el mes más sangriento del año. Unas 3.632 personas han sido asesinadas, es decir, que casi 120 han sido masacradas al día mientras sucedían otros eventos: se protestaba por el Día Internacional de la Mujer, el presidente se enfrentaba a los parlamentarios europeos por los crímenes a periodistas, se observaba con horror la invasión rusa a Ucrania y se inauguraba un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México construido por militares. A esas cifras se suman también los más de 4.000 desaparecidos que hay registrados de enero hasta la fecha. Con esos datos en la mano, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha celebrado que pese al pico de este año, se trate del marzo menos sangriento del último lustro. Un puñado de cadáveres menos para el baile de las cifras de muerte. Pero la espiral violenta en la que está sumida México desde hace seis años continúa.

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Concretamente, este mes de marzo ha contabilizado 220 muertos menos que marzo del año pasado. También, 240 cadáveres más que el marzo de 2017, cuando López Obrador aún no había tomado posesión en el cargo —ganó las elecciones en 2018 e inició su mandato en diciembre de ese año—. Cuando una pandemia amenazaba al mundo, en marzo de 2020, y la gente comenzaba a encerrarse en sus casas y a preocuparse por la falta de capacidad de los hospitales, en México en esos 31 días se asesinó a 4.003 personas. Lo que destacan las estadísticas es que en este país no se ha dejado de matar de una forma feroz, independientemente de los meses. Que en México mueren asesinadas —según la media de este año— 112 personas al día.

El informe que ha presentado la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, este miércoles durante la conferencia mañanera del presidente, ha señalado que no en todos los rincones del país se mata por igual. Que solo seis Estados concentran el 50% de los homicidios: Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Los habitantes de estas entidades suman más de 42 millones de personas. Es decir, que pese a que el Gobierno señala solo a unos cuantos Estados que viven bajo el yugo de la violencia, la realidad es que un tercio de la población mexicana vive en estas condiciones de terror.

No quiere decir el informe que el resto viva en paz. En México han sido asesinadas, desde 2019, 132.088 personas. Y han desaparecido en ese mismo periodo de tiempo 67.122 y todavía no se sabe dónde están. Como si en poco más de tres años se esfumara la mitad de la población del municipio de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

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Las cifras de muerte no han dejado de crecer sin freno desde 2017, cuando la cantidad de homicidios superó a las peores épocas de la guerra contra el narco —la batalla del Ejército contra los cárteles de la droga y sus capos que emprendió Felipe Calderón en 2006, donde las masacres, ejecuciones extrajudiciales de los militares y los pueblos abandonados se convirtieron en las estampas que México enviaba al mundo—. Los gobernantes posteriores, tanto Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018) como López Obrador, han comparado siempre sus estrategias de seguridad con las de entonces, pese a que nunca se ha matado tanto como después. Una sangría que continúa hasta la fecha.

López Obrador heredó una crisis de seguridad marcada por la pulverización de cárteles de la droga que resultó de la captura de los capos que inició Calderón y que continuó Peña Nieto. Las divisiones dentro de los grupos delictivos configuraron un nuevo mapa del crimen con cientos de células con capacidad de asesinar, extorsionar y extender sus guerras por todo el territorio. Pese a que todavía conviven dos grandes organizaciones criminales, el cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, sus socios y aliados —además de otras decenas de narcos locales, escisiones de los más antiguos— se pelean ciudades y pueblos en cada rincón del país. Frente a este ecosistema violento, la estrategia del presidente ha consistido principalmente en aumentar la presencia militar, tanto del Ejército, como de la Marina en los puertos y el cuerpo de seguridad híbrido civil-militar que él diseñó a su llegada al poder, la Guardia Nacional. Y sobre todo, evitar enfrentamientos directos con el narco.

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Las escenas de la nueva guerra del narco de estos días consisten en pueblos tomados en Michoacán, fusilamientos contra rivales del narco, minas antipersona para evitar el recorrido de los militares, tanques de guerra paseando libremente por las calles, masacres de decenas de personas en una fiesta; en Zacatecas, un escenario similar, decenas de cadáveres amontonados a las puertas de la sede del Gobierno estatal y otras en pena calle, colgados de puentes, municipios que se han quedado sin policías por miedo a que los asesinen a ellos también; en Colima y Sonora, ciudades completas asediadas por los narcos en un intento de cercar a sus rivales. Entre Tamaulipas y Nuevo León, la carretera de la muerte, con decenas de viajeros desaparecidos; en el corredor de la Riviera Maya, de Cancún a Tulum, balaceras en resorts de lujo, turistas asesinados por una bala perdida. Y la lista de Estados afectados por la narcoviolencia se renueva cada semana.

Pese a los bailes de cifras y a los titulares que busca el Gobierno federal, la violencia en México no ha dado tregua. Con una impunidad que ronda el 95% para todos los delitos, la falta de justicia lanza un peligroso mensaje: si en abril se mata más o menos, dependerá de la voluntad del crimen, no de una lucha conjunta de todos los poderes para detenerlo.

Fuente: El País.

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México es el «quinto país del mundo con más armas de fuego sin registrar«, dijo este miércoles (06.04.2022) el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, Alejandro Celorio, durante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El Small Arms Survey calcula que «hay más de 13 millones de armas sin registro en circulación en nuestro país a pesar de que las leyes mexicanas de posesión de armas son estrictas y solo existe una oficina administrada por el Ministerio de Defensa (…) para que los civiles puedan solicitar permiso y comprar armas de fuego», afirmó Celorio durante su intervención.

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El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador calcula que «cada año se trafica más de medio millón de armas de fuego desde los Estados Unidos hacia nuestro país», añadió el experto con motivo de la conmemoración en la OEA del Día Interamericano para Contrarrestar la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego.

Según cifras oficiales, entre el 70 y 90% de las armas encontradas en escenas del crimen en México «se rastrean a su origen» en Estados Unidos, lo cual -según Celorio- es un problema no sólo por la cantidad sino por sus características, puesto que muchas están diseñadas para uso militar. Esto otorga a los grupos criminales un poder de fuego significativo, cuya consecuencia son «masacres que dejan decenas de muertos en un par de minutos».

Celorio declaró que México ha trabajado con Estados Unidos para combatir y prevenir el tráfico ilícito de armas provenientes de territorio estadounidense, con éxito a nivel de aduanas en la frontera y en perseguir a los delincuentes, pero quedaba pendiente otro componente: las empresas que las manufacturan y distribuyen.

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En agosto de 2021, México puso una demanda civil por daños contra estas empresas por estimar que «sus actividades negligentes e ilícitas facilitan el tráfico de su producto cogenerando esta espiral de violencia», explicó Celorio, poniendo énfasis en que no es contra el Gobierno de Estados Unidos, la población estadounidense ni su sistema jurídico.

No obstante, «los Gobiernos tenemos la oportunidad de animar a nuestro sector privado para que se conduzcan con la debida diligencia, el debido cuidado, prevengan que sus productos causen un daño y que en el caso de armas y más de las armas de diseño para uso militar caigan en manos de criminales», agregó.

El representante de Estados Unidos ante la OEA, Bradley Freden, aseguró que su país «reconoce su responsabilidad para cumplir con su parte en prevenir la exportación ilegal de armas de fuego a nuestros vecinos, y se compromete a trabajar con México, el Caribe, América Central y otros países de la región para detener el movimiento ilegal de armas de fuego a través de las fronteras».

Fuente: DW.

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Política, empresaria y activista en favor de los derechos de niños y mujeres, así es Sandra Xantall Cuevas, la alcaldesa en que durante las últimas semanas se ha visto envuelta en un proceso penal por el que fue vinculada a proceso.

Cuevas Nieves, quien fue suspendida de sus funciones por dos meses, es acusada de robo, abuso de autoridad y discriminación en contra de dos mandos policiales. Aunque ella asegura que se trata de una persecución política de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y otras autoridades capitalinas.

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La controversia ha perseguido a Cuevas desde su llegada a la demarcación, cuando instaló una alfombra roja, después por su proyecto de convertir la Zona Rosa en un corredor turístico estilo Las Vegas, por lanzar pelotas con billetes de 500 pesos y recientemente por el proceso penal que se sigue en su contra.

Sin embargo, algo que también la caracterizó en estos cinco meses es su trabajo en campo, pues no dirigió la alcaldía desde un escritorio, sino gastando suela en las diversas colonias para conocer cuáles son los problemas de la población.

El trabajo en la calle y con la gente es algo que ella realiza desde hace años debido a su labor como activista, ya que es fundadora de la organización Por un México Bonito, a través de la cual apoyó diversas causas en Azcapotzalco.

La Silla Rota documentó algunos de los casos, como el de los niños Emili Dennisse Flores Hernández y Emiliano Santiago España Reyna, quienes padecían osteosarcoma y gracias al apoyo de la fundación les pudieron salvar sus piernas al ser atendidos en el Instituto Nacional de Pediatría.

Otra de las causas que trató de combatir Cuevas Nieves en Azcapotzalco fue la de la violencia contra las mujeres. Uno de los casos que acompañó fue el de la menor Mariana «N», quien fue víctima de agresión sexual por parte de su padre.

¿Quién es Sandra Cuevas?

Sandra Cuevas nació el 25 de mayo de 1986 en el barrio de Coltongo, en Azcapotzalco, y a lo largo de su carrera se ha involucrado en la política, el sector empresarial y el activismo.

Quienes la conocen, definen a Sandra como una mujer fuerte, de plática agradable, con voz clara, franca y directa. Sonríe poco, su semblante serio es enmarcado por su larga cabellera negra, tiene mirada penetrante y la caracteriza que siempre usa labial rojo, así vista un traje formal o jeans y playera.

Es doctorante en Derecho por el Centro de Estudios Jurídicos, tiene una maestría que realizó en la misma institución y la licenciatura en Comercio Internacional, que estudió en la Universidad del Valle de México.

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Cuenta con diplomados en mercados asiáticos y en comercio exterior que realizó en la UVM y otro en comercio exterior, por lo que hizo prácticas en Hong Kong, Shanghai, Beijing, Panamá, Canadá y Estados Unidos. Asimismo, Cuevas Nieves realizó un curso sobre delitos de propiedad intelectual por la Interpol.

La alcaldesa también es dueña de la galería de arte contemporáneo 11:11 y también de la productora de eventos Danika.

Sandra Cuevas comenzó en la política hace cinco años, tiempo en el que ha cambiado de partido. En 2018 manifestó abiertamente su apoyo a Morena a través de redes sociales, incluso tenía una fotografía con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para los comicios de 2021 se sumó al proyecto de la coalición PRI-PAN-PRD, denominada Va por México, que la llevó a ganar en las urnas la alcaldía Cuauhtémoc frente a la morenista Dolores Padierna.

Aunque se le ha vinculado con el morenista Ricardo Monreal, Sandra Cuevas ha expresado que él no la colocó en el puesto, como muchos señalaron, y que solamente lo considera como un jefe moral.

«Lo consideró un jefe político, un jefe moral y lo voy a seguir diciendo, lo considero así por lo que representa en el país, no solamente en la Cuauhtémoc o la Ciudad de México, por lo que significa en la política mexicana, pero de eso a que él me haya puesto aquí, eso es una mentira»,

declaró Cuevas a La Silla Rota en abril del año pasado.

Fuente: Con información de La Silla Rota.

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Al confirmar que 252 comunicadores han sido asesinados de 2006 a la fecha (55 de ellos en el actual sexenio), el coordinador ejecutivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, Enrique Irazoque, urgió a reformar el artículo 73 constitucional para expedir la ley general en la materia y fortalecer la protección a dichos grupos.

“Con esa reforma ya podríamos generar una postura institucional esta misma semana, a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y trabajar en conjunto para que, en el segundo periodo ordinario de sesiones, a más tardar en septiembre, ya podamos presentar una iniciativa de ley general”,

señaló.

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En reunión de trabajo con los legisladores integrantes de la referida comisión en el Palacio de San Lázaro, el funcionario precisó que los años con mayor número de asesinatos contra periodistas fue 2012, con 23, seguido de 2010, 2018 y 2020, con 20 cada uno de esos años.

Detalló que en el sexenio de Felipe Calderón se cometieron 101 asesinatos contra periodistas; en la administración de Enrique Peña Nieto, 96, y en la de Andrés Manuel López Obrador, 55.

“De los 252 asesinatos que tenemos documentados de 2006 a la fecha, hablamos de 220 periodistas hombres y 32 mujeres”,

dijo.

Irazoque informó que al día de hoy mil 559 personas se encuentran incorporadas al Mecanismo de Protección, lo que representa un aumento de 95 por ciento con respecto a las 798 que se encontraban registradas al comienzo de la actual administración.

Del total, 515 son periodistas (140 mujeres y 375 hombres), y mil 44 defensores de derechos humanos (565 mujeres y 479 hombres).

El también titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación señaló los elementos centrales de la ley general, como la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en esa materia y la creación de un sistema nacional de prevención y protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

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“Hay que decirlo con todas sus letras: el mecanismo por sí solo no va a resolver la inercia de asesinatos que siguen existiendo en contra de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos. Si el mecanismo no cuenta con la coordinación, colaboración y la claridad de los demás órdenes de gobierno, la situación no se va a revertir y es allá adonde tenemos que apuntar”,

dijo.

Admitió que el Estado no ha podido generar las acciones necesarias para romper la inercia de agresiones que hasta el día de hoy prevalecen.

Fuente: Milenio.

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«Hemos visto las amenazas que se han hecho contra periodistas en México, es un hecho»,

dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, al ser preguntada al respecto por Efe en su rueda de prensa diaria.

La portavoz reaccionaba así al comentario de López Obrador de que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, debía estar «mal informado» cuando denunció, en un tuit, que hay un «alto número» de periodistas asesinados en México este año.

«El secretario Blinken estaba expresando su preocupación de parte de Estados Unidos sobre esos abusos (contra periodistas en México). Estaba hablando sobre los hechos que hemos visto sobre el terreno»,

subrayó Psaki.

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Este martes, Blinken escribió en su cuenta de Twitter que el «alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes».

«Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad»,

añadió.

López Obrador aseguró este miércoles que creía que Blinken «está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe».

«Lo que él está sosteniendo no es cierto», dijo el presidente mexicano en su conferencia de prensa matutina, en la que agregó que «no hay impunidad, no son crímenes de Estado».

Añadió que su Gobierno está «atendiendo» esos crímenes y opinó que al secretario de Estado estadounidense sus asesores «lo están engañando o lo están utilizando».

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El presidente aseguró que dio instrucciones al canciller, Marcelo Ebrard, para que envíe a Blinken una relación de todos los casos de periodistas asesinados en México.

La semana pasada, el Gobierno mexicano presentó un informe sobre las investigaciones de asesinatos a periodistas y manifestó su respeto a quienes ejercen el oficio. De forma paralela, lamentó que se utilicen los asesinatos de periodistas para fomentar una campaña mediática contra su Administración.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo del mundo y suma ya cinco reporteros asesinados en lo que va de 2022, una cifra elevada que ha conmocionado a la nación.

Desde el año 2000 hasta la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 138 son hombres y 12 son mujeres.

Un total de 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 30 en el actual de López Obrador (2018-2024). EFE

Fuente: Swiss Info.

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Una bebé de entre 7 y 9 meses de edad fue hallada muerta envuelta en una cobija azul en un paraje rural habitado mayoritariamente por indígenas, en el Estado de México. Es el último caso que busca esclarecer la activista mexicana conocida como Frida Guerrera. A través de las redes sociales y de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado, la activista lanzó un llamado para localizar a los familiares de «La beba de los conejitos«, así llamada por llevar puesto un pantalón rosa con motivos de conejos y una sudadera morada con la palabra «love».

«La mayoría de estos bebés son asesinados por sus padres, padrastros o madres. Obviamente no habrá quien busque justicia. Hemos tenido varios casos que hemos trabajado en conjunto con otras mujeres. En cuanto sabemos de casos como el de «La beba de los conejitos», encontrada en noviembre de este año, en una zona mazahua, indígena, en la sierra, empezamos nuestra labor, para impedir que estas pequeñas se queden sin justicia ni verdad, y que estos crímenes queden impunes»,

afirma Frida Guerrera en conversación con DW.

La activista protege su identidad y las de sus compañeras de lucha debido a las múltiples amenazas que ha recibido desde que asumió un primer caso en 2017. Trabaja junto con una artista forense que reconstruye los rostros de las víctimas con dibujos a lápiz y con la líder de la ONG «Siguiendo tus Huellas».

El caso de Lupita encontró justicia parcial

«En el caso de Lupita, que fue el primer caso que acompañamos bajo circunstancias parecidas, nos tardamos ocho meses en dar con su identidad y con la familia de los asesinos». Lupita, una niña de 3 años hallada muerta y con signos de violación en Ciudad Netzahualcóyotl, en los suburbios de la capital mexicana, recibió inicialmente el sobrenombre de «calcetitas rojas», por ser ésto lo único que llevaba puesto. El violador sigue libre, aunque no sus asesinos.

«El desenlace es que su madre y su padrastro están sentenciados a 88 años de cárcel cada uno por haberla asesinado. Lupita no estaba registrada y hubo que registrarla post mortem. Lo más grave del caso de Lupita es que fue asesinada a golpes por su padrastro y su mamá, la fueron a tirar a un terreno baldío, y un tercer agresor, que hasta el momento se ignora quien es, ya muerta, la violó. Ese es el terror que viven las bebés en este país», dice Frida.

La activista decidió desde entonces dar voz a quienes sufren violaciones graves a los Derechos Humanos. Su foco son los feminicidios y la violencia contra las mujeres, niñas y niños. «Los más vulnerables están siendo cada vez más asesinados, con más saña, con mucha brutalidad. A menudo por las personas que deberían cuidarlas. Algo que se está extendiendo a las ancianas, los feminicidios de mujeres de la tercera edad».

A través de un blog, de su canal de YouTube, la activista lucha desde hace años contra la impunidad en casos de feminicidio, sobre todo de menores de edad. Acude regularmente a las conferencias matutinas del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para cuestionar la estrategia de su gobierno en el combate del feminicidio. Entre sus reclamos figura la creación de una fiscalía especializada para esclarecer los casos de feminicidio. López Obrador asegura que su gobierno es el que más protege a las familias, a las mujeres, a las niñas y a los niños.

Los asesinatos por razón de género siguen al alza después de registrarse 842 casos entre enero y octubre de 2021, un aumento de un 4,9% con respecto al mismo período en 2020, según ONU Mujeres. México ha registrado los años más violentos de su historia en los primeros dos años de mandato de Andrés Manuel López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinatos en 2019 y 34.588 en 2020.

Aumento de feminicidios, impulsados por el encierro

La investigadora de la Universidad de Guadalajara Silvia Valencia Abundiz, estudia el feminicidio desde la psicología social; un problema que se extiende a toda América Latina en donde el 98% de los casos siguen impunes. Entre los más vulnerables figuran no solo las mujeres, con diez asesinatos diarios, según cifras oficiales, sino también los niños, los jóvenes y los ancianos.

«El feminicidio es uno de los delitos que se ha incrementado, favorecido por factores relacionados con la pandemia, como fue el encierro, el trabajo en casa. Tengo la impresión, como muchos otros investigadores, de que no hay un interés genuino por cambiar el rumbo. Hay un discurso que no concuerda con los hechos, es un desinterés no solo del presidente, sino de los titulares de las instituciones a los que no parece importarles ni la seguridad ni la protección de las mujeres».

Ejemplo de ello, según la investigadora, fue el cierre de las estancias infantiles, así como de los albergues para mujeres maltratadas. Ambos figuraron entre las primeras medidas adoptadas por López Obrador al llegar al poder en diciembre de 2018.

«El cerrar las estancias infantiles, una gran ayuda a las madres trabajadoras, tuvo una gran afectación al proceso de desarrollo de los niños, porque significó dejarlos en cualquier lado, o encerrarlos, o dejarlos con las abuelas. No todos los abuelos están en condiciones de hacerse cargo de sus nietos. Luego cerraron los albergues para mujeres maltratadas; esto también ha sido un golpe porque mina la posibilidad de que las mujeres que son amenazadas o que viven procesos de agresión muy fuerte, tengan un lugar en donde cobijarse y protegerse»,

explica.

Retroceso en el Estado de derecho

La académica destaca que pese a que México fue uno de los primeros países de la región en tipificar el feminicidio como delito, hay mucha incomprensión del fenómeno. «Por el simple hecho de ser mujer, se vive en esta condición de agresión permanente y en muchos casos se llega a la muerte. Sobre todo en entornos como el crimen organizado, la trata de personas y el narcotráfico».

Silvia Valencia sostiene que hay un retroceso en el Estado de derecho en México, sin una concepción sobre el problema. «Ciertamente en toda América Latina estamos enfrentando este fenómeno. En México el retroceso empieza en que ya no se escucha a las mujeres. A las protestas de las mujeres se les pone vallas de contención. Les importa más que pongan pintas o que no hagan una manifestación ordenada, que escucharlas, darles foro, entender cómo se afecta su vida. Las madres que están buscando a sus hijas e hijos desaparecidos tampoco son escuchadas».

No hay un plan que, según Valencia Abundiz, puede ser la clave del éxito en otros países al atacar el problema: «En este punto también hemos perdido. El gobierno está en conflicto con universidades y centros de Investigación. Se acusa a la ciencia de ser neoliberal. Sin una política pública no hay forma de revertir el problema, al contrario, se acelera. Hay un enorme margen de feminicidios que desconocemos, hay jueces a quienes todavía les cuesta entender que la acción de la agresión es en función de ser mujer».

La investigadora concluye señalando que las personas transgénero son los que más sufren la violencia de género, pero no hay políticas que busquen entender el fenómeno. «Agreden a la investigación, cierran los fondos, los fideicomisos y se acusa a la ciencia de ser neoliberal».

Fuente: DW.

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El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció que en México se vive una crisis forense y que actualmente hay 52 mil cuerpos sin identificar en las fosas comunes del país.

Durante la conferencia de prensa matutina, el funcionario presentó un informe sobre las acciones que ha realizado el Gobierno de México en materia de Derechos Humanos, en el que se reconoció que no solo se vive una crisis forense, sino humanitaria y de violación de derechos.

“Existe una crisis forense que ha llevado a que no existan las capacidades para garantizar la identificación de las personas y el regreso con sus familiares”,

confesó el subsecretario.

Bajo este contexto, señaló que actualmente hay más de 90 mil reportes de personas desaparecidas, por lo que se tiene la intención de construir un Centro Nacional de Identificación Humana para atenuar esta crisis forense.

“Se han construido tres centros de identificación humana, con un alto nivel en sus capacidades; y cinco centros de resguardo temporal”

informó.

Asimismo, Encinas dio a conocer que hasta el mes de noviembre de 2021, se han realizado 2 mil 200 jornadas de búsqueda de personas desaparecidas en 28 estados y destacó la inversión de 6 mil 103 millones de pesos en las capacidades institucionales en materia de Derechos Humanos.

Violencia a mujeres y periodistas

Respecto a la infraestructura para atender la violencia hacia las mujeres, el subsecretario señaló un crecimiento significativo. “Se ha planteado la construcción de nuevos centros y en enero tendremos certeza de dónde serán construidos” puntualizó.

De 2019 a la fecha se han construido 26 Centros de Justicia para las Mujeres, con una inversión de 312 millones 713 mil 959 pesos, informó el subsecretario. Además, prometió enfrentar el matrimonio obligado en la Montaña de Guerrero.

Sobre la violencia a comunicadores dijo que hay más de 90% de impunidad en los homicidios de periodistas y defensores de Derechos Humanos. Además, informó que el 45% de las agresiones contra periodistas y/o defensores de Derechos Humanos proviene de autoridades municipales.

Fuente: El Financiero.

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México llega al Día Internacional contra la Violencia de Género sumido en una crisis de seguridad provocada por la violencia machista. Desde 1990, pero de manera más acelerada en los últimos cinco años, el asesinato de mujeres en el país ha aumentado cada año sin freno hasta llegar a un máximo de 3.957 homicidios en 2020.

Cualquier cifra en torno a la violencia machista en el país da pavor: once mujeres son asesinadas al día, la tasa de impunidad supera el 95%, solo un 2% de los casos termina en sentencia y tan solo una de cada 10 víctimas se atreve a denunciar a su agresor. Como respuesta, el movimiento feminista expresa su repulsa a esta realidad con ira, hartazgo y desesperación en las calles. Las feministas critican la postura del presidente López Obrador que ha llegado a insinuar que el movimiento de mujeres se ha convertido en un movimiento opositor a su Administración.

El presidente ha reiterado su compromiso de “proteger y no dejar en el desamparo” a las mujeres. Tan solo entre 2018 y el año pasado, 11.602 mujeres han sido asesinadas en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). “Durante mucho tiempo nos hemos dedicado a proteger a los desposeídos, los humildes, a las mujeres, a las viudas, los huérfanos”, ha agregado el mandatario en conferencia de prensa desde el Estado de Zacatecas. “Vamos a seguir apoyando, protegiendo a las mujeres, cuidándolas, enfrentando y combatiendo el feminicidio. Por convicción, no por moda. Porque en los últimos tiempos los conservadores se volvieron feministas”, ha asegurado.

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El mensaje del Gobierno se ha centrado en demostrar un avance en el combate a los delitos contra las mujeres e insiste en la vocación feminista del presidente. “Es un hombre profundamente feminista. Si no, la mitad de su Gabinete no serían mujeres”, aseguraba en una entrevista con EL PAÍS Semanal la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. “El feminicidio bajó 14,8% en octubre respecto al mismo mes del 2020, y es el octubre con menos feminicidios en lo que va de este Gobierno. Seguiremos reforzando las acciones”, señalaba Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad federal. Rodríguez hacía la misma referencia un mes antes: “Es el septiembre con menos feminicidios en lo que va de este Gobierno”.

Las cifras que citan las autoridades hacen referencia a reducciones puntuales en delitos como el feminicidio y las violaciones. En contraste, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan día a día con las víctimas señalan que en un contexto más amplio la violencia feminicida en el país está lejos de acabarse y lejos de mejorar. El retrato que dan es el de unas autoridades rebasadas por el horror.

“Cada vez se asesina a mujeres más jóvenes y con mayor ensañamiento”, señala la directora del Observatorio Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada y agrega otro dato: “Los feminicidios de niñas y adolescentes de 0 a 17 años se han incrementado año con año desde 2015 hasta los 542 en septiembre de 2021″,

citando cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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El aumento generalizado de la violencia en México tiene consecuencias directas en el aumento de la violencia contra las mujeres, sin embargo, los últimos descensos en las cifras de delitos no han tenido efecto en la bajada de la violencia machista. Al contrario, esta ha seguido subiendo. “De las más de 3.000 mujeres asesinadas, el 50% tiene características de feminicidios”, afirma Estrada. Sin embargo, no todos los asesinatos de mujeres se tipifican como feminicidio. Esta definición creada en 2012, está recogida en el Código Penal Federal, aunque en la práctica depende de los códigos penales de cada Estado.

Estrada explica que existe “mucha resistencia” de las fiscalías estatales en clasificar los asesinatos de mujeres como feminicidios. En 2020 el 58,2% de asesinatos de mujeres fue por arma de fuego, de acuerdo al Inegi, motivo para clasificar el caso como un homicidio. “Hay mucha presión del poder político y las autoridades para que no suban los feminicidio en los Estados”, denuncia la directora. La especialista pone al Estado de Tamaulipas, uno de los más violentos del país, como ejemplo. Allí solo se han contabilizado tres feminicidios en lo que va de año de un total de 1.053 homicidios, de acuerdo con datos oficiales. “Todos los estados tienen tipificado el delito de feminicidio, pero no quieren comités que evalúen los resultados. Aquí se cruzan presiones desde la delincuencia, la política, el Ejército, la policía y los casos quedan en la impunidad”, apunta Estrada.

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En lo que va de año, de acuerdo a cifras del Gobierno se han abierto en el país 809 carpetas de investigación por feminicidio, comparado con las 344 que se abrieron en el mismo periodo de 2015, un 135% más. En los pasados cinco años la violencia feminicida ha ido en ascenso. Mientras que en 2015 se registraron 412 feminicidios, para 2018 los casos eran el doble, 895. En 2019 el número de investigaciones totales rondaba casi las 950, una cifra similar a las nuevas víctimas registradas en 2020.

La falta de acceso a la justicia

Ante esta situación crítica, hay 25 alertas por violencia de género declaradas en 22 de los 32 Estados de México. Una medida urgente y excepcional para atender situaciones críticas de violencia feminicida que ha acabado extendiéndose por todo el país. “El Estado mexicano está haciendo acciones puntuales frente a situaciones que son muy urgentes, pero son aisladas y descoordinadas”, opina la abogada Andrea Medina. “Hay falta de voluntad por parte de las autoridades porque lineamientos sobran: tenemos una legislación muy completa, pronunciamientos de la Suprema Corte sobre violencia de género, tenemos sentencias de la Corte Interamericana, México ha firmado tratados internacionales, pero no sirve de nada si los operadores del sistema no los aplican, no sé si por ignorancia o por dolo”, dice Mariel Albarrán, víctima de violencia.

Es ahí, en el acceso a la justicia donde la mayoría de víctimas se quejan de maltrato y revictimización que reciben de las autoridades. Y las autoridades, desbordadas, avanzan lentamente en la resolución de los casos con trabas, falta de personal, falta de formación y recortes presupuestarios. Araceli Osorio recuerda que antes de ver al asesino de su hija tras las rejas, tuvo que pelear dos largos años para que un tribunal reclasificara el asesinato de Lesvy Berlín Rivera como feminicidio.

La Fiscalía de Ciudad de México había intentado cerrar el caso al asegurar que la chica se había suicidado con el cable de una cabina telefónica. Después, un tribunal reconoció que la joven de 22 años fue estrangulada por el que era su pareja en los jardines de la Universidad Nacional Autónoma. “Después del juicio ha habido cambios de mentalidad, de percepción, de repensar las prácticas de los funcionarios, aunque se siguen cometiendo muchos errores”, decía Osorio en entrevista con este periódico.

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En medio de este panorama, la violencia machista en México se ha agravado con la pandemia y el confinamiento. Las llamadas de auxilio al 911 crecieron un 32% y aumentaron las estancias en los refugios para mujeres víctimas de maltrato. Sin embargo, otro de los problemas que enfrentarán las organizaciones y programas de apoyo a las víctimas serán recortes o un presupuesto muy reducido para el próximo año.

Las organizaciones exhortan al Gobierno a que no las condene al ostracismo. “La violencia contra las mujeres en nuestro país era ya una pandemia antes de la pandemia provocada por la covid. Los feminicidios deberían de estar en el centro y los recursos reflejar el interés que tiene el Gobierno por solucionar una problemática de esta dimensión”, afirma Marilú Rasso, directora ejecutiva del refugio Espacio Mujeres para una Vida Libre de Violencia, en Ciudad de México.

A tres años de que termine el sexenio del presidente López Obrador, el Gobierno todavía no ha publicado el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La estrategia maestra para atender el problema se ha quedado en un limbo administrativo.

La Secretaría de Gobernación asegura que Hacienda no ha refrendado el documento y que aún esperan la firma del presidente para publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. “Los gobiernos han simulado invertir en los programas y políticas a favor de las mujeres, pero en realidad no ha sido así. Volvemos a tener esa política de simulación que tanto daño nos ha hecho a las mexicanas”, sentencia la periodista y socióloga Lucía Lagunes.

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Cientos de mujeres tomarán este jueves otra vez las calles para exigir justicia y un alto a los asesinatos, las violaciones, las desapariciones, el acoso y la impunidad. Marcharán por sus hijas, por sus madres, por sus amigas. Por las que vienen y por las que ya no están.

Fuente: El País.

La entrada México, el fracaso en frenar la violencia feminicida se publicó primero en México 24 siete.