México prohibirá la importación de maíz amarillo transgénico que se utilice como insumo para otros bienes intermedios o productos finales de consumo humano en su mercado interno, no solo para tortillas, sino para producir fructosa, por ejemplo, destacó Raquel Buenrostro, secretaria de Economía.

Paralelamente, un grupo de legisladores estadunidenses, tanto republicanos como demócratas, pidió el viernes a la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR), que la Administración del presidente Joe Biden inicie un proceso de solución de controversias sobre la prohibición mexicana de importar maíz genéticamente modificado y el herbicida glifosato en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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Buenrostro aclaró que México está restringiendo únicamente los transgénicos en el uso de maíz para consumo humano, no así para el maíz de uso pecuario o para otros usos industriales.

Nosotros estamos hablando primero del maíz. Todo los demás, no tiene tema. El decreto lo que prohibió de tajo es para el consumo humano, que es nuestra producción nacional”, dijo.

Luego Buenrostro agregó: “Quedó abierto el forraje, las importaciones para forraje y para industrial; pero sí tiene unas condiciones de transición que dicen: después que todo lo que sea de consumo alimenticio, por ejemplo aquella que no es una tortilla (sic), pero puede ser la fructuosa, que se pueda venir el contenido en algún lado, también vamos a irlos sacando de manera gradual, y para sacarlo de manera gradual vamos a tomar acciones y políticas públicas que lleven a este fortalecimiento”.

México registró un consumo de 1 millón 291,000 toneladas de jarabe de maíz de alta fructosa en el ciclo 2020-2021 (oct-sep), a la vez que en la temporada 2021-2022 el monto bajó a 1 millón 291,000 toneladas, según proyecciones el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

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La solicitud de los legisladores estadounidenses fue realizada en una carta firmada por 24 miembros del Congreso y encabezada por el representante republicano Adrian Smith y el demócrata Daniel Kildee, del Comité de Medios y Arbitrios, ambos delegados de estados productores de maíz.

Según los congresistas, el gobierno mexicano no ha mantenido un sistema regulatorio biotecnológico basado en la ciencia durante los últimos cuatro años y está avanzando con la implementación de un decreto presidencial para eliminar gradualmente la importación de maíz transgénico para enero de 2024.

“Estas políticas no se basan en la ciencia y puede disminuir el suministro de maíz en las cadenas de suministro agrícola de América del Norte. Estas acciones, además de ir en contra de los términos del T-MEC, podrían aumentar los precios de los alimentos y la inseguridad alimentaria causada por la guerra no provocada de Rusia contra Ucrania”,

expresaron.

Las nuevas barreras a la innovación agrícola también amenazan la seguridad alimentaria y las cadenas de suministro clave, argumentaron.

México propuso recientemente a Estados Unidos ampliar el plazo, de 2024 a 2025, para comenzar a prohibir las importaciones de maíz transgénico para consumo humano, así como modificar un decreto para aclarar ciertas regulaciones relacionadas.

Fuente: El Economista https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Piden-en-EU-activar-controversia-contra-Mexico-por-escollos-a-maiz-amarillo-20221212-0009.html

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La escasez de combustibles en algunas estaciones de servicio del país se debe a retrasos de suministro y no a un desabasto generalizado.

Al respecto, Santiago Arroyo, especialista del sector gasolinero, calculó que es un número pequeño el de estaciones de servicio que adolecen de estos inconvenientes.

“Nosotros calculamos que alrededor del tres por ciento de las estaciones de servicio de la región noroeste, centro y la península de Yucatán son las que tienen estos problemas de escasez, pero no es un tema generalizado, no hay riesgo de desabasto en el país”,

aclaró.

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El especialista indicó que las estaciones afectadas se encuentran en regiones donde existen complejidades de suministro.

“Hablamos desde Hermosillo hasta Sinaloa, Nayarit o en la Península; son áreas complicadas ya que el suministro se realiza por rueda, en cambio, este tipo de dificultades son difíciles de encontrar en la región del Bajío, ya que tienen líneas de suministro más robustas permitiendo que siempre haya producto”,

abundó.

Sin embargo, el experto consideró que las autoridades deben poner atención ya que estos problemas podrían incrementarse y generar problemas de desabasto en el futuro.

“Si el Gobierno sigue frenando a la iniciativa privada, podría llegar un momento en el que Pemex no pueda satisfacer la demanda, y en un plazo de seis o siete meses veremos estos escenarios de escasez”,

dijo.

Subsidios al IEPS y falta de permisos a la importación

El consumo nacional de gasolinas y diésel ronda los 980 mil barriles diarios.Sin embargo, durante los últimos años fueron expirando permisos para importar combustibles al grado de pasar de más de mil permisos en 2018 a tan solo 70 en abril de 2022, señaló Marcial Díaz, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético.

De estos 70 permisos vigentes, 60 le corresponden a Pemex y a sus filiales, mientras que solo hay 10 permisos para particulares.

“Bajó el volumen de producto importado que ingresaba al país”,

indicó el especialista.

De esta forma, Pemex tiene la responsabilidad de satisfacer gran parte de la demanda nacional, aunque solo entre 25 y 30 por ciento de las gasolinas salen de sus refinerías, mientras que el resto debe importarlas.

Otro problema es el subsidio a los combustibles, que durante las últimas 12 semanas ha sido del 100 por ciento.

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Para que los importadores privados puedan acreditar este subsidio, deben cumplir una serie de requisitos, pero estos suelen ser trámites muy lentos.

“Los importadores privados están dejando de importar volúmenes considerables, ya que en el subsidio ellos salen perjudicados: pueden comprar el combustible a un determinado tipo de cambio y cuando van a acreditar el subsidio, el tipo de cambio ya varió, además de que Pemex logra acreditarlo en automático mientras que para los privados puede llevar hasta tres meses”,

apuntó Marcial Díaz.

Fuente: El Financiero.

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En diciembre de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, trató de resumir en una sola frase su sensación sobre las dificultades del Ejecutivo para frenar la violencia. “Estamos en una de esas situaciones en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”, dijo. Andrés Manuel López Obrador cumplía un año en la presidencia, tiempo en que había señalado su prioridad, luchar contra la corrupción. Esa era la clave. Sin corrupción, las aguas de la violencia volverían al cauce de la cordialidad.

Encinas había denunciado que México sufría una crisis forense, que el país ni siquiera contaba con registros fiables de fosas, de perfiles genéticos, de personas desaparecidas. Lo primero, decía, era contar bien. Enfocados en la cuenta, la realidad seguía su curso y lejos de obedecer los deseos del Gobierno, pintó un escenario de terror, con miles de asesinatos al año, masacres y otros tantos desaparecidos. Lo viejo y lo nuevo parecían mezclarse, cada vez más difícil de diferenciar.

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Dos años y medio después, la cuenta está hecha, un logro innegable de la actual Administración. México ha superado la cifra simbólica de 100.000 personas desaparecidas, la gran mayoría desde el inicio de la guerra contra el narco, la embestida estatal contra el crimen organizado lanzada por el presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006. Su Gobierno concentra alrededor de 17.000 reportes de desaparición, por 35.000 registrados durante el siguiente, encabezado por Enrique Peña Nieto, y los 31.000 que cuenta el Gobierno actual.

Al ritmo actual, este sexenio batirá todas las marcas. El fenómeno ha cambiado. Durante los años de Calderón, el noreste simbolizó los horrores de la guerra, con sus campos de exterminio, que recién ahora empiezan a investigarse. Las desapariciones masivas de Guerrero y los hallazgos de enormes cementerios clandestinos en Veracruz marcaron el tiempo de Peña Nieto. Ahora, la alarma se prende en regiones antaño relativamente tranquilas, caso de Guanajuato o Sonora. EL PAÍS se ha desplazado a ambas regiones para comprender mejor los matices de la tragedia.

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Las cifras mexicanas exigen comparaciones foráneas, aunque sea para entender la forma del conflicto. Así, por ejemplo, Colombia cuenta poco más de 99.000 desaparecidos desde 1970, principalmente por el conflicto entre guerrillas y grupos paramilitares que vivió el país. En Argentina, la dictadura militar (1976-1983) dejó alrededor de 30.000, según cuentas de organizaciones no gubernamentales. Y en Guatemala, las tres décadas de conflicto y represión gubernamental a finales de siglo pasado dejaron 45.000, de acuerdo a un cálculo de Amnistía Internacional.

La diferencia de México con los demás es que la mayoría de sus desaparecidos son de época reciente, cuando el país no vive dictadura alguna o guerras civiles. En teoría, México vive en paz, concepto que retan sus violencias, enlazadas con corruptelas antiguas. En su informe sobre la situación en México, publicado en abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ya advertía sobre esta situación: “La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.

Priorizar la búsqueda

El registro de desaparecidos era hasta 2018 una base de datos sin sistematizar. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, explica que “antes de 2019, el registro difícilmente tenía un acercamiento a la realidad”. Nombrada con el nuevo Gobierno, su primer paso fue pedir a las fiscalías estatales que completaran los datos que ya existían y los mantuvieran actualizados. “Lo que se ha hecho es comenzar a crear una institucionalidad”, dice Quintana. ¿Qué tan real es entonces el registro? “Mi lectura”, dice la comisionada, “es que las fiscalías tienen más información de la que han dado en los últimos años; pero también podrían tener información desactualizada”.

Aún así, esa información debería servir a las autoridades para crear políticas públicas que atiendan la crisis. En Monterrey, por ejemplo, donde las desapariciones de Debanhi Escobar o Yolanda Martínez han puesto el foco en los fallos del sistema, el número de mujeres desaparecidas llega al 30%, es decir, más que la media en el resto de las regiones. En el Estado de México, el más poblado del país y uno de los que cuenta más desaparecidos (6.405 personas), el porcentaje de mujeres llega casi a la mitad. El compromiso de los Estados y de todas las instituciones en el país con el registro “es muy dispar”, según Quintana, que apunta: “Todavía no se ha asumido la búsqueda como una prioridad nacional”.

A la crisis de los desaparecidos se suma otra causada por el rezago en el reconocimiento de los cuerpos que sí son encontrados. En México, más de 52.000 fallecidos permanecen sin identificar. Para atender la crisis forense, el Gobierno propuso en abril crear el Centro Nacional de Identificación Humana. El proyecto plantea un enfoque masivo para el reconocimiento de los cadáveres recuperados de las fiscalías, servicios médicos forenses, cementerios y fosas clandestinas. “El sistema tradicional requiere identificar [los cuerpos] uno a uno. Eso está bien en Suiza, pero no es tan sencillo en lugares con crisis como México”, señala Quintana.

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Los datos del registro muestran que la mayor incidencia durante los últimos tres años se concentra en cinco Estados, que acumulan más de la mitad de los desaparecidos. Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa suman más de 15.700 desaparecidos. Hay además una cifra flotante de más o menos 15.000 personas de las que se ignoran datos básicos, como el año en que desapareció. Con la información disponible, es posible identificar al menos tres zonas donde la situación es especialmente grave: la central, que incluye Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México; el corredor de Sinaloa a Sonora, en el noroeste, y el área que comprende Nuevo León y Tamaulipas, en el este.

Los confines de Irapuato

En un taller a las afueras de Irapuato, dos operarios muestran divertidos una pegatina. Es el plástico que envuelve las bolsitas de marihuana que compran habitualmente en el barrio, donde un niñito rubio, con un enorme fusil en las manos, sonríe al cliente. Dos palabras dominan la imagen arriba y abajo del muchacho: “CJNG” y “Élite”. “Así la venden ahora”, dice unos de los operarios.

La pegatina resume una guerra por el dominio de la venta de droga al por menor en los barrios de Irapuato, en Guanajuato, ciudad golpeada por la violencia en los últimos años. Los operarios, vecinos de estos mismos parajes híbridos entre lo agrícola y lo industrial, dicen que es justo aquí donde más se ha notado la violencia, en los ranchos que hacen de esponja entre Irapuato y Salamanca. Aunque no es solo por la droga.

Preguntados por los motivos, ambos señalan además los ductos de combustible, riqueza de la región. En la vecina Salamanca, Pemex opera una refinería y en el subsuelo funcionan enormes tubos que conducen gasolina a León, la capital del Estado. Irapuato queda en medio. Desde hace años, cuadrillas de criminales locales apoyados por trabajadores de la petrolera han ordeñado los ductos, almacenando combustible para venderlo en el mercado negro.

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“Antes estaban los de El Marro, pero luego llegaron los jaliscos e hicieron limpia”, dice el otro operario. Sus nombres verdaderos no salen aquí por su seguridad. El Marro y los Jaliscos son los nombres coloquiales del cartel de Santa Rosa de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dos de las marcas criminales más mediáticas de los últimos años. En la narrativa criminal mexicana, las limpias son procesos por los cuales un grupo criminal expulsa a otro de un territorio más o menos acotado. Cuando hablan de la limpia de Irapuato, los operarios se refieren a un proceso que inició hace unos cuatro o cinco años, cuyo fin viven actualmente.

El simbolismo de las pegatinas es evidente. No son tanto un reclamo, sino una demostración de poder, un recordatorio de lo que ha ocurrido. Genaro, uno de los operarios, recuerda el principio de todo aquello en su barrio. Fue en noviembre de 2020. “Hubo una semana completa de balaceras. Un lunes empezaron a balacear una casa, martes igual, miércoles… Es que ahí estaba El Marro, por el huachicol [el robo de combustible de los ductos]. Y en una casa vendían droga y se iban y le tiraban, hasta granadas y todo… Mataron a varios”, dice, mientras muestra un mosaico en su móvil de sus muertos, sus amigos muertos del barrio. “Ahí en el rancho, entre muertos y desaparecidos son como unos 50 de cinco años para acá”.

Es la guerra del extrarradio, ajena a la pompa de las siglas. En la actual Administración, Irapuato se ha convertido en el foco rojo de las desapariciones en el Estado. Es la ciudad que más casos cuenta, por encima de León, la misma Salamanca o Celaya. Son 228 reportes desde diciembre de 2018, por 99 durante los 12 años anteriores. El horror aquí es presente porque muchas veces los perpetradores siguen campando a sus anchas por el barrio.

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Es el caso de Rosalba Granados. En ocho días de agosto de 2019, criminales asesinaron a su hijo mayor y desaparecieron al pequeño, que quería cobrar venganza. “Nosotros somos de un rancho de ahí entre Salamanca y Celaya. Y ahí estuvo la guerra de los marros contra los jaliscos. Ahora parece que ya se calmaron, porque las personas que andan en eso ya se pasaron a la nueva generación”, explica.

En 2019, la situación era distinta. “Mi hijo mayor sí se drogaba y por lo mismo iba con esta gente”, dice, en referencia a integrantes del grupo de El Marro, detenido en agosto de 2020. “A veces bromeaba y me decía, ‘a lo mejor un día me meto con ellos’. Y yo le decía, ‘sí, papasito, tú métete y me recoges tus cosas y te vas, porque ya no tienes mamá’. Pero luego me decía que era broma”. Así, entre broma y broma, se andaba el hijo mayor, Giovanni, que siempre andaba “cargándoles” a sus compañeros de barrio.

Dice Granados que quizá un día las bromas fueron demasiado. “Le parecía que eran tontos, no sé”. Un sábado, el muchacho no volvió a casa. Se fue con uno de “ellos” y apareció muerto, al día siguiente, en un pueblo cercano. Granados sabe quién era la persona con quien se fue. Lo ve de vez en cuando. Nunca se ha atrevido a preguntar.

El que sí preguntó fue José Antonio, su hijo pequeño, que pronto supo quién había matado a su hermano, según Granados. Parece que el muchacho clamó venganza. Se corrió la voz. Ocho días más tarde, los mismos que habían acabado con el primero desaparecieron al segundo. “Fue cerca del panteón”, explica la madre, “ellos habían ido a sepultar a unos fulanos y cuando lo vieron… Él había ido a un taller cerca de ahí a reparar su moto. Sí me dijeron que cuando lo vieron le gritaron, ¿te sientes muy verga? Ya no sé más”.

Los gritos de las madres en el desierto de Sonora

Sinthya Gutiérrez tiene 40 años y una tristeza que le dobla el cuerpo. Desde 2017 no sabe nada de su hijo Gustavo, que tenía 15 años cuando fue desaparecido. El chico salió con un amigo y no regresó: lo último que se supo de ambos –el otro joven también falta– fue que la policía los tenía esposados en una calle de Guaymas, un municipio de Sonora de 150.000 habitantes. Ella y su marido recorrieron las celdas municipales sin encontrarlo. “Ahí es cuando empezó mi angustia”, dice la mujer, chiquita en la esquina del sofá. En un mueble de madera a su lado, Gutiérrez honra a su hijo desaparecido. Entre latas de Tecate y crisantemos amarillos, también homenajea a su hijo Marco Antonio, baleado a 50 metros de su casa, y a una compañera que buscaba a su marido cuando fue asesinada.

2017 fue “un año muy pesado”, recuerda Gutiérrez. Desde el inicio del conteo en la década de los sesentas hasta 2016, Sonora registró 1.650 desapariciones. En los siguientes cinco años, se alcanzó un número muy similar en este Estado del norte del país: 1.400 personas desaparecidas en ese período. Antes de que un comando armado baleara el Palacio Municipal de Guaymas durante una manifestación feminista en noviembre de 2021 y matara a tres personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ya había identificado el corredor que va desde esa ciudad hasta Cajeme, a una hora y media, como “uno de los más violentos” del país.

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Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, atribuye la violencia desatada en los últimos cinco años a “la negligencia e irresponsabilidad” de las autoridades, pero también a la militarización de la seguridad pública, que empezó a notarse en la zona a partir de 2018, según Bernal. Los últimos dos comisarios de Guaymas, por ejemplo, fueron capitanes de la Marina y en las calles se ven militares en camionetas de la Policía Municipal. La estrategia, dice Bernal, “está siendo contraproducente”: “Hace 25 o 26 años, Sonora era zona segura. La gente venía de Nuevo León, de Coahuila, de todas las zonas azotadas por la violencia”. Y ahora, en cambio, suben los homicidios y se acumulan las fichas de búsqueda.

Otro factor, dice la analista, es la geografía del lugar. Guaymas, que nace en el mar y se extiende entre cerros del color del piloncillo plantados de sahuarios, es un área privilegiada para el tráfico de drogas, de mercancías, de personas. Su puerto recibe barcos internacionales; está rodeada de grandes extensiones de tierra; la frontera con Estados Unidos se ubica a 500 kilómetros. El crimen organizado se disputa desde hace algunos años ese territorio. De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, ocho grupos operan en Sonora. Los Salazares y los Chapitos, una escisión del Cártel de Sinaloa, son los que actúan en Guaymas y los municipios de alrededor, según periodistas y activistas de la zona.

Cuando el número de desaparecidos empezó a crecer, Sinthya Gutiérrez fue una de las madres que se organizó para crear Guerreras Buscadoras, un colectivo que en Guaymas llegó agrupar a 40 familias y hoy solo reúne a 15. Por temor hay personas que han dejado de buscar, dice. A las que quedan, sobre todo madres, esposas, primas, hermanas, les dicen que son unas chivas locas: “Porque andamos en los cerros”. Cuando buscan, normalmente orientadas por datos que les envían de forma anónima, salen bien temprano y caminan durante kilómetros a temperaturas que pueden superar los 40 grados. Si hunden una varilla en la tierra y al quitarla trae el olor de un cuerpo, empiezan a cavar.

Hace tiempo que Gutiérrez dejó de ir a la Fiscalía para conocer avances sobre el caso de su hijo. Rosario Gutiérrez, que busca desde hace un año y nueve meses al suyo, también se cansó de acudir al ministerio público. “No los buscan como nosotros. Ellos llegan [a las fosas], recogen lo que quieren y se van. Y nosotras llegamos al otro día y encontramos muchos restos”, critica la mujer de 53 años. Jesús Gabriel, de 29, se fue a la playa en Semana Santa y ella no ha sabido nada sobre él desde entonces. Si no lo busca, no sabe qué más hacer: “Mi mundo se torna cuatro paredes y un rostro mojado”.

Como ella, otras madres sienten que rastrearlos es el único consuelo. Guadalupe Loaiza, de 48 años, busca a su hija, Yosineidy Hernández, y al papá de la joven, que se fue con ella cuando dos hombres vinieron a su casa a llevársela. Loaiza sonríe cuando recuerda cómo le gustaba a su hija el carnaval y enseguida llora. Los ve a los dos de espalda, yéndose por la puerta, abrazados. “Hemos encontrado a muchos niños, pero a veces digo ‘cómo encuentro a otros y no la encuentro a ella”. En el desierto, en la orilla del mar, en el monte, donde sea que estén buscando, conversan, se ríen como no lo hacen en sus casas, gritan los nombres de sus desaparecidos: “¡Gustavo! ¡Jesús Gabriel! ¡Yosineidy!”. “No andamos buscando justicia”, dice Sinthya Gutiérrez. Ni quién lo hizo, ni quién lo va a pagar: “Solo queremos encontrar a nuestros seres queridos”.

Fuente: El País.

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El 25 de mayo se cumplirá el primer año desde que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos redujo la categoría de aviación de México, al encontrar deficiencias como capacitación al personal y mejora en las tareas de vigilancia de operadores aéreos.

Fernando Gómez, analista del sector aeronáutico, calculó que en un año las aerolíneas mexicanas han perdido ingresos aproximados a 5 mil millones de pesos (casi 242 millones de dólares), recursos que pudieron ser captados si las empresas hubieran podido colocar mayor capacidad de asientos hacia o desde Estados Unidos.

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A su vez, René Armas Maes, vicepresidente comercial y consultor aeronáutico de Jet Link International LLC, calculó que las aerolíneas nacionales perdieron cerca de 200 millones de dólares (poco más de 4 mil millones de pesos) con motivo de la degradación.

Refirió que, en el primer trimestre de este año, uno de cada cuatro pasajeros entre EU y México fueron transportados por las firmas de aviación mexicanas, mientras que antes de la degradación se movilizaban así uno de cada tres viajeros.

“Si las aerolíneas mexicanas hubiesen mantenido la razón de uno a tres durante el primer trimestre del 2022, hubiesen recibido ingresos adicionales de 700 mil pasajeros. Asumiendo una tarifa promedio de 275 dólares, es decir, cerca de 200 millones de dólares de ingresos perdidos”,

estimó.

En entrevista con El Financiero, Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes, afirmó que la recuperación de la categoría 1 a la 2 de la seguridad aérea de México se solventará entre septiembre y noviembre de este año.

“Creo que eso (la recuperación) nos va a llevar a septiembre o a finales de noviembre va a ser que se dé la resolución final, soy optimista que se llevará a finales de septiembre y los pesimistas dicen que se va a noviembre”,

detalló.

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Desde la degradación hasta el primer trimestre de este año, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) calcula que las líneas mexicanas han perdido el 14 por ciento de los pasajeros viajando hacia y desde Estados Unidos, mientras que ese mismo porcentaje ha sido aprovechado por las empresas estadounidenses.

Esta no es la primera vez que México cae a categoría 2: hace poco más de una década, la autoridad también fue degradada, aunque sólo durante cuatro meses. En ese momento, la industria aérea del país tuvo un impacto cuantificado en 3 mil 210 millones de dólares, según el libro blanco IASA-FAA.

La extensión del periodo para recuperar la categoría afectaría los planes de Volaris y Viva Aerobus, quienes esperan volver al primer nivel de seguridad para ampliar sus rutas hacia Estados Unidos. Volaris anunció su intención de tener una ruta entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y Los Ángeles, California. El vuelo podría estrenarse en diciembre.

En tanto, Viva Aerobus tiene un proceso de alianza con la empresa Allegiant, el cual estaría listo en el primer trimestre del 2023. No obstante, la aerolínea dirigida por Juan Carlos Zuazua tiene planes de impulsar rutas hacia Estados Unidos desde el AIFA, pero la categoría es un obstáculo. “Como estamos en categoría 2, las aerolíneas no podemos iniciar rutas al extranjero, Estados Unidos es importante para nosotros, cuando estemos en categoría 1, que esperemos sea pronto, vamos a explorar rutas desde Santa Lucía a Estados Unidos, también podemos explorar rutas al extranjero hacia sudamérica”, comentó Zuazua a El Financiero.

Sumarán hasta 18 meses

En 2021, el gobierno aseguró que en cuatro meses se recuperaría la categoría, posteriormente el canciller Marcelo Ebrard afirmó que tomaría seis meses. Sin embargo, a un año de la degradación, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas denunciaron situaciones preocupantes en el espacio aéreo, por lo que la recuperación que se daría en 18 meses, luce más lejos hoy, que hace un año.

Antes de una nueva auditoría, México tiene una evaluación intermedia llamada ‘Technical Review’, donde inspectores estadounidenses analizarán los avances en las áreas deficientes de la autoridad aeronáutica.

Jiménez Pons confirmó que la visita comenzará durante la tercera semana de mayo, y será crucial para que se agende una nueva auditoría al Programa de evaluación de la seguridad operacional de la aviación internacional (IASA).

Fuente: El Financiero.

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A fines de octubre de 2021, una de los muchos defensores medioambientales, Irma Galindo, salió de su casa, en una remota comunidad indígena del sur de México, para reunirse en la capital con autoridades de un programa estatal de protección a activistas al que pertenece, donde evaluarían las amenazas que había recibido por su labor.

Pero ella, entonces de 41 años, nunca llegó a la cita con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), que tienen a su cargo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conocido como “el Mecanismo”.

Compañeras de lucha la reportaron como desaparecida a principios de noviembre y dijeron que hay elementos suficientes para asegurar que el caso guarda relación con su lucha en contra de la tala ilegal de árboles en su natal Oaxaca, una de las actividades más lucrativas del crimen organizado en México.

Galindo sigue desaparecida y las autoridades han hecho pocos progresos en su caso. Pero su historia no es única en México.

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Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018, al menos 45 ambientalistas han sido asesinados, según cifras oficiales compartidas con Reuters, más que durante gobiernos previos, colocando a México como el segundo país más peligroso del mundo para estos activistas después de Colombia.

La cifra, sin embargo, es conservadora ya que sólo incluye a beneficiarios del Mecanismo y deja por fuera a decenas de otros ecologistas ejecutados, coincidieron activistas. Según la ONG local Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), bajo López Obrador al menos 58 ambientalistas han muerto, siendo 2021 el año más violento para la profesión con 25 asesinatos.

Los números ilustran la peligrosidad de ciertos tipos de activismo social en la gestión del mandatario, quien prometió acabar con la violencia pero va camino a tener el peor registro de crímenes violentos en la historia moderna de México.

“Cuando el Mecanismo actúa, muchas veces es demasiado tarde”, se lamentó Sara Méndez, consejera ciudadana de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca y miembro de la organización civil Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha.

Días antes de desaparecer, Galindo envió una carta a los encargados del Mecanismo asegurando que tenía “miedo de morir” y los denunció por no haberle otorgado “seguridad”.

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“Voy a dejar de esconderme para proteger mi pellejo a cambio de que el gobierno federal, las organizaciones que se dicen ecologistas y gente que dice amar la naturaleza me ayude a desarticular la mafia del poder que está matando a mi gente de la montaña”,

escribió en una carta fechada el 22 de octubre.

Un día después, mientras estaba en la capital, hombres armados irrumpieron en su comunidad, San Esteban Atatlahuca, y asesinaron a siete personas, hirieron de bala a otra y quemaron decenas de casas, según pobladores consultados por Reuters.

Algunos ambientalistas han criticado al mandatario por hacer poco para abordar el problema y hasta minimizar la importancia del activismo ambiental y los peligros de algunas de sus obras insignia, como un tren a través de la selva Maya. Pero López Obrador ha insistido en que es un “aliado” del medioambiente.

‘PODÍA ESPERAR’

Pese a que las amenazas contra Galindo no eran nuevas, ella recién entró a formar parte del Mecanismo en 2021.

El programa ofrece diversos grados de protección, desde poco más que un registro de amenazas hasta geolocalizadores para activistas o incluso guardaespaldas y asistencia para huir del país.

Desde hace cuatro años comenzó a denunciar la tala ilegal del bosque en la región mixteca, una zona que abarca 35,000 kilómetros cuadrados -un área del tamaño de Taiwán- de Guerrero y Oaxaca, así como Puebla.

Ella expuso la existencia de un aserradero que destruía el bosque, según dijo, con permisos de las autoridades. Ni la Secretaría del Medioambiente -que da las licencias para explotarlos-, ni autoridades de Oaxaca respondieron a solicitudes de información por parte de Reuters.

Entonces empezó su calvario: fue hostigada, perseguida, difamada y amenazada de muerte por parte de servidores públicos y de familiares, según denunció Galindo y la ONG Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, que la apoyaba.

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En octubre de 2019, ella acusó de “hostigamiento y persecución” a dos autoridades de San Esteban Atatlahuca.

Un mes más tarde, su casa y las de otros activistas fueron incendiadas, lo que la obligó a salir del país. Galindo responsabilizó del ataque a autoridades locales.

A pesar del riesgo, regresó a su pueblo y continuó su labor. “Volví porque yo no tengo por qué esconderme, no estoy haciendo nada malo, estoy defendiendo un bosque que beneficia a nuestras comunidades”, comentó entonces.

El tráfico de vida silvestre ha aumentado de manera notable en los últimos años en México, según reconocen autoridades, convirtiéndose en uno de los negocios ilegales más redituables de peligrosos grupos del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cártel de Sinaloa.

Pese a estos antecedentes, el caso de Galindo fue calificado por parte del Mecanismo como “ordinario”, lo que significa que “podía esperar” y que “su vida no corría peligro”, aseguró la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.

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Las fiscalías de Ciudad de México, donde ella desapareció, y de Oaxaca, donde recibió las amenazas, investigan el caso pero tras seis meses no hay avances. Activistas creen que el caso de Galindo engrosará la lista de los que quedan sin resolver.

Según cifras oficiales, de los 45 ambientalistas asesinados desde diciembre de 2018 sólo se ha dictado sentencia en dos casos, lo que supone una impunidad del 96%.

“Lamentablemente esta situación que padecemos como Estado mexicano la venimos arrastrando hace más de 15 años, más de 15 años en donde no se ha podido lograr parar el aumento de agresiones”,

confesó Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos en la Segob.

“Por más que podamos edificar un sistema efectivo de protección, mientras existan esos índices de impunidad va a ser difícil acabar con el problema”,

agregó.

ESTADO AGRESOR

Al menos el 40% de las agresiones cometidas en contra de defensores del medioambiente en México provienen de funcionarios estatales, particularmente de autoridades locales, de acuerdo a cifras oficiales.

“Hay un gran porcentaje de autoridades, sobre todo de autoridades municipales, que son las opresoras de personas defensoras, y aquí tenemos un problema grave porque, finalmente, las autoridades locales no solamente no contribuyen en la solución sino que son parte del problema”,

dijo Irazoque.

En muchos casos, aquellos funcionarios locales están coludidos con el crimen organizado. Cuando no, son asesinados como demuestran los más de 200 crímenes contra alcaldes que se han suscitado en el país desde 2004, de acuerdo a una investigación publicada en el Instituto Baker de Política Pública de la Universidad de Rice.

Actualmente, el Gobierno está dialogando con autoridades, especialistas y víctimas en busca de una nueva ley general para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con la que pretende ponerle un alto a los asesinatos.

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Sin embargo, especialistas consultados por Reuters aseguran que el cambio legal no es necesario para cumplir con el deber del Estado de defender a activistas.

“Pueden establecer cualquier ley pero si no hay voluntad política para hacer cumplir las normas establecidas y atender el estándar de protección internacional al cual México se ha obligado, la situación de las personas defensoras en México seguirá siendo la misma”,

se lamentó Luz Coral, del Cemda.

Mientras los cambios llegan, los ambientalistas mexicanos siguen en pie de lucha.

Uno de ellos es Fernando Jiménez, quien aseguró que ha recibido amenazas desde que su compañero de lucha, Tomás Rojo, fue asesinado en 2021, según familiares, por oponerse a un acueducto que alimenta a la ciudad norteña Hermosillo desde el río Yaqui, asegurando que está secando Vícam, su pequeño pueblo en el desierto de Sonora, uno de los más grandes del mundo.

Dos meses después del asesinato de Rojo, en julio, una decena de hombres, incluidos siete yaquis, fueron secuestrados por un presunto comando del crimen organizado en Sonora. Los cuerpos de cinco de ellos fueron identificados en septiembre, pero el resto siguen desaparecidos, en un caso que Jiménez cree que está relacionado con la defensa del agua.

“Sigue persistiendo el miedo, pero no la cobardía. Vamos a seguir luchando porque nos estamos quedando sin nuestros recursos naturales”, dijo Jiménez, de 55 años, en una entrevista telefónica con Reuters. “No sabemos a quién recurrir”.

Fuente: Forbes.

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Este año el Producto Interno Bruto (PIB) de México crecerá solo 1.2 por ciento, de acuerdo con la división de análisis económico de BBVA. Esto representa una revisión a la baja respecto al 2.2 por ciento estimado por la firma anteriormente.

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En conferencia de prensa, Carlos Serrano, economista en jefe de la institución financiera, indicó que esta revisión obedece a los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en los que se vislumbra debilidad de la demanda interna; debilidad del mercado laboral, así como la mayor inflación vista en meses recientes.

A esto se le suma la incertidumbre en las inversiones, y en una menor medida al conflicto bélico que mantiene Rusia con Ucrania.

De aprobarse, reforma eléctrica pondría a México en recesión

La reforma al sector eléctrico propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría orillar a México a una recesión económica, aseveró Serrano.

La posible aprobación de la reforma eléctrica sería considerado como un riesgo a la baja para la economía nacional.

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Serrano consideró que, de avanzar esta propuesta tal como la planteó el titular del Ejecutivo, podría minar la confianza de los inversionistas, lo que a su vez ocasionaría una recesión en nuestro país.

Fuente: El Financiero.

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Monterra anunció que presentaron una Notificación de la Intención de someter una reclamación a arbitraje al gobierno de México por acciones ilegales y discriminatorias que impiden las operaciones de su terminal de importación de combustibles en el puerto de Tuxpan en Veracruz.

La empresa señaló que los daños derivados de las acciones discriminatorias pueden ascender a aproximadamente 667 millones de dólares.

Las Notificaciones de intención bajo acuerdos internacionales prevén una fase inicial de negociación y consulta para resolver la controversia, buscando evitar la necesidad de iniciar un arbitraje internacional.

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Monterra Energy y Monterra Energy Holdings mandaron dicha notificación tras la clausura de su terminal de combustibles hace cinco meses, alegan que con esto se está negando el debido proceso y violando provisiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevé en el Anexo 14-C, con respeto a inversiones existentes como la de Monterra, la interposición de una reclamación a arbitraje de conformidad con el capítulo 11 del TCLAN.

La terminal de Monterra es una de varias que han sido clausuradas por la administración de Andrés Manuel López Obrador, estas acciones bloquean la importación de bienes de origen estadounidense y ponen en riesgo puestos de empleo en México y Estados Unidos.

“Hemos hecho más de lo que se pudiera esperar para resolver de manera cooperativa este asunto, a fin de seguir apoyando la economía y seguridad energética de México y de proveer empleos bien remunerados,”

aseguró Arturo Vivar, CEO de Monterra a través de un comunicado.

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Además, dijo que se ha intentado de manera reiterada resolver la clausura, incluyendo al proveer amplia evidencia de su cumplimiento total con el marco legal y regulatorio, pero las autoridades mexicanas han ignorado la evidencia.

“Simplemente pedimos que México salvaguarde el Estado de derecho y cumpla con sus obligaciones bajo tratados internacionales. Nuestra preferencia sería una alcanzar una resolución amistosa, pero las acciones realizadas hasta ahora por el gobierno de México no dejan otra alternativa que perseguir todas las opciones jurídicas disponibles”,

sentenció Vivar.

La terminal de Monterra (Servitux) obtuvo un permiso de 30 años de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el 4 de mayo de 2018.

El órgano regulador en materia energética realizó varias visitas de inspección a la terminal antes de que entrara en operación y en julio del 2021 la compañía cumplió con el requisito del permiso de dar aviso a la Comisión sobre el inicio de operaciones del sistema de almacenamiento.

Pero el 13 de septiembre de 2021, la CRE realizó una inspección extraordinaria junto con elementos armados de la Guardia Nacional y personal de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

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Derivado de esta inspección, las autoridades realizaron una clausura temporal sin ninguna justificación judicial y desde entonces permanece así, alegó Monterra.

Todos los bienes importados y descargados en la terminal antes de la clausura provienen de Estados Unidos, “La orden de clausura es arbitraria, ilegal y completamente inconsistente con extenso intercambio previo de comunicaciones entre Servitux, una empresa organizada bajo la ley mexicana de participación mayoritaria de Monterra Energy, y la CRE”, condenó la empresa.

Desde el año pasado, el gobierno de México intensificó una serie de inspecciones en el sector petrolífero, la secretaria de Energía, Roció Nahle, ha dicho que es porque hay mucho contrabando de combustible en el país, “huachicoleo fiscal”.

Monterra indicó que las acciones tuvieron lugar en el contexto de los esfuerzos del gobierno, a partir de inicios de 2019, para frenar la importación, almacenamiento y distribución de petrolíferos por compañías extranjeras, para devolverle el monopolio a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Fuente: Forbes.

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