El Estado mexicano forma parte de 17 Instrumentos Internacionales que protegen los derechos humanos de las personas en reclusión y regulan la prisión preventiva oficiosa.

De acuerdo con el documento “Compilación de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos de las Personas en Reclusión”, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se trata de la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; entre otros.

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En su estudio “¿México cumple los estándares internacionales sobre prisión preventiva?, Antonio Salcedo Flores, los estándares internacionales de la prisión preventiva en México los establece la Constitución General de la República, y estás fueron prácticamente transcritas al Código Nacional de Procedimiento Penales.

“A la luz de lo preceptuado en los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los compromisos que México adquirió al celebrar los tratados internacionales, principalmente los que se refieren a derechos humanos, todas nuestras autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, favoreciendo siempre a las personas con la protección más amplia”,

se indicó en el reporte.

Añadió que la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 3, dispone que todo individuo tiene derecho a la libertad y en el artículo 9 establece que nadie puede ser arbitrariamente detenido. El artículo 11 declara que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en el juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

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“La Constitución Mexicana, en materia de prisión preventiva, es más lesiva para la libertad personal que la Declaración Universal, razón por la cual se encuentra por debajo de los estándares internacionales”,

refirió.

En tanto, el “Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas”, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mencionó que en México “más del 40% de la población penitenciaria está constituido por presos sin condena”.

Fuente: El Economista.

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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó en un comunicado que declaró alerta sanitaria máxima por los riesgos a la salud que representan los vapeadores en todas sus modalidades y, en colaboración con la Secretaría de Gobernación (Segob), «diseña una estrategia para prevenir riesgos y fortalecer acciones de control sanitario a estos productos, los cuales son prioritarios para la autoridad sanitaria federal».

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Cofepris, órgano sanitario mexicano, informó de tres acciones, las cuales son: 

1. Fortalece las acciones de vigilancia sanitaria, incrementando el número de visitas de verificación y aseguramientos de dispositivos, especialmente aquellos localizados en puntos con mayor riesgo de ser consumidos por personas menores de edad. 
2. Refuerza la capacitación de autoridades sanitarias de las entidades federativas sobre control sanitario de este tipo de productos y los establecimientos que los venden. 
3. Implementa la Jornada Nacional de Denuncia Sanitaria enfocada en promover la vigilancia y los reportes ciudadanos sobre máquinas expendedoras y puntos de venta que comercialicen estos productos.

Recuerda además que «ningún vapeador o calentador de tabaco cuenta con autorización sanitaria, ni reconocimiento por parte de la Secretaría de Salud como productos de riesgo reducido o alternativo. Como se informó en la primera Semana Nacional contra Riesgos Sanitarios, autoridades federales y estatales ya realizan operativos para asegurar este tipo de productos gracias a la vigilancia y denuncia ciudadana».

Fuente: Punto Mx.

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La tendencia acelerada de inflación es de las grandes preocupaciones en el mundo y lo que más presiona al interior de los índices de precios es el rubro de los alimentos, que han alcanzado sus precios récord en los meses recientes. Los precios de los energéticos también están enfrentando turbulencia a escala global.

En México, por ejemplo, los proyectos de abasto, los estímulos fiscales y las tarifas especiales por temporada han contenido el agresivo encarecimiento de los energéticos de alto consumo: el gas doméstico LP, las gasolinas y la electricidad.

En contraparte, los agropecuarios, los alimentos procesados y las bebidas son grupos que han registrado los incrementos más pronunciados en su nivel de precios al consumidor. Esto refleja una realidad que enfrentan ya los hogares mexicanos: comer es cada vez más caro.

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Durante abril del 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento interanual de 7.68%, el alza más pronunciada en 21 años. Este nivel de inflación general estuvo presionado principalmente por los incrementos en el precio de la comida en todas sus formas.

Al interior del INPC, el rubro general de alimentos, bebidas y tabaco —que incluye sólo alimentos procesados— registró un encarecimiento interanual de 10.88% durante este lapso. 

Por su parte, las frutas y verduras se comercializaron 15.84% más caras en relación con el año pasado. Las carnes, lácteos y otros productos pecuarios registraron un encarecimiento de 13.21 por ciento. 

Los genéricos relacionados con la alimentación son los que han presentado los aumentos más importantes en sus niveles de precios. Esto implica una presión importante sobre el INPC general porque la comida compone el 30% del índice.

El encarecimiento de la comida en México golpea de manera particular a los hogares más pobres porque son quienes destinan mayor parte de sus ingresos a este rubro. Las familias que componen los deciles I y II destinan la mitad (50.2%) del dinero que perciben sólo a comer.

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En México, al corte del 2020, se estimó que 2 de cada 10 mexicanos presentan carencia en el acceso efectivo a alimentación nutritiva y de calidad, según cifras del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social). 

La tendencia acelerada de inflación podría tener efectos importantes en la seguridad alimentaria de la población en sus diversos niveles, desde cambiar a marcas más baratas, dejar de consumir ciertos alimentos o incluso saltarse comidas. 

El Pacic (Paquete Contra la Inflación y la Carestía) impulsado por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, busca servir como contención ante el incremento de precios generalizado. Con la participación de la iniciativa privada y acciones de producción y reducción de costos busca garantizar un precio «justo» en 24 productos de consumo mínimo. 

Pese a estos esfuerzos, la realidad y las proyecciones siguen presionando los bolsillos de los y las mexicanas: el incremento de los precios mantendrá su tendencia acelerada, al menos, hasta el 2024.

Fuente: El Economista.

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A fines de octubre de 2021, una de los muchos defensores medioambientales, Irma Galindo, salió de su casa, en una remota comunidad indígena del sur de México, para reunirse en la capital con autoridades de un programa estatal de protección a activistas al que pertenece, donde evaluarían las amenazas que había recibido por su labor.

Pero ella, entonces de 41 años, nunca llegó a la cita con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), que tienen a su cargo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conocido como “el Mecanismo”.

Compañeras de lucha la reportaron como desaparecida a principios de noviembre y dijeron que hay elementos suficientes para asegurar que el caso guarda relación con su lucha en contra de la tala ilegal de árboles en su natal Oaxaca, una de las actividades más lucrativas del crimen organizado en México.

Galindo sigue desaparecida y las autoridades han hecho pocos progresos en su caso. Pero su historia no es única en México.

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Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018, al menos 45 ambientalistas han sido asesinados, según cifras oficiales compartidas con Reuters, más que durante gobiernos previos, colocando a México como el segundo país más peligroso del mundo para estos activistas después de Colombia.

La cifra, sin embargo, es conservadora ya que sólo incluye a beneficiarios del Mecanismo y deja por fuera a decenas de otros ecologistas ejecutados, coincidieron activistas. Según la ONG local Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), bajo López Obrador al menos 58 ambientalistas han muerto, siendo 2021 el año más violento para la profesión con 25 asesinatos.

Los números ilustran la peligrosidad de ciertos tipos de activismo social en la gestión del mandatario, quien prometió acabar con la violencia pero va camino a tener el peor registro de crímenes violentos en la historia moderna de México.

“Cuando el Mecanismo actúa, muchas veces es demasiado tarde”, se lamentó Sara Méndez, consejera ciudadana de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca y miembro de la organización civil Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha.

Días antes de desaparecer, Galindo envió una carta a los encargados del Mecanismo asegurando que tenía “miedo de morir” y los denunció por no haberle otorgado “seguridad”.

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“Voy a dejar de esconderme para proteger mi pellejo a cambio de que el gobierno federal, las organizaciones que se dicen ecologistas y gente que dice amar la naturaleza me ayude a desarticular la mafia del poder que está matando a mi gente de la montaña”,

escribió en una carta fechada el 22 de octubre.

Un día después, mientras estaba en la capital, hombres armados irrumpieron en su comunidad, San Esteban Atatlahuca, y asesinaron a siete personas, hirieron de bala a otra y quemaron decenas de casas, según pobladores consultados por Reuters.

Algunos ambientalistas han criticado al mandatario por hacer poco para abordar el problema y hasta minimizar la importancia del activismo ambiental y los peligros de algunas de sus obras insignia, como un tren a través de la selva Maya. Pero López Obrador ha insistido en que es un “aliado” del medioambiente.

‘PODÍA ESPERAR’

Pese a que las amenazas contra Galindo no eran nuevas, ella recién entró a formar parte del Mecanismo en 2021.

El programa ofrece diversos grados de protección, desde poco más que un registro de amenazas hasta geolocalizadores para activistas o incluso guardaespaldas y asistencia para huir del país.

Desde hace cuatro años comenzó a denunciar la tala ilegal del bosque en la región mixteca, una zona que abarca 35,000 kilómetros cuadrados -un área del tamaño de Taiwán- de Guerrero y Oaxaca, así como Puebla.

Ella expuso la existencia de un aserradero que destruía el bosque, según dijo, con permisos de las autoridades. Ni la Secretaría del Medioambiente -que da las licencias para explotarlos-, ni autoridades de Oaxaca respondieron a solicitudes de información por parte de Reuters.

Entonces empezó su calvario: fue hostigada, perseguida, difamada y amenazada de muerte por parte de servidores públicos y de familiares, según denunció Galindo y la ONG Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, que la apoyaba.

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En octubre de 2019, ella acusó de “hostigamiento y persecución” a dos autoridades de San Esteban Atatlahuca.

Un mes más tarde, su casa y las de otros activistas fueron incendiadas, lo que la obligó a salir del país. Galindo responsabilizó del ataque a autoridades locales.

A pesar del riesgo, regresó a su pueblo y continuó su labor. “Volví porque yo no tengo por qué esconderme, no estoy haciendo nada malo, estoy defendiendo un bosque que beneficia a nuestras comunidades”, comentó entonces.

El tráfico de vida silvestre ha aumentado de manera notable en los últimos años en México, según reconocen autoridades, convirtiéndose en uno de los negocios ilegales más redituables de peligrosos grupos del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cártel de Sinaloa.

Pese a estos antecedentes, el caso de Galindo fue calificado por parte del Mecanismo como “ordinario”, lo que significa que “podía esperar” y que “su vida no corría peligro”, aseguró la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.

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Las fiscalías de Ciudad de México, donde ella desapareció, y de Oaxaca, donde recibió las amenazas, investigan el caso pero tras seis meses no hay avances. Activistas creen que el caso de Galindo engrosará la lista de los que quedan sin resolver.

Según cifras oficiales, de los 45 ambientalistas asesinados desde diciembre de 2018 sólo se ha dictado sentencia en dos casos, lo que supone una impunidad del 96%.

“Lamentablemente esta situación que padecemos como Estado mexicano la venimos arrastrando hace más de 15 años, más de 15 años en donde no se ha podido lograr parar el aumento de agresiones”,

confesó Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos en la Segob.

“Por más que podamos edificar un sistema efectivo de protección, mientras existan esos índices de impunidad va a ser difícil acabar con el problema”,

agregó.

ESTADO AGRESOR

Al menos el 40% de las agresiones cometidas en contra de defensores del medioambiente en México provienen de funcionarios estatales, particularmente de autoridades locales, de acuerdo a cifras oficiales.

“Hay un gran porcentaje de autoridades, sobre todo de autoridades municipales, que son las opresoras de personas defensoras, y aquí tenemos un problema grave porque, finalmente, las autoridades locales no solamente no contribuyen en la solución sino que son parte del problema”,

dijo Irazoque.

En muchos casos, aquellos funcionarios locales están coludidos con el crimen organizado. Cuando no, son asesinados como demuestran los más de 200 crímenes contra alcaldes que se han suscitado en el país desde 2004, de acuerdo a una investigación publicada en el Instituto Baker de Política Pública de la Universidad de Rice.

Actualmente, el Gobierno está dialogando con autoridades, especialistas y víctimas en busca de una nueva ley general para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con la que pretende ponerle un alto a los asesinatos.

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Sin embargo, especialistas consultados por Reuters aseguran que el cambio legal no es necesario para cumplir con el deber del Estado de defender a activistas.

“Pueden establecer cualquier ley pero si no hay voluntad política para hacer cumplir las normas establecidas y atender el estándar de protección internacional al cual México se ha obligado, la situación de las personas defensoras en México seguirá siendo la misma”,

se lamentó Luz Coral, del Cemda.

Mientras los cambios llegan, los ambientalistas mexicanos siguen en pie de lucha.

Uno de ellos es Fernando Jiménez, quien aseguró que ha recibido amenazas desde que su compañero de lucha, Tomás Rojo, fue asesinado en 2021, según familiares, por oponerse a un acueducto que alimenta a la ciudad norteña Hermosillo desde el río Yaqui, asegurando que está secando Vícam, su pequeño pueblo en el desierto de Sonora, uno de los más grandes del mundo.

Dos meses después del asesinato de Rojo, en julio, una decena de hombres, incluidos siete yaquis, fueron secuestrados por un presunto comando del crimen organizado en Sonora. Los cuerpos de cinco de ellos fueron identificados en septiembre, pero el resto siguen desaparecidos, en un caso que Jiménez cree que está relacionado con la defensa del agua.

“Sigue persistiendo el miedo, pero no la cobardía. Vamos a seguir luchando porque nos estamos quedando sin nuestros recursos naturales”, dijo Jiménez, de 55 años, en una entrevista telefónica con Reuters. “No sabemos a quién recurrir”.

Fuente: Forbes.

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El Gobierno mexicano ha presentado este miércoles las últimas cifras de homicidios y ha destacado marzo como el mes más sangriento del año. Unas 3.632 personas han sido asesinadas, es decir, que casi 120 han sido masacradas al día mientras sucedían otros eventos: se protestaba por el Día Internacional de la Mujer, el presidente se enfrentaba a los parlamentarios europeos por los crímenes a periodistas, se observaba con horror la invasión rusa a Ucrania y se inauguraba un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México construido por militares. A esas cifras se suman también los más de 4.000 desaparecidos que hay registrados de enero hasta la fecha. Con esos datos en la mano, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha celebrado que pese al pico de este año, se trate del marzo menos sangriento del último lustro. Un puñado de cadáveres menos para el baile de las cifras de muerte. Pero la espiral violenta en la que está sumida México desde hace seis años continúa.

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Concretamente, este mes de marzo ha contabilizado 220 muertos menos que marzo del año pasado. También, 240 cadáveres más que el marzo de 2017, cuando López Obrador aún no había tomado posesión en el cargo —ganó las elecciones en 2018 e inició su mandato en diciembre de ese año—. Cuando una pandemia amenazaba al mundo, en marzo de 2020, y la gente comenzaba a encerrarse en sus casas y a preocuparse por la falta de capacidad de los hospitales, en México en esos 31 días se asesinó a 4.003 personas. Lo que destacan las estadísticas es que en este país no se ha dejado de matar de una forma feroz, independientemente de los meses. Que en México mueren asesinadas —según la media de este año— 112 personas al día.

El informe que ha presentado la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, este miércoles durante la conferencia mañanera del presidente, ha señalado que no en todos los rincones del país se mata por igual. Que solo seis Estados concentran el 50% de los homicidios: Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Los habitantes de estas entidades suman más de 42 millones de personas. Es decir, que pese a que el Gobierno señala solo a unos cuantos Estados que viven bajo el yugo de la violencia, la realidad es que un tercio de la población mexicana vive en estas condiciones de terror.

No quiere decir el informe que el resto viva en paz. En México han sido asesinadas, desde 2019, 132.088 personas. Y han desaparecido en ese mismo periodo de tiempo 67.122 y todavía no se sabe dónde están. Como si en poco más de tres años se esfumara la mitad de la población del municipio de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

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Las cifras de muerte no han dejado de crecer sin freno desde 2017, cuando la cantidad de homicidios superó a las peores épocas de la guerra contra el narco —la batalla del Ejército contra los cárteles de la droga y sus capos que emprendió Felipe Calderón en 2006, donde las masacres, ejecuciones extrajudiciales de los militares y los pueblos abandonados se convirtieron en las estampas que México enviaba al mundo—. Los gobernantes posteriores, tanto Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018) como López Obrador, han comparado siempre sus estrategias de seguridad con las de entonces, pese a que nunca se ha matado tanto como después. Una sangría que continúa hasta la fecha.

López Obrador heredó una crisis de seguridad marcada por la pulverización de cárteles de la droga que resultó de la captura de los capos que inició Calderón y que continuó Peña Nieto. Las divisiones dentro de los grupos delictivos configuraron un nuevo mapa del crimen con cientos de células con capacidad de asesinar, extorsionar y extender sus guerras por todo el territorio. Pese a que todavía conviven dos grandes organizaciones criminales, el cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, sus socios y aliados —además de otras decenas de narcos locales, escisiones de los más antiguos— se pelean ciudades y pueblos en cada rincón del país. Frente a este ecosistema violento, la estrategia del presidente ha consistido principalmente en aumentar la presencia militar, tanto del Ejército, como de la Marina en los puertos y el cuerpo de seguridad híbrido civil-militar que él diseñó a su llegada al poder, la Guardia Nacional. Y sobre todo, evitar enfrentamientos directos con el narco.

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Las escenas de la nueva guerra del narco de estos días consisten en pueblos tomados en Michoacán, fusilamientos contra rivales del narco, minas antipersona para evitar el recorrido de los militares, tanques de guerra paseando libremente por las calles, masacres de decenas de personas en una fiesta; en Zacatecas, un escenario similar, decenas de cadáveres amontonados a las puertas de la sede del Gobierno estatal y otras en pena calle, colgados de puentes, municipios que se han quedado sin policías por miedo a que los asesinen a ellos también; en Colima y Sonora, ciudades completas asediadas por los narcos en un intento de cercar a sus rivales. Entre Tamaulipas y Nuevo León, la carretera de la muerte, con decenas de viajeros desaparecidos; en el corredor de la Riviera Maya, de Cancún a Tulum, balaceras en resorts de lujo, turistas asesinados por una bala perdida. Y la lista de Estados afectados por la narcoviolencia se renueva cada semana.

Pese a los bailes de cifras y a los titulares que busca el Gobierno federal, la violencia en México no ha dado tregua. Con una impunidad que ronda el 95% para todos los delitos, la falta de justicia lanza un peligroso mensaje: si en abril se mata más o menos, dependerá de la voluntad del crimen, no de una lucha conjunta de todos los poderes para detenerlo.

Fuente: El País.

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El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó este miércoles (23.03.2022) a artistas como el actor Eugenio Derbez, la cantante Natalia Lafourcade o el cantante Rubén Albarrán, entre otros, por protagonizar una campaña contraria al Tren Maya, proyecto insignia del Gobierno.

Los artistas señalan en videos en redes sociales que por este proyecto que se construye en el sureste del país se estarían talando miles de árboles y afectando los ecosistemas de la zona, considerados entre los de mayor riqueza en el mundo.

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«Convencen o contratan a artistas, a pseudo ambientalistas, supuestamente preocupados por la defensa del medioambiente y empiezan una campaña en contra del Tren Maya», dijo López Obrador en su conferencia de prensa diaria. El mandatario izquierdista aseguró que sus «adversarios» estarían detrás de esta iniciativa. «Es una campaña en contra porque son muy conservadores, son ‘fifís'» (presuntuosos), sostuvo.

«No somos sus adversarios, somos mexicanos», declaró en uno de los videos Albarrán, líder de la banda Café Tacvba. Derbez advirtió de su lado que se está «destruyendo la selva» mientras que Lafourcade dijo que «ya se han talado cientos, miles de árboles».

Los videos, en los que también aparecen las actrices Kate del Castillo y Bárbara Mori, reclaman mayores estudios de impacto ambiental y que se detenga la obra en su tramo 5, donde se encuentra una extensa red de cuevas y cenotes (ríos subterráneos).

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El Tren Maya es, junto con un recién inaugurado aeropuerto y una refinería en construcción, uno de los magnos proyectos lanzados por López Obrador luego de asumir la presidencia en diciembre de 2018. Será un transporte eminentemente turístico que recorrerá 1.554 km a lo largo de cuatro estados para conectar majestuosos sitios arqueológicos, exuberantes selvas y las paradisíacas playas del Caribe mexicano.

Sin embargo, el Tren Maya es rechazado por ambientalistas, algunas comunidades indígenas, opositores al Gobierno e incluso la exguerrilla del EZLN. En diciembre sumaban 25 acciones legales contra el proyecto. López Obrador ha dicho que se espera que el Tren Maya empiece a operar a finales de 2023.

Fuente: DW.

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Viktor Koronelli, embajador de Rusia en México, expresó este miércoles su respeto hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador por no apoyar las sanciones contra su país por la invasión a Ucrania.

El funcionario subrayó la decisión de no enviar ningún tipo de armamento a los ucranianos (medida que sí tomaron algunos países en Europa), por lo que, dijo, las relaciones entre México y Rusia permanecerán sin modificaciones.

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“México es de los países que nunca van a contestar ‘yes, sir’”, dijo en la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia, encabezado por el diputado y dirigente nacional del PT, Alberto Anaya.

El presidente López Obrador ha subrayado que México no se unirá a ningún tipo de castigo contra Rusia por las operaciones militares iniciadas en territorio ucraniano desde febrero pasado como parte de su política de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

“No queremos conflictos, somos partidarios de la paz y del dialogo, de los acuerdos, sobre todo que actúen de manera responsable las potencias, las naciones hegemónicas y se abandone para siempre la costumbre del intervencionismo y las invasiones y que siempre se haga valer el principio juarista de que ‘entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz’,

parece que se los olvida a gobernantes del extranjero, andan de metiches”, dijo en su conferencia del 23 de febrero.

El mandatario también descartó que por la invasión, México tenga pensado anular contratos como el del envasado de la vacuna ‘Sputnik V’, una creación rusa contra el COVID-19, al señalar que la “salud no tiene que ver con conflictos políticos”.

Oposición critica a Morena y aliados por instalación de grupo

Media docena de legisladores del partido Movimiento Ciudadano (MC) protestó a las afueras del evento con pequeñas pancartas de “¡No a la guerra!”, y calificaron el evento como un acto de “imprudencia e impertinencia parlamentaria”.

El grupo parlamentario del PAN emitió un pronunciamiento público en el que expresó que “hemos decidido no participar en la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia” porque “no estamos de acuerdo con ser parte de la imprudencia y falta de sensibilidad de la situación por la que está atravesando Ucrania con la invasión de tropas rusas en su territorio”.

Fuente: Con información de El Financiero.

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Un poder acompañado del abierto respaldo incondicional de una mayoría legislativa y un apoyo implícito de otros poderes del Estado y de la sociedad ya sea por convicción, interés o temor.

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El camino de las visiones unipersonales, contrarias al sentido común y que marcaron el tono del sexenio empezó precisamente con una decisión en torno al futuro de la aviación comercial en el gran Valle de México.

Antes incluso de empezar su gobierno, López Obrador decidió que se cancelaría la obra de construcción de Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, a espaldas del Aeropuerto Benito Juárez.

A pesar de que tenía un avance de casi 40% en su construcción, a pesar de los intentos de convencimiento, el Presidente dijo: se cancela.

Todos los argumentos para esta determinación han sido pretextos insostenibles, como el destino de los terrenos del actual aeropuerto. Que si se construía en un lago que no tiene agua; que si las pistas se hunden, en claro insulto a los ingenieros mexicanos.

El NAIM se anunció en el 2014 para inaugurarse en 2021. Necesitaba tiempo porque un aeropuerto bien hecho se planea desde el espacio aéreo hacia abajo. No podía este régimen soportar la idea de compartir un proyecto con los “corruptos neoliberales” y mejor hizo uno rapidito que pudiera inaugurar López Obrador.

No hay una forma honesta de defender el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles sobre la alternativa que hubiera implicado para el país el aeropuerto de Texcoco. Ninguna.

El principal problema, de los muchos que tiene la terminal aérea de la base militar, es que comparte el espacio aéreo con el aeropuerto Benito Juárez.

Entre las múltiples dificultades económicas que presenta esta nueva terminal están los que afectan a los potenciales usuarios como la distancia, los tiempos y los costos de traslado. La imposibilidad real de tener vuelos de conexión con el actual aeropuerto, entre muchos otros.

Para el país el AIFA presenta problemas tan importantes como su falta de autosustentabilidad financiera durante muchos años y su necesidad permanente de recursos públicos. Además, el costo de la deuda de liquidación del NAIM acabará por asfixiar las finanzas del aeropuerto Benito Juárez.

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Uno más y muy importante. México perdió la oportunidad de convertirse en el Hub, aeropuerto de conexiones, más importante de América Latina.

Una terminal aérea con coparticipación privada, que no sangrara las finanzas públicas, cercano, con uso exclusivo del espacio aéreo y que le diera a México el lugar que merece tener en el mundo. Pero no, no son tiempos de que nuestro país aspire a ello. 

Van a pasar años, quizá décadas, pero, al final, México va a tener un aeropuerto verdaderamente funcional y otras cosas más que hoy están en pausa. Va a ocurrir, aunque hoy no tengamos la capacidad de imaginarlo por lo apabullante que resulta el régimen, pero va a pasar.

Fuente: Con información de El Economista.

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La reforma energética mexicana debe resolver las preocupaciones del gobierno y de las empresas estadounidenses en “temas difíciles” como contratos y permisos, o de lo contrario no habrá confianza en invertir en la economía mexicana, advirtió el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

En un foro del Consejo Atlántico de Washington, donde estuvo acompañado por el embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, el embajador estadounidense dijo entender que México es un país soberano, pero insistió en que la preocupación de Estados Unidos es que el desenlace de la reforma apoye la integración de las cadenas de abasto entre los dos países.

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“Necesitamos trabajar en muchos asuntos difíciles, uno de los cuales tiene que ver con contratos, permisos. Estamos presionando por la resolución de esos asuntos, ojalá haya una resolución porque de otra manera no se puede tener confianza en invertir en México”,

alertó el diplomático de origen mexicano.

Salazar reconoció la apertura del presidente Andrés Manuel López Obrador para reunirse con el enviado especial para cambio climático John Kerry, con la secretaria de Energía, Jennifer Granholm y con él mismo. “Todos hemos expresado nuestras preocupaciones reales. En el mundo del Departamento de Estado le llaman ‘inquietudes’, yo lo llamo temblores”, dijo en español.

Al final de su visita en enero pasado a México, Granholm dijo haber compartido con el presidente mexicano su preocupación sobre el “potencial impacto negativo” de la propuesta de reforma energética en la inversión privada estadounidense en México y en los esfuerzos conjuntos en materia de energías limpias y cambio climático.

En su turno, el embajador Moctezuma dijo creer que el desenlace de la reforma energética garantizará el fortalecimiento de la CFE y también un mercado “abierto, transparente y eficiente”.

Indefinición, un lastre

Por su parte, directivos bancarios advirtieron que la falta de definición en el sector energético está causando un lastre importante en la inversión privada, lo que se está reflejando en el bajo crecimiento.

“Nosotros esperábamos que una parte muy importante de la inversión en México iba a ese sector (eléctrico) y como eso no se está materializando, estamos viendo un lastre importante en el potencial económico de México. Se tiene que corregir y se tienen que clarificar las reglas de cómo y cuándo la gente puede invertir en ese sector”,

señaló Jorge Arce, director general del Grupo Financiero HSBC México.

Consideró que hay poca definición en varios sectores, lo que no sirve a nadie, “esperábamos que gran parte de la inversión privada extranjera y local iba a ir al sector energético, como esto no es posible en este momento, porque hay una falta de definición, y no es algo atractivo para el gobierno que vengan más inversores en ese sector en este momento, eso está causando un lastre importante en la inversión privada y en México, y lo vemos en el poco crecimiento”, explicó el también presidente del Consejo de Administración de HSBC México.

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En entrevista por separado, Adrián Otero, director general de Scotiabank México, explicó que el sector energético es clave para el crecimiento del país, ya que la actividad productiva requiere luz, gas y petróleo para operar, por lo que urge tener claridad en el sector lo antes posible.

“Hemos estado pendientes y hemos dado seguimiento puntual al tema de la reforma, pero confiamos en que va a haber un diálogo, en que las autoridades lo están revisando a detalle, y sabemos que se van a analizar los impactos que se van a tener”,

indicó.

Consideró que si bien los cambios generan incertidumbre, también para algunos puede ser un momento de oportunidades.

Promover inversiones, pide IP

Por otra parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que la generación de inversiones del sector privado para apoyar la recuperación económica fue el tema central de la reunión que sostuvieron con el canciller Marcelo Ebrard, la subsecretaria Martha Delgado y otros miembros de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Desde el CCE reiteramos nuestro compromiso con México para lograr juntos una pronta recuperación económica”,

publicó el CCE en Twitter.

En tanto, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), resaltó la importancia de incluir a las Mipymes en la cadena de suministro de EU, así como el reto de obtener financiamiento competitivo para lograrlo.

Fuente: El Financiero.

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Política, empresaria y activista en favor de los derechos de niños y mujeres, así es Sandra Xantall Cuevas, la alcaldesa en que durante las últimas semanas se ha visto envuelta en un proceso penal por el que fue vinculada a proceso.

Cuevas Nieves, quien fue suspendida de sus funciones por dos meses, es acusada de robo, abuso de autoridad y discriminación en contra de dos mandos policiales. Aunque ella asegura que se trata de una persecución política de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y otras autoridades capitalinas.

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La controversia ha perseguido a Cuevas desde su llegada a la demarcación, cuando instaló una alfombra roja, después por su proyecto de convertir la Zona Rosa en un corredor turístico estilo Las Vegas, por lanzar pelotas con billetes de 500 pesos y recientemente por el proceso penal que se sigue en su contra.

Sin embargo, algo que también la caracterizó en estos cinco meses es su trabajo en campo, pues no dirigió la alcaldía desde un escritorio, sino gastando suela en las diversas colonias para conocer cuáles son los problemas de la población.

El trabajo en la calle y con la gente es algo que ella realiza desde hace años debido a su labor como activista, ya que es fundadora de la organización Por un México Bonito, a través de la cual apoyó diversas causas en Azcapotzalco.

La Silla Rota documentó algunos de los casos, como el de los niños Emili Dennisse Flores Hernández y Emiliano Santiago España Reyna, quienes padecían osteosarcoma y gracias al apoyo de la fundación les pudieron salvar sus piernas al ser atendidos en el Instituto Nacional de Pediatría.

Otra de las causas que trató de combatir Cuevas Nieves en Azcapotzalco fue la de la violencia contra las mujeres. Uno de los casos que acompañó fue el de la menor Mariana «N», quien fue víctima de agresión sexual por parte de su padre.

¿Quién es Sandra Cuevas?

Sandra Cuevas nació el 25 de mayo de 1986 en el barrio de Coltongo, en Azcapotzalco, y a lo largo de su carrera se ha involucrado en la política, el sector empresarial y el activismo.

Quienes la conocen, definen a Sandra como una mujer fuerte, de plática agradable, con voz clara, franca y directa. Sonríe poco, su semblante serio es enmarcado por su larga cabellera negra, tiene mirada penetrante y la caracteriza que siempre usa labial rojo, así vista un traje formal o jeans y playera.

Es doctorante en Derecho por el Centro de Estudios Jurídicos, tiene una maestría que realizó en la misma institución y la licenciatura en Comercio Internacional, que estudió en la Universidad del Valle de México.

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Cuenta con diplomados en mercados asiáticos y en comercio exterior que realizó en la UVM y otro en comercio exterior, por lo que hizo prácticas en Hong Kong, Shanghai, Beijing, Panamá, Canadá y Estados Unidos. Asimismo, Cuevas Nieves realizó un curso sobre delitos de propiedad intelectual por la Interpol.

La alcaldesa también es dueña de la galería de arte contemporáneo 11:11 y también de la productora de eventos Danika.

Sandra Cuevas comenzó en la política hace cinco años, tiempo en el que ha cambiado de partido. En 2018 manifestó abiertamente su apoyo a Morena a través de redes sociales, incluso tenía una fotografía con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para los comicios de 2021 se sumó al proyecto de la coalición PRI-PAN-PRD, denominada Va por México, que la llevó a ganar en las urnas la alcaldía Cuauhtémoc frente a la morenista Dolores Padierna.

Aunque se le ha vinculado con el morenista Ricardo Monreal, Sandra Cuevas ha expresado que él no la colocó en el puesto, como muchos señalaron, y que solamente lo considera como un jefe moral.

«Lo consideró un jefe político, un jefe moral y lo voy a seguir diciendo, lo considero así por lo que representa en el país, no solamente en la Cuauhtémoc o la Ciudad de México, por lo que significa en la política mexicana, pero de eso a que él me haya puesto aquí, eso es una mentira»,

declaró Cuevas a La Silla Rota en abril del año pasado.

Fuente: Con información de La Silla Rota.

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