Se esfumó antes del amanecer, cuando estaba afuera en una de sus caminatas matutinas habituales. Tres semanas más tarde, Tomás Rojo fue hallado muerto. Su cuerpo estaba en tal mal estado que tuvieron que hacer una prueba de ADN para confirmar su identidad.

Rojo, un líder de la comunidad indígena yaqui en el norte de México, fue exhumado de una fosa sin señalización donde estaba enterrado cerca del río Yaqui, que da sustento a la comunidad y sus tradiciones y que él defendió durante gran parte de su vida.

Los yaquis han estado enzarzados en una batalla de décadas con el gobierno federal por el control del río, un enfrentamiento que se exacerbó en 2013 por la construcción de un gran acueducto para desviar agua hacia la capital del estado.

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“Era una persona muy sencilla, muy vaciladora, muy alegre, muy inteligente”, dijo Isaac Jiménez, un amigo de toda la vida, secretario de la comunidad y también activista. “Le aprendí muchas cosas de él en la cuestión de la lucha contra los malos gobiernos que hemos tenido, que es la lucha constante”.

Jiménez dijo que cree que a su amigo lo atacaron debido a su activismo.

La muerte de Rojo forma parte de una sombría tendencia: fue uno de los 54 ambientalistas o activistas por los derechos de la tierra que fueron asesinados en México el año pasado, según un reporte de la organización ambiental Global Witness publicado esta semana. La cifra convierte al país en el más mortífero del mundo para los activistas ambientales.

“En México, el año pasado tuvimos cuatro matanzas o masacres”, dijo Ali Hines, autora principal del informe. “Eso transmite un efecto escalofriante”.

Y añadió que el mensaje que manda es que “no se trata de alguien en particular, sino que ninguno está a salvo”.

Los ataques contra activistas son parte de un patrón regional más grande: La combinación de recursos naturales vastos, empresas internacionales poderosas, grupos criminales violentos y una corrupción gubernamental arraigada ha hecho que América Latina se convierta en un punto neurálgico de violencia.

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Más de tres cuartas partes de los ataques registrados contra ambientalistas en todo el mundo ocurrieron en la región según el informe, que también indica que es probable que en los datos de Global Witness exista un “un subregistro porque muchos asesinatos no se denuncian”.

“Esto es un problema global”, dijo Hines. “Pero una de las razones por las que tenemos un alto número de asesinatos en América Latina es porque hay una sociedad civil fuerte y activa que monitorea activamente los asesinatos”.

El informe, según Global Witness, se elaboró a partir de una revisión de información creíble y disponible al público en internet, y fue corroborada por organizaciones en el campo “cuando era posible o necesario”. Para formar parte del informe, los reportes de ataques deben incluir detalles específicos sobre la muerte así como información biográfica de la víctima.

“Tiene que establecerse un vínculo muy claro entre el trabajo de un activista como defensor de la tierra y el medioambiente y su asesinato”,

dijo Hines.

Más de la mitad de los ataques del año pasado en todo el mundo ocurrieron en apenas tres países: Brasil, Colombia y México. Este año, los ataques han continuado en esas naciones; en junio, un periodista y un activista por los derechos indígenas fueron asesinados en la Amazonía brasileña.

Colombia, que fue el país más mortífero para los ambientalistas en 2020, presentó una reducción de casi la mitad en los asesinatos del año pasado, pero con las 33 muertes registradas en 2021 sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del planeta para quienes trabajan a favor del medioambiente.

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Las continuas disputas por la tierra, un problema que ha sido el centro de las décadas de conflicto interno de Colombia, han convertido a los activistas que defienden el territorio —como los líderes indígenas y afrocolombianos— en objetivos principales.

El acuerdo de paz de 2016 que prometió protección estatal y servicios en zonas afectadas por la guerra no ha sido implementado de forma adecuada, indican los expertos. En ocasiones, los ambientalistas son los únicos protectores de los ecosistemas que los grupos armados codician debido a la minería ilegal y el cultivo de la coca, la planta usada en la producción de cocaína.

Lourdes Castro, vocera de Somos Defensores, el socio de Global Witness en Colombia, indicó que las amenazas y los intentos de homicidio aumentaron el año pasado para todos los activistas. En algunos casos, las amenazas bastaron para amordazar a los activistas.

“Algunos se han quedado callados por el miedo, pero para nosotros esa no es una opción”,

dijo Luz Mery Panche, líder indígena de Colombia y activista en la selva amazónica.

En México, donde los cárteles de la droga y otros grupos criminales se enfrentan por el control del territorio, la violencia es generalizada: más de 35.000 personas fueron asesinadas en el país el año pasado. Pero mientras las organizaciones delictivas se multiplican y propagan, sus actividades se han diversificado más allá del narcotráfico, lo que las ha puesto en conflicto con los grupos indígenas y los activistas del medioambiente.

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Según Global Witness, el poderoso cártel Jalisco Nueva Generación ha hecho incursiones en la minería ilegal, perpetrando “violencia contra la comunidad indígena con total impunidad y sin una respuesta adecuada por parte del Estado mexicano”.

Arturo, un activista ambiental en el occidente de México, dijo que los grupos criminales “explotan la madera, explotan las minas y los recursos pesqueros, lo que haya”.

Arturo, quien pidió que solo se usara su segundo nombre por temor a las represalias, dijo que había recibido amenazas de un integrante de un cártel local. Como en gran parte del país, la corrupción en los gobiernos estatales y municipales hacen que una situación difícil se vuelva aún más peligrosa.

“Los gobiernos a nivel local están completamente ocupados por los cárteles y por el crimen organizado”,

dijo Arturo.

Si bien la corrupción es especialmente preponderante en México, que está en la posición 124 en la lista de 180 países del índice de corrupción de Transparencia Internacional, esta problemática afecta a los activistas de toda la región, según Global Witness.

“Tienes corrupción en el sistema judicial, donde los defensores tratan de buscar justicia por los daños que les han causado, y ves cómo los funcionarios judiciales son sobornados”, dijo Hines. “En muchos casos, hay gobiernos que impiden activamente las investigaciones debido a la colusión con las empresas”.

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Una impunidad profundamente arraigada empeora la situación pues los perpetradores de los ataques rara vez son llevados ante la justicia.

En México, “tienes casos en los que los defensores son asesinados, y rara vez son investigados de manera creíble, sin importar si alguien es llevado ante la justicia”, comentó Hines. “Ese es un factor clave de los asesinatos porque eso solo le da luz verde a los perpetradores”.

En la región Yaqui, donde los cárteles actúan ampliamente, tres hombres han sido detenidos en conexión con el asesinato de Rojo, pero hasta ahora se desconoce quién es el autor intelectual del crimen, dijo Jiménez.

“No ha avanzado la cosa, ya se murió, ya lo mataron, pero ¿quién lo mandó a matar?”, dijo Jiménez. “Es desesperante”.

En ocasiones los ambientalistas simplemente se esfuman. Solo en la comunidad yaqui, ocho personas desaparecieron el año pasado y si fueron víctimas de homicidio podría ser difícil hallarlas. A menudo, los cuerpos son escondidos o destruidos, lo que deja poca evidencia del crimen. Se trata de una práctica generalizada en México conocida como desaparición forzada: más de 100.000 personas son consideradas como desaparecidas desde 1964, según las cifras del gobierno.

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En 2021, Global Witness registró 19 desapariciones forzadas de activistas de los derechos territoriales en México, entre ellos Irma Galindo Barrios, una ambientalista, quien en repetidas ocasiones enfrentó acoso e intimidación de funcionarios locales debido a su trabajo en defensa de los bosques del estado de Oaxaca. Desapareció en octubre pasado y, desde entonces, no se ha sabido más nada de ella.

La violencia ha continuado este año. En marzo, un activista ambiental indígena, José Trinidad Baldenegro, fue asesinado en el estado de Chihuahua, al norte del país. Su hermano, Isidro Baldenegro, un ambientalista conocido, fue asesinado en 2017.

A pesar de los riesgos, muchos ambientalistas siguen comprometidos con la preservación de su tierra y sus recursos.

“A uno, desde pequeño le inculcan: ‘Tú tienes que pelear por los intereses de la tribu, la tierra, el agua’”, dijo Jiménez, el activista yaqui. “Seguimos avanzando con la gente, la gente es la que nos hace fuertes”.

Fuente: The New York Times https://www.nytimes.com/es/2022/09/29/espanol/mexico-ambientalistas-global-witness.html.

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En diciembre de 2019, el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano, Alejandro Encinas, trató de resumir en una sola frase su sensación sobre las dificultades del Ejecutivo para frenar la violencia. “Estamos en una de esas situaciones en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”, dijo. Andrés Manuel López Obrador cumplía un año en la presidencia, tiempo en que había señalado su prioridad, luchar contra la corrupción. Esa era la clave. Sin corrupción, las aguas de la violencia volverían al cauce de la cordialidad.

Encinas había denunciado que México sufría una crisis forense, que el país ni siquiera contaba con registros fiables de fosas, de perfiles genéticos, de personas desaparecidas. Lo primero, decía, era contar bien. Enfocados en la cuenta, la realidad seguía su curso y lejos de obedecer los deseos del Gobierno, pintó un escenario de terror, con miles de asesinatos al año, masacres y otros tantos desaparecidos. Lo viejo y lo nuevo parecían mezclarse, cada vez más difícil de diferenciar.

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Dos años y medio después, la cuenta está hecha, un logro innegable de la actual Administración. México ha superado la cifra simbólica de 100.000 personas desaparecidas, la gran mayoría desde el inicio de la guerra contra el narco, la embestida estatal contra el crimen organizado lanzada por el presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006. Su Gobierno concentra alrededor de 17.000 reportes de desaparición, por 35.000 registrados durante el siguiente, encabezado por Enrique Peña Nieto, y los 31.000 que cuenta el Gobierno actual.

Al ritmo actual, este sexenio batirá todas las marcas. El fenómeno ha cambiado. Durante los años de Calderón, el noreste simbolizó los horrores de la guerra, con sus campos de exterminio, que recién ahora empiezan a investigarse. Las desapariciones masivas de Guerrero y los hallazgos de enormes cementerios clandestinos en Veracruz marcaron el tiempo de Peña Nieto. Ahora, la alarma se prende en regiones antaño relativamente tranquilas, caso de Guanajuato o Sonora. EL PAÍS se ha desplazado a ambas regiones para comprender mejor los matices de la tragedia.

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Las cifras mexicanas exigen comparaciones foráneas, aunque sea para entender la forma del conflicto. Así, por ejemplo, Colombia cuenta poco más de 99.000 desaparecidos desde 1970, principalmente por el conflicto entre guerrillas y grupos paramilitares que vivió el país. En Argentina, la dictadura militar (1976-1983) dejó alrededor de 30.000, según cuentas de organizaciones no gubernamentales. Y en Guatemala, las tres décadas de conflicto y represión gubernamental a finales de siglo pasado dejaron 45.000, de acuerdo a un cálculo de Amnistía Internacional.

La diferencia de México con los demás es que la mayoría de sus desaparecidos son de época reciente, cuando el país no vive dictadura alguna o guerras civiles. En teoría, México vive en paz, concepto que retan sus violencias, enlazadas con corruptelas antiguas. En su informe sobre la situación en México, publicado en abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ya advertía sobre esta situación: “La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.

Priorizar la búsqueda

El registro de desaparecidos era hasta 2018 una base de datos sin sistematizar. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, explica que “antes de 2019, el registro difícilmente tenía un acercamiento a la realidad”. Nombrada con el nuevo Gobierno, su primer paso fue pedir a las fiscalías estatales que completaran los datos que ya existían y los mantuvieran actualizados. “Lo que se ha hecho es comenzar a crear una institucionalidad”, dice Quintana. ¿Qué tan real es entonces el registro? “Mi lectura”, dice la comisionada, “es que las fiscalías tienen más información de la que han dado en los últimos años; pero también podrían tener información desactualizada”.

Aún así, esa información debería servir a las autoridades para crear políticas públicas que atiendan la crisis. En Monterrey, por ejemplo, donde las desapariciones de Debanhi Escobar o Yolanda Martínez han puesto el foco en los fallos del sistema, el número de mujeres desaparecidas llega al 30%, es decir, más que la media en el resto de las regiones. En el Estado de México, el más poblado del país y uno de los que cuenta más desaparecidos (6.405 personas), el porcentaje de mujeres llega casi a la mitad. El compromiso de los Estados y de todas las instituciones en el país con el registro “es muy dispar”, según Quintana, que apunta: “Todavía no se ha asumido la búsqueda como una prioridad nacional”.

A la crisis de los desaparecidos se suma otra causada por el rezago en el reconocimiento de los cuerpos que sí son encontrados. En México, más de 52.000 fallecidos permanecen sin identificar. Para atender la crisis forense, el Gobierno propuso en abril crear el Centro Nacional de Identificación Humana. El proyecto plantea un enfoque masivo para el reconocimiento de los cadáveres recuperados de las fiscalías, servicios médicos forenses, cementerios y fosas clandestinas. “El sistema tradicional requiere identificar [los cuerpos] uno a uno. Eso está bien en Suiza, pero no es tan sencillo en lugares con crisis como México”, señala Quintana.

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Los datos del registro muestran que la mayor incidencia durante los últimos tres años se concentra en cinco Estados, que acumulan más de la mitad de los desaparecidos. Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa suman más de 15.700 desaparecidos. Hay además una cifra flotante de más o menos 15.000 personas de las que se ignoran datos básicos, como el año en que desapareció. Con la información disponible, es posible identificar al menos tres zonas donde la situación es especialmente grave: la central, que incluye Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México; el corredor de Sinaloa a Sonora, en el noroeste, y el área que comprende Nuevo León y Tamaulipas, en el este.

Los confines de Irapuato

En un taller a las afueras de Irapuato, dos operarios muestran divertidos una pegatina. Es el plástico que envuelve las bolsitas de marihuana que compran habitualmente en el barrio, donde un niñito rubio, con un enorme fusil en las manos, sonríe al cliente. Dos palabras dominan la imagen arriba y abajo del muchacho: “CJNG” y “Élite”. “Así la venden ahora”, dice unos de los operarios.

La pegatina resume una guerra por el dominio de la venta de droga al por menor en los barrios de Irapuato, en Guanajuato, ciudad golpeada por la violencia en los últimos años. Los operarios, vecinos de estos mismos parajes híbridos entre lo agrícola y lo industrial, dicen que es justo aquí donde más se ha notado la violencia, en los ranchos que hacen de esponja entre Irapuato y Salamanca. Aunque no es solo por la droga.

Preguntados por los motivos, ambos señalan además los ductos de combustible, riqueza de la región. En la vecina Salamanca, Pemex opera una refinería y en el subsuelo funcionan enormes tubos que conducen gasolina a León, la capital del Estado. Irapuato queda en medio. Desde hace años, cuadrillas de criminales locales apoyados por trabajadores de la petrolera han ordeñado los ductos, almacenando combustible para venderlo en el mercado negro.

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“Antes estaban los de El Marro, pero luego llegaron los jaliscos e hicieron limpia”, dice el otro operario. Sus nombres verdaderos no salen aquí por su seguridad. El Marro y los Jaliscos son los nombres coloquiales del cartel de Santa Rosa de Lima y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dos de las marcas criminales más mediáticas de los últimos años. En la narrativa criminal mexicana, las limpias son procesos por los cuales un grupo criminal expulsa a otro de un territorio más o menos acotado. Cuando hablan de la limpia de Irapuato, los operarios se refieren a un proceso que inició hace unos cuatro o cinco años, cuyo fin viven actualmente.

El simbolismo de las pegatinas es evidente. No son tanto un reclamo, sino una demostración de poder, un recordatorio de lo que ha ocurrido. Genaro, uno de los operarios, recuerda el principio de todo aquello en su barrio. Fue en noviembre de 2020. “Hubo una semana completa de balaceras. Un lunes empezaron a balacear una casa, martes igual, miércoles… Es que ahí estaba El Marro, por el huachicol [el robo de combustible de los ductos]. Y en una casa vendían droga y se iban y le tiraban, hasta granadas y todo… Mataron a varios”, dice, mientras muestra un mosaico en su móvil de sus muertos, sus amigos muertos del barrio. “Ahí en el rancho, entre muertos y desaparecidos son como unos 50 de cinco años para acá”.

Es la guerra del extrarradio, ajena a la pompa de las siglas. En la actual Administración, Irapuato se ha convertido en el foco rojo de las desapariciones en el Estado. Es la ciudad que más casos cuenta, por encima de León, la misma Salamanca o Celaya. Son 228 reportes desde diciembre de 2018, por 99 durante los 12 años anteriores. El horror aquí es presente porque muchas veces los perpetradores siguen campando a sus anchas por el barrio.

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Es el caso de Rosalba Granados. En ocho días de agosto de 2019, criminales asesinaron a su hijo mayor y desaparecieron al pequeño, que quería cobrar venganza. “Nosotros somos de un rancho de ahí entre Salamanca y Celaya. Y ahí estuvo la guerra de los marros contra los jaliscos. Ahora parece que ya se calmaron, porque las personas que andan en eso ya se pasaron a la nueva generación”, explica.

En 2019, la situación era distinta. “Mi hijo mayor sí se drogaba y por lo mismo iba con esta gente”, dice, en referencia a integrantes del grupo de El Marro, detenido en agosto de 2020. “A veces bromeaba y me decía, ‘a lo mejor un día me meto con ellos’. Y yo le decía, ‘sí, papasito, tú métete y me recoges tus cosas y te vas, porque ya no tienes mamá’. Pero luego me decía que era broma”. Así, entre broma y broma, se andaba el hijo mayor, Giovanni, que siempre andaba “cargándoles” a sus compañeros de barrio.

Dice Granados que quizá un día las bromas fueron demasiado. “Le parecía que eran tontos, no sé”. Un sábado, el muchacho no volvió a casa. Se fue con uno de “ellos” y apareció muerto, al día siguiente, en un pueblo cercano. Granados sabe quién era la persona con quien se fue. Lo ve de vez en cuando. Nunca se ha atrevido a preguntar.

El que sí preguntó fue José Antonio, su hijo pequeño, que pronto supo quién había matado a su hermano, según Granados. Parece que el muchacho clamó venganza. Se corrió la voz. Ocho días más tarde, los mismos que habían acabado con el primero desaparecieron al segundo. “Fue cerca del panteón”, explica la madre, “ellos habían ido a sepultar a unos fulanos y cuando lo vieron… Él había ido a un taller cerca de ahí a reparar su moto. Sí me dijeron que cuando lo vieron le gritaron, ¿te sientes muy verga? Ya no sé más”.

Los gritos de las madres en el desierto de Sonora

Sinthya Gutiérrez tiene 40 años y una tristeza que le dobla el cuerpo. Desde 2017 no sabe nada de su hijo Gustavo, que tenía 15 años cuando fue desaparecido. El chico salió con un amigo y no regresó: lo último que se supo de ambos –el otro joven también falta– fue que la policía los tenía esposados en una calle de Guaymas, un municipio de Sonora de 150.000 habitantes. Ella y su marido recorrieron las celdas municipales sin encontrarlo. “Ahí es cuando empezó mi angustia”, dice la mujer, chiquita en la esquina del sofá. En un mueble de madera a su lado, Gutiérrez honra a su hijo desaparecido. Entre latas de Tecate y crisantemos amarillos, también homenajea a su hijo Marco Antonio, baleado a 50 metros de su casa, y a una compañera que buscaba a su marido cuando fue asesinada.

2017 fue “un año muy pesado”, recuerda Gutiérrez. Desde el inicio del conteo en la década de los sesentas hasta 2016, Sonora registró 1.650 desapariciones. En los siguientes cinco años, se alcanzó un número muy similar en este Estado del norte del país: 1.400 personas desaparecidas en ese período. Antes de que un comando armado baleara el Palacio Municipal de Guaymas durante una manifestación feminista en noviembre de 2021 y matara a tres personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ya había identificado el corredor que va desde esa ciudad hasta Cajeme, a una hora y media, como “uno de los más violentos” del país.

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Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, atribuye la violencia desatada en los últimos cinco años a “la negligencia e irresponsabilidad” de las autoridades, pero también a la militarización de la seguridad pública, que empezó a notarse en la zona a partir de 2018, según Bernal. Los últimos dos comisarios de Guaymas, por ejemplo, fueron capitanes de la Marina y en las calles se ven militares en camionetas de la Policía Municipal. La estrategia, dice Bernal, “está siendo contraproducente”: “Hace 25 o 26 años, Sonora era zona segura. La gente venía de Nuevo León, de Coahuila, de todas las zonas azotadas por la violencia”. Y ahora, en cambio, suben los homicidios y se acumulan las fichas de búsqueda.

Otro factor, dice la analista, es la geografía del lugar. Guaymas, que nace en el mar y se extiende entre cerros del color del piloncillo plantados de sahuarios, es un área privilegiada para el tráfico de drogas, de mercancías, de personas. Su puerto recibe barcos internacionales; está rodeada de grandes extensiones de tierra; la frontera con Estados Unidos se ubica a 500 kilómetros. El crimen organizado se disputa desde hace algunos años ese territorio. De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, ocho grupos operan en Sonora. Los Salazares y los Chapitos, una escisión del Cártel de Sinaloa, son los que actúan en Guaymas y los municipios de alrededor, según periodistas y activistas de la zona.

Cuando el número de desaparecidos empezó a crecer, Sinthya Gutiérrez fue una de las madres que se organizó para crear Guerreras Buscadoras, un colectivo que en Guaymas llegó agrupar a 40 familias y hoy solo reúne a 15. Por temor hay personas que han dejado de buscar, dice. A las que quedan, sobre todo madres, esposas, primas, hermanas, les dicen que son unas chivas locas: “Porque andamos en los cerros”. Cuando buscan, normalmente orientadas por datos que les envían de forma anónima, salen bien temprano y caminan durante kilómetros a temperaturas que pueden superar los 40 grados. Si hunden una varilla en la tierra y al quitarla trae el olor de un cuerpo, empiezan a cavar.

Hace tiempo que Gutiérrez dejó de ir a la Fiscalía para conocer avances sobre el caso de su hijo. Rosario Gutiérrez, que busca desde hace un año y nueve meses al suyo, también se cansó de acudir al ministerio público. “No los buscan como nosotros. Ellos llegan [a las fosas], recogen lo que quieren y se van. Y nosotras llegamos al otro día y encontramos muchos restos”, critica la mujer de 53 años. Jesús Gabriel, de 29, se fue a la playa en Semana Santa y ella no ha sabido nada sobre él desde entonces. Si no lo busca, no sabe qué más hacer: “Mi mundo se torna cuatro paredes y un rostro mojado”.

Como ella, otras madres sienten que rastrearlos es el único consuelo. Guadalupe Loaiza, de 48 años, busca a su hija, Yosineidy Hernández, y al papá de la joven, que se fue con ella cuando dos hombres vinieron a su casa a llevársela. Loaiza sonríe cuando recuerda cómo le gustaba a su hija el carnaval y enseguida llora. Los ve a los dos de espalda, yéndose por la puerta, abrazados. “Hemos encontrado a muchos niños, pero a veces digo ‘cómo encuentro a otros y no la encuentro a ella”. En el desierto, en la orilla del mar, en el monte, donde sea que estén buscando, conversan, se ríen como no lo hacen en sus casas, gritan los nombres de sus desaparecidos: “¡Gustavo! ¡Jesús Gabriel! ¡Yosineidy!”. “No andamos buscando justicia”, dice Sinthya Gutiérrez. Ni quién lo hizo, ni quién lo va a pagar: “Solo queremos encontrar a nuestros seres queridos”.

Fuente: El País.

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A fines de octubre de 2021, una de los muchos defensores medioambientales, Irma Galindo, salió de su casa, en una remota comunidad indígena del sur de México, para reunirse en la capital con autoridades de un programa estatal de protección a activistas al que pertenece, donde evaluarían las amenazas que había recibido por su labor.

Pero ella, entonces de 41 años, nunca llegó a la cita con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), que tienen a su cargo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conocido como “el Mecanismo”.

Compañeras de lucha la reportaron como desaparecida a principios de noviembre y dijeron que hay elementos suficientes para asegurar que el caso guarda relación con su lucha en contra de la tala ilegal de árboles en su natal Oaxaca, una de las actividades más lucrativas del crimen organizado en México.

Galindo sigue desaparecida y las autoridades han hecho pocos progresos en su caso. Pero su historia no es única en México.

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Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018, al menos 45 ambientalistas han sido asesinados, según cifras oficiales compartidas con Reuters, más que durante gobiernos previos, colocando a México como el segundo país más peligroso del mundo para estos activistas después de Colombia.

La cifra, sin embargo, es conservadora ya que sólo incluye a beneficiarios del Mecanismo y deja por fuera a decenas de otros ecologistas ejecutados, coincidieron activistas. Según la ONG local Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), bajo López Obrador al menos 58 ambientalistas han muerto, siendo 2021 el año más violento para la profesión con 25 asesinatos.

Los números ilustran la peligrosidad de ciertos tipos de activismo social en la gestión del mandatario, quien prometió acabar con la violencia pero va camino a tener el peor registro de crímenes violentos en la historia moderna de México.

“Cuando el Mecanismo actúa, muchas veces es demasiado tarde”, se lamentó Sara Méndez, consejera ciudadana de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca y miembro de la organización civil Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha.

Días antes de desaparecer, Galindo envió una carta a los encargados del Mecanismo asegurando que tenía “miedo de morir” y los denunció por no haberle otorgado “seguridad”.

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“Voy a dejar de esconderme para proteger mi pellejo a cambio de que el gobierno federal, las organizaciones que se dicen ecologistas y gente que dice amar la naturaleza me ayude a desarticular la mafia del poder que está matando a mi gente de la montaña”,

escribió en una carta fechada el 22 de octubre.

Un día después, mientras estaba en la capital, hombres armados irrumpieron en su comunidad, San Esteban Atatlahuca, y asesinaron a siete personas, hirieron de bala a otra y quemaron decenas de casas, según pobladores consultados por Reuters.

Algunos ambientalistas han criticado al mandatario por hacer poco para abordar el problema y hasta minimizar la importancia del activismo ambiental y los peligros de algunas de sus obras insignia, como un tren a través de la selva Maya. Pero López Obrador ha insistido en que es un “aliado” del medioambiente.

‘PODÍA ESPERAR’

Pese a que las amenazas contra Galindo no eran nuevas, ella recién entró a formar parte del Mecanismo en 2021.

El programa ofrece diversos grados de protección, desde poco más que un registro de amenazas hasta geolocalizadores para activistas o incluso guardaespaldas y asistencia para huir del país.

Desde hace cuatro años comenzó a denunciar la tala ilegal del bosque en la región mixteca, una zona que abarca 35,000 kilómetros cuadrados -un área del tamaño de Taiwán- de Guerrero y Oaxaca, así como Puebla.

Ella expuso la existencia de un aserradero que destruía el bosque, según dijo, con permisos de las autoridades. Ni la Secretaría del Medioambiente -que da las licencias para explotarlos-, ni autoridades de Oaxaca respondieron a solicitudes de información por parte de Reuters.

Entonces empezó su calvario: fue hostigada, perseguida, difamada y amenazada de muerte por parte de servidores públicos y de familiares, según denunció Galindo y la ONG Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, que la apoyaba.

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En octubre de 2019, ella acusó de “hostigamiento y persecución” a dos autoridades de San Esteban Atatlahuca.

Un mes más tarde, su casa y las de otros activistas fueron incendiadas, lo que la obligó a salir del país. Galindo responsabilizó del ataque a autoridades locales.

A pesar del riesgo, regresó a su pueblo y continuó su labor. “Volví porque yo no tengo por qué esconderme, no estoy haciendo nada malo, estoy defendiendo un bosque que beneficia a nuestras comunidades”, comentó entonces.

El tráfico de vida silvestre ha aumentado de manera notable en los últimos años en México, según reconocen autoridades, convirtiéndose en uno de los negocios ilegales más redituables de peligrosos grupos del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cártel de Sinaloa.

Pese a estos antecedentes, el caso de Galindo fue calificado por parte del Mecanismo como “ordinario”, lo que significa que “podía esperar” y que “su vida no corría peligro”, aseguró la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.

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Las fiscalías de Ciudad de México, donde ella desapareció, y de Oaxaca, donde recibió las amenazas, investigan el caso pero tras seis meses no hay avances. Activistas creen que el caso de Galindo engrosará la lista de los que quedan sin resolver.

Según cifras oficiales, de los 45 ambientalistas asesinados desde diciembre de 2018 sólo se ha dictado sentencia en dos casos, lo que supone una impunidad del 96%.

“Lamentablemente esta situación que padecemos como Estado mexicano la venimos arrastrando hace más de 15 años, más de 15 años en donde no se ha podido lograr parar el aumento de agresiones”,

confesó Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos en la Segob.

“Por más que podamos edificar un sistema efectivo de protección, mientras existan esos índices de impunidad va a ser difícil acabar con el problema”,

agregó.

ESTADO AGRESOR

Al menos el 40% de las agresiones cometidas en contra de defensores del medioambiente en México provienen de funcionarios estatales, particularmente de autoridades locales, de acuerdo a cifras oficiales.

“Hay un gran porcentaje de autoridades, sobre todo de autoridades municipales, que son las opresoras de personas defensoras, y aquí tenemos un problema grave porque, finalmente, las autoridades locales no solamente no contribuyen en la solución sino que son parte del problema”,

dijo Irazoque.

En muchos casos, aquellos funcionarios locales están coludidos con el crimen organizado. Cuando no, son asesinados como demuestran los más de 200 crímenes contra alcaldes que se han suscitado en el país desde 2004, de acuerdo a una investigación publicada en el Instituto Baker de Política Pública de la Universidad de Rice.

Actualmente, el Gobierno está dialogando con autoridades, especialistas y víctimas en busca de una nueva ley general para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con la que pretende ponerle un alto a los asesinatos.

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Sin embargo, especialistas consultados por Reuters aseguran que el cambio legal no es necesario para cumplir con el deber del Estado de defender a activistas.

“Pueden establecer cualquier ley pero si no hay voluntad política para hacer cumplir las normas establecidas y atender el estándar de protección internacional al cual México se ha obligado, la situación de las personas defensoras en México seguirá siendo la misma”,

se lamentó Luz Coral, del Cemda.

Mientras los cambios llegan, los ambientalistas mexicanos siguen en pie de lucha.

Uno de ellos es Fernando Jiménez, quien aseguró que ha recibido amenazas desde que su compañero de lucha, Tomás Rojo, fue asesinado en 2021, según familiares, por oponerse a un acueducto que alimenta a la ciudad norteña Hermosillo desde el río Yaqui, asegurando que está secando Vícam, su pequeño pueblo en el desierto de Sonora, uno de los más grandes del mundo.

Dos meses después del asesinato de Rojo, en julio, una decena de hombres, incluidos siete yaquis, fueron secuestrados por un presunto comando del crimen organizado en Sonora. Los cuerpos de cinco de ellos fueron identificados en septiembre, pero el resto siguen desaparecidos, en un caso que Jiménez cree que está relacionado con la defensa del agua.

“Sigue persistiendo el miedo, pero no la cobardía. Vamos a seguir luchando porque nos estamos quedando sin nuestros recursos naturales”, dijo Jiménez, de 55 años, en una entrevista telefónica con Reuters. “No sabemos a quién recurrir”.

Fuente: Forbes.

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El Gobierno mexicano ha presentado este miércoles las últimas cifras de homicidios y ha destacado marzo como el mes más sangriento del año. Unas 3.632 personas han sido asesinadas, es decir, que casi 120 han sido masacradas al día mientras sucedían otros eventos: se protestaba por el Día Internacional de la Mujer, el presidente se enfrentaba a los parlamentarios europeos por los crímenes a periodistas, se observaba con horror la invasión rusa a Ucrania y se inauguraba un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México construido por militares. A esas cifras se suman también los más de 4.000 desaparecidos que hay registrados de enero hasta la fecha. Con esos datos en la mano, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha celebrado que pese al pico de este año, se trate del marzo menos sangriento del último lustro. Un puñado de cadáveres menos para el baile de las cifras de muerte. Pero la espiral violenta en la que está sumida México desde hace seis años continúa.

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Concretamente, este mes de marzo ha contabilizado 220 muertos menos que marzo del año pasado. También, 240 cadáveres más que el marzo de 2017, cuando López Obrador aún no había tomado posesión en el cargo —ganó las elecciones en 2018 e inició su mandato en diciembre de ese año—. Cuando una pandemia amenazaba al mundo, en marzo de 2020, y la gente comenzaba a encerrarse en sus casas y a preocuparse por la falta de capacidad de los hospitales, en México en esos 31 días se asesinó a 4.003 personas. Lo que destacan las estadísticas es que en este país no se ha dejado de matar de una forma feroz, independientemente de los meses. Que en México mueren asesinadas —según la media de este año— 112 personas al día.

El informe que ha presentado la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, este miércoles durante la conferencia mañanera del presidente, ha señalado que no en todos los rincones del país se mata por igual. Que solo seis Estados concentran el 50% de los homicidios: Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Los habitantes de estas entidades suman más de 42 millones de personas. Es decir, que pese a que el Gobierno señala solo a unos cuantos Estados que viven bajo el yugo de la violencia, la realidad es que un tercio de la población mexicana vive en estas condiciones de terror.

No quiere decir el informe que el resto viva en paz. En México han sido asesinadas, desde 2019, 132.088 personas. Y han desaparecido en ese mismo periodo de tiempo 67.122 y todavía no se sabe dónde están. Como si en poco más de tres años se esfumara la mitad de la población del municipio de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

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Las cifras de muerte no han dejado de crecer sin freno desde 2017, cuando la cantidad de homicidios superó a las peores épocas de la guerra contra el narco —la batalla del Ejército contra los cárteles de la droga y sus capos que emprendió Felipe Calderón en 2006, donde las masacres, ejecuciones extrajudiciales de los militares y los pueblos abandonados se convirtieron en las estampas que México enviaba al mundo—. Los gobernantes posteriores, tanto Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018) como López Obrador, han comparado siempre sus estrategias de seguridad con las de entonces, pese a que nunca se ha matado tanto como después. Una sangría que continúa hasta la fecha.

López Obrador heredó una crisis de seguridad marcada por la pulverización de cárteles de la droga que resultó de la captura de los capos que inició Calderón y que continuó Peña Nieto. Las divisiones dentro de los grupos delictivos configuraron un nuevo mapa del crimen con cientos de células con capacidad de asesinar, extorsionar y extender sus guerras por todo el territorio. Pese a que todavía conviven dos grandes organizaciones criminales, el cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, sus socios y aliados —además de otras decenas de narcos locales, escisiones de los más antiguos— se pelean ciudades y pueblos en cada rincón del país. Frente a este ecosistema violento, la estrategia del presidente ha consistido principalmente en aumentar la presencia militar, tanto del Ejército, como de la Marina en los puertos y el cuerpo de seguridad híbrido civil-militar que él diseñó a su llegada al poder, la Guardia Nacional. Y sobre todo, evitar enfrentamientos directos con el narco.

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Las escenas de la nueva guerra del narco de estos días consisten en pueblos tomados en Michoacán, fusilamientos contra rivales del narco, minas antipersona para evitar el recorrido de los militares, tanques de guerra paseando libremente por las calles, masacres de decenas de personas en una fiesta; en Zacatecas, un escenario similar, decenas de cadáveres amontonados a las puertas de la sede del Gobierno estatal y otras en pena calle, colgados de puentes, municipios que se han quedado sin policías por miedo a que los asesinen a ellos también; en Colima y Sonora, ciudades completas asediadas por los narcos en un intento de cercar a sus rivales. Entre Tamaulipas y Nuevo León, la carretera de la muerte, con decenas de viajeros desaparecidos; en el corredor de la Riviera Maya, de Cancún a Tulum, balaceras en resorts de lujo, turistas asesinados por una bala perdida. Y la lista de Estados afectados por la narcoviolencia se renueva cada semana.

Pese a los bailes de cifras y a los titulares que busca el Gobierno federal, la violencia en México no ha dado tregua. Con una impunidad que ronda el 95% para todos los delitos, la falta de justicia lanza un peligroso mensaje: si en abril se mata más o menos, dependerá de la voluntad del crimen, no de una lucha conjunta de todos los poderes para detenerlo.

Fuente: El País.

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Mientras que se preparan, en su pueblo, para despedir al octavo periodista mexicano asesinado en lo que va del año, muchos de sus colegas protestan en Morelia —en el occidente del país—, y le reclaman al presidente más protección y que los crímenes no queden impunes.

“El gremio periodístico de Michoacán le pide a todos los servidores públicos que se ahorren sus condolencias”,

dijo el miércoles el reportero Rodolfo Montes durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay indignación… hay rabia, hay impotencia por esta ola de asesinatos”, agregó y advirtió ante el mandatario: “les van a faltar balas, somos muchos”.

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En tanto, en el congreso de Morelia, la capital del estado de Michoacán, decenas de compañeros de Armando Linares tomaron el hemiciclo con carteles que decían “Gobierno pacifista no mata periodistas” y “Prensa, no disparen”.

Linares, director del portal de noticias Monitor Michoacán, fue asesinado a balazos el martes en su domicilio de Zitácuaro, un mes y medio después de que mataran a otro compañero del mismo medio, Roberto Toledo, mientras se preparaba para hacer una entrevista.

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Por su parte, López Obrador lamentó el asesinato en su conferencia, le envió sus condolencias a la familia de Linares y repitió que en su gobierno no hay impunidad, pero volvió a hablar de las “mentiras” de los medios y de periodistas “mercenarios”.

“No hay en ninguno de estos asesinatos elementos para señalar como responsables a servidores públicos”, afirmó. Además, “el finado no aceptó la protección” oficial.

Linares, sin embargo, había denunciado amenazas y tras la muerte de su compañero el 31 de enero le dijo a The Associated Press que las autoridades le habían activado el mecanismo de protección asignándole efectivos de la Guardia Nacional para su custodia.

“Las llamadas de alerta y auxilio de Armando no fueron escuchadas”, aseguró el miércoles en un comunicado el colectivo “Ni Uno Más Michoacán”, que también denunció que tanto el gobierno federal como el estatal pusieron en duda su profesionalidad y desestimaron las amenazas contra Monitor Michoacán, un medio que, entre otras cosas, denuncia casos de corrupción.

“En México la protección surte efecto tres días y luego se les olvida”, se lamentó Magdalena Alonso, propietaria del Noticiero al Aire Zitácuaro, localidad de donde era Linares.

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México es el país más peligroso para la prensa del hemisferio occidental, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés). “Los matan en zonas de guerra, los matan en áreas donde políticos y criminales están coludidos”, dijo su representante en México, Jan-Albert Hootsen, en referencia a dos periodistas que fueron asesinados también el martes en Ucrania.

“En un mundo donde la desinformación y la manipulación de cada narrativa es un objetivo brutalmente perseguido por quienes tienen el poder y están dispuestos a usar la violencia letal, los periodistas son considerados objetivos legítimos y la impunidad es la herramienta más poderosa para silenciarlos”,

denunció Hootsen.

El presidente López Obrador, durante su conferencia mañanera dijo que en ningún asesinato había involucrados servidores públicos, sino que son crímenes cometidas por bandas de delincuentes.

Fuente: Dallas News.

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Al confirmar que 252 comunicadores han sido asesinados de 2006 a la fecha (55 de ellos en el actual sexenio), el coordinador ejecutivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, Enrique Irazoque, urgió a reformar el artículo 73 constitucional para expedir la ley general en la materia y fortalecer la protección a dichos grupos.

“Con esa reforma ya podríamos generar una postura institucional esta misma semana, a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y trabajar en conjunto para que, en el segundo periodo ordinario de sesiones, a más tardar en septiembre, ya podamos presentar una iniciativa de ley general”,

señaló.

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En reunión de trabajo con los legisladores integrantes de la referida comisión en el Palacio de San Lázaro, el funcionario precisó que los años con mayor número de asesinatos contra periodistas fue 2012, con 23, seguido de 2010, 2018 y 2020, con 20 cada uno de esos años.

Detalló que en el sexenio de Felipe Calderón se cometieron 101 asesinatos contra periodistas; en la administración de Enrique Peña Nieto, 96, y en la de Andrés Manuel López Obrador, 55.

“De los 252 asesinatos que tenemos documentados de 2006 a la fecha, hablamos de 220 periodistas hombres y 32 mujeres”,

dijo.

Irazoque informó que al día de hoy mil 559 personas se encuentran incorporadas al Mecanismo de Protección, lo que representa un aumento de 95 por ciento con respecto a las 798 que se encontraban registradas al comienzo de la actual administración.

Del total, 515 son periodistas (140 mujeres y 375 hombres), y mil 44 defensores de derechos humanos (565 mujeres y 479 hombres).

El también titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación señaló los elementos centrales de la ley general, como la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en esa materia y la creación de un sistema nacional de prevención y protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

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“Hay que decirlo con todas sus letras: el mecanismo por sí solo no va a resolver la inercia de asesinatos que siguen existiendo en contra de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos. Si el mecanismo no cuenta con la coordinación, colaboración y la claridad de los demás órdenes de gobierno, la situación no se va a revertir y es allá adonde tenemos que apuntar”,

dijo.

Admitió que el Estado no ha podido generar las acciones necesarias para romper la inercia de agresiones que hasta el día de hoy prevalecen.

Fuente: Milenio.

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La presentadora de televisión y modelo mexicana Michelle Pérez Tadeo, conocida como Michell Simon, fue hallada sin vida el martes al sur de la capital mexicana, según informaron las autoridades. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó de que su cuerpo fue encontrado, envuelto en sábanas, por trabajadores que trataban de apagar un incendio en la carretera Picacho-Ajusco.

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Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del asesinato y la policía está llevando a cabo inspecciones e interrogatorios a testigos en el lugar, dijo el portavoz policial Ulises Lara López en Twitter. Familiares y amigos de la periodista, originaria del sureño estado de Veracruz, denunciaron su desaparición el pasado viernes y la han identificado tras el hallazgo del cadáver por los tatuajes que portaba en los brazos.

La Fiscalía ha informado de lo sucedido a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que ha indicado que trabaja en la hipótesis de que se trata de un feminicidio, aunque no descartan otras líneas de investigación..

Periodista deportiva

Además de haber aparecido en programas de televisión del ámbito deportivo, la periodista era también conocida por su faceta más artística. Había llevado a cabo trabajos como actriz, bailarina y animadora que promocionaba en sus redes sociales.

Era una gran aficionada al fútbol, el boxeo, la lucha libre y especialmente el béisbol, deportes sobre los que realizaba crónicas en varios medios de comunicación. La joven, de 29 años, se trasladó en 2013 de Coatzacoalcos a la capital para cumplir su sueño de ser periodista deportiva.

Asimismo, Michell Simon se había mostrado crítica en múltiples ocasiones con los prejuicios hacia las mujeres que trabajan en la industria del cine con desnudos. Según explicó en una entrevista que le realizaron hace unos meses y que se compartió en Youtube, ella misma empezó a compartir contenido sensual en diciembre del pasado año en su propio perfil de OnlyFans. «En algún momento (las críticas) me afectaron, pero ya después no hice caso», había llegado a afirmar en alguna ocasión. Este hecho le habría costado algunas enemistades y críticas en su entorno.

Sexta periodista asesinada

Se trata de la sexta trabajadora de medios asesinada en México este año, unas cifras que evidencian un preocupante ascenso de este tipo de crímenes. El pasado año, en todo 2021, un total de siete periodistas fueron asesinados, según documenta Artículo 19, una organización defensora de la libertad de expresión.

Los grupos de protección de los medios y los activistas sostienen que los grupos criminales y las bandas de narcotraficantes, así como los funcionarios corruptos, molestos por el trabajo de los reporteros, son sospechosos de llevar a cabo muchos de los asesinatos.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo el martes que la cantidad de periodistas asesinados en México este año es preocupante. «Me uno a los que piden mayor protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de quienes dieron su vida por la rendición de cuentas de la verdad», dijo Blinken en el mensaje en Twitter.

Periodistas en la ciudad fronteriza norteña de Tijuana realizaron protestas la semana pasada para instar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a poner fin a la violencia contra los trabajadores de los medios.

Fuente: El Periódico.

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La periodista Lourdes Maldonado fue asesinada cuando llegaba a su residencia en el fraccionamiento Santa Fe, en el interior de un vehículo, informó la agencia Efe citando informes de la policía.

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Tras escuchar el estruendo, los vecinos salieron, encontraron la escena y solicitaron ayuda a las autoridades.

Maldonado pertenecía al programa de Protección para Periodistas de Baja California, pero la vigilancia que se le brindó no fue permanente.

El diario El Universal indicó que una vez los oficiales que la custodiaban se retiraron, el agresor le disparó.

Litigio laboral

El 26 de marzo de 2019, durante su intervención en la conferencia de prensa con López Obrador, Maldonado pidió ayuda al presidente, afirmando que temía por su vida.

Maldonado había trabajado para varios medios de comunicación, incluido Primer Sistema de Noticias (PSN), propiedad de Jaime Bonilla, quien fue gobernador de Baja California desde 2019 hasta finales de 2021.

En dicha rueda de prensa, Maldonado mencionó a Bonilla, quien en ese momento era un senador con licencia.

«Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida, porque se trata de un pleito que tengo seis años con él«,

manifestó ante el mandatario.

«Lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su súper coordinador de delegaciones y su candidato, su próximo candidato a la gubernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla, por eso estoy aquí, pidiendo su apoyo»,

agregó.

López Obrador respondió en ese momento: «Le voy a pedir a Jesús Ramírez, que es el coordinador de Comunicación Social, que te atienda, que te apoyen para que se pida justicia, que no haya influyentismo, que se actúe en el marco de la ley».

El video de la rueda de prensa se hizo viral en redes sociales tras la noticia de su asesinato.

La reportera hizo público en días recientes que había ganado un litigio laboral contra la empresa Primer Sistema de Noticias.

El país «más mortífero del mundo» para la prensa

Maldonado es la tercera periodista asesinada en lo que va de mes en México, la segunda en el estado de Baja California, donde también fue asesinado a tiros cerca de su casa en Tijuana el fotoperiodista Margarito Martínez el pasado 17 de enero.

Además, el 10 de enero asesinaron en Veracruz, estado del oriente de México, al periodista José Luis Gamboa Arenas, director del medio digital Inforegio, donde daba difusión a problemas de inseguridad y política.

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Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), al menos siete periodistas fueron asesinados en México en 2021, lo que lo convierte «en el más mortífero del mundo para la prensa».

México ocupa el puesto 143 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 de RSF.

Fuente: BBC.

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