Desde hace tiempo el país ya está incendiado por la violencia con toda la criminalidad sin control, por la falta de apego a las leyes y por la impunidad, que es uno de los problemas que hemos tenido desde hace años, pero que se ha agudizado en el actual gobierno, asegura Mario Ángel Flores Ramos, exrector de la Universidad Pontificia de México y actual director del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), podría denominarse como la jerarquía católica.

“Así que nadie está comenzando un incendio, lo que está haciendo la Iglesia es tratar de que esta situación llegue a un control, porque cuando un bosque se incendia y lo único que hacemos es contemplarlo, pues el incendio sigue y se acrecienta con mayor fuerza”,

dice.

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Este miércoles, EL UNIVERSAL publicó que el presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas, Arturo Farela, acusó a la jerarquía católica “de pretender incendiar al país” con discursos de condena a la violencia. En entrevista con este diario, respaldó la estrategia del gobierno de abrazos, no balazos.

Por ello, Flores Ramos asegura que la iniciativa que ha tomado la Iglesia católica es llamar a la conciencia de los mexicanos sobre la responsabilidad que tenemos todos para colaborar en la pacificación del país.

“También estamos llamando a la responsabilidad de las autoridades para revisar sus estrategias y para asumir su compromiso. Hasta el momento, no ha habido una respuesta, no ha habido empatía. Al contrario, ha habido rechazo y todo mundo lo puede ver.

“La Iglesia, después de ese rechazo, que incluso incluyó insultos, no respondió de una manera inadecuada o violenta. Al contrario, la Iglesia ha llamado a la oración, al compromiso, a la paz. No estamos llamando a un incendio, sino a una conciencia de los ciudadanos y a una responsabilidad de los gobernantes”,

dice.

¿Cuál es su opinión con respecto a que algunas asociaciones religiosas muestran abiertamente su respaldo a este gobierno?

—En primer lugar, debemos tener muy claro que un gobierno tiene que trabajar para todo el país. Y uno de los señalamientos que hoy hacemos es que este gobierno trabaja con los suyos y para los suyos. El 80% de los mexicanos quedan fuera de su horizonte. Trabaja naturalmente tratando de ver la solución de muchos problemas, pero sin tomar en cuenta a las organizaciones sociales, religiosas y empresariales.

A juicio del sacerdote, el Ejecutivo federal ha privilegiado a una organización religiosa “que es pequeñita pero tiene mucha injerencia política. No hay un interés político en la mayoría de las asociaciones religiosas, hay un interés de lo propio”.

Lamenta además que exista mínima interlocución con representantes de la Iglesia católica.

“Ha habido mínima, no quiero decir que en ningún momento. Claro que ha habido encuentros, interlocución, pero ha sido mínima. En cambio, todos nos damos cuenta del gran espacio que esta administración le concede a un pequeño grupo”,

comenta.

¿Qué puede decir en torno a que la jerarquía católica es aliada de partidos como el PRI y el PAN y que por eso ataca a este gobierno?

—Las opiniones que la Iglesia ha realizado no son ataques, son críticas que son válidas. Y sólo estamos ejerciendo un derecho consagrado en la Constitución. No estamos teniendo injerencia en cuestiones políticas, porque no nos interesan, pero sí como parte de la sociedad mexicana estamos expresando legítimamente nuestros puntos de vista. Así que no se trata de atacar a nadie, sino de ser corresponsables con el caminar de la sociedad.

Nosotros estamos dispuestos a colaborar, a abrir espacios de diálogo. Lo que nos está faltando en medio de todo esto, es precisamente eso, el diálogo. Estamos siendo gobernados con un monólogo interminable. Todos los días escuchamos un monólogo. ¿Dónde está el diálogo? Eso es precisamente lo que estamos pidiendo nosotros.

¿Qué opina de lo que dice el presidente de Cofraternice, Arturo Farela, en cuanto a que cada conferencia del Presidente nos deja una enseñanza espiritual?

—No es papel de un gobierno asumir una prédica religiosa, sino cumplir con sus exigencias constitucionales.

Creo que el señor Farela debería hablar en un sentido más amplio porque es nuestra tarea como Iglesia todos los días no sólo enseñar, sino vivir esto. Que un gobernante lo diga pero no lo viva no nos sirve de nada. El amor al prójimo es el principio del Evangelio y de la palabra de Dios, y es lo que enseñamos todos los días.

Un gobierno que ataca, que divide, ¿dónde deja el amor al prójimo? ¿Dónde está? ¿De qué sirve saludar sólo a los que te saludan?, ¿de qué sirve querer sólo a los que te quieren?, ¿de qué sirve ayudar sólo a los que te ayudan?, dice el evangelio. De nada. El prójimo somos todos, no hay una visión selectiva, como se está realizando.

“La Iglesia no se quedará callada”

Luego de las declaraciones que hizo a EL UNIVERSAL el presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas, Arturo Farela, el director del Centro Católico Multimedial (CCM), el padre Omar Sotelo, recalcó que no porque la Iglesia católica hable de paz se quedará callada ante las injusticias que vive el país. 

“El que la Iglesia católica hable de la paz no significa que no hable de las injusticias. No significa que la Iglesia se va a quedar callada. La Iglesia anuncia el Evangelio, pero también denuncia aquellas injusticias que van en contra del Evangelio. Una iglesia que no denuncia es una iglesia que no sirve para nada”,

enfatizó.

En entrevista para El Gran Diario de México, el padre Sotelo reiteró que la Iglesia católica no necesita estar aliada a un partido político ni darle coba a ningún presidente o estar bajo alguna autoridad para hacer realidad el Evangelio.

“No necesitamos quedar bien con nadie, ni con el Presidente. Si hay acciones en este y otro gobierno que van en contra de las enseñanzas por parte del Evangelio, la Iglesia está para denunciarlo”,

aseveró.

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Dijo que México necesita acciones muy concretas. No sólo se necesita hablar, ya que que muchas palabras, resaltó, se dicen de manera muy efímera o hasta de manera comercial en cierto contexto.

 “El Evangelio no es una palabra efímera. La Iglesia católica siempre ha solventado sus dichos y hechos.

“La frase de abrazos, no balazos se ha dicho en un contexto que lamentablemente se ha politizado y, que me disculpe el Presidente, pero estas frases las ha politizado y ha usado al servicio de sus estrategias, pero tiene que reconocer que las estrategias están expuestas a correcciones. No por el hecho de que él las diga no pueden corregirse”,

enfatizó. 

El padre Sotelo enfatizó que sería muy sabio aceptar que la estrategia no está funcionando y que es necesario corregirla, pues en el país hay más de 100 mil desaparecidos y más de 300 mil muertos, entre ellos, periodistas, sacerdotes, hombres y mujeres en toda la República.

Remarcó que estamos en un momento en que las polarizaciones no son aquellas que nos van a llevar a una paz duradera, pues se está viviendo una situación muy compleja y no es oportuno que se siga descalificando al contrario.

“Hoy necesitamos que encaremos como sociedad ese problema, porque hay más mexicanos buenos que malos. México es un país grandioso que no merece vivir lo que está pasando. Hoy más que nunca en las diferentes instancias de gobierno, empezando por el Presidente hasta el último funcionario o ciudadano, así como obispos, cardenales, sacerdotes y religiosos, tenemos que poner las manos para construir unas sociedades justas por nosotros y nuestros hijos”,

finalizó.

Fuente: El Universal.

La entrada México ya estaba incendiado; no nos callarán, revira jerarquía católica a evangélicos se publicó primero en México 24 siete.

Solo han pasado unos días desde que comenzó el 2022 y dos periodistas ya han sido asesinados en México. El director del medio digital Inforegio, José Luis Gamboa, fue apuñalado el 10 de enero en el Puerto de Veracruz, y este lunes por la mañana, el fotógrafo Margarito Martínez recibía varios disparos en la puerta de su vivienda en Tijuana. Ellos son el nuevo rostro de la violencia que sufren los periodistas en el país, que es el más letal del mundo para la prensa. En 2021, nueve reporteros murieron de forma violenta.

Unas horas más tarde de que la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) confirmara la muerte de José Luis Gamboa en Veracruz, en la otra punta del país, el grupo Cadena despedía a su reportero gráfico Margarito Martínez en Baja California. Las asociaciones de periodistas han exigido a las fiscalías investigar si los crímenes fueron a causa de su trabajo.

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Vestía pantalón de mezclilla y camisa color café cuando encontraron en el suelo el cuerpo de José Luis Gamboa en una calle del fraccionamiento Floresta, al sur del Puerto de Veracruz, según han informado medios locales. Gamboa provenía de una reputada familia de periodistas en Veracruz. Su padre, Apolonio Gamboa, fue fundador del diario La Noticia, del que José Luis fue director; su hermano Polo también era un distinguido comunicador en el Estado.

El reportero había fundado en 2003 una página de noticias semanales llamada El Regional del Norte o Inforegio, en la que colgaba artículos de información política y de sucesos. Además, era muy activo en su cuenta de Twitter y subía editoriales en vídeo a YouTube. En estos tres medios, Gamboa compartía las supuestas conexiones entre el crimen organizado y las élites políticas de Veracruz: “La tragedia de México es que lo que está sometiendo al país por municipios es el narcotráfico, a la inversa de combatirlo, toda la estructura de poderes gubernamentales está vinculada en una gran asociación delictuosa”.

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Sus señalamientos eran directos y llegaban hasta el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y sus familiares, todos ligados a las alcaldías de distintos municipios del Estado. “El Puerto de Veracruz tiene 35 años bajo el dominio del crimen internacional. El CJNG opera en la zona portuaria, donde se vinculan familias de poder político entre ellos los Yunes”, escribió el periodista, que insistía una y otra vez en sus artículos en que Veracruz se había convertido en la puerta de entrada del fentanilo a Estados Unidos.

Aunque la CEAPP ha confirmado que no había denuncias previas de amenazas al reportero, Gamboa era consciente del peligro de sus afirmaciones: “Desde el momento que la prensa mexicana exhibe o señala vínculos de actores políticos o empresariales con el narcotráfico, la autoridad debe proceder a la investigación, y sucede a la inversa el Estado y sus instituciones investigan y persiguen al periodista, si es que antes no lo matan”.

Balazos en la puerta de la vivienda de Margarito Esquivel

Esta mañana, alrededor de las 12.45 horas, el fotógrafo Margarito Esquivel salía de su casa en Tijuana, en la colonia Sánchez Taboada. Allí fue abatido con arma de fuego. El reportero gráfico, de 49 años, estaba especializado en sucesos y noticias policiales. Trabajaba para el Grupo Cadena y el semanario Zeta, además colaboraba con medios internacionales como la BBC.

“Información revelada por testigos señalan que uno de los vecinos de Martínez Esquivel, se encontraba consumiendo bebidas embriagantes, identificado solo con el nombre de Juan, fue quien disparó a Margarito Martínez”, 

apunta el semanario donde laboraba el fotógrafo.

Según los testigos, los dos hombres tenían una disputa por la propiedad de unos terrenos. “Lo cual, señala la autoridad en la primera línea de investigación, sería el móvil del asesinato. El identificado como sospechoso, Juan, huyó del lugar con rumbo desconocido”, publica el medio.

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México es el país más mortífero del mundo para la prensa, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Jan-Albert Hoosten, representante del CPJ, explicaba a EL PAÍS que México es la única nación donde los niveles de violencia letales contra los periodistas no han cambiado, sino que se mantienen con los distintos Gobiernos:

“La violencia es una constante. Y la conclusión después de tres años de Gobierno de López Obrador es que no solo no ha podido resolver las decenas de asesinatos de periodistas, defensores y activistas, sino que ha hecho muy poco para prevenirlos”.

La organización, que lleva desde 1992 un conteo global de estos ataques, registró hasta final del 2021 138 asesinatos en México. Artículo 19, una organización mexicana defensora de la libertad de expresión, computa cifras todavía más altas: 145 desde 2000.

Fuente: El País.

La entrada Fuego contra la prensa en México: dos periodistas asesinados en los primeros días de 2022 se publicó primero en México 24 siete.

El alcalde de un municipio indígena ubicado en el central estado mexicano de Morelos, colindante con Ciudad de México, fue asesinado a balazos este martes (11.01.2022), informaron autoridades locales.

«Lamento profundamente el cobarde asesinato del alcalde de Xoxocotla, Benjamín López»,

dijo en Twitter el gobernador de Morelos y exfutbolista profesional, Cuauhtémoc Blanco.

«Condeno este atroz crimen, llegaremos hasta las últimas consecuencias para llevar a los responsables ante la justicia»,

agregó.

La fiscalía de Morelos dijo por su parte que tras el ataque «se desplegó un operativo especial» en el que participaron policías estatales, militares y miembros de la Guardia Nacional.

López Palacios había asumido apenas once días atrás como alcalde del municipio, que fue creado en 2019 tras separarse de la localidad de Puente de Ixtla.

Ola de violencia en México

Morelos, vecino de Ciudad de México, es sede de varios balnearios pero también tiene territorios amenazados por el crimen organizado en el camino hacia el popular puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, una zona también azotada por la violencia del narcotráfico.

A mediados de diciembre, Tania Mendoza, una actriz que participó en una película inspirada en la novela La Reina del Sur del autor español Arturo Pérez-Reverte, fue asesinada a balazos en Cuernavaca, capital de Morelos.

A inicios de año, el gobernador del estado se vio envuelto en una polémica cuando la prensa mexicana publicó una fotografía, cuya fecha se desconoce, donde aparece abrazando a tres presuntos narcotraficantes, uno de ellos ya abatido.

«Yo no pacto con delincuentes. No voy a fiestas con delincuentes, aunque me inviten», se defendió Blanco. «Me tomo fotos con todo el mundo porque no soy grosero».

México es golpeado por una ola de violencia en medio de la cual más de 300.000 personas han sido asesinadas desde diciembre de 2006, según recuentos oficiales que atribuyen la mayoría de estos crímenes al narcotráfico.

Fuente: DW.

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Hay una sección fija en los noticieros mexicanos. No se trata del tiempo, ni de los deportes sino la de asalto a transportes públicos. Las combis y autobuses que recorren diariamente la Ciudad de México están cada vez más dotadas con cámaras y tecnologías que nadie atiende y, prácticamente cada día, los noticieros del país emiten un video de los asaltos. Estudiantes, jubiladas, obreros, funcionarios, albañiles viajan con el corazón en el puño en las ‘combis’ que unen la Ciudad de México con el Estado de México.

El conductor tampoco se libra. Es el caso de César Antonio Ugalde Avendaño, de 45 años, chofer de un autobús verde con capacidad para 40 personas que cada día hace la ruta Valle del Chalco – Candelaria. Después de media hora de conversación con EL PAÍS en su ‘unidad’, la primera conclusión es que madruga mucho, comienza a conducir a la 4.30 de la mañana, pero los delincuentes también. La segunda es lo difícil que es ser honrado cuando te han atracado 12 veces en los 13 años que lleva como chófer.

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La última fue hace algunos meses cuando dos tipos se subieron al autobús, llegaron al final de la línea, y cuando ya no había pasajeros se acercaron a él y le dijeron “Ya sabes a qué venimos y no te pongas al tiro porque te va a ir mal”. Después lo sacaron del volante y otro tomó el control mientras que a él lo tumbaban en el suelo con la pistola en la cabeza. “Después de 45 minutos me fueron a tirar por la salida a Pachuca y se robaron el autobús”, explica con serenidad.

Cuando encontró un teléfono pudo por fin llamar a su esposa y decirle que le habían vuelto a atracar. Hasta el mes de diciembre, el Estado de México contabilizó unos 6.100 asaltos de los cuales 5.605 fueron con violencia y menos de 500 terminaron sin golpes. “Esa vez, gracias a Dios, no me pegaron”, dice. “Gracias a Dios”, ese es el nivel de confianza en las autoridades.

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“El pasaje en general se queda paralizado porque entran pistola en la mano, cortan cartucho y echan bala al piso o al techo y la gente se queda paralizada”, dice resignado. “Aprendes a diferenciar y nos avisamos unos compañeros a otros por WhatsApp, ‘oye, en tal lado hay dos chavos con gorra roja que son rateros…’ y ya no haces la parada. Aprende uno a ubicarlos porque son siempre los mismos y en los mismos lugares”.

Norma López Aguilar, agente de viajes de 36 años, toma cada día el camión en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, otro de los puntos calientes del transporte nacional. Municipios populares de la periferia, hiper poblado de gente humilde que sale muy temprano a la capital y regresa en la noche a casa con una ruta de hora y media que combina metro, bus y combi. A Norma la han atracado tantas veces que suele llevar un segundo celular de gama media “ni muy básico para no enojarlos y que no te agredan, ni muy alto porque ocupo uno nuevo a cada rato”, explica con una lógica que solo se entiende en el asiento de una combi.

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“Salgo de casa sabiendo que es muy probable que haya un atraco, así que debo llevar algo de dinero y un celular medio. La última vez que me asaltaron que el tipo se me quedó mirando feo y pensé que me quería agredir hasta que empecé a rezar y el fulano se fue. Lo más importante es que te agaches y nos los veas por si los puedes identificar. Ellos se molestan mucho con eso y no hay que resistirse”.

De ese día recuerda que un muchacho se puso en el medio con la pistola mientras otros dos desvalijaban al autobús. Unas filas más atrás escuchó como un chico no quiso dar su Ipad y forcejeó con los asaltantes. Estos le dieron un golpe con la culata en la cabeza que lo hizo sangrar y todos terminaron en el Ministerio Público declarando ante un oficial. Pero por la sangre, no por el robo.

“Trabajas para tener algo y es duro que te quiten algo en un momento, pero un balazo no merece la pena”,

dice resignada.

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Norma realiza cada día el trayecto Cárcel de mujeres y Santa Catarina, en el Estado de México, considerada una de las cinco rutas en las que más probabilidades de ser atracado en un transporte público en México. Según la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), hay en el centro del país cinco rutas de alto riesgo: Iztapalapa – Cárcel de Mujeres; Periférico – Canal de San Juan; Tepalcates – Ejército Constitucionalista; Metro Constitución de 1917 – Manuel Cañas; Canal de Chalco- Metro Constitución de 1917. Según Semovi, la mayoría de los atracos son entre las 6 y las 9 de la mañana y las 6 y las 9 de la noche.

El Estado de México es el lugar del país donde más transporte público se roba. Alfredo del Mazo, que ganó las elecciones con ayudas para las amas de casa y con la promesa de frenar la inseguridad en el transporte público, no solo no lo ha logrado, sino que estos han ido en aumento durante todo el año. En febrero de 2021 se contabilizaron unas 16 denuncias diarias y en diciembre casi se había doblado la cifra, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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El Estado de México acumula más del 50% de los asaltos a nivel nacional. A nivel nacional, el año termina con casi 11.000 denuncias de robo a transporte público en el país, de ellos unos 8.000 fueron con violencia y 3.000 sin violencia. Pero nada es comparable al Estado de México ni en número ni en violencia. Solo la Ciudad de México se acerca remotamente con más de 3.000 asaltos al transporte público en el último año. De ellos, 1.263 fueron con violencia y 1.863 sin violencia. Le sigue Puebla, Querétaro, Jalisco y Oaxaca.

En esa sección habitual de los informativos de la tarde el pasado lunes se emitió la grabación del asalto a una combi en la confluencia del Eje 15 y el Eje 8. Según se ve en las imágenes, la modorra que reinaba en la combi, después de nueve horas de trabajo y tres de transporte, se rompió cuando el asaltante sacó una arma y soltó dos frases cargadas de naturalidad: “A ver señores, se trata de lo siguiente, ya se la saben. Denme celulares y carteras. ¡Rápido!” Y, señalando al conductor, añadió: “Y llevatela relax chofer o te meto un tiro”, gritó el hombre que acababa de sacarse un arma semiautomática del pantalón.

Mientras con una mano iba recibiendo sumisamente teléfonos y carteras del pasaje, con la otra apuntaba al conductor. Cuando 30 segundos después el asaltante abrió la puerta y salió de la combi con las manos llenas de objetos, en el interior del vehículo quedó flotando un espeso silencio. Un mutismo derrotado que se repite más de 30 veces al día.

Fuente: El País.

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Andrés Manuel López Obrador terminó 2021 y ha comenzado este año sumido en una guerra con el Instituto Nacional Electoral (INE). Las tensiones con el organismo no son nuevas y han acompañado la primera mitad del sexenio, pero la celebración de la consulta sobre la revocación de mandato prevista para abril ha convertido el pulso en un enfrentamiento abierto.

A esta convulsión, sin precedentes en la historia de la autoridad electoral, se suma la presión política ejercida sobre el Banco de México (Banxico). La nueva gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja, acaba de asumir el cargo tras un relevo precipitado por el presidente a finales de noviembre. La antigua subsecretaria de Egresos de Hacienda, la primera mujer a la cabeza de la institución, se ocupará de la estabilidad de los precios, pese a su escasa experiencia en la materia, porque así lo quiso el mandatario. Tanto la relación con el INE como con el banco central son especialmente significativas no solo por tratarse de órganos constitucionales autónomos, que operan al margen de los tres poderes del Estado, sino porque marcarán un año clave para el Gobierno.

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Las citas electorales y la economía son determinantes para López Obrador porque de todo ello depende la consolidación de su proyecto, la llamada Cuarta Transformación. Además del referéndum revocatorio, que este miércoles ha reivindicado como un instrumento para “afianzar la democracia”, millones de mexicanos están convocados a las urnas en junio para elegir a los gobernadores de seis Estados y decenas de municipios. Aunque esos comicios no tienen las dimensiones de las elecciones intermedias de 2021 sí son importantes para medir las fuerzas del partido oficialista, Morena, antes de las presidenciales de 2024. Y en todos esos procesos es crucial el trabajo del INE.

El origen del conflicto con el Instituto Electoral ha sido en esta ocasión su negativa a organizar la consulta tras los recortes de presupuesto aprobados por el Parlamento. Finalmente la justicia le ordenó reanudar la coordinación del proceso con el apoyo financiero de Hacienda, aunque en medio han quedado denuncias penales contra varios consejeros del organismos y su presidente, Lorenzo Córdova, y una ruptura de la confianza alimentada por los ataques de Morena y las presiones del Gobierno.

Otro de los organismos que tendrá un papel preponderante este año es Banxico. La economía es uno de los grandes desafíos del Gobierno y, si bien el banco no define las políticas de crecimiento, es el encargado de mantener a raya la inflación, que desde noviembre superó la barrera del 7%.

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El nombramiento de Rodríguez Ceja. que desplazó sorpresivamente a la primera propuesta del presidente, el exsecretario de Hacienda Arturo Herrera, sembró las dudas sobre los planes de López Obrador para ese organismo. El mandatario reiteró a finales de año, coincidiendo con la toma de posesión de la gobernadora, que respetará su autonomía, pero no es un secreto que según se criterio la institución debería ocuparse también de las líneas maestras de los paquetes económicos.

La idea de fondo es que así el Gobierno federal pueda obtener préstamos para poner en marcha, por ejemplo, programas sociales. Incidió de nuevo en ello el pasado jueves:

“Una función del banco es control de inflación y otra que nos gustaría mucho, pero que nada más opinamos, es que también se impulse el crecimiento. Control de inflación y crecimiento, porque se puede controlar la inflación, pero, si no hay crecimiento, tampoco se avanza”.

Herrera su oponía frontalmente a esa opción al considerar que los objetivos de esas funciones chocan entre sí. “Si se quiere que la economía crezca, se puede dar una serie de estímulos que a lo mejor crean cuellos de botella que se traducen en inflación”, explicó a EL PAÍS justo antes de dejar el cargo.

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Esta semana el presidente ha vuelto a cuestionar a los entes públicos a cuenta de una reflexión sobre los ahorros y la “burocracia dorada”, dijo, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“Es una vergüenza que dinero del presupuesto nada más llegaba al Conacyt y de ahí se transfería a grandes empresas; el Gobierno subsidiaba en lo que llamaban innovación tecnológica a las grandes empresas. ¿Saben cuánto ahorramos con la decisión que se tomó de desaparecer los fideicomisos? 90.000 millones de pesos. Por eso podemos aumentar la pensión a los adultos mayores y aumentar las becas. Si no, no podríamos. Entonces, es exactamente lo mismo. No se deja de atender a la gente, pero ya no hay dos, tres, cuatro, cinco organismos haciendo lo mismo”,

afirmó durante una conferencia de prensa matutina antes de volver a meter al Instituto Nacional Electoral (INE) en la ecuación.

“Ahora está lo del INE, por ejemplo, con lo de la consulta. Va a ser muy interesante, y vuelvo a hacer el llamado a que se revise el presupuesto del INE, porque es autónomo, pero el dinero que manejan es del pueblo. ¿Cuánto en renta y en compra de vehículos, cuánto en sueldos, la pirámide de sueldos? ¿Cuánto ganan los de arriba, cuánto ganan los de abajo, sueldo más bonos, más otras prestaciones? Nada más quisiera saber si tienen servicio médico especial, porque eso nosotros lo quitamos”,

continuó López Obrador.

En México hay nueve organismos autónomos de distinta índole que no dependen ni del Ejecutivo ni de los poderes legislativo y judicial. Las presiones políticas se dan con intensidad variable. Entre esas instituciones se encuentra, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación, dirigida por Alejandro Gertz, un hombre en el que el mandatario ha reiterado públicamente su confianza en varias ocasiones.

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Pero también figuran otros como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), que recientemente protagonizó un pulso con el Gobierno por un decreto que blinda los proyectos estratégicos de infraestructuras como el Tren Maya o el aeropuerto Felipe Ángeles como asunto de seguridad nacional. El INAI presentó una impugnación para que la transparencia de esas obras no se viera afectada y la Suprema Corte acabó por darle la razón, tumbando parte del acuerdo.

Otro de esos órganos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), fundamental para el conocimiento de los datos de interés y la elaboración de políticas públicas, acaba de cambiar su dirección. El pasado 1 de enero asumió las riendas del instituto Graciela Márquez, secretaria de Economía entre 2018 y 2020. Su nombramiento generó malestar en algunos sectores por sus vínculos con el Ejecutivo y el responsable saliente, Julio Santaella, pidió que se aclararan las circunstancias de la decisión. Sin embargo, López Obrador quiso zanjar la polémica sin muchas explicaciones. “Ya está, es Graciela Márquez”, afirmó.

Fuente: El País.

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De poco sirve el combate a la corrupción, la persecución de criminales para reducir las enormes cifras de violencia que soporta México desde hace casi una década —casi 100 asesinatos al día— si la inmensa mayoría de los casos no se resuelven. Un amplio informe de México Evalúa, que revisa la información oficial sobre el trabajo de las fiscalías y jueces en 2020, arroja un dato estremecedor: un 94,8% de los delitos no ve una salida.

Ni una sentencia, pero tampoco un acuerdo entre las partes, ni reparación del daño, en muchos casos ni llegan a juicio y quedan varados en el archivo temporal. La cifra ha aumentado desde 2019, que ya manejaba un 92,4%. La impunidad crece con unas fiscalías asfixiadas por el número de carpetas y alimenta la seguridad de que matar, extorsionar, secuestrar o desaparecer en México sale prácticamente gratis.

La coordinadora del informe, Chrístel Rosales, explica que el principal problema que ha impedido resolver el lastre de la impunidad es que en los Ministerios Públicos no existe un protocolo de priorización de casos. El escaso presupuesto no se maneja de forma eficiente y se atiende la cascada de denuncias sin ningún orden. Según sus estudios, al menos un 30% de los delitos se podrían haber desahogado por la justicia alterna, pero no existe apenas ese filtro.

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“Le dan la misma prioridad a una desaparición u homicidio que a un robo menor”, explica. La falta de visión estratégica en política criminal, cuenta la investigadora, provoca que solo uno de cada dos casos reciba algún tipo de respuesta de la fiscalía, y de los que lo hacen, un 60% son archivados. “En algunos delitos como tortura o desaparición, la impunidad roza el 100%”, agrega.

El documento alerta sobre el colapso de los agentes investigadores. En promedio, los fiscales inician por persona 145 carpetas al año, pero hay casos como el de Nuevo León, donde esta cifra asciende a 456 investigaciones por fiscal; o Sonora, con 326. Y no solo los ministerios públicos se encuentran rebasados, también los peritos —el personal científico encargado de aportar elementos técnicos a la investigación—. A nivel federal, cada técnico atiende al menos 160 solicitudes de análisis pericial o estudios, pero a nivel local, más de 448.

Las cifras desvelan que por tanto, del total de dictámenes solicitados, los peritos atienden menos del 4%. “Esto provoca que los casos no llegan a ser judicializables, no solo por la carga de trabajo, sino por falta de elementos de prueba”, explica Rosales. Otra de las deficiencias del sistema es la falta de jueces. México cuenta con algo más de cuatro por cada 100.000 habitantes. En Colombia la cifra es mucho mayor, 12; y Costa Rica, el país latinoamericano con menor tasa de impunidad, 26.

La investigación revisa la implantación del nuevo modelo de justicia penal, que se instaló definitivamente en 2016 y que pasó de un modelo “inquisitorio” a uno acorde con los derechos humanos, donde se respeta la presunción de inocencia. Hasta ese año, México mantenía un esquema prácticamente medieval, donde la fiscalía tenía todos los instrumentos y no había un debate en el juicio. Antes, el inculpado tenía que probar que era inocente.

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“Lo que observamos después de cinco años es que se mantienen muchas malas prácticas del anterior sistema, que terminan por frenar el avance de los casos. No es un problema del diseño del sistema, sino de operación”, añade Rosales.

Un juez local contaba a este diario un ejemplo de ese tipo de viejas prácticas. En los juzgados ha corrido siempre la broma de que las policías están patrocinadas por la marca de cuchillos Tramontina, el cubierto más común en cualquier casa mexicana. “Solo hace falta un cuchillo para que un robo menor o un presunto narcomenudista entre en prisión preventiva y el ministerio público así gane tiempo para investigar el caso”, relataba. Después, en algunas ocasiones, el acusado logra demostrar que ese cuchillo no era suyo, no hay huellas, “me lo sembraron”. Y queda absuelto por otro juez. Hasta que un detenido llega a ese punto, puede pasar dos años en la cárcel.

El informe alerta de un aumento de la prisión preventiva de un 21% en el último año. Una herramienta que da 24 meses de margen a las fiscalías para engrosar las carpetas de investigación, pero que se buscaba evitar con el nuevo sistema penal pues las cárceles estaban llenas de gente inocente. El documento advierte además del abuso del procedimiento abreviado —un mecanismo mediante el cual un acusado se declara rápidamente culpable sin necesidad de juicio y a cambio obtiene una rebaja de su condena— que ha crecido en un 16%.

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“Esta herramienta da pie a la vieja práctica de la fabricación de culpables. Donde se busca que las personas se asuman responsables y reciban una sentencia aunque no hayan participado, con el objetivo de cerrar el caso y elegir lo menos peor”, añade Rosales.

Los derechos de los procesados tampoco están garantizados. Cada abogado público carga con 152 clientes de media, aunque hay entidades con datos más dramáticos, como Veracruz, donde la defensoría del Estado es casi una utopía. También, el informe registra que una de cada cuatro detenciones fueron ilegales. Y el análisis registra además una brecha entre el género de los acusados.

Las mujeres acusadas de cualquier delito tienen más posibilidades de ser sentenciadas a prisión preventiva (un 50%, frente a un 40% de los hombres). También, el informe ha detectado que se han impuesto penas más altas para ellas, pese a que la cantidad de reclusas es mucho menor que de reclusos. Del total de condenados que reciben penas de más de 21 años de prisión, dos terceras partes son mujeres.

“Se está aplicando una justicia más punitiva contra las mujeres y esto sin contar que desde el primer momento en que una mujer se enfrenta a la justicia, desde su detención, los derechos que le son garantizados son menores que los hombres: sufren más amenazas con hacer daño a un familiar, se les informa menos sobre sus derechos, son más presionadas para dar otra versión de los hechos y tienen menos posibilidades de contactar a un abogado público”,

cuenta Rosales. La información incluye la amplia encuesta que elabora anualmente el Instituto Nacional de Estadística.

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Pese a las cifras nacionales, hay algunos Estados en el país que han mejorado sus datos en los últimos años: Zacatecas, Querétaro, Nuevo León y Coahuila, se han convertido en pioneros en la aplicación de protocolos que buscan reducir la impunidad. Pese a que algunos de ellos manejan las cifras de violencia más altas del país, sus instituciones se han fortalecido.

“Ahí están las pistas a seguir para el resto”, apunta Rosales. Y lanza un mensaje al Gobierno federal: “Mientras no veamos la realidad de lo que está sucediendo, difícilmente vamos a revertir esta situación. Más que proclamar el combate a la impunidad y corrupción, deberían fortalecer el sistema, buscar la congruencia. Pues parece que vemos un mundo muy distinto”.

Fuente: El País.

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El canciller Marcelo Ebrard informó que el próximo viernes evaluará, junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken y el Fiscal General, Alejandro Mayorkas, los avances en 10 acciones prioritarias fijadas por ambas naciones en materia de seguridad.

En la reunión, donde participará el gabinete de seguridad del gobierno de México y estará encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se tiene como objetivo dejar atrás la iniciativa Mérida por su carácter asistencialista y no de fondo, dijo.

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“Dejar atrás la Iniciativa Mérida que es asistencialista, está basada en otra estrategia de seguridad totalmente distinta a la que hoy se está implementando y por ende se tiene que trabajar con los Estados Unidos para lograr esta nueva etapa basada en que, en un entendimiento”,

expuso Ebrard durante la conferencia de prensa matutina de AMLO desde Veracruz.

Dentro de los 10 objetivos que se fijaron ambas naciones está reducir la tasa de homicidios en México y solicitar que el gobierno estadounidense brinde a las autoridades del país asistencia jurídica y reciprocidad en materia de extradiciones además de un eficaz control en el tráfico de armas.

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Hace unos meses, el gobierno de México presentó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) una demanda contra fabricantes de armas en Estados Unidos, a los cuales acusa de tener prácticas negligentes que han permitido el tráfico hacia México.

La Corte Federal de Massachusetts admitió la demanda en la que México busca que empresas fabricantes reparen económicamente el daño en México por la introducción ilegal de armas por alrededor de 10 mil millones de dólares.

Fuente: Forbes.

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Entre las personas secuestradas la madrugada del martes en el hotel Sol y Luna del municipio de Matehuala había 22 extranjeros, que fueron rescatados en un lugar «despoblado» y a los que llevarán a la capital del estado para que reciban atención médica y psicológica, así como alimentación, según el reporte de las autoridades.

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Entre los extranjeros hay haitianos y cubanos, según el fiscal del estado, quien explicó que en un principio se les había informado que también había venezolanos.

Entre ellos estaban los menores y la mujer embarazada, a quien la Cruz Roja ya atendió de manera preventiva.

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La investigación para dar con el paradero de los responsables está en curso. La fiscalía afirma que presuntamente usaron camionetas para llevarse a las personas del hotel.

Además, las autoridades se comunicarán con las familias de las personas que fueron secuestradas «para evitar sean víctimas (de) algún delito que afecte su patrimonio como puede ser una extorsión», dijo la Fiscalía.

Fuente: CNN en español.

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El video encierra todo lo que un Estado de derecho debe repudiar. El líder de una organización criminal que amenaza de muerte a una periodista y desafía el ejercicio libre de la información. Una puesta en escena que es en sí una exaltación de la violencia en uno de los países más mortíferos para la prensa.

Y un mensaje inconcebible que evidencia la inseguridad que sufren los comunicadores o quien se interponga en el camino de esta banda de narcotraficantes. El ataque contra el periodismo lanzado este lunes por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) supone un giro de tuerca en un clima en el que las agresiones y las amenazas contra los medios ya son parte de la rutina.

La escalada ha elevado la presión de organizaciones de derechos humanos y de la profesión sobre el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que se comprometa con la protección de los informadores.

Las muestras de apoyo con Azucena Uresti, de Grupo Multimedios, abiertamente amenazada por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, capo del cartel, han sido unánimes. Pero la preocupación por este episodio debe interpelar en primer lugar a las autoridades, que llevan años recibiendo críticas por su inacción.

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El trabajo de Uresti y de los periodistas que informan en territorios donde operan mafias dedicadas al narcotráfico como el Estado de Michoacán requiere un plan de seguridad concreto inmediato, prevención y una visión a largo plazo.

Es lo que, en esencia, plantean varios organismos dedicados a la defensa de la libertad de prensa y el llamamiento de algunos de los principales medios mexicanos, que a través de un comunicado conjunto han exigido “salvaguardar la integridad física de todos los compañeros comprometidos por estas expresiones delincuenciales” y reclaman al Gobierno una condena sin matices.

Este martes el presidente ha manifestado su solidaridad con Uresti y ha asegurado que ya ha dado instrucciones para que se la atienda.

“Vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos los mexicanos”, ha dicho. “No está sola”.

El coordinador de comunicación de la presidencia, Jesús Ramírez, había prometido antes que el Ejecutivo tomaría “medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados” y ha asegurado que “las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos”.

El Gobierno, sin embargo, no ha detallado aún su plan. Mientras tanto, crecen las peticiones para que el Estado actúe con celeridad.

La organización Artículo 19 ha comunicado que está documentando el caso y ha dejado claro que “rechaza las amenazas atribuidas al grupo delictivo CJNG”.

“Exigimos a la Secretaría de Gobernación y a las autoridades de seguridad pública coordinarse a fin de proteger de forma urgente a los integrantes de los medios así como a Azucena Uresti y a sus familiares. Además, urge a la Fiscalía General de la República investigar de forma diligente y con perspectiva de género las amenazas”,

agrega el organismo, que el año pasado contabilizó 692 agresiones contra la prensa.

En los últimos 14 años, los episodios son casi 5.000.

En absoluto se trata de un fenómeno nuevo, pero la tendencia es muy preocupante porque ha ido en aumento. El Gobierno de López Obrador afronta una nueva guerra del narco, sobre todo el norte del país, pero el Cartel Jalisco Nueva Generación y El Mencho, que ha amenazado también a Televisa, Milenio y El Universal por su cobertura, representan uno de los eslabones criminales más peligrosos para los informadores y para la sociedad mexicana.

“El aumento año con año de la violencia contra la prensa implica un replanteamiento de la exigencia al Estado y de un nivel de intervención que requiere focalizar los esfuerzos hacia aquellos casos que den luz de la mutación en los patrones de agresión y de la identificación de las causas que generan este tipo de agresiones”,

señala el último informe de Artículo 19, que se pregunta.

¿Se trata de ineficiencia institucional o de falta de Estado de Derecho?

Reporteros Sin Fronteras (RSF) constata en su balance anual, que “México sigue siendo, año tras año, uno de los países más peligrosos del mundo para los medios”.

“A pesar de que recientemente se han producido algunos avances, el país continúa hundiéndose en la infernal espiral de la impunidad. La colusión de las autoridades y los políticos con el crimen organizado amenaza gravemente la seguridad de los actores de la información y obstaculiza el funcionamiento de la justicia del país a todos los niveles”,

denuncia la organización.

Hace poco más de un mes, a finales de junio, dos periodistas fueron asesinados en menos de 24 horas en Oaxaca y en el Estado de México. Uno de ellos, Gustavo Sánchez, había sufrido una agresión hace un año. Fue integrado en el Mecanismo de Protección de Periodistas, pero cuando fue baleado no contaba con esquema de seguridad.

Este es solo uno de los casos más recientes. Y a esto se añade un clima de creciente descrédito de los periodistas alentado también por las autoridades.

El espacio bautizado como Las mentiras de la semana durante las conferencias de prensa matutinas del presidente, en el que se señala a los informadores con nombres y apellidos, hizo saltar las alarmas de varios organismos internacionales desde que fue estrenado, el pasado mes de julio. Lo urgente ahora es, incide Reporteros Sin Fronteras, justo lo contrario. Esto es, que el Gobierno se implique en la protección de los comunicadores.

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“El presidente López Obrador, en el poder desde diciembre de 2018, aún no ha acometido las reformas necesarias para frenar la espiral de violencia contra la prensa y la impunidad”, recuerda el organismo, que además advierte, como ocurre en otros países de América Latina, de que “los numerosos medios de comunicación comunitarios a menudo carecen de frecuencias de difusión legales y son perseguidos de manera regular”.

Este es un problema estructural de los territorios rurales, a menudo los más afectados por las organizaciones de narcotraficantes. Y, coincide la profesión, esta debe ser la prioridad del Gobierno.

Fuente: El País.

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