La venta ilegal de Gas Licuado de Petróleo (GLP) se concentra en Ciudad de México y Estado de México, revelaron las principales asociaciones de empresas distribuidoras en el país.

El robo del combustible utilizado en 80% de los hogares mexicanos representa una comercialización ilícita de al menos 60.000 toneladas mensuales, de las cuales, 44.000 se venden en ambas entidades de la Zona Metropolitana, comentó el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP, Carlos Serrano, durante una reunión virtual con medios de comunicación.

“En la Ciudad de México y Estado de México, precisamente, es donde está el gran mercado de consumo y está cercano a los puntos de tomas clandestinas que facilitan esa logística”,

declaró.

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El presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG), Luis Landeros, dijo que han discutido el tema con jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobiernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, además de sus equipos de seguridad, incluso con la Guardia Nacional, pero el problema ha crecido y requiere estrategias específicas para su combate.

Con 25 millones de habitante, la Zona metropolitana del Valle de México consume 251.000 toneladas mensuales de Gas LP aproximadamente, dijo el directivo a Bloomberg Línea durante el evento.

El 94% del robo, fenómeno conocido como ‘huachigas’, ocurre principalmente en las entidades de Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Estado de México mediante ordeñas ilegales a los ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

México registró 2.187 tomas clandestinas de GLP durante 2021, un crecimiento de 1.000% comparado con 2018, después de que comenzó la estrategia contra el robo de gasolina y diésel en ductos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual redujo las tomas clandestinas de combustibles vehiculares en 27%.

Serrano Farrera expresó que el robo de Gas LP significa una pérdida aproximada de MXN$1.100 millones mensuales para las arcas públicas que no pagan impuestos, una cifra en línea con lo que ha reportado desde 2018, a pesar del aumento de tomas clandestinas, pero aclaró que la cantidad que sustraen se ha reducido porque el tiempo de respuesta de las autoridades para cortar el flujo de petrolíferos y clausurarlas es más rápido.

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El gobierno y Pemex crearon una Gas Bienestar, una empresa estatal que busca aliviar la demanda en zonas sin competencia en la Zona Metropolitana inicialmente. Serrano solo dijo que su contribución es positiva para el mercado.

El sector gasolinero estimó que existen entre 5.000 y 8,000 pipas distribuidoras circulan todos los días en la Zona Metropolitana sin registro ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pero no tiene información de cuántas comercializan el combustible robado.

Con el problema focalizado en el principal mercado de consumo del país, las asociaciones distribuidoras pidieron a las autoridades que se verifiquen los equipos de reparto y haya inspecciones también a las plantas donde rellenan el combustible para verificar que el gas no provenga de puntos clandestinos de relleno, mencionó Landeros.

Fuente: Bloomberg en línea.

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Monterra anunció que presentaron una Notificación de la Intención de someter una reclamación a arbitraje al gobierno de México por acciones ilegales y discriminatorias que impiden las operaciones de su terminal de importación de combustibles en el puerto de Tuxpan en Veracruz.

La empresa señaló que los daños derivados de las acciones discriminatorias pueden ascender a aproximadamente 667 millones de dólares.

Las Notificaciones de intención bajo acuerdos internacionales prevén una fase inicial de negociación y consulta para resolver la controversia, buscando evitar la necesidad de iniciar un arbitraje internacional.

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Monterra Energy y Monterra Energy Holdings mandaron dicha notificación tras la clausura de su terminal de combustibles hace cinco meses, alegan que con esto se está negando el debido proceso y violando provisiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevé en el Anexo 14-C, con respeto a inversiones existentes como la de Monterra, la interposición de una reclamación a arbitraje de conformidad con el capítulo 11 del TCLAN.

La terminal de Monterra es una de varias que han sido clausuradas por la administración de Andrés Manuel López Obrador, estas acciones bloquean la importación de bienes de origen estadounidense y ponen en riesgo puestos de empleo en México y Estados Unidos.

“Hemos hecho más de lo que se pudiera esperar para resolver de manera cooperativa este asunto, a fin de seguir apoyando la economía y seguridad energética de México y de proveer empleos bien remunerados,”

aseguró Arturo Vivar, CEO de Monterra a través de un comunicado.

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Además, dijo que se ha intentado de manera reiterada resolver la clausura, incluyendo al proveer amplia evidencia de su cumplimiento total con el marco legal y regulatorio, pero las autoridades mexicanas han ignorado la evidencia.

“Simplemente pedimos que México salvaguarde el Estado de derecho y cumpla con sus obligaciones bajo tratados internacionales. Nuestra preferencia sería una alcanzar una resolución amistosa, pero las acciones realizadas hasta ahora por el gobierno de México no dejan otra alternativa que perseguir todas las opciones jurídicas disponibles”,

sentenció Vivar.

La terminal de Monterra (Servitux) obtuvo un permiso de 30 años de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el 4 de mayo de 2018.

El órgano regulador en materia energética realizó varias visitas de inspección a la terminal antes de que entrara en operación y en julio del 2021 la compañía cumplió con el requisito del permiso de dar aviso a la Comisión sobre el inicio de operaciones del sistema de almacenamiento.

Pero el 13 de septiembre de 2021, la CRE realizó una inspección extraordinaria junto con elementos armados de la Guardia Nacional y personal de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

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Derivado de esta inspección, las autoridades realizaron una clausura temporal sin ninguna justificación judicial y desde entonces permanece así, alegó Monterra.

Todos los bienes importados y descargados en la terminal antes de la clausura provienen de Estados Unidos, “La orden de clausura es arbitraria, ilegal y completamente inconsistente con extenso intercambio previo de comunicaciones entre Servitux, una empresa organizada bajo la ley mexicana de participación mayoritaria de Monterra Energy, y la CRE”, condenó la empresa.

Desde el año pasado, el gobierno de México intensificó una serie de inspecciones en el sector petrolífero, la secretaria de Energía, Roció Nahle, ha dicho que es porque hay mucho contrabando de combustible en el país, “huachicoleo fiscal”.

Monterra indicó que las acciones tuvieron lugar en el contexto de los esfuerzos del gobierno, a partir de inicios de 2019, para frenar la importación, almacenamiento y distribución de petrolíferos por compañías extranjeras, para devolverle el monopolio a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Fuente: Forbes.

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En las conferencias que ofrece cada mañana desde Palacio Nacional, en sus viajes a lo largo y ancho del país, en su reunión con el enviado de Estados Unidos para el cambio climático. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no se ha cansado de repetir en los últimos meses que la gran apuesta de su Gobierno para cumplir con sus compromisos ambientales es la energía hidroeléctrica, “la más barata y limpia”. Desde entonces, los expertos han dado un paso al frente para contradecir esa afirmación: es tres veces más cara que la solar y la eólica, y cada vez se considera menos limpia por sus emisiones de metano, su impacto sobre los ecosistemas y su dependencia de un recurso escaso: el agua.

Pero, ante todo, lo que ponen en duda es la idea de que las hidroeléctricas puedan aumentar su generación lo suficiente como para alcanzar la meta del 35% de energías limpias para 2024 que se ha propuesto México. El año pasado, esas centrales produjeron menos del 9% del total. Rosanety Barrios, analista independiente del sector, explica que la inmensa mayoría de las hidroeléctricas de México están controladas por la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y fueron construidas entre los años 60 y 80, por lo que son bastante anticuadas.

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“El planteamiento del presidente es modernizar lo que se pueda, que es esencialmente las turbinas. Pero la mejoría que puedes obtener no va más allá del 10% en la eficiencia”,

asegura la experta.

Hasta ahora, el plan de la CFE no contempla construir nuevas presas, por la fuerte oposición social que se han encontrado en las últimas décadas. Paso de la Reina, Las Cruces, Chicoasén II… la lista de nuevas hidroeléctricas que se han visto frenadas por el rechazo de la población es larga.

Por ello, lo que la empresa estatal ha anunciado es un plan de inversión de 20.000 millones de pesos (1.000 millones de dólares) para rehabilitar nueve centrales y construir otras tres sobre presas ya existentes, principalmente en Sonora y Sinaloa. Pero la propia CFE ha reconocido que esos planes aportarán, cuando mucho, un aumento de 1.860 gigavatios por hora al año, lo que representa un 0,6% de la generación eléctrica total de México. Muy lejos de lo que necesita el país para llegar a su meta del 35% de energías limpias, que actualmente rondan el 25%.

¿Verdaderamente verdes?

Los límites a los que se enfrentan este tipo de plantas no son únicamente tecnológicos. El cambio climático está haciendo más frecuentes y prolongadas las sequías en el país y, cuando escasea el agua, el consumo humano y agrícola son prioritarios.

“Si nos toca un año de poca lluvia, el agua ahí almacenada se tiene que cuidar para los seres humanos. Si hay un intento de violación de esas reglas, hay que preocuparse mucho de lo que pueda pasar con el consumo humano”,

advierte Barrios.

Por otro lado, al igual que las sequías son más prolongadas, las lluvias torrenciales son más habituales como consecuencia del calentamiento global, lo que puede llevar al desbordamiento de presas, como pasó en Tula en septiembre pasado. Ese mes, la generación hidroeléctrica alcanzó un pico del 16% del total del país.

“Pero pensar que se puede mantener ese mismo nivel durante todo el año o inclusive duplicarlo, como ha dicho el presidente, es cien por ciento imposible”.

De hecho, en enero, uno de los meses en los que menos llueve, las hidroeléctricas generan alrededor del 4%.

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Como una pescadilla que se muerde la cola, las plantas hidroeléctricas no solo se ven afectadas por el cambio climático, sino que también contribuyen a empeorar esa crisis, señala Astrid Puentes, exdirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Al momento de su construcción, se deforestan grandes extensiones de territorio para crear los embalses -lo que libera CO2 a la atmósfera- y se afectan los ecosistemas y la forma de vida de la población al desviar el cauce del río.

Además, la materia orgánica que queda inundada en las presas entra en un estado de descomposición y va emitiendo metano, uno de los gases más poderosos de efecto invernadero.

“Antes de decidir rehabilitar las hidroeléctricas que ya existen, México debería hacer una buena evaluación de qué alternativas hay hoy, no en los años 70. Hoy, en el siglo XXI, la hidroeléctrica sale perdiendo frente a la solar y la eólica en términos de impactos sociales, climáticos y ambientales”,

dice la abogada.

El trasfondo: la reforma eléctrica

Víctor Ramírez, doctor en ciencias por la UNAM y vocero de la Plataforma México, Clima y Energía, cree que el empuje por las hidroeléctricas del Gobierno no es más que retórica política. Porque el asunto de fondo es, desde su punto de vista, la reforma eléctrica que está empujando contra viento y marea el presidente. La propuesta busca modificar la Constitución para devolverle a la CFE el poderío perdido, entregando el control del 54% de la generación, muy por encima del 38% actual, y dejando el 46% restante para los privados.

“Si se quiere alcanzar ese 54% no lo van a poder hacer solamente con las hidroeléctricas. Van a tener que hacerlo con sus plantas termoeléctricas y de carbón”,

dice Ramírez.

Según la propuesta, las hidroeléctricas serían las primeras en la fila para despachar su energía, limitada por la disponibilidad de agua, y las siguientes a la cola serían las centrales convencionales de la CFE, que operan con combustibles fósiles como combustóleo, gas y carbón. Por lo tanto, dice el experto, parece difícil que esa reforma no implique un aumento considerable en las emisiones de gases de efecto invernadero del país.

Otro mito que quiere desmontar es que la energía hidroeléctrica es la más barata. Según datos de la Comisión Reguladora de Energía, cuesta 1.211 pesos por megavatio/hora, casi tres veces más que los 377 pesos de la solar y eólica, en manos de empresas privadas. ¿Por qué es tanto más cara? “Porque, entre otras cosas, el agua es un bien limitado que tiene un precio, a diferencia del sol o el viento”. Por ello, actualmente las primeras energías que se despachan son la solar y la eólica: porque son las más baratas.

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Pero para Mario Morales, coordinador de planeación de la CFE, la situación actual “no es competencia sino despojo”, porque relega a un segundo plano a las plantas de la estatal, más caras y contaminantes. En entrevista con EL PAÍS, el funcionario defiende el plan de rehabilitación de las hidroeléctricas, aunque reconoce su carácter limitado, y enfatiza que “lo más importante es que aumentará la vida útil de las plantas otros 50 años”.

Preguntado sobre la posibilidad de reactivar la construcción del polémico proyecto hidroeléctrico de Chiacoasén II, en Chiapas, Morales confirma que está en sus planes y asegura que los detalles se darán a conocer en las próximas semanas. La idea preocupa a Sandra Moguel, abogada ambientalista que ha acompañado la lucha de pobladores contra varias hidroeléctricas en México, como la que se propuso en 2014 para Nayarit, conocida como Las Cruces.

La presa se hubiera instalado sobre el río San Pedro Mezquital, considerado sagrado por los indígenas cora de la región. Los impactos tenían un sinfín de ramificaciones: miles de familias desplazadas para inundar el terreno, comunidades pescadoras afectadas por la represa del río, uno de los principales humedales de México sin el alimento esencial para sus manglares. El movimiento de lucha en contra de Las Cruces y una riada de amparos frenaron el proyecto, pero la abogada recuerda que la CFE sigue contando con los permisos de construcción y operación.

“Las comunidades están bastante temerosas de este plan de reactivar a las hidroeléctricas como una actividad fundamental de la generación de energía. Se nos han acercado a preguntar, ¿qué va a pasar con nosotros?”,

dice.

No ha podido más que responderles que, de aprobarse la reforma que impulsa el presidente, la posibilidad de que se vuelvan a reactivar estos proyectos no se puede descartar.

Fuente: El País.

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Cerrar el mercado eléctrico a la participación privada y eliminar a los reguladores energéticos, como propone la nueva reforma energética de la cuarta transformación, sentenciara a México a perder competitividad y limitar su máximo potencial, advirtió la organización México Cómo Vamos.

Las declaraciones se dan luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una reforma constitucional el pasado 30 de octubre para ceder el control total del sector eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitar la participación del sector privado en la generación de electricidad.

“La iniciativa plantea limitar la participación del sector privado en la producción de energía eléctrica, promover de manera costosa e ineficiente la participación del Estado en la generación de electricidad, eliminar los mecanismos de regulación –con lo que aumenta el riesgo de opacidad y nula rendición de cuentas de los recursos públicos–, y limita la capacidad productiva del país», señaló.

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Además, el colectivo apuntó que se ahuyenta a la inversión de gran rentabilidad, que los empleos de mayor productividad dejen de crearse y reconoce frente al mundo que México no cumple con sus acuerdos internacionales comerciales y de mitigación de cambio climático.

“Cualquier empresa productiva del Estado es propiedad de las y los mexicanos; cualquier inversión con dinero público debe ser parte de una estrategia que inserte a México en un modelo económico de vanguardia. Esta iniciativa afecta a las finanzas públicas, a la productividad de las empresas públicas y privadas, y aumenta el riesgo de que las y los consumidores de electricidad en México reciban un peor servicio”,

apuntó la organización.

México Cómo Vamos también enfatizó que no se puede negar la participación de la inversión extranjera, ya que el Gobierno de México “no tiene los recursos necesarios ni una estrategia para obtener más ingresos”, así como tampoco se puede rezagar en el combate al cambio climático.

“La generación de electricidad de las plantas de CFE no es la más eficiente, lo que perjudicará a los consumidores con costos crecientes. Si bien el gobierno puede mantener precios bajos a través de subsidios, la presión sobre las finanzas públicas la pagaremos las y los mexicanos”, advirtió.

Añadió que impulsar energías eléctricas más caras y contaminantes como las que produce la Comisión Federal de Electricidad (CFE) descalifica a México como país receptor de inversión extranjera directa.

La organización destacó que empresas como la CFE o Pemex son propiedad de todos los mexicanos, por lo que requieren de transparencia total para rendir cuentas, lo cual observa que se pone en riesgo con la desaparición de reguladores como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

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“El Cenace y la CRE son organismos reguladores indispensables para dar certidumbre a los inversionistas cuyo horizonte de inversión va más allá de un sexenio. La inversión pública en el sector eléctrico no es suficiente, por lo que necesitamos de la inversión privada. Y los inversionistas necesitan certidumbre para invertir”, señaló.

También apuntó que México será objeto de diversas controversias a nivel internacional, principalmente en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y el tratado de libre comercio con la Unión Europea.

Por su parte, destacó que en la propuesta para nacionalizar el litio se pretende crear una empresa encargada de este mineral, Litio Bienestar, sin que cuenta con recursos etiquetados en el presupuesto del año entrante, lo cual es un “elemento fundamental para la transición energética”.

Fuente: El Sol de México.

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La iniciativa de contrarreforma energética que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de diputados sería violatoria a los tratados internacionales que tiene México, con lo que de aprobarse provocará pugnas de nivel de arbitraje internacional.

Estados Unidos y Canadá establecieron candados para que México no hiciera una contrarreforma energética a través de un artículo del tratado comercial entre los tres países (T-MEC) que hace alusión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT). Esto significa que aun cuando Estados Unidos no forma parte del TIPAT, obtiene los beneficios plenos del blindaje explícito que este acuerdo ofrece para no disminuir la apertura del sector energético mexicano.

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De hacer cambios que restrinjan la apertura vigente, México enfrentaría represalias y tendría que resarcir los daños consecuentes, además de que correría el riesgo de que sus dos socios comerciales denunciaran el T-MEC, un tratado que ha impulsado el comercio exterior y las inversiones en la economía mexicana.

Kenneth Smith, jefe negociador del T-MEC por parte de México en la administración pasada, y socio de la consultoría AGON, explicó que ambos acuerdos comerciales incluyen la denominada cláusula “ratchet” (cremallera) de irreversibilidad: si un país procede unilateralmente a una apertura, esta se consolida inmediatamente. 

“El grado de apertura que ha dado hasta ahora México en el sector energético está consolidado en el T-MEC y el TIPAT, y también quedaría consolidada una apertura mayor si México la tuviera en el futuro”,

explicó Smith a El Economista en su momento. 

Contrarreforma

La iniciativa presidencial presentada el viernes contiene modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, además de diversos transitorios entre los que destaca que se elimina el párrafo por el que el Ejecutivo contaba con los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, o sea, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). 

También propone que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) vuelva a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con lo que desaparecen todos los mercados de electricidad para que la estatal sea una empresa integrada nuevamente, desapareciendo las filiales constituidas en la reforma, y que toda la energía que se despache en el país sea comprada por la escuela estatal, con lo que los privados sólo podrán llegar a 46% de la generación (hoy tienen 38%) pero en contratos con la CFE, que además dejará de ser empresa productiva, igual que Petróleos Mexicanos (Pemex) para ser organismos que velen por el derecho al acceso a la energía de toda persona en el país.

El litio, primordial para avanzar hacia el almacenamiento de electricidad, podrá ser explotado únicamente por el Estado, según la propuesta del Ejecutivo.

La nueva iniciativa propone un nuevo sistema eléctrico en el cual el Estado recupera la conducción a través de la CFE, que se convierte en organismo responsable de su planeación y control, autónomo en el ejercicio de sus funciones y administración.

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“Las actuales inversiones en generación eléctrica legítimas del sector privado podrán participar con 46% del consumo eléctrico nacional, sujetas a planeación y control a través de la CFE».  

Este 46% se incorporará mediante un mecanismo de adquisición por parte de la CFE, basado en procedimientos de competencia. La CFE, a través del Cenace, despachará en orden de mérito de costos de producción, sujetándose a requerimientos de seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”, según el texto enviado al Congreso.  

Además, se requiere entonces la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad y la generación procedente de los permisos de autoabasto no será adquirida por la CFE igual que los excedentes de los productores independientes de energía.  

Para Miriam Grunstein, abogada experta del sector energético, lo más grave es la propuesta de terminar con cualquier permiso o contrato expedido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), porque un acto administrativo firmado por un organismo queda sin efectos para convertirse en un elemento de negociación con otro organismo, lo que afecta derechos retroactivos y se tomará como decisión unilateral, violatoria del derecho internacional y que rebasa todo régimen de derecho comercial.

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“Contiene cláusulas indudablemente de expropiación indirecta que consiste en una afectación de derechos, en la privación de los mismos, aunque no sea de bienes e infraestructura, lo que a todas luces es violatorio de los principios de cualquier tratado de libre comercio cuyo espíritu es la expectativa razonable de rentabilidad de todo inversionista extranjero”,

dijo Grunstein. 

En cuanto a la explotación exclusiva del litio por parte del Estado, comentó que hay nacionalización de un mineral sin que se estaticen las concesiones de las minas, que son ocho en el país, lo que a todas luces será también violatorio de derechos adquiridos con antelación.

La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) pidió, mediante una misiva, que se respete la figura de reguladores «necesarios» para la competitividad del país.  

La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) pidió, mediante una misiva, que se respete la figura de reguladores «necesarios» para la competitividad del país.

Fuente: El Economista.

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