“La característica de inatacabilidad de sus resoluciones no es un beneficio otorgado a este Órgano, ni una concesión que le ceda estatus, sino un logro social que es reconocido por la Ley General de la materia y fue diseñado en Ley para garantizar los dos derechos humanos que tutela”, respondió el INAI a la CNDH.

Ayer, el organismo que preside Rosario Piedra Ibarra lamentó que el INAI haya instruido a la CNDH, luego de resolver un recurso de revisión interpuesto por un ciudadano, que entregue el expediente de una investigación que, aunque concluyó como recomendación, sigue en curso tras ser reabierta a petición de las víctimas, quienes presentaron nuevos elementos probatorios sobre el caso.

Para proteger a las víctimas y evitar su revictimización -añadió-, “el Comité de Transparencia de la CNDH decidió reservar la información para no interferir en la investigación del caso que se lleva en esta Comisión”.

En respuesta, el INAI señaló que la determinación de que la información relacionada con violaciones a derechos humanos sea pública, “se encuentra apegada a las bases y principios constitucionales que privilegian el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, sin que se trate de una decisión arbitraria de este Instituto”.

Para el caso concreto CNDH, -recordó el organismo- el Pleno del INAI instruyó a proporcionar copia de videos e imágenes captadas por la Comisión durante su visita a los sótanos de Tlaxcoaque, en la Ciudad de México, así como del expediente de queja CNDH/PRESI/2020/5561/VG, protegiendo los datos personales de carácter confidencial.

Detalló que entre estos elementos “se encuentran aquellos pertenecientes a víctimas, agraviados, testigos, entre otros; toda vez que entre lo solicitado por la persona interesada se encuentra cualquier expresión documental elaborada sobre los referidos sótanos”.

Lo anterior, en virtud de que los argumentos hechos valer por la CNDH fueron insuficientes para confirmar la clasificación de la información solicitada, por lo que, en un ejercicio que permitiera equilibrar los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, el Pleno del INAI instruyó a la entrega de versiones públicas expuso la institución.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales -sostuvo-, “en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, determina en sus resoluciones que debe ser otorgada la información solicitada, cuando no se cumplen los requisitos legales para considerarse como clasificada, pues las razones para restringir el acceso a la información tienen que ajustarse a los supuestos descritos específicamente en la normativa aplicable”.

Las Leyes de Transparencia, recordó el INAI, “establecen con claridad cuáles son los supuestos de reserva, por los que se puede exceptuar, de manera temporal, cierta información de la regla general de publicidad”.

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En un comunicado, la Fiscalía del céntrico estado de Puebla dijo que tras las investigaciones que ha desarrollado, la institución solicitó, obtuvo y “cumplió órdenes de aprehensión en contra de personal del Centro de Reinserción Social (Cereso, penitenciaría) de San Miguel -en la ciudad de Puebla capital-, incluyendo niveles directivos”.

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Además, la institución precisó que los delitos por los que se investiga a las 19 personas son abuso de autoridad o incumplimiento de un deber, infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones y encubrimiento.

La Fiscalía indicó que continuará con la investigación hasta esclarecer en su totalidad los hechos por los que inició diligencias el pasado 10 de enero.

El caso de Tadeo, nacido el 4 de octubre de 2021, estremece a México desde hace dos semanas, cuando un reo encontró el cuerpo del bebé cubierto con cal y dentro de una bolsa en los contenedores de plástico reciclable.

El bebé, que había sido enterrado en un cementerio de la zona de Iztapalapa, en el suroriente de la Ciudad de México, presentaba una herida en el abdomen por lo que una de las hipótesis iniciales era que su cuerpo se había utilizado para transportar droga.

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Después se aclaró que la herida correspondía a una operación que se le practicó al menor de edad, quien murió el 5 de enero por problemas intestinales en la Ciudad de México.

Sus padres se enteraron del hecho por los reportes de la prensa, que señalaron que el bebé portaba un brazalete en su muñeca izquierda con sus apellidos.

El caso ha despertado un escrutinio contra el Gobierno federal porque los gobernantes de Puebla, Ciudad de México y la alcaldía Iztapalapa pertenecen todos al oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuestionado por la prensa sobre el asunto, respondió que el caso es un “fruto podrido de la descomposición social, son hechos lamentables que no deberían suceder y tienen que ver con el pasado reciente”, en referencia a los “gobiernos neoliberales”.

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El hecho también ha levantado polémica porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se negó a investigar el caso, mientras que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, advirtió a periodistas y activistas de que “tengan cuidado” al indagar la historia.

Fuente: Los Angeles Times.

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