El regidor de Cuautla, Morelos, Alfredo Giovanni Lezama, militante del Partido Acción Nacional (PAN) y quien pretendía una curul en el Congreso local, fue atacado a balazos el pasado día 4 en el interior de un gimnasio.

“Lamento profundamente el cobarde asesinato de Alfredo Giovanni Lezama Barrera, quien en vida se desempeñaba como regidor del municipio de Cuautla. A amigos y familiares les envío mis sinceras condolencias ante tan dolorosa pérdida. Descanse en paz”, posteó en redes sociales Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos.

El priista David Rey González, presidente de la Unión de Ejidos de Suchiate, Chiapas, y aspirante a alcalde de aquel municipio por el Frente Amplio por México (FAM), coalición integrada por el PRI-PAN-PRD, y el emecista Sergio Hueso, quien buscaba ser presidente municipal de Armería, Colima, fueron asesinados el pasado viernes.

“Nuestra más enérgica condena por el asesinato de David Rey González, presidente de la Unión de Ejidos de Suchiate y aspirante a la presidencia municipal de dicho municipio.

“Hacemos un llamado atento a las autoridades para investigar este crimen y garantizar la seguridad de quienes aspiran a representar a la ciudadanía. No podemos permitir que la delincuencia enturbie nuevamente un proceso electoral y tome de rehén a la democracia de nuestro país”, urgió la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en redes sociales.

Precisa fiscalía

Mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) desmintió, a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, que David “N” fuera partícipe en la contienda electoral en curso.

“De acuerdo a las investigaciones se estableció que el hoy occiso respondía al nombre de David “N” de 54 años de edad, de origen mexicano, quien fue localizado sin vida, con lesiones de arma de fuego.

“Es importante destacar que, durante las primeras indagatorias, la Fiscalía de Distrito estableció que el hoy occiso no se encontraba participando en ningún proceso electoral en este municipio como lo han informado algunos medios de comunicación”, cita el comunicado de prensa emitido por la fiscalía.

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Se esfumó antes del amanecer, cuando estaba afuera en una de sus caminatas matutinas habituales. Tres semanas más tarde, Tomás Rojo fue hallado muerto. Su cuerpo estaba en tal mal estado que tuvieron que hacer una prueba de ADN para confirmar su identidad.

Rojo, un líder de la comunidad indígena yaqui en el norte de México, fue exhumado de una fosa sin señalización donde estaba enterrado cerca del río Yaqui, que da sustento a la comunidad y sus tradiciones y que él defendió durante gran parte de su vida.

Los yaquis han estado enzarzados en una batalla de décadas con el gobierno federal por el control del río, un enfrentamiento que se exacerbó en 2013 por la construcción de un gran acueducto para desviar agua hacia la capital del estado.

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“Era una persona muy sencilla, muy vaciladora, muy alegre, muy inteligente”, dijo Isaac Jiménez, un amigo de toda la vida, secretario de la comunidad y también activista. “Le aprendí muchas cosas de él en la cuestión de la lucha contra los malos gobiernos que hemos tenido, que es la lucha constante”.

Jiménez dijo que cree que a su amigo lo atacaron debido a su activismo.

La muerte de Rojo forma parte de una sombría tendencia: fue uno de los 54 ambientalistas o activistas por los derechos de la tierra que fueron asesinados en México el año pasado, según un reporte de la organización ambiental Global Witness publicado esta semana. La cifra convierte al país en el más mortífero del mundo para los activistas ambientales.

“En México, el año pasado tuvimos cuatro matanzas o masacres”, dijo Ali Hines, autora principal del informe. “Eso transmite un efecto escalofriante”.

Y añadió que el mensaje que manda es que “no se trata de alguien en particular, sino que ninguno está a salvo”.

Los ataques contra activistas son parte de un patrón regional más grande: La combinación de recursos naturales vastos, empresas internacionales poderosas, grupos criminales violentos y una corrupción gubernamental arraigada ha hecho que América Latina se convierta en un punto neurálgico de violencia.

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Más de tres cuartas partes de los ataques registrados contra ambientalistas en todo el mundo ocurrieron en la región según el informe, que también indica que es probable que en los datos de Global Witness exista un “un subregistro porque muchos asesinatos no se denuncian”.

“Esto es un problema global”, dijo Hines. “Pero una de las razones por las que tenemos un alto número de asesinatos en América Latina es porque hay una sociedad civil fuerte y activa que monitorea activamente los asesinatos”.

El informe, según Global Witness, se elaboró a partir de una revisión de información creíble y disponible al público en internet, y fue corroborada por organizaciones en el campo “cuando era posible o necesario”. Para formar parte del informe, los reportes de ataques deben incluir detalles específicos sobre la muerte así como información biográfica de la víctima.

“Tiene que establecerse un vínculo muy claro entre el trabajo de un activista como defensor de la tierra y el medioambiente y su asesinato”,

dijo Hines.

Más de la mitad de los ataques del año pasado en todo el mundo ocurrieron en apenas tres países: Brasil, Colombia y México. Este año, los ataques han continuado en esas naciones; en junio, un periodista y un activista por los derechos indígenas fueron asesinados en la Amazonía brasileña.

Colombia, que fue el país más mortífero para los ambientalistas en 2020, presentó una reducción de casi la mitad en los asesinatos del año pasado, pero con las 33 muertes registradas en 2021 sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del planeta para quienes trabajan a favor del medioambiente.

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Las continuas disputas por la tierra, un problema que ha sido el centro de las décadas de conflicto interno de Colombia, han convertido a los activistas que defienden el territorio —como los líderes indígenas y afrocolombianos— en objetivos principales.

El acuerdo de paz de 2016 que prometió protección estatal y servicios en zonas afectadas por la guerra no ha sido implementado de forma adecuada, indican los expertos. En ocasiones, los ambientalistas son los únicos protectores de los ecosistemas que los grupos armados codician debido a la minería ilegal y el cultivo de la coca, la planta usada en la producción de cocaína.

Lourdes Castro, vocera de Somos Defensores, el socio de Global Witness en Colombia, indicó que las amenazas y los intentos de homicidio aumentaron el año pasado para todos los activistas. En algunos casos, las amenazas bastaron para amordazar a los activistas.

“Algunos se han quedado callados por el miedo, pero para nosotros esa no es una opción”,

dijo Luz Mery Panche, líder indígena de Colombia y activista en la selva amazónica.

En México, donde los cárteles de la droga y otros grupos criminales se enfrentan por el control del territorio, la violencia es generalizada: más de 35.000 personas fueron asesinadas en el país el año pasado. Pero mientras las organizaciones delictivas se multiplican y propagan, sus actividades se han diversificado más allá del narcotráfico, lo que las ha puesto en conflicto con los grupos indígenas y los activistas del medioambiente.

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Según Global Witness, el poderoso cártel Jalisco Nueva Generación ha hecho incursiones en la minería ilegal, perpetrando “violencia contra la comunidad indígena con total impunidad y sin una respuesta adecuada por parte del Estado mexicano”.

Arturo, un activista ambiental en el occidente de México, dijo que los grupos criminales “explotan la madera, explotan las minas y los recursos pesqueros, lo que haya”.

Arturo, quien pidió que solo se usara su segundo nombre por temor a las represalias, dijo que había recibido amenazas de un integrante de un cártel local. Como en gran parte del país, la corrupción en los gobiernos estatales y municipales hacen que una situación difícil se vuelva aún más peligrosa.

“Los gobiernos a nivel local están completamente ocupados por los cárteles y por el crimen organizado”,

dijo Arturo.

Si bien la corrupción es especialmente preponderante en México, que está en la posición 124 en la lista de 180 países del índice de corrupción de Transparencia Internacional, esta problemática afecta a los activistas de toda la región, según Global Witness.

“Tienes corrupción en el sistema judicial, donde los defensores tratan de buscar justicia por los daños que les han causado, y ves cómo los funcionarios judiciales son sobornados”, dijo Hines. “En muchos casos, hay gobiernos que impiden activamente las investigaciones debido a la colusión con las empresas”.

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Una impunidad profundamente arraigada empeora la situación pues los perpetradores de los ataques rara vez son llevados ante la justicia.

En México, “tienes casos en los que los defensores son asesinados, y rara vez son investigados de manera creíble, sin importar si alguien es llevado ante la justicia”, comentó Hines. “Ese es un factor clave de los asesinatos porque eso solo le da luz verde a los perpetradores”.

En la región Yaqui, donde los cárteles actúan ampliamente, tres hombres han sido detenidos en conexión con el asesinato de Rojo, pero hasta ahora se desconoce quién es el autor intelectual del crimen, dijo Jiménez.

“No ha avanzado la cosa, ya se murió, ya lo mataron, pero ¿quién lo mandó a matar?”, dijo Jiménez. “Es desesperante”.

En ocasiones los ambientalistas simplemente se esfuman. Solo en la comunidad yaqui, ocho personas desaparecieron el año pasado y si fueron víctimas de homicidio podría ser difícil hallarlas. A menudo, los cuerpos son escondidos o destruidos, lo que deja poca evidencia del crimen. Se trata de una práctica generalizada en México conocida como desaparición forzada: más de 100.000 personas son consideradas como desaparecidas desde 1964, según las cifras del gobierno.

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En 2021, Global Witness registró 19 desapariciones forzadas de activistas de los derechos territoriales en México, entre ellos Irma Galindo Barrios, una ambientalista, quien en repetidas ocasiones enfrentó acoso e intimidación de funcionarios locales debido a su trabajo en defensa de los bosques del estado de Oaxaca. Desapareció en octubre pasado y, desde entonces, no se ha sabido más nada de ella.

La violencia ha continuado este año. En marzo, un activista ambiental indígena, José Trinidad Baldenegro, fue asesinado en el estado de Chihuahua, al norte del país. Su hermano, Isidro Baldenegro, un ambientalista conocido, fue asesinado en 2017.

A pesar de los riesgos, muchos ambientalistas siguen comprometidos con la preservación de su tierra y sus recursos.

“A uno, desde pequeño le inculcan: ‘Tú tienes que pelear por los intereses de la tribu, la tierra, el agua’”, dijo Jiménez, el activista yaqui. “Seguimos avanzando con la gente, la gente es la que nos hace fuertes”.

Fuente: The New York Times https://www.nytimes.com/es/2022/09/29/espanol/mexico-ambientalistas-global-witness.html.

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Hombres armados que allanaron un restaurante en México mataron a 4 personas.

Según el informe de los medios mexicanos, hombres armados atacaron a un grupo que comía en un restaurante en la ciudad de Chihuahua, en el norte del país.

En el asalto, murieron 4 personas, incluidas 2 mujeres y 1 persona resultó gravemente herida.

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Testigos presenciales afirmaron que el allanamiento fue realizado por 7 personas con armas de grueso calibre.

Las fuerzas de seguridad empezaron una investigación a gran escala para atrapar a los atacantes.

Se afirma que tales redadas, que son comunes entre las pandillas en el país, se derivan de un nuevo enfrentamiento.

Fuente: TRT español.

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A fines de octubre de 2021, una de los muchos defensores medioambientales, Irma Galindo, salió de su casa, en una remota comunidad indígena del sur de México, para reunirse en la capital con autoridades de un programa estatal de protección a activistas al que pertenece, donde evaluarían las amenazas que había recibido por su labor.

Pero ella, entonces de 41 años, nunca llegó a la cita con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), que tienen a su cargo el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conocido como “el Mecanismo”.

Compañeras de lucha la reportaron como desaparecida a principios de noviembre y dijeron que hay elementos suficientes para asegurar que el caso guarda relación con su lucha en contra de la tala ilegal de árboles en su natal Oaxaca, una de las actividades más lucrativas del crimen organizado en México.

Galindo sigue desaparecida y las autoridades han hecho pocos progresos en su caso. Pero su historia no es única en México.

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Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018, al menos 45 ambientalistas han sido asesinados, según cifras oficiales compartidas con Reuters, más que durante gobiernos previos, colocando a México como el segundo país más peligroso del mundo para estos activistas después de Colombia.

La cifra, sin embargo, es conservadora ya que sólo incluye a beneficiarios del Mecanismo y deja por fuera a decenas de otros ecologistas ejecutados, coincidieron activistas. Según la ONG local Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), bajo López Obrador al menos 58 ambientalistas han muerto, siendo 2021 el año más violento para la profesión con 25 asesinatos.

Los números ilustran la peligrosidad de ciertos tipos de activismo social en la gestión del mandatario, quien prometió acabar con la violencia pero va camino a tener el peor registro de crímenes violentos en la historia moderna de México.

“Cuando el Mecanismo actúa, muchas veces es demasiado tarde”, se lamentó Sara Méndez, consejera ciudadana de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca y miembro de la organización civil Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha.

Días antes de desaparecer, Galindo envió una carta a los encargados del Mecanismo asegurando que tenía “miedo de morir” y los denunció por no haberle otorgado “seguridad”.

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“Voy a dejar de esconderme para proteger mi pellejo a cambio de que el gobierno federal, las organizaciones que se dicen ecologistas y gente que dice amar la naturaleza me ayude a desarticular la mafia del poder que está matando a mi gente de la montaña”,

escribió en una carta fechada el 22 de octubre.

Un día después, mientras estaba en la capital, hombres armados irrumpieron en su comunidad, San Esteban Atatlahuca, y asesinaron a siete personas, hirieron de bala a otra y quemaron decenas de casas, según pobladores consultados por Reuters.

Algunos ambientalistas han criticado al mandatario por hacer poco para abordar el problema y hasta minimizar la importancia del activismo ambiental y los peligros de algunas de sus obras insignia, como un tren a través de la selva Maya. Pero López Obrador ha insistido en que es un “aliado” del medioambiente.

‘PODÍA ESPERAR’

Pese a que las amenazas contra Galindo no eran nuevas, ella recién entró a formar parte del Mecanismo en 2021.

El programa ofrece diversos grados de protección, desde poco más que un registro de amenazas hasta geolocalizadores para activistas o incluso guardaespaldas y asistencia para huir del país.

Desde hace cuatro años comenzó a denunciar la tala ilegal del bosque en la región mixteca, una zona que abarca 35,000 kilómetros cuadrados -un área del tamaño de Taiwán- de Guerrero y Oaxaca, así como Puebla.

Ella expuso la existencia de un aserradero que destruía el bosque, según dijo, con permisos de las autoridades. Ni la Secretaría del Medioambiente -que da las licencias para explotarlos-, ni autoridades de Oaxaca respondieron a solicitudes de información por parte de Reuters.

Entonces empezó su calvario: fue hostigada, perseguida, difamada y amenazada de muerte por parte de servidores públicos y de familiares, según denunció Galindo y la ONG Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, que la apoyaba.

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En octubre de 2019, ella acusó de “hostigamiento y persecución” a dos autoridades de San Esteban Atatlahuca.

Un mes más tarde, su casa y las de otros activistas fueron incendiadas, lo que la obligó a salir del país. Galindo responsabilizó del ataque a autoridades locales.

A pesar del riesgo, regresó a su pueblo y continuó su labor. “Volví porque yo no tengo por qué esconderme, no estoy haciendo nada malo, estoy defendiendo un bosque que beneficia a nuestras comunidades”, comentó entonces.

El tráfico de vida silvestre ha aumentado de manera notable en los últimos años en México, según reconocen autoridades, convirtiéndose en uno de los negocios ilegales más redituables de peligrosos grupos del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cártel de Sinaloa.

Pese a estos antecedentes, el caso de Galindo fue calificado por parte del Mecanismo como “ordinario”, lo que significa que “podía esperar” y que “su vida no corría peligro”, aseguró la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.

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Las fiscalías de Ciudad de México, donde ella desapareció, y de Oaxaca, donde recibió las amenazas, investigan el caso pero tras seis meses no hay avances. Activistas creen que el caso de Galindo engrosará la lista de los que quedan sin resolver.

Según cifras oficiales, de los 45 ambientalistas asesinados desde diciembre de 2018 sólo se ha dictado sentencia en dos casos, lo que supone una impunidad del 96%.

“Lamentablemente esta situación que padecemos como Estado mexicano la venimos arrastrando hace más de 15 años, más de 15 años en donde no se ha podido lograr parar el aumento de agresiones”,

confesó Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos en la Segob.

“Por más que podamos edificar un sistema efectivo de protección, mientras existan esos índices de impunidad va a ser difícil acabar con el problema”,

agregó.

ESTADO AGRESOR

Al menos el 40% de las agresiones cometidas en contra de defensores del medioambiente en México provienen de funcionarios estatales, particularmente de autoridades locales, de acuerdo a cifras oficiales.

“Hay un gran porcentaje de autoridades, sobre todo de autoridades municipales, que son las opresoras de personas defensoras, y aquí tenemos un problema grave porque, finalmente, las autoridades locales no solamente no contribuyen en la solución sino que son parte del problema”,

dijo Irazoque.

En muchos casos, aquellos funcionarios locales están coludidos con el crimen organizado. Cuando no, son asesinados como demuestran los más de 200 crímenes contra alcaldes que se han suscitado en el país desde 2004, de acuerdo a una investigación publicada en el Instituto Baker de Política Pública de la Universidad de Rice.

Actualmente, el Gobierno está dialogando con autoridades, especialistas y víctimas en busca de una nueva ley general para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con la que pretende ponerle un alto a los asesinatos.

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Sin embargo, especialistas consultados por Reuters aseguran que el cambio legal no es necesario para cumplir con el deber del Estado de defender a activistas.

“Pueden establecer cualquier ley pero si no hay voluntad política para hacer cumplir las normas establecidas y atender el estándar de protección internacional al cual México se ha obligado, la situación de las personas defensoras en México seguirá siendo la misma”,

se lamentó Luz Coral, del Cemda.

Mientras los cambios llegan, los ambientalistas mexicanos siguen en pie de lucha.

Uno de ellos es Fernando Jiménez, quien aseguró que ha recibido amenazas desde que su compañero de lucha, Tomás Rojo, fue asesinado en 2021, según familiares, por oponerse a un acueducto que alimenta a la ciudad norteña Hermosillo desde el río Yaqui, asegurando que está secando Vícam, su pequeño pueblo en el desierto de Sonora, uno de los más grandes del mundo.

Dos meses después del asesinato de Rojo, en julio, una decena de hombres, incluidos siete yaquis, fueron secuestrados por un presunto comando del crimen organizado en Sonora. Los cuerpos de cinco de ellos fueron identificados en septiembre, pero el resto siguen desaparecidos, en un caso que Jiménez cree que está relacionado con la defensa del agua.

“Sigue persistiendo el miedo, pero no la cobardía. Vamos a seguir luchando porque nos estamos quedando sin nuestros recursos naturales”, dijo Jiménez, de 55 años, en una entrevista telefónica con Reuters. “No sabemos a quién recurrir”.

Fuente: Forbes.

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El Gobierno mexicano ha presentado este miércoles las últimas cifras de homicidios y ha destacado marzo como el mes más sangriento del año. Unas 3.632 personas han sido asesinadas, es decir, que casi 120 han sido masacradas al día mientras sucedían otros eventos: se protestaba por el Día Internacional de la Mujer, el presidente se enfrentaba a los parlamentarios europeos por los crímenes a periodistas, se observaba con horror la invasión rusa a Ucrania y se inauguraba un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México construido por militares. A esas cifras se suman también los más de 4.000 desaparecidos que hay registrados de enero hasta la fecha. Con esos datos en la mano, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha celebrado que pese al pico de este año, se trate del marzo menos sangriento del último lustro. Un puñado de cadáveres menos para el baile de las cifras de muerte. Pero la espiral violenta en la que está sumida México desde hace seis años continúa.

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Concretamente, este mes de marzo ha contabilizado 220 muertos menos que marzo del año pasado. También, 240 cadáveres más que el marzo de 2017, cuando López Obrador aún no había tomado posesión en el cargo —ganó las elecciones en 2018 e inició su mandato en diciembre de ese año—. Cuando una pandemia amenazaba al mundo, en marzo de 2020, y la gente comenzaba a encerrarse en sus casas y a preocuparse por la falta de capacidad de los hospitales, en México en esos 31 días se asesinó a 4.003 personas. Lo que destacan las estadísticas es que en este país no se ha dejado de matar de una forma feroz, independientemente de los meses. Que en México mueren asesinadas —según la media de este año— 112 personas al día.

El informe que ha presentado la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, este miércoles durante la conferencia mañanera del presidente, ha señalado que no en todos los rincones del país se mata por igual. Que solo seis Estados concentran el 50% de los homicidios: Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Los habitantes de estas entidades suman más de 42 millones de personas. Es decir, que pese a que el Gobierno señala solo a unos cuantos Estados que viven bajo el yugo de la violencia, la realidad es que un tercio de la población mexicana vive en estas condiciones de terror.

No quiere decir el informe que el resto viva en paz. En México han sido asesinadas, desde 2019, 132.088 personas. Y han desaparecido en ese mismo periodo de tiempo 67.122 y todavía no se sabe dónde están. Como si en poco más de tres años se esfumara la mitad de la población del municipio de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

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Las cifras de muerte no han dejado de crecer sin freno desde 2017, cuando la cantidad de homicidios superó a las peores épocas de la guerra contra el narco —la batalla del Ejército contra los cárteles de la droga y sus capos que emprendió Felipe Calderón en 2006, donde las masacres, ejecuciones extrajudiciales de los militares y los pueblos abandonados se convirtieron en las estampas que México enviaba al mundo—. Los gobernantes posteriores, tanto Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018) como López Obrador, han comparado siempre sus estrategias de seguridad con las de entonces, pese a que nunca se ha matado tanto como después. Una sangría que continúa hasta la fecha.

López Obrador heredó una crisis de seguridad marcada por la pulverización de cárteles de la droga que resultó de la captura de los capos que inició Calderón y que continuó Peña Nieto. Las divisiones dentro de los grupos delictivos configuraron un nuevo mapa del crimen con cientos de células con capacidad de asesinar, extorsionar y extender sus guerras por todo el territorio. Pese a que todavía conviven dos grandes organizaciones criminales, el cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, sus socios y aliados —además de otras decenas de narcos locales, escisiones de los más antiguos— se pelean ciudades y pueblos en cada rincón del país. Frente a este ecosistema violento, la estrategia del presidente ha consistido principalmente en aumentar la presencia militar, tanto del Ejército, como de la Marina en los puertos y el cuerpo de seguridad híbrido civil-militar que él diseñó a su llegada al poder, la Guardia Nacional. Y sobre todo, evitar enfrentamientos directos con el narco.

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Las escenas de la nueva guerra del narco de estos días consisten en pueblos tomados en Michoacán, fusilamientos contra rivales del narco, minas antipersona para evitar el recorrido de los militares, tanques de guerra paseando libremente por las calles, masacres de decenas de personas en una fiesta; en Zacatecas, un escenario similar, decenas de cadáveres amontonados a las puertas de la sede del Gobierno estatal y otras en pena calle, colgados de puentes, municipios que se han quedado sin policías por miedo a que los asesinen a ellos también; en Colima y Sonora, ciudades completas asediadas por los narcos en un intento de cercar a sus rivales. Entre Tamaulipas y Nuevo León, la carretera de la muerte, con decenas de viajeros desaparecidos; en el corredor de la Riviera Maya, de Cancún a Tulum, balaceras en resorts de lujo, turistas asesinados por una bala perdida. Y la lista de Estados afectados por la narcoviolencia se renueva cada semana.

Pese a los bailes de cifras y a los titulares que busca el Gobierno federal, la violencia en México no ha dado tregua. Con una impunidad que ronda el 95% para todos los delitos, la falta de justicia lanza un peligroso mensaje: si en abril se mata más o menos, dependerá de la voluntad del crimen, no de una lucha conjunta de todos los poderes para detenerlo.

Fuente: El País.

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La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) ya comenzó con el paro nacional de transportistas, bloqueando algunas de las principales autopistas del país.

“A diario nos roban y asesinan a los operadores. Solicitamos que la Guardia Nacional tome las acciones que sean necesarias para detener esta situación”,

indicaron los transportistas en su convocatoria.

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El paro nacional de transportistas convocado por la Amotac amenaza con intensificar sus acciones de protesta con una movilización masiva hacia la Ciudad de México. Pero ¿cuáles son sus exigencias?

¿Por qué convocan a paro los transportistas?

A través de un pliego petitorio, la organización de transportistas se dirigió al presidente de la República y a las autoridades de todos los niveles para exigir la atención a las siguientes solicitudes:

• Seguridad en carreteras.
• Reemplacamiento por parte de la SICT (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes) para los vehículos de carga y turismo de modelo atrasado que ya se encuentran registrados.
• Tarifas Oficiales para el Transporte, para así poder renovar nuestras unidades.
• Prohibición de los vehículos doblemente articulados causantes de miles de muertes por los accidentes donde a diario participan.
• Se detengan los abusos de autoridad y extorsiones por parte de las policías del país.
• Alto a los cobros excesivos de los servicios de grúas. Abusan y violan sus tarifas oficiales.
• Disminución del costo de las autopistas. Cobran muy bien pero no ofrecen servicios, además, están en pésimo estado.
• Necesitamos una urgente reclasificación de carreteras nacionales.
• No al pago de los permisos municipales al entrar a las ciudades para abastecer la canasta básica.
• Necesitamos más plazo para el complemento de la Carta Porte, no tenemos condiciones adecuadas para poder cumplir con este requisito.
• Reducción de los precios del combustible.
• No más impuestos para el sector transporte.

¿Por qué exigen un mayor plazo para implementar la Carta Porte?

Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el CFDI de tipo Traslado «es un documento fiscal digital que se emite para amparar el traslado de mercancías en territorio nacional, al cual se le incorpora el complemento Carta Porte.»

La Carta Porte integra toda la información «relacionada a los bienes o mercancías, ubicaciones de origen, puntos intermedios y destinos, así como lo referente al medio por el que se transportan; ya sea por vía terrestre, aérea, marítima o fluvial; y en su caso, incorporar la información para el traslado de hidrocarburos y petrolíferos».

Carreteras y vías afectadas

La manifestación de los transportistas comenzó a las 8:00 de la mañana de este martes.

La México-Pachuca, la México-Querétaro, la autopista Cd. Alemán-Tuxtepec, la autopista Tehuacán-Oaxaca, la México-Cuernavaca, entre otras vialidades registran cierres totales o parciales de la circulación debido a la presencia de manifestantes, según los reportes de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).

En este sentido, los cierres podrían extenderse a otras vialidades como la autopista México-Puebla. De hecho, de acuerdo con reportes de medios locales, una caravana de transportistas ya avanza por esta vialidad a la altura de San Martín Texmelucan.

De momento, estos son los puntos de la protesta:

Lugar: Caseta de la Autopista México-Cuernavaca.

Ubicación: Autopista México Cuernavaca y Camino Real a Xochimilco, colonia Dolores Tlali, alcaldía Tlalpan.

Lugar: Caseta de la Autopista México-Toluca.

Ubicación: Autopista México-Toluca, colonia

La Venta, alcaldía Cuajimalpa.

Lugar: Caseta de la Autopista México-Puebla.

Ubicación: Autopista México-Puebla Km 3, colonia San Marcos Huixtoco, Estado de México

Lugar: Caseta de la Autopista México-Pachuca.

Ubicación: Autopista México-Pachuca, colonia Héroes de Ecatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Lugar: Caseta de la Autopista México-Querétaro.

Ubicación: Autopista México-Querétaro, colonia El Trébol, Tepotzotlán.

Fuente: Expansión.

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Mientras que se preparan, en su pueblo, para despedir al octavo periodista mexicano asesinado en lo que va del año, muchos de sus colegas protestan en Morelia —en el occidente del país—, y le reclaman al presidente más protección y que los crímenes no queden impunes.

“El gremio periodístico de Michoacán le pide a todos los servidores públicos que se ahorren sus condolencias”,

dijo el miércoles el reportero Rodolfo Montes durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay indignación… hay rabia, hay impotencia por esta ola de asesinatos”, agregó y advirtió ante el mandatario: “les van a faltar balas, somos muchos”.

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En tanto, en el congreso de Morelia, la capital del estado de Michoacán, decenas de compañeros de Armando Linares tomaron el hemiciclo con carteles que decían “Gobierno pacifista no mata periodistas” y “Prensa, no disparen”.

Linares, director del portal de noticias Monitor Michoacán, fue asesinado a balazos el martes en su domicilio de Zitácuaro, un mes y medio después de que mataran a otro compañero del mismo medio, Roberto Toledo, mientras se preparaba para hacer una entrevista.

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Por su parte, López Obrador lamentó el asesinato en su conferencia, le envió sus condolencias a la familia de Linares y repitió que en su gobierno no hay impunidad, pero volvió a hablar de las “mentiras” de los medios y de periodistas “mercenarios”.

“No hay en ninguno de estos asesinatos elementos para señalar como responsables a servidores públicos”, afirmó. Además, “el finado no aceptó la protección” oficial.

Linares, sin embargo, había denunciado amenazas y tras la muerte de su compañero el 31 de enero le dijo a The Associated Press que las autoridades le habían activado el mecanismo de protección asignándole efectivos de la Guardia Nacional para su custodia.

“Las llamadas de alerta y auxilio de Armando no fueron escuchadas”, aseguró el miércoles en un comunicado el colectivo “Ni Uno Más Michoacán”, que también denunció que tanto el gobierno federal como el estatal pusieron en duda su profesionalidad y desestimaron las amenazas contra Monitor Michoacán, un medio que, entre otras cosas, denuncia casos de corrupción.

“En México la protección surte efecto tres días y luego se les olvida”, se lamentó Magdalena Alonso, propietaria del Noticiero al Aire Zitácuaro, localidad de donde era Linares.

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México es el país más peligroso para la prensa del hemisferio occidental, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés). “Los matan en zonas de guerra, los matan en áreas donde políticos y criminales están coludidos”, dijo su representante en México, Jan-Albert Hootsen, en referencia a dos periodistas que fueron asesinados también el martes en Ucrania.

“En un mundo donde la desinformación y la manipulación de cada narrativa es un objetivo brutalmente perseguido por quienes tienen el poder y están dispuestos a usar la violencia letal, los periodistas son considerados objetivos legítimos y la impunidad es la herramienta más poderosa para silenciarlos”,

denunció Hootsen.

El presidente López Obrador, durante su conferencia mañanera dijo que en ningún asesinato había involucrados servidores públicos, sino que son crímenes cometidas por bandas de delincuentes.

Fuente: Dallas News.

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Las autoridades reportan estos más de 5 mil feminicidios en los últimos siete años: un total de 412 en 2015; 608 en 2016; 742 en 2017; 896 en 2018; 947 en 2019; 949 en 2020 y 969 en 2021. No obstante, si se suman los homicidios dolosos cometidos contra mujeres en ese mismo periodo (17 mil 842), la cifra de mujeres muertas de forma violenta asciende a los más de 23 mil asesinatos.

No hay una cifra o dato oficial por parte del Gobierno que dé cuenta del total de mujeres asesinadas en la última década. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) reporta homicidios dolosos de mujeres y feminicidios a partir del año 2015; sin embargo, si se toman en cuenta los datos de la ONU Mujeres México, obtenidos a partir de las estadísticas vitales de mortalidad del INEGI, el número de víctimas ascendería a los 33 mil 916, ya que, de acuerdo con la ONU, entre el 2011 y 2014 se registraron al menos 10 mil 477 fallecimientos de mujeres con presunción de homicidio.

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Aunque las cifras de feminicidios registradas en las estadísticas oficiales, a partir de 2015, muestran una tendencia al alza, su investigación y clasificación aún no supera el 27 por ciento del total de asesinatos de mujeres.

En el año 2015, del total 2 mil 146 asesinatos de mujeres sólo el 19.19 estaban clasificados como feminicidios; para el año posterior, del total de 3 mil 716 asesinatos de mujeres, el 26.07 por ciento (969) fue investigado con perspectiva de género.

La deficiente clasificación de los feminicidios, que propicia a que pueda existir un alto subregistro de feminicidios, es un problema que persiste en México y que organizaciones de la sociedad civil y víctimas han denunciado por años, debido a que provoca que las cifras no permitan dimensionar la magnitud real de la violencia feminicida, señala el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

“Una de las cosas por las que hemos venido luchando es porque se acredite el delito […] siempre ha sido muy complicado tener datos muy actualizados. Lo que vemos es que los números de femicidios no reflejan la realidad de la violencia feminicida en México porque la autoridad sigue teniendo resistencias para acreditar el delito”, expresó en entrevista con SinEmbargo, María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

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La activista se dijo convencida de que, de los más de 23 mil asesinatos de mujeres, más de la mitad tienen características de feminicidios, pero no todos son clasificados correctamente porque —dijo— aún hay resistencias de las autoridades para acreditar el delito, porque esto les genera mala fama o no les da votos.

“Como en el caso de Guanajuato, prefieren tener más de 300 asesinatos de mujeres, pero es irrisorio que sólo tengan 29 feminicidios”.

María de la Luz Estrada reiteró que el Observatorio —como organización que ha acompañado varios casos— ha encontrado que las autoridades optan por clasificar o dejar como suicidios crímenes que en realidad son feminicidios.

“La autoridad siempre va retrasada en estadística”, destacó la activista.

“CAMPO ALGODONERO”, EL ANTECEDENTE

El término de feminicidio se empezó a nombrar en México y surgió como una respuesta política del movimiento feminista en la década de los 90, luego de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero no fue hasta el año 2007 cuando por primera vez ésta violencia contra las mujeres fue reconocida en la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

El caso “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez, Chihuahua —referente a la responsabilidad del Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones relacionadas con la desaparición y asesinato de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez— llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dictar en noviembre de 2009 un fallo histórico en el que condenó al Gobierno mexicano por negligencias en las investigaciones; este fue uno de los casos que generó mayor presión para que el feminicidio fuera reconocido y tipificado.

El feminicidio fue tipificado en México en el año 2012, cuando se incorporó al Código Penal Federal en el artículo 325, pero llevarlo a la práctica costó mucho más tiempo. Por medio recomendaciones y presiones de organizaciones nacionales e internacionales para el año 2014, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género recomendó al Estado Mexicano aplicar el protocolo en “todos los casos de muertes violentas de mujeres”, es decir, investigarlas con perspectiva de género.

LAS PRINCIPALES RESISTENCIAS

María de la Luz Estrada explicó que una de las principales resistencias que aún existen con las autoridades, es el hecho de que las fiscalías no quieren clasificar los asesinatos de niñas como feminicidios, sino que lo clasifican como homicidio dolosos o parricidio.

La negativa a clasificar como feminicidio a las mujeres que fueron localizadas sin vidas y contaban con un reporte de desaparición es parte de otras de las prácticas dilatorias a las que se enfrentan los colectivos, indicó Estrada.

“Por lo general esos casos se van a reserva o archivo porque la autoridad ya no los quiere investigar. Muchas de las autoridades nos han dicho que ese tipo de casos los expone a un mayor riesgo y ellos no están protegidos o no cuentan con suficiente personal para seguir una investigación de lo que significa este tipo de delitos”, detalló.

La falta de personal especializado en las fiscalías, como peritos que hagan análisis del contexto de violencia del primer círculo de la víctima, es otro de los retos y pendientes.

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La directora del OCNF explicó que contar con peritos es necesario porque las pruebas periciales, no solamente las de criminalística sino también las forenses, son fundamentales para que las hipótesis en las líneas de investigación lleven a la verdad y justicia que requieren las víctimas; “pero realmente no contamos con expertos y la autoridad no tiene metodologías de investigación para este tipo de delitos”, dijo.

Además, los familiares de las víctimas de feminicidio también padecen de la indolencia, irregularidades y violencias institucionales en el proceso de la investigación. Entre ellas, explicó María de la Luz, es que no les dan acceso a las carpetas de investigación, a pesar de ser un derecho que tienen las víctimas.

“Nosotras tenemos que estar metiendo recursos de amparo para que la víctima pueda tener derecho o acceso a la carpeta de investigación”.

La directora del Observatorio Nacional del Feminicidio indicó que aún hay grandes desafíos y pendientes porque los jefes de Estado y los gobiernos siguen sin reconocer la gravedad de la violencia contra las mujeres, tema central en la agenda y que sí tiene que ver con un contexto de discriminación de la cultura machista

“No han entendido que esta cadena de impunidad, que protege y es permisiva, es una violencia institucional porque al final la misma autoridad está generando las condiciones (para que sigan los feminicidios). ¿De qué sirve tener tantas fiscalías sino cuentan con las personas adecuadas? Y, por el otro lado, no están investigando para lograr la política de prevención del delito. Siguen minimizando, sin entender que los problemas son diversos y por eso debemos tener esos diagnósticos”, apuntó.

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La defensora destacó que debe de haber un compromiso real por parte de los gobiernos para diagnosticar adecuadamente los diversos contextos en que está inmersa la violencia que pone en riesgo a las mexicanas.

“Sí están tratando de hacer algunos esfuerzos, pero esos esfuerzos siguen quedando cortos para la gravedad de las violencias contra las mujeres”,

sentenció.

Finalmente, la especialista abundó que también es necesario que los gobiernos, federal y estatales, incorporen herramientas y políticas de evaluación de los resultados.

“Necesitamos resultados que se evalúen, de cuánto se invirtió y qué impacto de mejora hubo en la atención prevención y sanción de la violencia”,

mencionó.

Fuente: Zona Franca.

La entrada México reporta 23 mil asesinatos de mujeres, pero juzgan como feminicidios sólo 5 mil se publicó primero en México 24 siete.

La presentadora de televisión y modelo mexicana Michelle Pérez Tadeo, conocida como Michell Simon, fue hallada sin vida el martes al sur de la capital mexicana, según informaron las autoridades. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó de que su cuerpo fue encontrado, envuelto en sábanas, por trabajadores que trataban de apagar un incendio en la carretera Picacho-Ajusco.

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Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del asesinato y la policía está llevando a cabo inspecciones e interrogatorios a testigos en el lugar, dijo el portavoz policial Ulises Lara López en Twitter. Familiares y amigos de la periodista, originaria del sureño estado de Veracruz, denunciaron su desaparición el pasado viernes y la han identificado tras el hallazgo del cadáver por los tatuajes que portaba en los brazos.

La Fiscalía ha informado de lo sucedido a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que ha indicado que trabaja en la hipótesis de que se trata de un feminicidio, aunque no descartan otras líneas de investigación..

Periodista deportiva

Además de haber aparecido en programas de televisión del ámbito deportivo, la periodista era también conocida por su faceta más artística. Había llevado a cabo trabajos como actriz, bailarina y animadora que promocionaba en sus redes sociales.

Era una gran aficionada al fútbol, el boxeo, la lucha libre y especialmente el béisbol, deportes sobre los que realizaba crónicas en varios medios de comunicación. La joven, de 29 años, se trasladó en 2013 de Coatzacoalcos a la capital para cumplir su sueño de ser periodista deportiva.

Asimismo, Michell Simon se había mostrado crítica en múltiples ocasiones con los prejuicios hacia las mujeres que trabajan en la industria del cine con desnudos. Según explicó en una entrevista que le realizaron hace unos meses y que se compartió en Youtube, ella misma empezó a compartir contenido sensual en diciembre del pasado año en su propio perfil de OnlyFans. «En algún momento (las críticas) me afectaron, pero ya después no hice caso», había llegado a afirmar en alguna ocasión. Este hecho le habría costado algunas enemistades y críticas en su entorno.

Sexta periodista asesinada

Se trata de la sexta trabajadora de medios asesinada en México este año, unas cifras que evidencian un preocupante ascenso de este tipo de crímenes. El pasado año, en todo 2021, un total de siete periodistas fueron asesinados, según documenta Artículo 19, una organización defensora de la libertad de expresión.

Los grupos de protección de los medios y los activistas sostienen que los grupos criminales y las bandas de narcotraficantes, así como los funcionarios corruptos, molestos por el trabajo de los reporteros, son sospechosos de llevar a cabo muchos de los asesinatos.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo el martes que la cantidad de periodistas asesinados en México este año es preocupante. «Me uno a los que piden mayor protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de quienes dieron su vida por la rendición de cuentas de la verdad», dijo Blinken en el mensaje en Twitter.

Periodistas en la ciudad fronteriza norteña de Tijuana realizaron protestas la semana pasada para instar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a poner fin a la violencia contra los trabajadores de los medios.

Fuente: El Periódico.

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La última vez que la madre de Lourdes Mañon vio a su hija de 13 años, la chica vestía un pantalón de mezclilla, una camiseta rosa con animales y unos tenis blancos. Desaparecida desde el 30 de enero, el cuerpo de Lulú, como le decía su familia, fue encontrado en un terreno baldío con signos de violencia física y sexual una semana después.

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La joven vivía con su familia en el municipio de Zumpango, Estado de México, la entidad con más feminicidios del país en 2021, con 110 homicidios. Lourdes Mañon desapareció a la salida del Fraccionamiento Paseos de San Juan. Su madre no dudó ni un momento en buscar a su hija y acudió a las autoridades ese mismo día para poder dar con ella.

En el Centro de Justicia, la familia de la adolescente de 13 años ha declarado a la prensa que las autoridades fueron omisas y que se negaron a abrir una carpeta de investigación hasta el 3 de febrero, cuando su madre pudo interponer la denuncia.

El viernes 4, después de encontrar el cadáver de la joven de 13 años, las autoridades detuvieron a Luis ‘N’, como presunto feminicida. De acuerdo a un video de una cámara de vigilancia, se encontraron pruebas para detener al sospechoso. Los grupos feministas que acompañan el caso señalan que en las imágenes se ve como presuntamente el hombre sube a la niña en una camioneta. Según las autoridades del municipio, en el celular del detenido se ha encontrado un video que lo incrimina en los hechos.

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Pese a la indignación, la familia y los grupos de la sociedad civil que han dado seguimiento al caso temen que el detenido pueda quedar en libertad por ser hijo de un policía local.

En 2021 Estado de México además de estar a la cabeza en violencia feminicida, también encabezó los primeros lugares del país en otros delitos contra las mujeres, como secuestro, extorsión, violencia familiar y violación. Ante esta situación crítica, hay 25 alertas por violencia de género declaradas en 22 de los 32 Estados del país. Solo el Estado de México tiene declaradas no una, sino dos alertas por violencia machista. Una medida urgente y excepcional para atender situaciones críticas de violencia feminicida que no sirve para poner remedio a casos tan espantosos como el feminicidio de Lourdes Mañon.

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La violencia generalizada, la pandemia y los recortes presupuestarios han provocado el alza de las agresiones machistas en el país. El año pasado fue el más violento para las mujeres mexicanas, con más de 3.000 asesinadas, mientras que el delito de feminicidio se incrementó un 4% durante el Gobierno del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Fuente: El País.

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