De acuerdo con el magisterio, los bloqueos se mantendrán en las Afores de las 9:00 a las 12:00 horas y la mayoría serán en las sedes ubicadas sobre Paseo de la Reforma.

¿Cuáles serán los puntos bloqueados por la CNTE?

• Profuturo Reforma: Paseo de la Reforma #144, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.
• Afore Sura: Hamburgo #64, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.
• Sura México Oficinas Corporativas: Paseo de la reforma #222, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.
• Citi Banamex Afore: Paseo de la Reforma #381, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.
• Afore XXI Banorte: Paseo de la Reforma #489 Piso 3, Del. Cuauhtémoc.
• PensionISSSTE Buenavista: Av. Jesús García #140 Ala A Planta baja, Buenavista, Cuauhtémoc.
• Afores GNP: Insurgentes Sur #303, Hipódromo, Cuauhtémoc.
• Oficina Afore Profuturo GNP: Av. Montevideo #86, Tepeyac Insurgente, Gustavo A. Madero.
• Amafore: Santa Catarina #118, Col. Insurgentes Borja, Benito Juárez.

Además, la CNTE también podría movilizarse en Plazas Comerciales e Instituciones Financieras, así como cierre de vialidades.

Como parte de las movilizaciones del magisterio, el viernes los maestros bloquearon por más de 7 horas los accesos a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la CDMX (AICM), y apenas ayer lunes impidieron el paso a trabajadores en oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Educación Pública (SEP), del Instituto Nacional Electoral (INE) e incluso bloquearon la entrada de Televisa Chapultepec.

A las 18:00 horas la CNTE tendrá una reunión para determinar las acciones que tomará en los próximos días.

Suspenden servicio en líneas del Metrobús por movilizaciones

Los primeros minutos de las 9:00 horas el Metrobús informó la suspensión del servicio en la línea 7 que recorre de Indios Verdes a Campo Marte. Además, la presencia del magisterio también provocó la suspensión del servicio en la ruta Alameda Tacubaya – Capo Marte.

Mientras que la línea 1 del Metrobús que va de Indios Verdes a El Caminero solo tiene servicio en el tramo de Indios Verdes a La Raza, de Insurgentes a Dr. Gálvez y de Corregidora a El Caminero.

Una de las movilizaciones que afectó el tramo Sur de la línea roja fue la organizada por estudiantes de la Facultad de Psicología de la UNAM, quienes exigen que la Máxima Casa de Estudios ofrezca a la comunidad comedores subsidiados, así como una alimentación digna y saludable.

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A pesar de los esfuerzos constantes y a la irrupción de las fintech en el mercado, en los últimos tres años hubo pocos avances en materia de inclusión financiera en México, e incluso en algunos productos hubo retrocesos por los efectos económicos de la pandemia de COVID-19.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), presentada este miércoles, revela que el número de personas adultas (de entre 18 y 70 años) que tienen al menos un producto financiero, pasó de 54 millones en el 2018 a 56.7 millones en el 2021, lo que mantuvo el porcentaje en alrededor de 68 por ciento. En el 2015, fue similar.

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El documento destaca que también prevalecen o se han acentuado las brechas regional y de género en materia de inclusión, pues mientras en el norte del país la población que cuenta con al menos un producto financiero ronda entre 75 y 77%, y en la Ciudad de México 74%, en el sur es de 60%, esta última con una baja respecto al 2018 cuando fue de 67.6 por ciento.

En cuanto a la brecha de género, la ENIF puntualiza que también se ha abierto aún más, pues en el 2015 65.4% de las mujeres contaba con al menos un producto financiero, contra 71.7% de  los hombres; para el 2018 la proporción fue de 65.2% contra 71.8%; y en el 2021 de 61.9% contra 74.3% respectivamente.

En cuentas de ahorro, mujeres pierden terreno

En el 2015, la encuesta arrojó que 33.6 millones de personas (44.1%) tenían una cuenta de ahorro formal, cifra que subió a 37.3 millones (47.1%) en el 2018; y a 41.1 millones (49.1%) en el 2021.

Pero en los últimos tres años, la brecha de género se abrió en este producto, pues en el 2018 el porcentaje de mujeres adultas con una cuenta fue de 45.9% y en los hombres de 48.5%; mientras que en el 2021 la proporción cambió a 42.6% y 56.4% respectivamente.

Sólo las cuentas de nómina y de pensiones registraron un crecimiento en el periodo, al pasar de 28.5 a 32.2%, pues otras como las de ahorro, cheques y depósitos a plazos fijos, se mantuvieron prácticamente sin cambio.

Poco crédito

En lo referente al crédito formal, el documento precisa que mientras en el 2015 poco más de 22 millones de personas adultas (29.1%) tuvieron acceso a éste; en el 2018 subió a 24.6 millones (31.1%); y en el 2021 a 27.4 millones, por lo que sólo 32.7% cuenta con este producto.

Aquí, la brecha de género se ha cerrado un poco, pues en el 2018 29.2% de las mujeres tuvo acceso contra 33.3% de los hombres; y en el 2021 la proporción fue de 31.7% y 33.8% respectivamente.

El producto que registró el mayor crecimiento en esta categoría fueron los créditos personales, al pasar de 2.7% en el 2018 a 3.8% en el 2021; mientras que otros como las tarjetas de crédito se mantuvieron prácticamente sin cambio.

Seguros, afectados por la pandemia

La pandemia de COVID-19, pegó en el porcentaje de la población que tenía algún seguro contratado.

Según la ENIF, en el 2015 había 19 millones de personas adultas (24.8%) con una póliza; y en el 2018 subió a 20.1 millones (25.4%); pero en el 2021 se redujo a 17.6 millones (21.0%) de la población.

En este segmento, la brecha de género también se abrió, dado que en el 2018 23.1% de las mujeres tenía un seguro contra  28.0% de los hombres; y en el 2021 la proporción fue de 16.4 y 26.1% respectivamente.

Si bien es uno de los productos de menor penetración, destaca que en la zona sur del país, ronda en 16% de la población que tiene contratado un seguro contra  28.7% en el noroeste.

El producto de esta categoría que registró la mayor baja, fue el seguro de vida al pasar de 17.0% en el 2018 a 13.1% en el 2021.

Afores, sin grandes cambios

Y en cuanto a las Afores, la encuesta señala que mientras en el 2015 hubo 31.3 millones de personas adultas (41.2%) con este producto y una cifra similar en el 2018 (40%); para el 2021 subió a 32.7 millones (39.1 por ciento).

El efectivo sigue dominando

Otro resultado que arrojó la ENIF 2021 es que, pese a un incremento en las transacciones digitales (sobre todo a raíz de la pandemia), el efectivo sigue como la forma de pago dominante en el país.

Ahí, se señala que en las compras de 500 pesos o menos, 90.1% de la población adulta prefiere al efectivo, seguido de la tarjeta de débito con 6.2%; la de crédito 1.2% y otros (que incluyen transferencias electrónicas, cheques, tarjetas prepagadas y cargos domiciliados) 2.1 por ciento.

En compras de 501 pesos o más, la tendencia cambia, aunque muy poco, 78.7% opta por el efectivo para pagos con estos montos; 12.3% por la tarjeta de débito; 3.4% por la tarjeta de crédito y 3.3% por otros.

El reporte señala que sólo una de cada cuatro personas realiza pagos con tarjeta o transfiere electrónicamente, y que la proporción se incrementa con el nivel de escolaridad, pues 57% de éstos, cuenta con licenciatura o más.

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De igual forma, menciona que una de cada tres personas de 18 años y más conoce la plataforma de Cobro Digital (CoDi).

Avanza banca móvil

La ENIF también señala que más de la mitad de las personas con cuenta realiza sus consultas o transacciones desde una aplicación de celular; seguida del cajero automático con 38%, sucursal o ventanilla con 18% y página de Internet 5 por ciento.

Uso de sucursales disminuyó

El documento apunta también que el uso de sucursales disminuyó del 2018 al 2021, mientras que el uso de cajeros automáticos y corresponsales se incrementó.

Fuente: El Economista.

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Al cierre de 2021, seis de cada 10 mexicanos reconocieron que en su vejez quieren ser mantenidos por el Gobierno federal, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con el INEGI, estas personas planean cubrir sus gastos de vejez con apoyos del gobierno, tales como pensiones para adultos mayores u otros programas sociales.

Al presentar la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021, el instituto precisó que la población que espera ser mantenida por la administración va desde los 18 hasta más de 60 años.

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Por el contrario, solamente 32.7 millones de personas de 18 a 70 años dijeron tener una cuenta de ahorro para el retiro o Afore, cifra que corresponde al 39.1 por ciento de dicha población.

En 2018, el último año en que fue levantada la ENIF, sólo 31.3 millones de personas contaban con ahorros para el retiro y Afore.

Por otra parte, el estudio del INEGI, elaborado en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), reveló que en 2021 seis de cada 10 personas ahorraron, aunque la mayor parte de estos recursos se concentraron en métodos informales, como tandas, alcancías o ahorro en el hogar.

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Únicamente dos de cada 10 personas utilizaron algún método formal de ahorro durante el año pasado, como una cuenta bancaria, Afore, fondos de inversión, entre otros, precisó el INEGI.

Durante la presentación de la ENIF 2021, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, destacó que los resultados de la encuesta reafirman la necesitad de contar con finanzas sustentables en México.

«Queda claro que el reto que aún no hemos podido abordar son las brechas de género. Tenemos que aprovechar y cerrar estas brechas en el diseño de política pública y de productos financieros»,

comentó el funcionario.

Fuente: El Sol de México.

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Más de 5.810 millones de dólares en valores en poder de los fondos de pensiones en México estarían en jaque si el Congreso aprueba el proyecto de reforma energética enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, según un análisis de la firma estadounidense REDD Intelligence. Los fondos que administran las pensiones invirtieron en proyectos de energía que nacieron con la reforma del sector eléctrico de la Administración federal anterior, misma que el actual Gobierno quiere revertir para dar al Estado el control del mercado.

REDD estima que el monto total de la inversión privada en el sector afectado por el proyecto de ley alcanza los 45.000 millones de dólares, de inversores nacionales e internacionales. La cifra que afectaría a los fondos que administran las pensiones de los mexicanos, conocidos como Afores, es menor, pero la pérdida impactaría a los millones de mexicanos que tienen una pensión y no solo a inversores como grandes bancos o empresas.

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“Es solo el 2% de todos los activos que tienen las Afores, pero sigue siendo un mundo de dinero”, explica Xóchitl Herrera, coautora del reporte. “Las Afores ya están cobrando comisiones anuales y encima de estos costos tienes estas minusvalías, que, en su momento, eran una buena inversión, pero ahora, si la reforma pasa como está, es menos dinero para el retiro de los mexicanos”.

A partir de la apertura del mercado energético en el país en 2013, compañías privadas emprendieron en parques eólicos, solares y proyectos petroleros para los cuales buscaron capital. El 90% del financiamiento de proyectos en energías renovables se hizo a través de deuda, ya sea en bonos u otros instrumentos financieros. Las Afores invirtieron en estos instrumentos financieros por los atractivos rendimientos a largo plazo que prometían una vez que entraran en operación. Ahora, si sus licencias son suspendidas o sus contratos cancelados como tiene contemplado la reforma constitucional de López Obrador, ese dinero se perdería y los afectados serían los jubilados.

“Fondos de pensiones extranjeros también han invertido en este mercado”, dice el reporte, firmado también por el especialista Édgar Sigler, “por ejemplo, el CDPQ de Canadá y el fondo de pensiones mexicano CKD IM compraron una participación del 80% en ocho parques operados por la empresa italiana Enel en 2018. El fondo estadounidense BlackRock y el fondo de inversión Actis también poseen grandes porciones de algunos de estos tipos de proyectos, dijeron dos fuentes de la industria”,

asegura REDD. Esto quiere decir que las pensiones de ciudadanos en estos países también pudieran verse afectadas.

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El presidente López Obrador busca reformar la Constitución de manera que solo el 46% de la generación eléctrica del país esté en manos de empresas privadas, en comparación con el 62% que aportan actualmente. El Gobierno busca hacer de la empresa del Estado Comisión Federal de Electricidad (CFE) el actor preponderante en el sector, para garantizar su monopolio. Si el proyecto de ley se aprueba, resultaría en la cancelación inmediata de todos los permisos y contratos de generación de electricidad de empresas privadas, lo cual contraviene el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, por lo que las empresas pudieran acudir a cortes arbitrales. La iniciativa también limita la generación de electricidad a través de energías limpias.

“Sería casi imposible para la CFE cancelar sus contratos de compra de energía con plantas de gas natural, ya que sin ellos, la empresa estatal no podría cubrir el 100% de la demanda de energía con sus propias plantas”, asegura el reporte de REDD. “Sin embargo, en su forma actual, el proyecto de ley le daría al Gobierno la capacidad de poner fin a todos los contratos y permisos entre el sector privado y la CFE”.

Calificación crediticia

El martes, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O dijo en un evento virtual que está “atento” al impacto que tendría la reforma en la calificación crediticia del país, la cual se utiliza en los mercados para definir la tasa de interés que se cobra a quien emite deuda. La calificadora de riesgo Moody’s dijo en un comunicado el 6 de octubre que la propuesta es negativa en términos crediticios ya que pudiera “disminuir la transparencia operativa, desalentar la inversión privada en la generación de energía, frenar la generación de energías renovables y probablemente aumentar el costo de la electricidad”.

“Estamos muy atentos tanto a las reacciones de las agencias de calificación del mercado como de asegurarnos de estar doblemente seguros que tenemos un modelo consistente, que también sea consistente con reglas del mercado”,

dijo Ramírez de la O en el evento organizador por el Atlantic Council, según reportó el diario Reforma.

Fuente: El País.

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En México es difícil ser un paciente informado en torno a la calidad en hospitales. A la industria hospitalaria en México le ha faltado ser transparente para que sus usuarios sepan qué tan bien o tan mal están sus servicios médicos. Desde ese punto podría decirse que el sector hospitalario ha operado en un terreno sin ley.

No existe información clara o clasificaciones objetivas sobre la calidad de atención médica que ofrecen los hospitales ni públicos ni privados. Pero en esta ocasión centrémonos en la atención privada. Los indicadores verdaderamente importantes son absolutamente desconocidos para quien llega a un establecimiento médico a atenderse sus malestares.

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En un mercado tan fundamental como es el de la atención en salud los usuarios deberían conocer por ejemplo aspectos vitales como el nivel de infecciones de los pacientes hospitalizados o el índice de mortalidad de cada hospital o la proporción de pacientes que reingresan después de haber sido dados de alta. Los especialistas que conocen el sector comentan que no todos los hospitales deben compararse con el mismo rasero porque por ejemplo los indicadores de mortalidad y reingresos son distintos en función de cada especialidad médica o en función del procedimiento. Por ejemplo los nosocomios oncológicos o materno infantiles registran mayor mortalidad que otros hospitales que hacen intervenciones menos complejas.

Pero justamente hay un desconocimiento absoluto en México de ese tipo de aspectos sobre el espacio de juego en que funciona el sector hospitalario. Se requiere información de los hospitales que permita a los pacientes comparar para poder decidir en qué establecimiento hacerse su intervención médica.

Si existen por ejemplo clasificaciones que nos permiten comparar los servicios bancarios con sus comisiones y tasas de interés, o los de universidades que dan elementos para saber dónde estudiar la carrera o rankings de las comisiones que cobran las Afores para saber elegir en dónde poner nuestros ahorros para el retiro o de niveles de contaminación en los automóviles, ¿por qué no contamos con información tan crucial como la calidad de atención médica para elegir el hospital donde hacernos una cirugía?

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Ante esa carencia, el recurso que le queda al usuario mexicano es el precio y en base a nuestra capacidad de pago es que hoy se toman las decisiones en el sector hospitalario. Es un serio problema que tiene muchos años pendiente de resolverse.

En principio hace falta un cambio de actitud entre los directivos de hospitales. Porque hasta ahora su aspiración de mejoramiento siempre va en torno al aspecto médico, y ello está muy bien. Pero así como ven a hospitales de otros países, principalmente de Estados Unidos, como referencia en calidad de atención y excelencia, también deberían de verlos como referentes en transparencia e información a pacientes.

En México la calidad del servicio en hospitales no se conoce ni aún después de realizada la intervención, y en muchas ocasiones no hay tiempo para informarse con calma cuando se trata de emergencias; no hay, por tanto, incentivos para la eficiencia de parte del proveedor.

La situación tiene que cambiar y debe ir rumbo a ser útiles para el usuario final con información confiable y objetiva sobre la operación de los hospitales mexicanos.

Hay esfuerzos que están surgiendo para impulsar una mayor transparencia en el sector de hospitales privados en el país, y en este espacio trataremos de abordar en cuatro entregas sobre lo que existe en materia de clasificaciones hospitalarias.

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Por lo pronto un breve resumen de lo que sí hay. Existen 4 rankings hospitalarios que clasifican de una u otra manera a los hospitales privados de México, y son los siguientes:

1. Existe el ranking de hospitales que emite anualmente la revista América Economía, con sede en Chile, desde su llamado Cluster Salud. Evalúa hospitales de América Latina, en su última edición incluyó a poco más de 60 hospitales y dentro de ellos incluyó a 5 hospitales de México.
2. Otro ranking hospitalario es el de la revista Newsweek, con sede en Nueva York, que cubre 28 países, y este año incluyó por primera vez a México.
3. Otro es uno llamado Hospi-Rank que tiene cobertura internacional y en su edición de este año incluyó a 10 hospitales mexicanos. Es editado por la empresa Global Health Intelligence; en este caso claramente es más bien una herramienta para la industria de dispositivos médicos pues la clasificación de los establecimientos es en base al número de equipos con que cuentan.
4. Por último, pero el más importante para México es el primer ranking de hospitales privados del país cuya primera edición salió en enero de este año y en noviembre próximo emitirá su segunda edición. Esta clasificación es la más reciente y la primera dedicada exclusivamente a los hospitales de México. Es realizada a través de la consultora especializada Blutitude junto con la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) en coordinación con Grupo Expansión.

La intención de este espacio es deshilvanar y tratar de entender cada uno de dichos rankings, lo que ofrecen y significan para el sector y en particular en qué grado su existencia aporta al usuario final de servicios médicos y público en general. Esta es la primera entrega y cada viernes se publicará sobre cada uno de los cuatro rankings mencionados.

Fuente: El Economista.

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Para evitar la pobreza en la vejez se deben ajustar parámetros claves como la edad de retiro, y reducir las oportunidades para sacar fondos ahorrados en las Afores antes de la jubilación, recomienda el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria.

También sugiere aglutinar todos los sistemas públicos de ahorro para el retiro que existen en un solo sistema público integral, que a su vez se integre a un Sistema de Seguridad Social a construir gradualmente.

Enrique Díaz-Infante Chapa, director del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), explicó en entrevista que en dicho Grupo participan ocho organizaciones de la sociedad civil y ocho legisladores de diferentes partidos, quienes elaboraron varios documentos entre los que destaca el de Reforma al Sistema Universal de Pensiones, el cual subraya que es urgente atender el reto de la insostenibilidad financiera del sistema de pensiones, de la reducida cobertura y las bajas tasas de reemplazo.

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El texto, dijo, emite una serie de recomendaciones a los legisladores con miras a que sean consideradas para reformar el sistema pensionario, entre las que destaca que para aumentar la cobertura se debe introducir un esquema obligatorio para que empleados y autoempleados aporten para su retiro y puedan recibir el beneficio a la jubilación.

Díaz-Infante, quien participa en el grupo de trabajo, detalló que también colaboran representantes el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), del Coneval, del Instituto Mexicano para la Competitividad, de Oxfam, de Fundar, de la Fundación Friedrich Ebert, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), de la Cepal, y de la Auditoría Superior de la Federación, entre otros.

Dijo que para una sociedad más equitativa se debe dar cobertura de seguridad social a todos los mexicanos y eso cuesta, según se estimó hace tres años, 2.4 por ciento del PIB, pero hay que actualizar la cifra.

“Nuestra propuesta es que esto se financie de un IVA generalizado de 16 por ciento a alimentos y medicamentos, lo que implicaría eliminar la tasa cero”, subrayó.

Refirió que entre las propuestas que ellos han hecho está la de brindar una pensión mínima para todos los mexicanos, independientemente si trabajan en la formalidad o informalidad, que se complementaría con una pensión de la Afore, para quien la tuviera y también que todos tuvieran acceso al sistema de salud.

Advirtió que “se le está acabando el espacio fiscal a la 4T y tienen por fuerza que buscar fuentes de ingreso recurrentes, ya que no es posible seguir financiando el gasto de pensiones con ingresos petroleros, por lo que deben definir de dónde obtendrán los recursos”.

Más reformas

El Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria entregará en este mes a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados una serie de propuestas en las que sugieren reformas para revertir carencias en el sistema de salud y educación, pero también para “desactivar la bomba de tiempo del sistema de pensiones”, afirmó el diputado Alfonso Ramírez Cuellar.

El coordinador de este grupo de trabajo expuso en entrevista que el sistema de pensiones demanda alrededor de 1.2 billones de pesos; toda la recaudación del IVA se va para financiarlo y son además gastos que se incrementan año con año, por lo que es importante que todo el gasto, tanto de las pensiones contributivas como no contributivas, tenga sustentabilidad.

“Así como vamos y con los cambios demográficos se convierte en una ‘bomba de tiempo’, porque en materia de gasto social, lo que más se lleva son jubilaciones y pensiones, es el rubro que más crece desde 2009”, subrayó.

El Grupo de Trabajo elaboró 5 documentos: el de requerimientos de gasto, de salud, de educación, del sistema de cuidados y la propuesta para que el CEFP se convierta en el Instituto de Estudios para la Hacienda Pública. Ramírez Cuellar dijo que los textos quedarán como un insumo de trabajo para la próxima legislatura.

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“Para nosotros la prioridad es el sistema de salud, debe haber una revolución completa que eleve la cobertura efectiva, que garantice la gratuidad de los medicamentos, y sobre todo una atención especial en tercer nivel”, subrayó.

Recalcó que las carencias que se incrementaron a causa de la pandemia exigen esta revolución completa y la dotación de mayores recursos.

Fuente: El Financiero.

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