El Poder judicial en Chihuahua no ha sido reformado ni renovado: permanece secuestrado por una red de corrupción que responde a Filiberto Terrazas y sus cómplices, quienes han convertido la justicia en un botín político y económico al servicio de intereses privados.

• Esa red opera en paralelo a la red duartista que ha controlado el Tribunal Superior de Justicia desde 2014.
• El nombre de Filiberto Terrazas Padilla, ex magistrado de la Segunda Sala Civil de Ciudad Juárez y ex consejero del Consejo de la Judicatura, continúa al frente de una estructura que ha convertido a los tribunales en espacios controlados por acuerdos y favores.
• Documentos y testimonios señalan que Terrazas actúa como operador clave en la manipulación de nombramientos, resoluciones y beneficios para grupos políticos y empresariales con gran poder económico.
• Durante su más reciente informe, Terrazas descalificó la llegada de nuevos jueces y magistrados, afirmando que “los cambios no siempre resultan positivos”.
• La declaración no fue casual: reflejó su resistencia a perder el control de una red que, lejos de disolverse, sigue activa en distintos niveles del Poder Judicial.

Sus operadores consolidan un bloque de poder que intercambia favores y mantiene la corrupción como práctica normalizada dentro del Tribunal.

• Dentro de esta red figura Emmanuel Chávez Chávez, magistrado Civil y uno de sus hombres de confianza, implicado en decisiones que favorecieron a sectores estratégicos.
• El círculo se completa con operadores de menor rango: Servando López Jaime y Carlos Alberto Muela, secretarios de sala civil, señalados de manipular resoluciones; Jonathan Gasca, juez penal; y las juezas familiares Tania Hernández y Haydee Vázquez, quienes aseguran control en áreas clave del aparato judicial.
• La permanencia de esta estructura ha erosionado de manera sistemática la confianza ciudadana en la justicia. Su funcionamiento ha permitido el beneficio de intereses privados y la protección de actores políticos y económicos, en perjuicio de la transparencia y el Estado de derecho.
• La operación de esta red, con Filiberto Terrazas al frente y sus aliados como ejecutores, confirma un escenario alarmante: en Chihuahua, la justicia no depende de la ley, sino de las complicidades que han capturado al Poder Judicial.

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La justicia en Ciudad Juárez atraviesa uno de sus capítulos más oscuros con el proceder de Perla Patricia Royval Guerrero, jueza Primero de lo Civil en el Distrito Judicial Bravos. Apenas estrenada en el cargo tras la reforma judicial en Chihuahua, su actuación ya exhibe arbitrariedad y desprecio absoluto por el marco legal.

El caso que la expone al escrutinio público es el expediente 1783/59, en el que el empresario Miguel Zaragoza Fuentes litiga contra su esposa, Evangelina López Guzmán, de 96 años. Pese a existir suspensiones federales —de plano, provisional y definitiva—, la jueza optó por ignorarlas, dejando a la mujer en completa indefensión. Este hecho no es un error técnico, sino una decisión consciente que constituye una falta administrativa grave y, posiblemente, un delito.

La representación legal de la señora López Guzmán ya ha presentado una denuncia formal ante el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de Chihuahua. El caso es más que una disputa judicial: es un golpe directo a la credibilidad del sistema de justicia estatal, que pretendía renovarse con la reforma y hoy exhibe las mismas prácticas de arbitrariedad y corrupción.

Lejos de representar imparcialidad y dignidad, la toga en manos de Royval Guerrero se ha transformado en un símbolo de impunidad y abuso. Su nombre queda marcado como un recordatorio de que el nuevo modelo judicial en Chihuahua aún arrastra vicios del pasado.

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Con voto unánime de 38 diputadas y diputados presentes se aprobó reformar los artículos 134, 139, párrafo primero y las fracciones VII y VIII, y se adiciona al artículo 139 la fracción IX, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, en materia de protección del derecho a la vida.

El artículo 134 se reforma para incrementar la pena general al delito de homicidio, que actualmente es de 8 a 22 años de prisión, para quedar de 12 a 24 años de prisión, excepto cuando este Código establezca una pena distinta.

En el artículo 139, que también hace referencia al homicidio por diferentes causales, de igual manera se propone elevar las penas actuales, que son de 22 a 50 años de prisión, para que quede de 25 a 50 años.

A este artículo se propone adicionarle tres causales a las seis ya existentes.

Se aplicarán las nuevas penas aprobadas cuando:

• VIl. Se cometa dolosamente en contra de una persona por su actividad dentro del periodismo;
• VIII. Se cometa dolosamente en contra de una persona que revista la calidad de servidor público de alguna institución o corporación policial; y
• IX. Se cometa dolosamente en contra de una persona menor de dieciocho años de edad.

El dictamen aprobado fue elaborado por la Comisión de Justicia, la cual tomó en cuenta dos iniciativas con propuestas similares, que fueron presentadas por el actual Grupo Parlamentario del PAN y por el Grupo Parlamentario de Morena.

Se retomaron las dos iniciativas por ser coincidentes en fortalecer las disposiciones del Código Penal para el Estado de Sinaloa.

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«‘Niño Guerrero’ ha transformado el Tren de Aragua de una pandilla carcelaria involucrada en la extorsión y el soborno en una organización influyente que amenaza la seguridad pública» de todo el continente americano, afirma el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Washington acusa a esta pandilla, a la que Trump declaró organización «terrorista» global, de estar involucrada en «el tráfico ilícito de drogas, el contrabando y la trata de personas, la extorsión, la explotación sexual de mujeres y niños, y el lavado de dinero, entre otras actividades criminales».

«La administración Trump no permitirá que el Tren de Aragua continúe aterrorizando nuestras comunidades y perjudicando a los estadounidenses inocentes», afirma el secretario del Tesoro Scott Bessent, citado en el comunicado.

Entre los sancionados destaca «Niño Guerrero». El Departamento de Estado ya ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita detenerlo o condenarlo.

Estados Unidos también apunta al cofundador del grupo Yohan José Romero, apodado «Johan Petrica», a quien acusa de estar implicado en la «minería ilegal» y de proporcionar al Tren de Aragua «armas de grado militar utilizadas para controlar las calles de Venezuela y luchar contra las guerrillas colombianas».

Los otros sancionados son Josué Ángel Santana Peña, alias «Santanita», supuestamente «involucrado en homicidio, extorsión, bombardeos, terrorismo y robo» y Wilmer José Pérez Castillo, acusado entre otros delitos del asesinato de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas.

Completan la lista Wendy Marbelys Ríos Gómez, esposa de «Niño Guerrero», y Félix Anner Castillo Rondón, alias «Pure Arnel», líder de una célula del Tren de Aragua conocida como «Los Gallegos» que ha operado en Chile.

Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.

El Tren de Aragua se creó en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, en el centro-norte de Venezuela, hace más de una década.

Según el centro de análisis Insight Crime, «Niño Guerrero» convirtió el grupo «en lo que es hoy durante su encarcelamiento en Tocorón».

Bajo su liderazgo, Tocorón «se convirtió en una de las prisiones más notorias del país, en gran parte debido a la política no oficial del gobierno venezolano de entregar el control de algunas prisiones (…) a jefes criminales conocidos como pranes».

«Esta libertad y los ingresos delictivos de la pandilla permitieron la construcción de un zoológico, una piscina, un parque infantil, un restaurante y un club nocturno dentro de la cárcel», afirma Insight Crime en un informe del pasado mes de abril.

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Ximena P.,  la mujer identificada como ‘Lady Racista’, vuelve a ser tendencia tras difundirse un nuevo video donde insulta y humilla a una guardia de seguridad en un condominio. 

La grabación, compartida por el periodista Carlos Jiménez, muestra a la modelo argentina-mexicana lanzando improperios contra la empleada por no abrirle la puerta del edificio. Este caso se suma a la polémica generada días atrás, cuando agredió verbalmente a un policía de la CDMX con comentarios clasistas y racistas.

El nuevo escándalo: ¿Qué muestra el video?

En la grabación, difundida en redes sociales, se escucha a Ximena Pichel gritar:

«Sentados ahí con los p…s audífonos en lugar de abrir la p…a puerta, imbécil. No le voy a dar nada, cuando me abra la puerta, se lo doy. ¡Órale! porque esta p….e, gata de mi….a, pe….a”..

El altercado ocurrió en un condominio, donde la mujer, visiblemente enojada, increpó a la guardia por no permitirle el acceso de inmediato. Las imágenes han generado indignación en redes, donde usuarios exigen acciones legales en su contra.

¿Quién es Ximena Pichel, la ‘Lady Racista’?

Aunque no hay confirmación oficial de su identidad, redes sociales señalan que se trata de una modelo y actriz argentina-mexicana que habría trabajado en:

• Campañas de maquillaje y moda.
• Producciones con TV Azteca.
• Eventos como hostess.

Sus cuentas de Instagram están inactivas, pero en TikTok aún se ven videos de su trabajo. El periodista Carlos ‘El C4′» Jiménez fue quien la vinculó a estos incidentes.

Hace unos días, Pichel fue viral por agredir a un oficial de la SSC-CDMX que le colocó una araña por no pagar el parquímetro. En ese video, la mujer insultó al oficial, mismo elemento que ya presentó denuncias ante la Fiscalía de CDMX y el COPRED (Consejo para Prevenir la Discriminación).

Los reiterados actos de discriminación de Ximena P. ‘Lady racista’  la tienen en el ojo del huracán. Mientras las autoridades determinan acciones legales, la sociedad exige tolerancia cero a este tipo de comportamientos.

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Indignación total: una mujer identificada como Ximena Pichel, originaria de Argentina,casada con el actor de ‘Lo que callamos las mujeres’, ‘Cada quien su santo’ y ‘Club de Cuervos’(Aarón Beas), actualmente trabaja en México para marcas reconocidas como Fermodil y Pantene, entre otras. Nuestro país le ha brindado oportunidades laborales, estabilidad económica e incluso asilo, y a cambio, insulta a los propios mexicanos en su propia tierra.

Lo más grave es que no fue un hecho aislado: toda su familia también insultó y agredió verbalmente al policía que simplemente cumplía con su deber, velando por el bienestar social de todos los ciudadanos.

¿Hasta cuándo permitiremos que personas extranjeras vengan a México a faltar al respeto a quienes les han tendido la mano?

En los videos, que ya se han vuelto virales en Facebook y X, se muestra a la mujer lanzando insultos discriminatorios contra un agente de tránsito, quien se disponía a colocar una ‘araña’ inmovilizadora a su vehículo.

De acuerdo con testigos, la conductora se estacionó en diagonal y no pagó el parquímetro de la zona, por lo que autoridades capitalinas procedieron con la sanción administrativa; sin embargo, al momento de intentar colocar el inmovilizador, la mujer reaccionó de forma agresiva y comenzó a discutir a gritos con el oficial.

‘Los odio por nacos’: ¿Qué pasó con ‘Lady Racista’?

En una de las grabaciones, se observa que la conductora de un vehículo Mercedes-Benz se pone delante del oficial y lo enfrenta con frases como “Pinch* negro” y “Odio a los negros como tú”.

Ella y dos jóvenes que la acompañaban -quienes aseguraban ser menores de edad- impidieron que un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) colocara el dispositivo en la llanta delantera.

– “No me estés insultando, pinch* negro, no me estés insultando, culer*” – le espeta la mujer.

– “Hasta racista eres” – le replica el oficial.

– “A huevo, odio a los negros como tú. Los odio. Los odio por nacos” – le contesta ella.

Al subir nuevamente a su coche, la mujer siguió con los insultos: “Odio a los put** negros como tú, culer**, porque negros está bien, pero cule**, los odio. Maldito”, gritó desde el asiento del conductor.

En otra grabación del mismo incidente, se muestra que la discusión entre la mujer y el policía continúa, e incluso en algún momento ella lo amenaza con golpearlo.

– ¿Qué quieres? ¿qué te rompa tu mad**?, ¿quieres seguir peleando, pende**?

La mujer, a quienes algunos usuarios identificaron como ciudadana de nacionalidad argentina, se refirió en varias ocasiones al oficial como “indio”, “naco” y “negro”, como se escucha en los videos compartidos difundidos en redes.

Luego de que la apodada ‘Lady Racista’ se hiciera tendencia en redes, usuarios expresaron su indignación por el caso y hubo quien pidió que fuera identificada y detenida por la actos de discriminación hacia el servidor público.

Otros más recordaron que es precisamente por este tipo de actitudes que se llevó a cabo una marcha contra la gentrificación en la CDMX.

Tenemos que despertar como sociedad. No se trata de rechazar a nadie, pero sí de pensar dos veces el trato que damos a los extranjeros, porque cada vez es más común ver cómo nos desplazan, nos agreden y nos faltan al respeto en nuestro propio país.

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Godoy Ramos detalló que el paquete de reformas relacionadas con la Guardia Nacional, con la que se expide una nueva Ley y se modifican seis leyes más, tienen el objetivo de que ésta dependencia pueda tener un modelo de cooperación interinstitucional, capacidades de inteligencia y regular la actuación de los efectivos en tareas de seguridad pública.

“Se define a la institución Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente con sus grados y estructura equivalentes al Ejército y Fuerza Aérea, asegurando que sus funciones se realicen dentro del marco legal para garantizar la paz pública”.

“También se dispone la colaboración de la Guardia Nacional con las instancias de seguridad pública para generar, compartir y obtener información en materia de prevención y persecución de los delitos”, explicó.

Sobre esta misma ley, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el apartado de la ley que permite que los guardias nacionales puedan solicitar licencia a su cargo para participar en elecciones y competir por cargos públicos.

Otra ley presentada por la consejera jurídica, es la de Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que es reglamentaria al párrafo 21 constitucional y que establece y regula el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública para prevenir y desarticular amenazas, así como su investigación y persecución.

“Uno de sus principales objetivos es establecer medios de colaboración efectivos entre las instancias del Sistema Nacional de Inteligencia y las diversas autoridades del Estado en sus tres órdenes de gobierno, estatal, federal y municipal”, explicó Godoy Ramos.

Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, expuso que con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública “se promueve una coordinación efectiva y una alineación estratégica entre los tres órdenes de gobierno garantizando que las acciones en materia de seguridad respondan a una misma visión de seguridad nacional”.

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La prueba era una propuesta de contenido y tenía que realizar entrevistas reales, entre otras especificaciones. Lo hizo y entregó su prueba técnica.

Explica que, en principio, “fueron muy insistentes para que entregara los materiales, las propuestas y guiones con todo, hasta con entrevistados reales listo para desarrollar”.

Sin embargo, una vez entregado el trabajo, la insistencia ahora era de Adriana para preguntar ¿qué había pasado?

Finalmente, le respondieron que no había vacante para el puesto que había solicitado, que sólo tenían otros, pero que la prueba había gustado mucho.

Adriana se enfrentó a lo que parece ser un modus operandi de empresas que buscan el desarrollo de ideas gratuitas, con el pretexto de acceder a una vacante, para después darles las gracias a los participantes, en un proceso de reclutamiento que, al parecer nunca existió.

En la búsqueda de empleo, los profesionistas ya no sólo están expuestos a vacantes falsas, el ghosting de los reclutadores o aplicar en muchas ofertas sin obtener una respuesta. Ahora también se enfrentan a la necesidad de dedicar tiempo a pruebas sin pago sin ningún tipo de garantía.

La legalidad de solicitar pruebas como parte del proceso de selección

A decir de Regina Orozco Soria, socia fundadora del despacho de abogados Pérez Mena y Orozco, no existe ninguna norma expresa, en términos legales, que prohíba o sancione solicitar este tipo de pruebas.

“Sin embargo, puede convertirse en una práctica abusiva por parte de los corporativos, si obtienen valor del trabajo sin ofrecer remuneración ni contrato”, explica.

Considera que, desde las organizaciones, las buenas prácticas sugieren transparencia, retroalimentación, y respeto por el trabajo del postulante.

“Ahora bien, abusar de este tipo de pruebas puede afectar reputacionalmente a la empresa y eventualmente generar litigios”, considera.

Enfatiza que solicitar un proyecto como parte de la sección del personal no es ilegal per se, ya que la empresa evalúa a sus candidatos y puede en ese momento decidir quién de los postulantes se adecua más al puesto, ya sea en su manera de plantear problemas, la estrategia y resolución.

“Les permite tener una visión más clara de cómo trabajarían en un futuro, cómo resolverían y qué herramientas utilizan para resolverlo”.

Pero advierte que, en una situación en particular, estamos en un área gris que puede ser abusiva. Por lo que, es recomendable para las empresas establecer procesos éticos, proporcionales y transparentes.

“Existe una necesidad urgente de mejores prácticas y marcos éticos en el reclutamiento corporativo”, explica.

Banderas rojas en los procesos de reclutamiento

Adriana recuerda que tiempo después, la empresa que le pidió la prueba, volvió a colocar la vacante públicamente, cuando el responsable del reclutamiento le comentó que no estaban buscando un perfil para esa posición.

Descubrió que siguen pidiendo las pruebas técnicas a compañeros de su gremio. Considera que es necesario que los buscadores de empleo tomen precauciones sobre estas empresas, las investiguen antes de trabajar en un proyecto que tal vez no los lleve a tener la vacante y sólo es parte de una mala práctica para robar ideas creativas.

Comenta que una alerta que, en un principio, pasó por alto fue que en ningún momento le pidieron su currículum, ni preguntaron su trayectoria profesional, así como tampoco pidieron otros trabajos que hubiera publicado, sólo la prueba técnica.

Hoy, sigue en la búsqueda de empleo, pero se ha convertido en una pieza fundamental entre su gremio para que no caigan en este tipo de procesos que son poco transparentes y hasta con falta de ética

La entrada Fraude laboral: entregan proyectos y jamás reciben pago, alertan sobre estafas en vacantes se publicó primero en México 24 siete.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó al sector asegurador impulsar los microseguros, además de ofrecer primas más accesibles a los usuarios, en medio de una coyuntura donde la relocalización de empresas es una de las grandes apuestas del gobierno mientras que la cobertura de los seguros en México poco ha avanzado en los últimos años.  

Durante la 34 Convención de Aseguradores, organizada por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Héctor Santana, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de Hacienda, señaló la importancia de tener instrumentos de seguros acorde a las necesidades de la población.

“Hay retos que exigen innovación y talento como, por ejemplo, ofrecer productos a segmentos vulnerables; para incorporar la cobertura de los riesgos en nuevos mercados derivan de la relocalización de empresas: para considerar de mejor manera los riesgos del cambio climático; para incorporar nuevas tecnologías en un contexto de defensa; para optimizar la rentabilidad y costos; y propiciar, desde luego primas más accesibles a productos mejor delineados para satisfacer las necesidades de aseguramiento”, dijo durante su discurso inaugural, en sustitución de Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda.

En este sentido, señaló que se requieren nuevos productos de microseguros que estén dirigidos a necesidades específicas que se encuentran desatendidas, y que estén al alcance del bolsillo de las y los mexicanos.

Los microseguros son productos diseñados para cubrir necesidades específicas, con ciertas características, que los hacen más accesibles a la población, siendo así una alternativa a los seguros tradicionales. De acuerdo con la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, éstos deben tener como objetivo promover el acceso de la población de bajos ingresos a la protección del seguro mediante la utilización de medios de distribución y operaciones de bajo costo.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), el año pasado 23 de cada 100 personas en México reportaron contar con algún tipo de seguro, ligeramente mayor a la tasa de 21% reportada en la edición del 2021.“Es un hecho que hemos avanzado, como con proyectos como Minerva y con otros esfuerzos inclusivos. Pero también es un hecho que la brecha que subsiste es todavía demasiado grande”, indicó el funcionario de Hacienda.

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Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa – donde preside la Comisión para la igualdad de género- Mosri Gutiérrez es la coordinadora de este texto que recoge los votos particulares y las resoluciones emitidas por dicho tribunal, aplicando las perspectivas de género y de derechos humanos.

Cuando hablamos de justicia administrativa parece un tema bastante árido, sin embargo explicó, el libro muestra nueve casos de personas de carne y hueso que no tuvieron la atención médica requerida en hospitales públicos y que cuando fueron ante el Tribunal -por un parto mal atendido o una negligencia que terminó en la amputación de un brazo- consiguieron que se aplicará la perspectiva de género y derechos humanos a la hora de fallar su caso.

El Tribunal Constitucional —órgano autónomo especializado en materia fiscal y administrativa-, explicó la magistrada, tiene el mandato de proteger y garantizar los derechos humanos “considerando el contexto en que se suscitaron los hechos e identificando las relaciones asimétricas de poder o contextos de desigualdad”;  se debe reconocer que “frente a ciertas personas existen factores adicionales de desigualdad como el sexo, la edad, la condición de salud , la discapacidad, el tono de piel o la orientación sexual”.

Al juzgar el caso de una mujer embarazada de su tercer hijo que el 12 de enero de 2016 acudió a un hospital regional público en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y después de una cesárea los médicos le dejaron “restos placentarios”,  que provocaron sangrado posterior y obligaron a un legrado, Mosri resolvió que había una responsabilidad patrimonial del Estado y la mujer tenía derecho a una indemnización.

El caso mostró distintos aspectos que enfrenta una mujer a la hora de un parto y una mala praxis médica, desde las dificultades para conseguir peritos médicos dispuestos a participar en un juicio de este tipo hasta la negativa de su derecho a no permitir un número indiscriminado de “tactos” durante el proceso previo al parto.

El trato deshumanizado, grosero, discriminatorio o humillante; gritos y regaños, presión para aceptar la colocación de un dispositivo anticonceptivo, tactos vaginales realizados por más de una persona, raspado de útero sin anestesia, negativa a suministrar medicamentos para el dolor, obligar a parir acostada y/o inmovilizada, entre otras practicas son violencia obstétrica, y sin embargo pasan por prácticas hospitalarias comunes.

La especialista señaló que el articulo 109 de la Constitución establece el deber de indemnizar a los particulares por los daños que sufran en sus bienes o derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado; “el ciudadano ya no tiene que demostrar el dolo del servidor público que causó el daño, sino sólo la irregularidad de su actuación, y puede demandar directamente al Estado sin tener que demandar previamente al servidor público responsable, como ocurría antes”.

También tienen competencia en materia migratoria

Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la magistrada informó que se registró en el comité de evaluación de los poderes judicial y legislativo porque desea participar en la elección del Poder Judicial para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Informó que en el Tribunal “somos competentes para conocer de las demandas presentadas por los particulares con motivo de la actuación de las autoridades migratorias como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Instituto Nacional de Migración”.

-¿Quizá sea muy difícil para un migrante conocer la ley e inconformarse por alguna violación a sus derechos?

En el Tribunal se ha impulsado la capacitación constante del personal jurisdiccional, pero además existe una jurisprudencia – la tesis 1a./J. 114/2023 (11a.) – que reconoce la figura de la suplencia de la queja deficiente, prevista en el artículo 79, fracción VII de la Ley de Amparo.

“Debe aplicarse a los juicios de amparo promovidos por personas migrantes, dado que la Ley de Amparo garantiza una regulación procesal especial para las personas que se encuentran en clara desventaja social, y que en el caso de las personas migrantes su vulnerabilidad está fundada en que tanto el derecho internacional como el interno, reconocen que han partido de su país de origen dejando su vida, sus posesiones y familia, frente alguna situación amenazante, la pérdida de su libertad y/o su integridad”.

Esto se agrava, explicó, si se presenta una “discriminación interseccional”, pues a la condición migratoria puede adherirse la edad, el sexo, el género, la identidad étnica o alguna otra circunstancia, sumada a que las personas migrantes viajan sin documentación, lo que hace que sean fácilmente víctimas de delitos y de violaciones a sus derechos humanos.

Mosri Gutiérrez  está presentando su libro por los estados del país.

Fuente: La jornada

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